La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresaron su respaldo a las comisiones escrutadoras que trabajan en todo el país, al considerar que cumplen una labor fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones en Colombia.El pronunciamiento reviste importancia porque el proceso, que ha avanzado con total normalidad, ha sido cuestionado por el presidente Gustavo Petro, lo que ha encendido las alarmas, porque no hay indicios de irregularidad con casi el 100 % del escrutinio y aún así el mandatario se sostiene en su teoría de supuestas irregularidades en el resultado de la primera vuelta.Ambas corporaciones señalaron que el escrutinio electoral es un procedimiento regulado por la Constitución y la ley, que se desarrolla con independencia y rigor. Recordaron además que estas comisiones están integradas principalmente por juezas y jueces de la República.Asimismo, indicaron que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) declarar los resultados definitivos de los comicios realizados el pasado 31 de mayo, dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente y con todas las garantías del debido proceso.La Corte Suprema y el Consejo Superior también manifestaron su apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Destacaron que la entidad ha trabajado de manera coordinada con organismos de control, autoridades competentes y observadores internacionales para asegurar un proceso transparente y confiable.En ese sentido, mencionaron el respaldo expresado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia al desarrollo de las etapas de verificación electoral.Las instituciones hicieron un llamado a la ciudadanía, a los actores políticos y a las entidades públicas para respetar el marco constitucional y confiar en los mecanismos legales establecidos para la revisión y consolidación de los resultados.También invitaron a todos los sectores de la sociedad a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto, con el fin de evitar escenarios de confrontación e incertidumbre que puedan afectar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral.
Según el informe de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura mientras que en 2020 se radicaron 459.680 tutelas, en 2025 la cifra ascendió a 1.202.436, lo que evidencia un incremento sostenido en el uso de esta herramienta por parte de los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales.Solo durante 2025, los despachos judiciales del país profirieron 1.108.067 fallos de tutela, siendo el derecho de petición y el derecho fundamental a la salud los más invocados por las personas.Además este informe señala que 432.658 tutelas fueron tramitadas por presuntas vulneraciones al derecho de petición.Las tutelas por quejas en los servicios de salud siguen siendo altas, solo el año pasado se tramitaron 378.895 acciones de tutela por presuntas vulneraciones a este derecho.Las regiones con mayor número de decisiones favorables en las tutelas interpuestas por falencias en los servicios de salud fueron Antioquia (59.719), Bogotá (28.410) y Valle del Cauca (26.659), lo que, según el informe, guarda relación con el tamaño de su población y la mayor cantidad de despachos judiciales.La Judicatura aclara que esta cifras excluyen las decisiones de las altas cortes y las impugnaciones. Esto es importante porque a la Corte Constitucional en 2025 llegaron más de 270 mil tutelas por quejas en servicios de salud, posicionándolo también en el segundo derecho con más quejas a través de la tutela.
En los pasillos de los juzgados, diciembre suele traer un ambiente particular. Mientras algunos ciudadanos madrugan para radicar tutelas, verificar estados de procesos o solicitar copias urgentes antes de salir a vacaciones, otros llegan confiados sin saber que, por estas fechas, el ritmo de la justicia cambia.La escena se repite cada año, personas haciendo largas filas, funcionarios organizando expedientes en el menor tiempo posible y usuarios intentando resolver sus pendientes antes de que el juzgado cierre.Estas situaciones se deben al inicio de la vacancia judicial, periodo en el que la mayor parte de los despachos del país entran en receso colectivo y en el que solo funciona un grupo reducido de entidades y juzgados de turno para garantizar la atención mínima.¿Cuándo empiezan las vacaciones judiciales?A través de la Circular PCSJC25-40, emitida el pasado 4 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el bloqueo de las cuentas de correo institucionales desde el 20 de diciembre de 2025 a las 00:00 horas hasta el 10 de enero de 2026 a las 23:59 horas.Lo anterior, quiere decir que la mayoría de los juzgados a nivel nacional entran en temporada de receso o vacancia judicial, lo cual se llevará a cabo en las fechas mencionadas, que son las mismas en las que se reanudan las labores en los juzgados, tribunales y altas cortes del país.De acuerdo con la circular, cada despacho o servidor judicial deberá diligenciar su solicitud de autogestión en el aplicativo habilitado hasta el 19 de diciembre a las 17:59 horas, para activar el mensaje automático que notificará el cierre temporal de sus correos oficiales.¿Qué entidades seguirán prestando servicio?Durante este periodo, solo algunas entidades continuarán operando. Entre ellas están:Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Consejo Superior de la Judicatura y consejos seccionales.Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y direcciones seccionales.Juzgados penales municipales.Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Fiscalía General de la Nación.Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Como consecuencia, los juzgados penales municipales y los juzgados de ejecución de penas, que operan bajo régimen de vacaciones individuales, deberán asumir una mayor carga laboral durante el receso colectivo, según lo estipulado en la Ley 2430 de 2024.Esto significa que, entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, estos lugares deberán atender no solo los procesos ordinarios que les corresponden, sino también todas las acciones de tutela y habeas corpus que se presenten mientras los demás despachos permanecen cerrados.Esto implica que las personas que requieran adelantar trámites judiciales deben anticiparse y consultar la disponibilidad de los despachos antes del 20 de diciembre. Durante la vacancia, la atención será limitada y solo estarán operando los juzgados y entidades habilitados.¿Qué trámites quedan suspendidos? Para las personas del común, este periodo implica una pausa casi total en la mayoría de trámites judiciales, pues trámites como los siguientes quedarán suspendidos hasta el reinicio de labores:Solicitudes como copias de procesos.Radicación de memoriales.Consultas presencialesAvances en expedientes civiles, laborales o de familia.Respuestas a correos institucionales.La temporada de vacancia judicial podría retrasar audiencias, decisiones pendientes y procesos que muchos ciudadanos esperan resolver antes de terminar el año. Por eso, quienes necesiten gestionar algún trámite deberán hacerlo antes del 20 de diciembre o, de lo contrario, esperar hasta enero para retomar sus diligencias.
Según el estudio, basado en datos oficiales de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC, solo el año pasado ingresaron 1,87 millones de noticias criminales al sistema. De esas, más de la mitad fueron presentadas por denuncia ciudadana (55,6%) y otro 26,6% por querella. Pero la mayoría se estancó en los primeros pasos del proceso penal.Allí, uno de los puntos críticos es la capacidad institucional: el país cuenta con solo 8,9 fiscales por cada 100 mil habitantes, y casi el 80% están en condición de provisionalidad, lo que limita la respuesta frente al volumen de casos, la Corporación Excelencia a la Justicia advierte que el sistema “recibe millones de casos por una boca ancha, pero se atasca en un cuello angosto”.Los datos confirman que en 2024, el 81,9% de los procesos cerrados terminó archivado, mientras que solo el 3,7% fue resuelto por un juez en primera instancia.Hablando de las ciudades principales, en Bogotá la situación es aún más crítica porque, según el estudio, nueve de cada diez casos se archivan sin responsables ni decisiones de fondo.Las razones detrás de estos archivos también son preocupantes. El 53% se cerró por imposibilidad de identificar a los autores o víctimas, y el 42,8% porque el hecho no existió o no constituía delito, para la CEJ, esto refleja las limitaciones investigativas del Estado y una práctica en la que el archivo, pensado como una medida excepcional, se volvió la regla general.Lo cierto es que de los pocos procesos que logran llegar a juicio tampoco garantizan resultados, por ejemplo, en 2024 la tasa de absolución en juicio oral fue del 56,6%, y en delitos como violencia intrafamiliar superó el 80%. La mayoría de las condenas provienen de preacuerdos (35,6%) y aceptaciones de cargos (13,8%), no de juicios completos."Las cifras revelan un círculo vicioso: millones de denuncias que no avanzan, una utilización masiva del archivo como herramienta de gestión y una justicia de fondo que se aplica en un porcentaje relativamente menor de los casos" dice el informe.
Los exrectores de la Universidad Nacional de Colombia manifestaron su respaldo a José Ismael Peña Reyes y pidieron al Consejo Superior Universitario (CSU) reactivar el proceso para designar a su representante en ese cuerpo colegiado. La solicitud fue presentada mediante una carta enviada a la secretaria del Consejo, profesora María Fernanda Lara Díaz, el 15 de octubre de 2025.En la comunicación, los exrectores recordaron que desde junio de 2024 habían decidido suspender su participación en el Consejo Superior, en espera de una decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la validez de la elección del rector. Esa medida incluyó la renuncia del profesor Ignacio Mantilla Prada, quien los representaba en el órgano de Gobierno, en medio de la controversia que se generó tras la designación de Peña Reyes.Sin embargo, el pasado 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la demanda de nulidad interpuesta por el rector Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny, quienes cuestionaban el Acuerdo 05 de marzo de 2024. En su decisión, el alto tribunal negó las pretensiones de los demandantes y ratificó la legalidad de la designación de Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia.A partir de esa sentencia, los exrectores entre ellos Dolly Montoya Castaño, Moisés Wasserman Lerner, Marco Palacios Rozo y Ricardo Mosquera Mesa expresaron que ya existen las condiciones institucionales y jurídicas para retomar su participación en el Consejo Superior Universitario. Por ello, solicitaron formalmente que se inicie el proceso de elección de su nuevo delegado.
El alto tribunal admitió una acción de tutela presentada por Isabella Mieles, estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, quien denunció que el Consejo Superior de la Judicatura no había actualizado sus datos personales en las plataformas institucionales, lo que le impedía obtener certificaciones necesarias para culminar su proceso de grado.En este caso, el Consejo de Estado consideró que la negativa a realizar el cambio constituye una vulneración a los derechos fundamentales de la accionante al libre desarrollo de la personalidad, identidad de género, igualdad, habeas data, educación y no discriminación.Por esta razón, decretó una medida provisional, en la que ordenó a la Judicatura, en un plazo de 48 horas, actualizar el nombre y el género de Mieles Zabaleta en las bases de datos SIRNA, URNA y demás registros oficiales, o, en su defecto, informarle claramente cuál es el trámite que debe adelantar para obtener dicho reconocimiento.El magistrado ponente, Jorge Edison Portocarrero, enfatizó que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional, debido a la discriminación histórica y sistemática que han enfrentado, por lo cual el Estado tiene el deber reforzado de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.En el análisis del caso, El Consejo de Estado recordó que la accionante ya había protocolizado el cambio de nombre y sexo mediante escritura pública, actualizó su registro civil y obtuvo su cédula de ciudadanía con la identidad femenina, por lo que no existe justificación válida para que la Judicatura mantenga datos desactualizados que desconozcan su personalidad jurídica.La providencia aclara que esta medida tiene carácter transitorio y estará vigente hasta que se resuelva de fondo la tutela, incluso el alto tribunal advierte que la no actualización inmediata en los registros de la Rama Judicial configura una barrera de exclusión que afecta el goce de otros derechos fundamentales de la accionante.
Ante el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la adopción de medidas especiales para proteger a los servidores judiciales y garantizar la continuidad del servicio de justicia en las regiones afectadas.Según el comunicado oficial, entre enero y mayo de este año se implementaron 20 medidas de protección en distintas sedes judiciales, en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de salvaguardar la integridad tanto de funcionarios como de las instalaciones judiciales.Además, se han otorgado 37 medidas individuales de protección a jueces y magistrados, gracias al trabajo conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP).Entre las acciones adoptadas se incluyen modificaciones temporales en los horarios de atención al público y la implementación del trabajo remoto a través de medios virtuales en zonas de alto riesgo.Estas decisiones han sido lideradas por los Consejos Seccionales de la Judicatura del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila, en articulación con las direcciones seccionales de Administración Judicial.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que estas medidas reflejan el compromiso de la institución con la defensa de la justicia y el bienestar de sus funcionarios.“Atendemos las necesidades de los servidores judiciales, porque entendemos que servir a nuestros jueces es servir a la ciudadanía, es construir país y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho”, señaló.El alto tribunal judicial reafirmó su disposición de mantener una vigilancia constante de la situación en los territorios y de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades de seguridad, con el fin de preservar el acceso seguro de los ciudadanos al sistema judicial, incluso en medio de la compleja situación de orden público.
La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David Correa Ulloa, por la presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al Consejo Superior de la Universidad Nacional para el nombramiento provisional de un rector.La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que la investigación se llevará a cabo tras la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, y las denuncias realizadas por diversos medios de comunicación. Según estas denuncias, el ministro Correa Ulloa habría emitido una resolución en la que se daba un plazo de 24 horas para adelantar la reunión del Consejo Superior mientras se tomaba una decisión sobre la legitimidad de su posesión.Además, la investigación evaluará las instrucciones emitidas por el ministro en relación con la adopción de medidas para superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo Superior, lo cual podría haber vulnerado la autonomía universitaria. Este aspecto es de particular relevancia, dado que la autonomía universitaria es un principio fundamental para el funcionamiento independiente de las instituciones de educación superior.Como parte de su actuación, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas con el fin de determinar si la conducta del ministro es constitutiva de una falta disciplinaria y si actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
Al rechazo de la Corte Suprema se sumó la Corte Constitucional, que manifestó su preocupación por lo sucedido e hizo un llamado a la sensatez y a la calma.Las altas cortes se pronunciaron por lo sucedido en la tarde de este jueves, 8 de febrero, en el Palacio de Justicia, cuando cientos de manifestantes se agruparon alrededor del edificio ubicado en el centro de Bogotá.La Corte Suprema de Justicia expresó un firme rechazo hacia el cerco impuesto al Palacio de Justicia, una acción que no solo compromete seriamente el derecho a moverse libremente, sino que también amenaza de manera significativa la seguridad y el bienestar físico de jueces, trabajadores, periodistas y otros presentes en el edificio.“Como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, señaló el comunicado emitido por este alto tribunal.La Corte Suprema le exigió al Gobierno las garantías necesarias para ejercer sus competencias, así como que jueces puedan desarrollar sus actividades “sin presiones, hostigamientos o amenazas”.A este fuerte rechazo de la Corte Suprema se sumó la Corte Constitucional, que manifestó su preocupación por lo sucedido e hizo un llamado a la sensatez y a la calma.“Llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, manifestó la Corte Constitucional.Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura se pronunció a través de un comunicado e hizo un llamado a la solución pacífica de los bloqueos que se presentan en el Palacio de Justicia.“El Consejo Superior de la Judicatura rechaza de forma enfática las interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema de Justicia, que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes, al tiempo que pone en riesgo las instituciones legítimamente establecidas y el Estado Social de Derecho en Colombia”, se lee en el comunicado.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.