La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión y ordenó su captura inmediata.
Tarquino deberá cumplir una pena de seis años de prisión, pagar una multa de más de 87 millones de pesos y quedará inhabilitado durante cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.
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La decisión está relacionada con el escándalo de corrupción conocido como el Cartel de la Toga, una red en la que, según las investigaciones judiciales, se ofrecía frenar o archivar procesos penales a cambio de millonarias sumas de dinero, mediante contactos e influencias dentro de la justicia.
La Corte determinó que Tarquino, quien para la época de los hechos ya no ejercía como magistrado activo, actuó como intermediario del exmagistrado José Leonidas Bustos.
Su papel consistió en contactar al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y ofrecerle ayuda para resolver las investigaciones penales que enfrentaba. Los hechos se remontan a finales de 2014, cuando Lyons era investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de regalías relacionados con contratos de ciencia, tecnología e innovación.
De acuerdo con lo establecido en el proceso, los primeros acercamientos se produjeron bajo el argumento de que era necesario realizar gestiones ante las autoridades judiciales para conocer el estado de los expedientes. En ese contexto, Tarquino solicitó inicialmente 60 millones de pesos, de los cuales habría recibido 30 millones, para realizar lo que describía como movimientos y acercamientos con funcionarios.
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Sin embargo, la situación cambió cuando le advirtió a Lyons que sus problemas judiciales eran graves y que las gestiones iniciales no serían suficientes.
Según la reconstrucción de los hechos, Tarquino le hizo saber que la situación debía resolverse por completo y que sus contactos podían intervenir tanto en la Fiscalía General de la Nación como, eventualmente, en la Corte Suprema de Justicia.
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Fue entonces cuando le exigió al exgobernador de Córdoba 20.000 millones de pesos. Según la sentencia, le manifestó que actuaba en representación de Bustos y del también exmagistrado Francisco Ricaurte, y que ese dinero permitiría ayudarlo a archivar las investigaciones penales en su contra y evitar que avanzaran otros procesos.
Las reuniones se realizaban en espacios privados y bajo estrictas medidas para evitar que las conversaciones fueran registradas.
La providencia señala que Tarquino les pedía a los asistentes que entregaran sus teléfonos celulares antes de hablar y que, en algunas ocasiones, utilizaba música a alto volumen. En el encuentro en el que presuntamente se concretó la exigencia de los 20.000 millones de pesos, apartó a Lyons de sus acompañantes para conversar en privado.
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El exgobernador no aceptó pagar la suma exigida, pues consideró que se trataba de una cifra desproporcionada que no estaba en capacidad de cubrir.
Por esta razón, la Corte ordenó expedir la orden de captura inmediata para que Tarquino cumpla los seis años de prisión impuestos por su responsabilidad en el delito de concusión.
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