De acuerdo con la decisión de la Sala de Casación Penal, Palomino sostuvo una reunión en su residencia con una fiscal para abordar una investigación relacionada con 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. En ese encuentro, el entonces alto oficial planteó la posibilidad de frenar la captura de uno de los implicados, a quien describió como una persona “muy influyente”.
Por estos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia ya había condenado en noviembre de 2024 al exdirector policial a siete años de prisión. La Sala Penal descartó los argumentos de la defensa sobre una supuesta prescripción de la acción penal.
Incluso, el alto tribunal avaló como prueba una grabación realizada con el celular de la fiscal, en la que quedó registrado el intento de Palomino de influir en una decisión favorable para el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
Señaló la Corte Suprema de Justicia que la conducta de Palomino se agravó por su investidura, al utilizar su posición para acceder a información reservada de una investigación relacionada con el despojo sistemático de tierras a campesinos en el Urabá antioqueño.
La defensa de Palomino ya ha perdido dos batallas jurídicas en la misma corte, que le ha negado la libertad que el general retirado había solicitado vía tutela.