
Ante el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la adopción de medidas especiales para proteger a los servidores judiciales y garantizar la continuidad del servicio de justicia en las regiones afectadas.
Según el comunicado oficial, entre enero y mayo de este año se implementaron 20 medidas de protección en distintas sedes judiciales, en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de salvaguardar la integridad tanto de funcionarios como de las instalaciones judiciales.
Además, se han otorgado 37 medidas individuales de protección a jueces y magistrados, gracias al trabajo conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Entre las acciones adoptadas se incluyen modificaciones temporales en los horarios de atención al público y la implementación del trabajo remoto a través de medios virtuales en zonas de alto riesgo.

Estas decisiones han sido lideradas por los Consejos Seccionales de la Judicatura del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila, en articulación con las direcciones seccionales de Administración Judicial.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que estas medidas reflejan el compromiso de la institución con la defensa de la justicia y el bienestar de sus funcionarios.
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“Atendemos las necesidades de los servidores judiciales, porque entendemos que servir a nuestros jueces es servir a la ciudadanía, es construir país y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho”, señaló.
El alto tribunal judicial reafirmó su disposición de mantener una vigilancia constante de la situación en los territorios y de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades de seguridad, con el fin de preservar el acceso seguro de los ciudadanos al sistema judicial, incluso en medio de la compleja situación de orden público.