La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresaron su respaldo a las comisiones escrutadoras que trabajan en todo el país, al considerar que cumplen una labor fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones en Colombia.
El pronunciamiento reviste importancia porque el proceso, que ha avanzado con total normalidad, ha sido cuestionado por el presidente Gustavo Petro, lo que ha encendido las alarmas, porque no hay indicios de irregularidad con casi el 100 % del escrutinio y aún así el mandatario se sostiene en su teoría de supuestas irregularidades en el resultado de la primera vuelta.
Ambas corporaciones señalaron que el escrutinio electoral es un procedimiento regulado por la Constitución y la ley, que se desarrolla con independencia y rigor. Recordaron además que estas comisiones están integradas principalmente por juezas y jueces de la República.
Asimismo, indicaron que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) declarar los resultados definitivos de los comicios realizados el pasado 31 de mayo, dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente y con todas las garantías del debido proceso.
La Corte Suprema y el Consejo Superior también manifestaron su apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Destacaron que la entidad ha trabajado de manera coordinada con organismos de control, autoridades competentes y observadores internacionales para asegurar un proceso transparente y confiable.
En ese sentido, mencionaron el respaldo expresado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia al desarrollo de las etapas de verificación electoral.
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Las instituciones hicieron un llamado a la ciudadanía, a los actores políticos y a las entidades públicas para respetar el marco constitucional y confiar en los mecanismos legales establecidos para la revisión y consolidación de los resultados.
También invitaron a todos los sectores de la sociedad a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto, con el fin de evitar escenarios de confrontación e incertidumbre que puedan afectar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral.
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