El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 11 de septiembre de 2026 la suspensión de términos judiciales y administrativos en los despachos y dependencias administrativas ubicados en zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.La medida cobija a los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además incluiría a los municipios de Puerto Boyacá, en Boyacá, y Puerto Salgar, en Cundinamarca.La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo PCSJA26-12567, como parte de las medidas extraordinarias implementadas por la Rama Judicial para responder a la emergencia, proteger a sus servidores y garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia.Entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre, se suspendió el reparto de acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus y solicitudes de audiencias de control de garantías relacionadas con personas privadas de la libertad, en los despachos judiciales permanentes ubicados en los municipios afectados.Ademas, para garantizar la atención de estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura determinó transformar temporalmente despachos judiciales de diferentes distritos del país en despachos de apoyo itinerante, con competencia territorial adicional para atender asuntos provenientes de las zonas afectadas.Estos despachos podrán conocer temporalmente acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de control de garantías con personas privadas de la libertad y otros actos urgentes.También ordenó redistribuir a estos despachos de apoyo itinerante las acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de audiencias de control de garantías y actos urgentes recibidos entre el 5 y el 12 de agosto que no hayan sido atendidos por los despachos de los distritos afectados.El Consejo Superior de la Judicatura pidió, adicionalmente, a los consejos seccionales y a las direcciones seccionales de administración judicial adoptar las medidas necesarias para informar a los usuarios sobre la presentación y trámite de tutelas, hábeas corpus y solicitudes de audiencias preliminares durante la vigencia de estas medidas.Apoyo psicológico y de seguridad para servidores judicialesEl Consejo Superior de la Judicatura también priorizó a las servidoras y servidores judiciales afectados por el terremoto, con medidas de apoyo integral para proteger su bienestar, salud mental y seguridad.Entre las acciones está la prestación de acompañamiento psicosocial especializado, tanto en sus viviendas y entornos familiares como en sus lugares de trabajo y otras situaciones relacionadas con la emergencia.Organizaron apoyo técnico para evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios afectados, con el objetivo de identificar posibles riesgos y adoptar medidas para proteger su vida, integridad y bienestar.
El Consejo Superior de la Judicatura puso en marcha un paquete de medidas temporales para atender las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en varias regiones del país. Las decisiones fueron adoptadas buscan recuperar las sedes judiciales dañadas, mantener la atención de los casos urgentes y proteger a los funcionarios afectados por la emergencia.Uno de los principales anuncios es la destinación de $208 mil millones provenientes de saldos de proyectos de inversión de 2026. De ese monto, $116 mil millones serán utilizados para reparar y adecuar las instalaciones de la Rama Judicial en Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, además de otras zonas afectadas. Los $92 mil millones restantes serán destinados al fortalecimiento tecnológico de los despachos judiciales damnificados.La entidad también decidió suspender las actividades académicas presenciales del Consejo Superior de la Judicatura, que pasarán a desarrollarse de manera virtual. Los recursos que estaban destinados inicialmente a esas actividades serán trasladados para financiar reparaciones, adecuaciones y trabajos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento las sedes judiciales afectadas, bajo condiciones que permitan prestar el servicio de justicia con seguridad.Otra de las medidas establece que la suspensión de términos judiciales y administrativos en las zonas afectadas se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2026. La decisión cobija despachos y dependencias administrativas de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además de Puerto Boyacá, en Boyacá, y Puerto Salgar, en Cundinamarca.Para evitar que la emergencia deje sin atención los casos que requieren una respuesta inmediata, algunos despachos judiciales de otras regiones del país serán convertidos temporalmente en despachos de apoyo itinerante. Estas unidades podrán asumir acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de control de garantías relacionadas con personas privadas de la libertad y actos urgentes que provengan de las zonas afectadas.Además, hasta el 11 de septiembre quedará suspendido el reparto de acciones de tutela, hábeas corpus y solicitudes de audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad a los despachos permanentes ubicados en los municipios afectados. Los procesos que hayan llegado desde el lunes 10 de agosto, así como los nuevos casos que surjan en esas zonas, podrán ser distribuidos a despachos judiciales ubicados en otras partes del país para garantizar su trámite.Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura activó medidas de acompañamiento psicosocial para los servidores judiciales afectados por el terremoto en el centro y occidente de Colombia. El apoyo contempla primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, orientación y escucha activa, detección temprana de afectaciones emocionales, acciones colectivas de contención, seguimiento psicosocial y, cuando sea necesario, remisión a los servicios de salud.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresaron su respaldo a las comisiones escrutadoras que trabajan en todo el país, al considerar que cumplen una labor fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones en Colombia.El pronunciamiento reviste importancia porque el proceso, que ha avanzado con total normalidad, ha sido cuestionado por el presidente Gustavo Petro, lo que ha encendido las alarmas, porque no hay indicios de irregularidad con casi el 100 % del escrutinio y aún así el mandatario se sostiene en su teoría de supuestas irregularidades en el resultado de la primera vuelta.Ambas corporaciones señalaron que el escrutinio electoral es un procedimiento regulado por la Constitución y la ley, que se desarrolla con independencia y rigor. Recordaron además que estas comisiones están integradas principalmente por juezas y jueces de la República.Asimismo, indicaron que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) declarar los resultados definitivos de los comicios realizados el pasado 31 de mayo, dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente y con todas las garantías del debido proceso.La Corte Suprema y el Consejo Superior también manifestaron su apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Destacaron que la entidad ha trabajado de manera coordinada con organismos de control, autoridades competentes y observadores internacionales para asegurar un proceso transparente y confiable.En ese sentido, mencionaron el respaldo expresado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia al desarrollo de las etapas de verificación electoral.Las instituciones hicieron un llamado a la ciudadanía, a los actores políticos y a las entidades públicas para respetar el marco constitucional y confiar en los mecanismos legales establecidos para la revisión y consolidación de los resultados.También invitaron a todos los sectores de la sociedad a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto, con el fin de evitar escenarios de confrontación e incertidumbre que puedan afectar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral.
Según el informe de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura mientras que en 2020 se radicaron 459.680 tutelas, en 2025 la cifra ascendió a 1.202.436, lo que evidencia un incremento sostenido en el uso de esta herramienta por parte de los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales.Solo durante 2025, los despachos judiciales del país profirieron 1.108.067 fallos de tutela, siendo el derecho de petición y el derecho fundamental a la salud los más invocados por las personas.Además este informe señala que 432.658 tutelas fueron tramitadas por presuntas vulneraciones al derecho de petición.Las tutelas por quejas en los servicios de salud siguen siendo altas, solo el año pasado se tramitaron 378.895 acciones de tutela por presuntas vulneraciones a este derecho.Las regiones con mayor número de decisiones favorables en las tutelas interpuestas por falencias en los servicios de salud fueron Antioquia (59.719), Bogotá (28.410) y Valle del Cauca (26.659), lo que, según el informe, guarda relación con el tamaño de su población y la mayor cantidad de despachos judiciales.La Judicatura aclara que esta cifras excluyen las decisiones de las altas cortes y las impugnaciones. Esto es importante porque a la Corte Constitucional en 2025 llegaron más de 270 mil tutelas por quejas en servicios de salud, posicionándolo también en el segundo derecho con más quejas a través de la tutela.
En los pasillos de los juzgados, diciembre suele traer un ambiente particular. Mientras algunos ciudadanos madrugan para radicar tutelas, verificar estados de procesos o solicitar copias urgentes antes de salir a vacaciones, otros llegan confiados sin saber que, por estas fechas, el ritmo de la justicia cambia.La escena se repite cada año, personas haciendo largas filas, funcionarios organizando expedientes en el menor tiempo posible y usuarios intentando resolver sus pendientes antes de que el juzgado cierre.Estas situaciones se deben al inicio de la vacancia judicial, periodo en el que la mayor parte de los despachos del país entran en receso colectivo y en el que solo funciona un grupo reducido de entidades y juzgados de turno para garantizar la atención mínima.¿Cuándo empiezan las vacaciones judiciales?A través de la Circular PCSJC25-40, emitida el pasado 4 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el bloqueo de las cuentas de correo institucionales desde el 20 de diciembre de 2025 a las 00:00 horas hasta el 10 de enero de 2026 a las 23:59 horas.Lo anterior, quiere decir que la mayoría de los juzgados a nivel nacional entran en temporada de receso o vacancia judicial, lo cual se llevará a cabo en las fechas mencionadas, que son las mismas en las que se reanudan las labores en los juzgados, tribunales y altas cortes del país.De acuerdo con la circular, cada despacho o servidor judicial deberá diligenciar su solicitud de autogestión en el aplicativo habilitado hasta el 19 de diciembre a las 17:59 horas, para activar el mensaje automático que notificará el cierre temporal de sus correos oficiales.¿Qué entidades seguirán prestando servicio?Durante este periodo, solo algunas entidades continuarán operando. Entre ellas están:Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Consejo Superior de la Judicatura y consejos seccionales.Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y direcciones seccionales.Juzgados penales municipales.Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Fiscalía General de la Nación.Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Como consecuencia, los juzgados penales municipales y los juzgados de ejecución de penas, que operan bajo régimen de vacaciones individuales, deberán asumir una mayor carga laboral durante el receso colectivo, según lo estipulado en la Ley 2430 de 2024.Esto significa que, entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, estos lugares deberán atender no solo los procesos ordinarios que les corresponden, sino también todas las acciones de tutela y habeas corpus que se presenten mientras los demás despachos permanecen cerrados.Esto implica que las personas que requieran adelantar trámites judiciales deben anticiparse y consultar la disponibilidad de los despachos antes del 20 de diciembre. Durante la vacancia, la atención será limitada y solo estarán operando los juzgados y entidades habilitados.¿Qué trámites quedan suspendidos? Para las personas del común, este periodo implica una pausa casi total en la mayoría de trámites judiciales, pues trámites como los siguientes quedarán suspendidos hasta el reinicio de labores:Solicitudes como copias de procesos.Radicación de memoriales.Consultas presencialesAvances en expedientes civiles, laborales o de familia.Respuestas a correos institucionales.La temporada de vacancia judicial podría retrasar audiencias, decisiones pendientes y procesos que muchos ciudadanos esperan resolver antes de terminar el año. Por eso, quienes necesiten gestionar algún trámite deberán hacerlo antes del 20 de diciembre o, de lo contrario, esperar hasta enero para retomar sus diligencias.
Según el estudio, basado en datos oficiales de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC, solo el año pasado ingresaron 1,87 millones de noticias criminales al sistema. De esas, más de la mitad fueron presentadas por denuncia ciudadana (55,6%) y otro 26,6% por querella. Pero la mayoría se estancó en los primeros pasos del proceso penal.Allí, uno de los puntos críticos es la capacidad institucional: el país cuenta con solo 8,9 fiscales por cada 100 mil habitantes, y casi el 80% están en condición de provisionalidad, lo que limita la respuesta frente al volumen de casos, la Corporación Excelencia a la Justicia advierte que el sistema “recibe millones de casos por una boca ancha, pero se atasca en un cuello angosto”.Los datos confirman que en 2024, el 81,9% de los procesos cerrados terminó archivado, mientras que solo el 3,7% fue resuelto por un juez en primera instancia.Hablando de las ciudades principales, en Bogotá la situación es aún más crítica porque, según el estudio, nueve de cada diez casos se archivan sin responsables ni decisiones de fondo.Las razones detrás de estos archivos también son preocupantes. El 53% se cerró por imposibilidad de identificar a los autores o víctimas, y el 42,8% porque el hecho no existió o no constituía delito, para la CEJ, esto refleja las limitaciones investigativas del Estado y una práctica en la que el archivo, pensado como una medida excepcional, se volvió la regla general.Lo cierto es que de los pocos procesos que logran llegar a juicio tampoco garantizan resultados, por ejemplo, en 2024 la tasa de absolución en juicio oral fue del 56,6%, y en delitos como violencia intrafamiliar superó el 80%. La mayoría de las condenas provienen de preacuerdos (35,6%) y aceptaciones de cargos (13,8%), no de juicios completos."Las cifras revelan un círculo vicioso: millones de denuncias que no avanzan, una utilización masiva del archivo como herramienta de gestión y una justicia de fondo que se aplica en un porcentaje relativamente menor de los casos" dice el informe.
Los exrectores de la Universidad Nacional de Colombia manifestaron su respaldo a José Ismael Peña Reyes y pidieron al Consejo Superior Universitario (CSU) reactivar el proceso para designar a su representante en ese cuerpo colegiado. La solicitud fue presentada mediante una carta enviada a la secretaria del Consejo, profesora María Fernanda Lara Díaz, el 15 de octubre de 2025.En la comunicación, los exrectores recordaron que desde junio de 2024 habían decidido suspender su participación en el Consejo Superior, en espera de una decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la validez de la elección del rector. Esa medida incluyó la renuncia del profesor Ignacio Mantilla Prada, quien los representaba en el órgano de Gobierno, en medio de la controversia que se generó tras la designación de Peña Reyes.Sin embargo, el pasado 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la demanda de nulidad interpuesta por el rector Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny, quienes cuestionaban el Acuerdo 05 de marzo de 2024. En su decisión, el alto tribunal negó las pretensiones de los demandantes y ratificó la legalidad de la designación de Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia.A partir de esa sentencia, los exrectores entre ellos Dolly Montoya Castaño, Moisés Wasserman Lerner, Marco Palacios Rozo y Ricardo Mosquera Mesa expresaron que ya existen las condiciones institucionales y jurídicas para retomar su participación en el Consejo Superior Universitario. Por ello, solicitaron formalmente que se inicie el proceso de elección de su nuevo delegado.
El alto tribunal admitió una acción de tutela presentada por Isabella Mieles, estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, quien denunció que el Consejo Superior de la Judicatura no había actualizado sus datos personales en las plataformas institucionales, lo que le impedía obtener certificaciones necesarias para culminar su proceso de grado.En este caso, el Consejo de Estado consideró que la negativa a realizar el cambio constituye una vulneración a los derechos fundamentales de la accionante al libre desarrollo de la personalidad, identidad de género, igualdad, habeas data, educación y no discriminación.Por esta razón, decretó una medida provisional, en la que ordenó a la Judicatura, en un plazo de 48 horas, actualizar el nombre y el género de Mieles Zabaleta en las bases de datos SIRNA, URNA y demás registros oficiales, o, en su defecto, informarle claramente cuál es el trámite que debe adelantar para obtener dicho reconocimiento.El magistrado ponente, Jorge Edison Portocarrero, enfatizó que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional, debido a la discriminación histórica y sistemática que han enfrentado, por lo cual el Estado tiene el deber reforzado de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.En el análisis del caso, El Consejo de Estado recordó que la accionante ya había protocolizado el cambio de nombre y sexo mediante escritura pública, actualizó su registro civil y obtuvo su cédula de ciudadanía con la identidad femenina, por lo que no existe justificación válida para que la Judicatura mantenga datos desactualizados que desconozcan su personalidad jurídica.La providencia aclara que esta medida tiene carácter transitorio y estará vigente hasta que se resuelva de fondo la tutela, incluso el alto tribunal advierte que la no actualización inmediata en los registros de la Rama Judicial configura una barrera de exclusión que afecta el goce de otros derechos fundamentales de la accionante.
Ante el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la adopción de medidas especiales para proteger a los servidores judiciales y garantizar la continuidad del servicio de justicia en las regiones afectadas.Según el comunicado oficial, entre enero y mayo de este año se implementaron 20 medidas de protección en distintas sedes judiciales, en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de salvaguardar la integridad tanto de funcionarios como de las instalaciones judiciales.Además, se han otorgado 37 medidas individuales de protección a jueces y magistrados, gracias al trabajo conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP).Entre las acciones adoptadas se incluyen modificaciones temporales en los horarios de atención al público y la implementación del trabajo remoto a través de medios virtuales en zonas de alto riesgo.Estas decisiones han sido lideradas por los Consejos Seccionales de la Judicatura del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila, en articulación con las direcciones seccionales de Administración Judicial.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que estas medidas reflejan el compromiso de la institución con la defensa de la justicia y el bienestar de sus funcionarios.“Atendemos las necesidades de los servidores judiciales, porque entendemos que servir a nuestros jueces es servir a la ciudadanía, es construir país y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho”, señaló.El alto tribunal judicial reafirmó su disposición de mantener una vigilancia constante de la situación en los territorios y de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades de seguridad, con el fin de preservar el acceso seguro de los ciudadanos al sistema judicial, incluso en medio de la compleja situación de orden público.
La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David Correa Ulloa, por la presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al Consejo Superior de la Universidad Nacional para el nombramiento provisional de un rector.La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que la investigación se llevará a cabo tras la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, y las denuncias realizadas por diversos medios de comunicación. Según estas denuncias, el ministro Correa Ulloa habría emitido una resolución en la que se daba un plazo de 24 horas para adelantar la reunión del Consejo Superior mientras se tomaba una decisión sobre la legitimidad de su posesión.Además, la investigación evaluará las instrucciones emitidas por el ministro en relación con la adopción de medidas para superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo Superior, lo cual podría haber vulnerado la autonomía universitaria. Este aspecto es de particular relevancia, dado que la autonomía universitaria es un principio fundamental para el funcionamiento independiente de las instituciones de educación superior.Como parte de su actuación, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas con el fin de determinar si la conducta del ministro es constitutiva de una falta disciplinaria y si actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El chance Dorado Tarde se mantiene entre los juegos de azar más consultados en Colombia. Su amplia cobertura en el territorio nacional y la posibilidad de conocer los resultados oficiales después de cada jornada lo convierten en una alternativa popular entre los apostadores.Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Dorado Tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026 permitirá a los participantes comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras ganadoras.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.Los jugadores deben comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado oficial y acudir a un punto autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.¿A qué hora juega Dorado Tarde?El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.Los domingos y días festivos no se realiza este sorteo.¿Cuál es el plan de premios de Dorado Tarde?Una de las características de este juego es que permite obtener premios mediante diferentes modalidades de acierto. El valor que recibe cada ganador depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Una cifra (uña): paga cinco veces lo apostado.Estas modalidades ofrecen distintas posibilidades de obtener ganancias, según los aciertos registrados en cada jugada.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Tarde?Para cobrar un premio de Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con las condiciones establecidas por Paga Todo.Los requisitos indicados son:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni inconsistencias, debido a que cualquier alteración puede afectar la validación de la apuesta y el pago del premio.Antes de realizar el trámite, se recomienda consultar las condiciones vigentes en los puntos de atención autorizados.
En medio de pronósticos sobre un fenómeno de El niño con impactos sin precedentes en las últimas décadas, en Hidroituango siguen avanzando a buen ritmo las labores a poner a punto la central antes de los meses donde se espera el recrudecimiento del evento con menos lluvias y temperaturas más altas.Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez durante su más reciente visita al complejo de generación de energía en el Norte de Antioquia en compañía de funcionarios del Gobierno nacional como los ministro de Ambiente y Minas.El mandatario precisó que las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2026. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del próximo año, justo en el momento en que los modelos de predicción indican la etapa más compleja de El Niño."Así el proyecto estaría generando el 17% de la energía del país. Para nosotros es muy importante decir que el proyecto de Hidroituango no es un proyecto solo para Medellín o para Antioquia, sino que es un proyecto de país", sostuvo.Sobre los detalles de la obras, EPM señaló que las obras civiles se concentran en la zona sur de la caverna de la casa de máquinas y en la almenara 2, mientras continúan el traslado y montaje en sitio de los equipos electromecánicos.En las unidades 5, 6 y 7 ya se encuentran instalados los anillos estacionarios y las cámaras espirales, equipos que, según la empresa encargada de operar la central, han tenido pruebas con resultados satisfactorios.Además, comenzó el blindaje de los pozos verticales y, próximamente, se iniciará el montaje de los rotores y estatores de las unidades 5 y 6. Se estima que una vez Hidroituango entre en operación con sus ocho turbinas pueda generar hasta 2.400 megavatios de energía.
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.