Luego de que el pasado 21 de agosto, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron medidas provisionales para proteger a las víctimas del paramilitarismo, ante la posible deportación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió información sobre el tema al Estado colombiano.
La CCJ y el CEJIL le solicitó a la Corte que requiera al Estado colombiano, asegurarse de que el proceso de extradición ante el gobierno de EE.UU. se lleve a cabo de manera expedita y con apego a las obligaciones de debida diligencia, a fin de permitir que las víctimas de los casos de las masacres de Ituango (2002) y Pueblo Bello (1990) y Valle Jaramillo (1998) tengan garantías para el acceso a la justicia.
Adicionalmente, se busca que el Estado colombiano se abstenga de adoptar cualquier acción que pueda obstaculizar el trámite de extradición.
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“Mancuso fue extraditado de Colombia a los Estados Unidos en mayo de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y el pasado mes de julio cumplió su condena por el delito de narcotráfico. Actualmente se está determinando su situación jurídica en EE.UU. y es posible que sea deportado a Italia. Colombia ha tramitado, en lo que va de año, tres solicitudes de extradición de Mancuso, las cuales han sido rechazadas por errores de forma o retiradas por el Estado colombiano. Esta preocupante negligencia podría tener como consecuencia la imposibilidad de que Salvatore Mancuso cumpla las condenas que han sido impuestas por la justicia colombiana en su contra por graves violaciones a derechos humanos”, dijo el CEJIL a través de un comunicado.
“El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos vinculados a las masacres de Pueblo Bello, Ituango y otras. Esta obligación comprende la actuación diligente y expedita del Estado colombiano en el trámite de extradición a fin de que se conozca la verdad de lo ocurrido y los graves crímenes no queden en la impunidad”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.
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Por otro lado, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, también se refirió sobre la extradición del exparamilitar.
“La deportación de Salvatore Mancuso a Italia causaría una grave afectación a los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y tendría como consecuencia una garantía de impunidad”, señaló.
Así las cosas, el Estado colombiano tiene plazo hasta el 31 de agosto para remitir la información requerida y posteriormente, la Corte determinará el otorgamiento de las medidas.
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