El Consejo de Estado reactivó el decreto que permite a alcaldes y gobernadores solicitar apoyo militaren momentos en que la protesta social altere el orden público, tal como se presentó con las marchas durante el paro que comenzó el 28 de abril y duró más de dos meses.
La sección segunda del Consejo de Estado revocó un fallo de tutela que, inicialmente, otra sección había concedido a un grupo de manifestantes del 28 de abril pasado, quienes pidieron la suspensión del decreto 575 de 2021. En consecuencia, se reactivan las facultades que tienen alcaldes y gobernadores para solicitar apoyo militar en momentos en que la protesta social altere el orden público.
Inicialmente, el pasado 22 de julio de 2021, la sección cuarta del alto tribunal falló a favor de los manifestantes y había ordenado suspender transitoriamente el decreto 575 de 2021, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo decidiera las demandas interpuestas contra ese acto administrativo.
Sin embargo, al resolver la impugnación interpuesta por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el alto tribunal acogió sus argumentos según los cuales, la tutela “es improcedente por dirigirse contra un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, como lo es el Decreto 575 de 2021; y porque este decreto no amenaza ni vulnera los derechos fundamentales invocados, dado que la mera existencia del decreto no causa la amenaza y tampoco hay pruebas que demuestren la amenaza”.
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La Policía reveló que desde que se produjeron las marchas del 28 de abril de 2021, “resultaron lesionados 1.025 miembros de la institución, siendo atacadas 97 instalaciones policiales, 63 vehículos oficiales (19 de ellos incinerados), 1.199 automotores de transporte público, 189 cajeros automáticos, entre otros daños, datos que demuestran que las protestas en algunos entes territoriales se salieron de control y se utilizaron para generar caos, lo que motivó la intervención de los uniformados.
Por su parte, la Procuraduría señaló que se adelantan 127 investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública por incurrir en presuntos actos abusivos durante las protestas que se han realizado en el país desde el 28 de abril de 2021, entre otras autoridades porque, al parecer, se extralimitaron en el ejercicio de sus deberes.
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