La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresaron su respaldo a las comisiones escrutadoras que trabajan en todo el país, al considerar que cumplen una labor fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones en Colombia.El pronunciamiento reviste importancia porque el proceso, que ha avanzado con total normalidad, ha sido cuestionado por el presidente Gustavo Petro, lo que ha encendido las alarmas, porque no hay indicios de irregularidad con casi el 100 % del escrutinio y aún así el mandatario se sostiene en su teoría de supuestas irregularidades en el resultado de la primera vuelta.Ambas corporaciones señalaron que el escrutinio electoral es un procedimiento regulado por la Constitución y la ley, que se desarrolla con independencia y rigor. Recordaron además que estas comisiones están integradas principalmente por juezas y jueces de la República.Asimismo, indicaron que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) declarar los resultados definitivos de los comicios realizados el pasado 31 de mayo, dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente y con todas las garantías del debido proceso.La Corte Suprema y el Consejo Superior también manifestaron su apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Destacaron que la entidad ha trabajado de manera coordinada con organismos de control, autoridades competentes y observadores internacionales para asegurar un proceso transparente y confiable.En ese sentido, mencionaron el respaldo expresado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia al desarrollo de las etapas de verificación electoral.Las instituciones hicieron un llamado a la ciudadanía, a los actores políticos y a las entidades públicas para respetar el marco constitucional y confiar en los mecanismos legales establecidos para la revisión y consolidación de los resultados.También invitaron a todos los sectores de la sociedad a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto, con el fin de evitar escenarios de confrontación e incertidumbre que puedan afectar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral.
Según el informe de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura mientras que en 2020 se radicaron 459.680 tutelas, en 2025 la cifra ascendió a 1.202.436, lo que evidencia un incremento sostenido en el uso de esta herramienta por parte de los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales.Solo durante 2025, los despachos judiciales del país profirieron 1.108.067 fallos de tutela, siendo el derecho de petición y el derecho fundamental a la salud los más invocados por las personas.Además este informe señala que 432.658 tutelas fueron tramitadas por presuntas vulneraciones al derecho de petición.Las tutelas por quejas en los servicios de salud siguen siendo altas, solo el año pasado se tramitaron 378.895 acciones de tutela por presuntas vulneraciones a este derecho.Las regiones con mayor número de decisiones favorables en las tutelas interpuestas por falencias en los servicios de salud fueron Antioquia (59.719), Bogotá (28.410) y Valle del Cauca (26.659), lo que, según el informe, guarda relación con el tamaño de su población y la mayor cantidad de despachos judiciales.La Judicatura aclara que esta cifras excluyen las decisiones de las altas cortes y las impugnaciones. Esto es importante porque a la Corte Constitucional en 2025 llegaron más de 270 mil tutelas por quejas en servicios de salud, posicionándolo también en el segundo derecho con más quejas a través de la tutela.
En los pasillos de los juzgados, diciembre suele traer un ambiente particular. Mientras algunos ciudadanos madrugan para radicar tutelas, verificar estados de procesos o solicitar copias urgentes antes de salir a vacaciones, otros llegan confiados sin saber que, por estas fechas, el ritmo de la justicia cambia.La escena se repite cada año, personas haciendo largas filas, funcionarios organizando expedientes en el menor tiempo posible y usuarios intentando resolver sus pendientes antes de que el juzgado cierre.Estas situaciones se deben al inicio de la vacancia judicial, periodo en el que la mayor parte de los despachos del país entran en receso colectivo y en el que solo funciona un grupo reducido de entidades y juzgados de turno para garantizar la atención mínima.¿Cuándo empiezan las vacaciones judiciales?A través de la Circular PCSJC25-40, emitida el pasado 4 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el bloqueo de las cuentas de correo institucionales desde el 20 de diciembre de 2025 a las 00:00 horas hasta el 10 de enero de 2026 a las 23:59 horas.Lo anterior, quiere decir que la mayoría de los juzgados a nivel nacional entran en temporada de receso o vacancia judicial, lo cual se llevará a cabo en las fechas mencionadas, que son las mismas en las que se reanudan las labores en los juzgados, tribunales y altas cortes del país.De acuerdo con la circular, cada despacho o servidor judicial deberá diligenciar su solicitud de autogestión en el aplicativo habilitado hasta el 19 de diciembre a las 17:59 horas, para activar el mensaje automático que notificará el cierre temporal de sus correos oficiales.¿Qué entidades seguirán prestando servicio?Durante este periodo, solo algunas entidades continuarán operando. Entre ellas están:Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Consejo Superior de la Judicatura y consejos seccionales.Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y direcciones seccionales.Juzgados penales municipales.Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Fiscalía General de la Nación.Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Como consecuencia, los juzgados penales municipales y los juzgados de ejecución de penas, que operan bajo régimen de vacaciones individuales, deberán asumir una mayor carga laboral durante el receso colectivo, según lo estipulado en la Ley 2430 de 2024.Esto significa que, entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, estos lugares deberán atender no solo los procesos ordinarios que les corresponden, sino también todas las acciones de tutela y habeas corpus que se presenten mientras los demás despachos permanecen cerrados.Esto implica que las personas que requieran adelantar trámites judiciales deben anticiparse y consultar la disponibilidad de los despachos antes del 20 de diciembre. Durante la vacancia, la atención será limitada y solo estarán operando los juzgados y entidades habilitados.¿Qué trámites quedan suspendidos? Para las personas del común, este periodo implica una pausa casi total en la mayoría de trámites judiciales, pues trámites como los siguientes quedarán suspendidos hasta el reinicio de labores:Solicitudes como copias de procesos.Radicación de memoriales.Consultas presencialesAvances en expedientes civiles, laborales o de familia.Respuestas a correos institucionales.La temporada de vacancia judicial podría retrasar audiencias, decisiones pendientes y procesos que muchos ciudadanos esperan resolver antes de terminar el año. Por eso, quienes necesiten gestionar algún trámite deberán hacerlo antes del 20 de diciembre o, de lo contrario, esperar hasta enero para retomar sus diligencias.
Según el estudio, basado en datos oficiales de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC, solo el año pasado ingresaron 1,87 millones de noticias criminales al sistema. De esas, más de la mitad fueron presentadas por denuncia ciudadana (55,6%) y otro 26,6% por querella. Pero la mayoría se estancó en los primeros pasos del proceso penal.Allí, uno de los puntos críticos es la capacidad institucional: el país cuenta con solo 8,9 fiscales por cada 100 mil habitantes, y casi el 80% están en condición de provisionalidad, lo que limita la respuesta frente al volumen de casos, la Corporación Excelencia a la Justicia advierte que el sistema “recibe millones de casos por una boca ancha, pero se atasca en un cuello angosto”.Los datos confirman que en 2024, el 81,9% de los procesos cerrados terminó archivado, mientras que solo el 3,7% fue resuelto por un juez en primera instancia.Hablando de las ciudades principales, en Bogotá la situación es aún más crítica porque, según el estudio, nueve de cada diez casos se archivan sin responsables ni decisiones de fondo.Las razones detrás de estos archivos también son preocupantes. El 53% se cerró por imposibilidad de identificar a los autores o víctimas, y el 42,8% porque el hecho no existió o no constituía delito, para la CEJ, esto refleja las limitaciones investigativas del Estado y una práctica en la que el archivo, pensado como una medida excepcional, se volvió la regla general.Lo cierto es que de los pocos procesos que logran llegar a juicio tampoco garantizan resultados, por ejemplo, en 2024 la tasa de absolución en juicio oral fue del 56,6%, y en delitos como violencia intrafamiliar superó el 80%. La mayoría de las condenas provienen de preacuerdos (35,6%) y aceptaciones de cargos (13,8%), no de juicios completos."Las cifras revelan un círculo vicioso: millones de denuncias que no avanzan, una utilización masiva del archivo como herramienta de gestión y una justicia de fondo que se aplica en un porcentaje relativamente menor de los casos" dice el informe.
Los exrectores de la Universidad Nacional de Colombia manifestaron su respaldo a José Ismael Peña Reyes y pidieron al Consejo Superior Universitario (CSU) reactivar el proceso para designar a su representante en ese cuerpo colegiado. La solicitud fue presentada mediante una carta enviada a la secretaria del Consejo, profesora María Fernanda Lara Díaz, el 15 de octubre de 2025.En la comunicación, los exrectores recordaron que desde junio de 2024 habían decidido suspender su participación en el Consejo Superior, en espera de una decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la validez de la elección del rector. Esa medida incluyó la renuncia del profesor Ignacio Mantilla Prada, quien los representaba en el órgano de Gobierno, en medio de la controversia que se generó tras la designación de Peña Reyes.Sin embargo, el pasado 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la demanda de nulidad interpuesta por el rector Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny, quienes cuestionaban el Acuerdo 05 de marzo de 2024. En su decisión, el alto tribunal negó las pretensiones de los demandantes y ratificó la legalidad de la designación de Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia.A partir de esa sentencia, los exrectores entre ellos Dolly Montoya Castaño, Moisés Wasserman Lerner, Marco Palacios Rozo y Ricardo Mosquera Mesa expresaron que ya existen las condiciones institucionales y jurídicas para retomar su participación en el Consejo Superior Universitario. Por ello, solicitaron formalmente que se inicie el proceso de elección de su nuevo delegado.
El alto tribunal admitió una acción de tutela presentada por Isabella Mieles, estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, quien denunció que el Consejo Superior de la Judicatura no había actualizado sus datos personales en las plataformas institucionales, lo que le impedía obtener certificaciones necesarias para culminar su proceso de grado.En este caso, el Consejo de Estado consideró que la negativa a realizar el cambio constituye una vulneración a los derechos fundamentales de la accionante al libre desarrollo de la personalidad, identidad de género, igualdad, habeas data, educación y no discriminación.Por esta razón, decretó una medida provisional, en la que ordenó a la Judicatura, en un plazo de 48 horas, actualizar el nombre y el género de Mieles Zabaleta en las bases de datos SIRNA, URNA y demás registros oficiales, o, en su defecto, informarle claramente cuál es el trámite que debe adelantar para obtener dicho reconocimiento.El magistrado ponente, Jorge Edison Portocarrero, enfatizó que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional, debido a la discriminación histórica y sistemática que han enfrentado, por lo cual el Estado tiene el deber reforzado de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.En el análisis del caso, El Consejo de Estado recordó que la accionante ya había protocolizado el cambio de nombre y sexo mediante escritura pública, actualizó su registro civil y obtuvo su cédula de ciudadanía con la identidad femenina, por lo que no existe justificación válida para que la Judicatura mantenga datos desactualizados que desconozcan su personalidad jurídica.La providencia aclara que esta medida tiene carácter transitorio y estará vigente hasta que se resuelva de fondo la tutela, incluso el alto tribunal advierte que la no actualización inmediata en los registros de la Rama Judicial configura una barrera de exclusión que afecta el goce de otros derechos fundamentales de la accionante.
Ante el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la adopción de medidas especiales para proteger a los servidores judiciales y garantizar la continuidad del servicio de justicia en las regiones afectadas.Según el comunicado oficial, entre enero y mayo de este año se implementaron 20 medidas de protección en distintas sedes judiciales, en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de salvaguardar la integridad tanto de funcionarios como de las instalaciones judiciales.Además, se han otorgado 37 medidas individuales de protección a jueces y magistrados, gracias al trabajo conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP).Entre las acciones adoptadas se incluyen modificaciones temporales en los horarios de atención al público y la implementación del trabajo remoto a través de medios virtuales en zonas de alto riesgo.Estas decisiones han sido lideradas por los Consejos Seccionales de la Judicatura del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila, en articulación con las direcciones seccionales de Administración Judicial.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que estas medidas reflejan el compromiso de la institución con la defensa de la justicia y el bienestar de sus funcionarios.“Atendemos las necesidades de los servidores judiciales, porque entendemos que servir a nuestros jueces es servir a la ciudadanía, es construir país y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho”, señaló.El alto tribunal judicial reafirmó su disposición de mantener una vigilancia constante de la situación en los territorios y de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades de seguridad, con el fin de preservar el acceso seguro de los ciudadanos al sistema judicial, incluso en medio de la compleja situación de orden público.
La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David Correa Ulloa, por la presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al Consejo Superior de la Universidad Nacional para el nombramiento provisional de un rector.La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que la investigación se llevará a cabo tras la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, y las denuncias realizadas por diversos medios de comunicación. Según estas denuncias, el ministro Correa Ulloa habría emitido una resolución en la que se daba un plazo de 24 horas para adelantar la reunión del Consejo Superior mientras se tomaba una decisión sobre la legitimidad de su posesión.Además, la investigación evaluará las instrucciones emitidas por el ministro en relación con la adopción de medidas para superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo Superior, lo cual podría haber vulnerado la autonomía universitaria. Este aspecto es de particular relevancia, dado que la autonomía universitaria es un principio fundamental para el funcionamiento independiente de las instituciones de educación superior.Como parte de su actuación, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas con el fin de determinar si la conducta del ministro es constitutiva de una falta disciplinaria y si actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
Al rechazo de la Corte Suprema se sumó la Corte Constitucional, que manifestó su preocupación por lo sucedido e hizo un llamado a la sensatez y a la calma.Las altas cortes se pronunciaron por lo sucedido en la tarde de este jueves, 8 de febrero, en el Palacio de Justicia, cuando cientos de manifestantes se agruparon alrededor del edificio ubicado en el centro de Bogotá.La Corte Suprema de Justicia expresó un firme rechazo hacia el cerco impuesto al Palacio de Justicia, una acción que no solo compromete seriamente el derecho a moverse libremente, sino que también amenaza de manera significativa la seguridad y el bienestar físico de jueces, trabajadores, periodistas y otros presentes en el edificio.“Como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, señaló el comunicado emitido por este alto tribunal.La Corte Suprema le exigió al Gobierno las garantías necesarias para ejercer sus competencias, así como que jueces puedan desarrollar sus actividades “sin presiones, hostigamientos o amenazas”.A este fuerte rechazo de la Corte Suprema se sumó la Corte Constitucional, que manifestó su preocupación por lo sucedido e hizo un llamado a la sensatez y a la calma.“Llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, manifestó la Corte Constitucional.Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura se pronunció a través de un comunicado e hizo un llamado a la solución pacífica de los bloqueos que se presentan en el Palacio de Justicia.“El Consejo Superior de la Judicatura rechaza de forma enfática las interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema de Justicia, que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes, al tiempo que pone en riesgo las instituciones legítimamente establecidas y el Estado Social de Derecho en Colombia”, se lee en el comunicado.
Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente.No le había ocurrido nunca a lo largo de sus quince participaciones, incluida la actual, en el torneo de los torneos. Sí había caído en la primera fase hasta en cuatro ocasiones, cinco con Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero nunca de forma sucesiva. Un síntoma del momento del campeón del mundo original, el ganador de la primera edición.Si Catar 2022, eliminada por la derrota de Portugal ante Corea del Sur en la última cita, pese a vencer ella a Ghana, entre las reclamaciones de dos penaltis a su favor, ya fue un golpe duro, inasumible entonces para el conjunto dirigido por Diego Alonso, el adiós al Mundial 2026 incide en la misma línea, con el agravante de que no ha ganado a nadie.Ni a Arabia Saudí, con la que empató a uno en la primera jornada; ni a Cabo Verde, con la que igualó a dos en la segunda; ni a España, con la que perdió 0-1 en el último y decisivo capítulo, en el que debía superar a su rival para lograr la clasificación. No le valía ni el equilibrio ni la derrota. Está fuera del Mundial el equipo de Marcelo Bielsa.Hasta el episodio de Catar en 2022, Uruguay había alcanzado todas las eliminatorias desde la eliminación también en esta instancia en Japón y Corea 2002. Entonces tampoco ganó ninguno de sus encuentros, como ahora, con dos empates y una derrota y tan solo dos puntos. Marcó cuatro goles y encajó cinco. Fue derrotada por Dinamarca (1-2) y niveló tanto con Francia (0-0) como con Senegal (3-3). Fue insuficiente. Acabó tercera.No fue más allá de esa ronda, igualmente, en Alemania 1974. Ubicada en el fondo de la tabla de su grupo, no venció tampoco a nadie. Ni a Países Bajos, cuando fue doblegada por 0-2; ni a Bulgaria, con un 1-1; ni a Suecia, que la superó por 3-0. Un punto. Y un gol.El Mundial de Chile 1962 completan la lista de cinco eliminaciones en la fase de grupos del conjunto celeste. Aquel torneo lo comenzó con un triunfo frente a Colombia (2-1), que después no le sirvió para nada porque cayó con las entonces Yugoslavia, por 3-1, y Unión Soviética, por 2-1. La tercera posición del grupo lo dejó fuera de la siguiente ronda.Por el contrario, Uruguay sí fue más allá hasta en diez de sus quince participaciones en las fases finales de los Mundiales. Fue campeona en 1930 y 1950; cuarta en 1954, 1970 y 2010, su último gran éxito en este torneo; llegó a cuartos tanto en 1966 como en 2018; y su límite fueron los octavos de final en 2014, 1990 y 1986.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa recibiendo mensajes de reconocimiento y estableciendo contactos con líderes internacionales de cara a su posesión el próximo 7 de agosto. En las últimas horas, el mandatario electo recibió una carta de felicitación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y sostuvo conversaciones telefónicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal.En el mensaje difundido por la Embajada de Rusia en Colombia, Putin felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales y destacó que las relaciones entre Rusia y Colombia "tradicionalmente tienen un carácter amistoso".Además, expresó su confianza en que el nuevo Gobierno contribuya al fortalecimiento de la cooperación bilateral en distintos ámbitos y le deseó éxitos, salud y bienestar durante su mandato.Tras conocer la carta de felicitación, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respondió a través de su cuenta de X, donde agradeció el mensaje enviado por Vladímir Putin y expresó su disposición a fortalecer las relaciones entre ambos países. De la Espriella aseguró que Colombia y Rusia trabajarán para reforzar una comunicación fluida y avanzar en decisiones bilaterales que contribuyan a la reciprocidad, el progreso y el crecimiento de ambas naciones.Por otra parte, el equipo del presidente electo informó que De la Espriella conversó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien coincidió en la importancia de fortalecer los vínculos entre Colombia y España en esta nueva etapa política. La llamada se produjo pocos días después de que la dirigente española felicitara públicamente al mandatario electo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.Asimismo, De La Espriella dialogó con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, como parte de los acercamientos internacionales que adelanta antes de asumir el cargo.
La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2956 el viernes 26 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos), combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.Premios secos de la Lotería de RisaraldaAdemás del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.Millonarios premios entregados en el sorteoCon la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadoresLos premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.
La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos).Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.Recomendaciones para verificar los resultadosLa Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.
Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número (en minutos).Premios secos de la Lotería de MedellínComo es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.