Un grupo de familiares de personas que fueron asesinadas por integrantes del Ejército dentro de los llamados “falsos positivos”, interpondrán hoy una tutela para que la JEP excluya de esa jurisdicción al excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, procesado por esos crímenes.
BLU Radio tuvo acceso al documento que hoy será radicado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad por parte de las víctimas y de sus representantes, quienes alegan que luego de 249 días, cuando se hizo la primera solicitud a la Justicia Especial de Paz para la expulsión de Montoya, no han tenido respuesta alguna de esa institución.
Los derechos que las víctimas de “falsos positivos” consideran que se les han vulnerado con esta demora en la toma de decisiones son el derecho al debido proceso y a la administración pronta de justicia.
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La tutela considera que la JEP ha incurrido en omisiones al no haber tomado decisiones frente al general Montoya y recuerda que el oficial estuvo en versión voluntaria los días 12 y 13 de febrero de 2020, justificó y defendió sus actuaciones como comandante del Ejército y cuando le iban a hacer preguntas, manifestó que haría uso de su derecho a guardar silencio.
Luego de esa diligencia, las víctimas pidieron la exclusión del general Montoya de la JEP, porque no hizo aportes a la verdad plena y negó hechos que para ellos son notorios.
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Afirman las víctimas que presentan la tutela que el general Montoya ha incumplido el régimen de condicionalidad, porque tampoco ha hecho aportes en la Comisión de la Verdad.
Los responsables de esa acción judicial recuerdan que la solicitud del trámite de exclusión fue reiterada el día 30 de septiembre de 2020, porque “existe un notorio incumplimiento del compareciente Mario Montoya a su deber de suministrar verdad plena, con lo cual se ven afectados los derechos de las víctimas”
Agregan que “desde que se hizo la solicitud han transcurrido 292 días sin que las víctimas y representantes hubiéramos sido objeto de ninguna notificación sobre las actuaciones y decisiones adoptadas como consecuencias de nuestras reiteradas peticiones”.
Esta acción judicial es radicada mientras la JEP se apresta a tomar decisiones de fondo en el caso de “Falsos Positivos” para identificar y sancionar a los máximos responsables y también está ad portas de dar a conocer informes de fondo para imponer sanciones a los exjefes de las Farc que cometieron sistemáticamente el delito de secuestro.
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