El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 11 de septiembre de 2026 la suspensión de términos judiciales y administrativos en los despachos y dependencias administrativas ubicados en zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.
La medida cobija a los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además incluiría a los municipios de Puerto Boyacá, en Boyacá, y Puerto Salgar, en Cundinamarca.
La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo PCSJA26-12567, como parte de las medidas extraordinarias implementadas por la Rama Judicial para responder a la emergencia, proteger a sus servidores y garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia.
Entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre, se suspendió el reparto de acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus y solicitudes de audiencias de control de garantías relacionadas con personas privadas de la libertad, en los despachos judiciales permanentes ubicados en los municipios afectados.
#ATENCIÓN | El @judicaturacsj adopta nuevas medidas para responder a emergencia, salvaguardar la vida, integridad, salud física y mental, seguridad y demás derechos de las servidoras y servidores judiciales y garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia. pic.twitter.com/fTkfJnsg0V
— Rama Judicial (@judicaturacsj) August 13, 2026
Ademas, para garantizar la atención de estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura determinó transformar temporalmente despachos judiciales de diferentes distritos del país en despachos de apoyo itinerante, con competencia territorial adicional para atender asuntos provenientes de las zonas afectadas.
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Estos despachos podrán conocer temporalmente acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de control de garantías con personas privadas de la libertad y otros actos urgentes.
También ordenó redistribuir a estos despachos de apoyo itinerante las acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de audiencias de control de garantías y actos urgentes recibidos entre el 5 y el 12 de agosto que no hayan sido atendidos por los despachos de los distritos afectados.
El Consejo Superior de la Judicatura pidió, adicionalmente, a los consejos seccionales y a las direcciones seccionales de administración judicial adoptar las medidas necesarias para informar a los usuarios sobre la presentación y trámite de tutelas, hábeas corpus y solicitudes de audiencias preliminares durante la vigencia de estas medidas.
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Apoyo psicológico y de seguridad para servidores judiciales
El Consejo Superior de la Judicatura también priorizó a las servidoras y servidores judiciales afectados por el terremoto, con medidas de apoyo integral para proteger su bienestar, salud mental y seguridad.
Entre las acciones está la prestación de acompañamiento psicosocial especializado, tanto en sus viviendas y entornos familiares como en sus lugares de trabajo y otras situaciones relacionadas con la emergencia.
Organizaron apoyo técnico para evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios afectados, con el objetivo de identificar posibles riesgos y adoptar medidas para proteger su vida, integridad y bienestar.