En diálogo con Meridiano Blu, con Ricardo Ospina, la fiscal Luz Adriana Camargo, en medio de la controversia nacional generada por las versiones que vinculan la campaña presidencial de 2022 con presuntos beneficios a narcotraficantes en las cárceles, la fiscal general de la nación, aclaró el estado actual de las indagaciones sobre el denominado "Pacto de la Picota".
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la funcionaria reveló que, hasta el momento, el ente acusador no ha encontrado el sustento probatorio necesario para convertir estas sospechas en un proceso judicial formal contra los implicados.
Falta de corroboración y evidencia técnica
La fiscal Camargo explicó que, tras su llegada al cargo, la entidad realizó una revisión de los temas pendientes en la Delegada para la Criminalidad Organizada, incluyendo el expediente del supuesto pacto que involucra a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el balance actual indica un estancamiento por falta de pruebas objetivas.
"Ese tema, efectivamente, hace recién nosotros llegamos, se estuvo mirando en la Delegada para la Criminalidad Organizada. Y la verdad es que con otros temas no han tenido una corroboración a través de información, evidencia, que pudiéramos decir que da lugar a una investigación ya formal y por eso no existe una investigación formal en ese sentido", sentenció la fiscal.
Además, precisó que frente a los señalamientos contra el hermano del mandatario, "tampoco hemos encontrado evidencia cierta de ese tipo de pactos".
Sin información oficial de los Estados Unidos
Respecto a las informaciones periodísticas que sugieren que agencias estadounidenses estarían investigando estos mismos hechos por posibles aportes de dineros ilícitos a la campaña presidencial, Camargo señaló que la Fiscalía colombiana no ha recibido reportes que confirmen tales pesquisas.
Aunque destacó que mantiene una "relación muy constante con agencias de tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos" debido al trabajo conjunto contra el crimen transnacional, fue enfática al decir: "Yo no tengo tampoco ninguna información oficial sobre la existencia cierta de estas investigaciones".
Finalmente, la fiscal general recordó que, independientemente de los hallazgos, la institución que dirige tiene límites legales claros respecto a la figura del jefe de Estado. Subrayó que cualquier conducta que pudiera comprometer al presidente de la República no puede ser tramitada por su despacho.
"Cualquier tema que tenga que ver con el presidente de la República, cargos penales, si estos tuvieran arraigo en Colombia, no son competencia de la Fiscalía General de la Nación. La única autoridad competente para investigar al presidente de la República... es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes", puntualizó.