De acuerdo con la decisión de la Sala de Casación Penal, Palomino sostuvo una reunión en su residencia con una fiscal para abordar una investigación relacionada con 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. En ese encuentro, el entonces alto oficial planteó la posibilidad de frenar la captura de uno de los implicados, a quien describió como una persona “muy influyente”.Por estos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia ya había condenado en noviembre de 2024 al exdirector policial a siete años de prisión. La Sala Penal descartó los argumentos de la defensa sobre una supuesta prescripción de la acción penal.Incluso, el alto tribunal avaló como prueba una grabación realizada con el celular de la fiscal, en la que quedó registrado el intento de Palomino de influir en una decisión favorable para el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo.Señaló la Corte Suprema de Justicia que la conducta de Palomino se agravó por su investidura, al utilizar su posición para acceder a información reservada de una investigación relacionada con el despojo sistemático de tierras a campesinos en el Urabá antioqueño.La defensa de Palomino ya ha perdido dos batallas jurídicas en la misma corte, que le ha negado la libertad que el general retirado había solicitado vía tutela.
Blu Radio conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que el general en retiro Rodolfo Palomino buscaba tumbar la orden de captura en su contra.Palomino fue condenado a 7 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y tras la negativa de conceder la tutela él seguirá recluido en una guarnición cumpliendo su pena.Este medio pudo confirmar que la tutela fue negada y uno de los argumentos se basa en que Palomino tenía otros mecanismos o vías jurídicas para interponer un recurso.La Sala Penal de la Corte había avocado el conocimiento de la tutela interpuesta por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, luego de que la Sala Civil de ese mismo alto tribunal se desmarcara del conocimiento de dicha acción.El abogado del general en retiro había pedido como medida provisional la suspensión de la privación de la libertad, mientras la condena no quedara en firme, bajo el argumento de la presunción de inocencia.Sin embargo, en aquella oportunidad, el magistrado ponente negó esta solicitud al considerar que, en esta etapa del trámite, no existen elementos de juicio suficientes que permitan concluir la existencia de una amenaza inminente o grave a un derecho fundamental que haga necesaria una medida cautelar urgente.Rodolfo Palomino purga una pena de 7 años proferida por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias. Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.Actualmente, el exoficial se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá.
Blu Radio conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la tutela interpuesta por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, esto luego de que la Sala Civil se desmarcara del conocimiento de dicha acción por lo que ahora la revisión estará a cargo de la Sala Penal del alto tribunal.El abogado de Rodolfo Palomino pidió como medida provisional la suspensión de la privación de la libertad, mientras la condena no quedara en firme, bajo el argumento de la presunción de inocencia.Sin embargo, el magistrado ponente en este caso negó esta solicitud al considerar que, en esta etapa del trámite, no existen elementos de juicio suficientes que permitan concluir la existencia de una amenaza inminente o grave a un derecho fundamental que haga necesaria una medida cautelar urgente.“En cumplimiento a la remisión efectuada por la Sala Civil, Agraria y Rural de esta Corporación y en aras de evitar dilaciones, se avoca el conocimiento de la acción de tutela promovida por Rodolfo Bautista Palomino López, a través de apoderado, en contra de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso”, señaló la Sala Penal.La decisión señala que acceder a la suspensión de la detención equivaldría a anticipar el análisis de fondo de la tutela, ya que la medida solicitada coincide con la pretensión principal de Palomino que busca dejar sin efectos la restricción de su libertad ordenada en la sentencia de primera instancia.Rodolfo Palomino purga una pena de 7 años proferida por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias. Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.Actualmente, el exoficial se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá.
Apenas ayer la Corte Suprema de Justicia estaba condenando a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias al general (r) Rodolfo Palomino, y aunque ya se conocía el monto de la pena e incluso la orden que dio el alto tribunal de emitir orden de captura en su contra, hoy está vigente un debate jurídico al rededor de la tutela con la que Palomino busca revocar esa orden.En las últimas horas se conoció una petición que elevó el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, a su colega Fernando Augusto Jiménez, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria Y Rural donde le pide declarar improcedente (rechazar) la tutela que presentó la defensa de Palomino.Si bien el magistrado Caldas salvó su voto, lo que quiere decir que tuvo una posición contraria a la de sus colegas a la hora de decidir sobre la captura de Palomino, sí aclaró que existen otros mecanismos distintos al de la tutela para este tipo de casos como son los recursos ordinarios contra la orden de captura.Rodolfo Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, por esa razón fue condenado a 7 años de cárcel que deberá cumplir recluido en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional).Habrá que esperar la respuesta del despacho del magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural sobre la pertinencia del recurso interpuesto por la defensa de Palomino.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
El general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, será recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá. El Inpec expidió la boleta de reclusión en las últimas horas, luego de su captura el lunes por orden de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.Palomino deberá cumplir una condena de siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias, al intervenir —según el fallo— para solicitarle a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.Tras la decisión de la Corte, el exoficial se presentó voluntariamente ante el CTI y publicó un mensaje en su cuenta de X:Aunque la Sala de Primera Instancia ordenó su captura, la decisión no fue unánime. El magistrado Jorge Caldas, quien fue ponente del fallo, presentó un salvamento parcial de voto contra la orden de detención inmediata.Caldas sostuvo que existían fundamentos jurídicos para esperar la ejecutoria de la sentencia y citó, entre otros argumentos, la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional. También expresó preocupación por la situación familiar del general (r).El magistrado destacó que Palomino recientemente perdió a su hijo y tiene a su cuidado dos nietos menores de edad, lo que —aunque no configura la figura de padre cabeza de familia— constituye un hecho que, según dijo, debía ser considerado al evaluar la necesidad de la captura inmediata.El próximo 4 de diciembre se realizará la audiencia en la que se leerá la sentencia completa contra el general (r) Rodolfo Palomino, mientras avanza su proceso de reclusión en el CESPO.
El general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, fue capturado en la mañana de este lunes, luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenara a siete años y un día de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público.Según el fallo, Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Actualmente, el exoficial se encuentra en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites correspondientes a su reclusión.La decisión judicial generó discusión dentro del propio alto tribunal. Aunque el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera fue el ponente de la condena, presentó un salvamento parcial de voto en el que cuestionó la orden de captura inmediata dictada por la Sala mayoritaria. Según su postura, existían los presupuestos jurídicos para esperar a la ejecutoria de la sentencia, apoyándose en los criterios de la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional.Minutos después de que se hiciera pública esta decisión judicial, el propio general (r) Rodolfo Palomino reaccionó mediante su cuenta de 'X': "Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde. Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia", escribió Palomino.La decisión, si bien fue mayoritaria en la Sala de Primera Instancia, no fue unánime. El magistrado Jorge Caldas presentó un salvamento parcial de voto frente a la decisión de emitir orden de captura contra Palomino: "No puede pasarse por alto lo expuesto por el procesado respecto del reciente deceso de su hijo, quien le dejó dos nietos menores de edad bajo su cuidado y que, a pesar de no considerarse este hecho dentro del contexto de padre cabeza de familia, lo cierto es que la pérdida de un descendiente constituye un hecho notorio en cuanto al sufrimiento que esto causa a los infantes, quienes no solo pierden definitivamente a su padre, sino que además tendrán que soportar la ausencia temporal de su abuelo", señaló en su salvamento el magistrado Caldas.Asimismo, el próximo 4 de diciembre habrá una audiencia donde se leerá la sentencia completa de este caso que involucra al general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, por el delito de tráfico de influencias.
La Corte Suprema de Justicia declaró culpable en primera instancia al general retirado y exdirector de la Policía Nacional Rodolfo Palomino del delito de tráfico de influencias al concluir que trató de interferir en una fiscal para frenar la captura de un empresario ganadero.El fallo, divulgado este jueves, señala que Palomino permanecerá en libertad hasta que la Sala de Primera Instancia de la Corte fije la pena en la sentencia, que por estos delitos podría oscilar entre cuatro y ocho años de prisión.Según el tribunal, Palomino, quien dirigió la Policía entre 2013 y 2016, acudió en febrero de 2014 a la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez para hablar sobre el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, del departamento caribeño de Córdoba, quien estaba siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Gallo Restrepo era exintegrante de una junta ganadera que supuestamente había participado en la compra de más de 100 predios robados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de derecha desmovilizado en 2006.La fiscal, que grabó la reunión, declaró durante el proceso judicial que el general habló del empresario como una persona "honorable" por sus aportes a causas sociales y su cercanía con altos dirigentes, incluidos el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y figuras empresariales e internacionales.Aunque Velásquez admitió que "no hubo petición directa de archivo, suspensión de la orden de captura contra Gallo Restrepo y menos que se cancelara", aseguró sentirse intimidada por la "presión institucional dada la jerarquía de su interlocutor y el contexto de la visita".La sala consideró que el comportamiento de Palomino "sobresale por su antijuridicidad y culpabilidad" y confirmó su responsabilidad penal.En la sentencia, el tribunal definirá si procede o no la captura del exdirector de la Policía, al no encontrar motivos para ordenarla en la audiencia de anuncio del sentido del fallo por su "comportamiento procesal" porque Palomino acudió "puntualmente a las citaciones".
La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia halló responsable al general en retiro y exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, del delito de tráfico de influencias en servidor público. La decisión, que será leída en su totalidad el próximo 14 de agosto a las 2:00 de la tarde, llevará a su condena, con una pena que oscila entre 5 y 12 años de prisión, no excarcelable, y que podría agravarse por el alto cargo que ocupaba el oficial en el momento de los hechos.El caso que llevará a su condena se remonta a 2014, cuando Palomino, siendo director de la Policía, visitó en su domicilio a la fiscal Sonia Lucero Velásquez. La reunión, calificada por la Corte como “inusual”, fue grabada por la funcionaria, quien la consideró sospechosa desde el primer momento. En esa conversación, el general presentó lo que él mismo llamó una “propuesta indecente” o “sugerencia” para evitar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo, investigado por presunta participación en el despojo de tierras en Tulapas, Córdoba, en los años noventa, en presunta alianza con los paramilitares de la Casa Castaño mientras hacía parte del Fondo Ganadero de Córdoba.Durante el juicio, la sala otorgó plena validez a la grabación y credibilidad al testimonio de la fiscal Velásquez, resaltando que Palomino describió a Gallo como un hombre con “poder” y vínculos cercanos a varios expresidentes, y advirtió que su detención sería “muy grave”. Para los magistrados, el entonces director de la Policía se apartó de su deber y actuó para interferir en el cumplimiento de la orden de captura emitida por la Fiscalía.Tras la lectura del fallo vendrá la individualización de la pena, momento en el que se definirá si Palomino deberá cumplir condena en un centro carcelario. Hasta entonces, permanecerá en libertad. La defensa podrá apelar la decisión ante la sala de casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que actuará como segunda instancia.
En horas de la tarde de este viernes, 12 de enero, en su cuenta de X, el general (r) Palomino informó un hecho trágico en su familia al anunciar que su hijo mayor, Iván Andrés Palomino. De inmediato la cuenta del exdirector de la Policía Nacional se inundó de comentarios con condolencias por este hecho."Dios ha anticipado tu partida amado hijo Iván Andrés. Mi primogénito, el que me enseñó a valorar cada momento en este mundo ha partido al reino de Dios. Un día triste para la familia, una pérdida irreparable, una ausencia que jamás dejará de doler", fue el dolido mensaje del general (r) en su cuenta de X.Sin embargo, muchos desconocen quién era el hijo mayor de Palomino. Y cabe recordar que este era uno de los tres hijos que tiene el exmiembro de la Policía Nacional. ¿Quién era el hijo del general (r) Palomino?Iván Andrés Palomino es el primer hijo que tuvo el general (r) con su esposa, Eva Ardila Castillo. En 2015, él se casó con Nohara Castellanos con quien tuvo dos hijos; según fuentes, murió con menos de 40 años con una afinidad especial por el mundo financiero.Era egresado de la universidad Sergio Arboleda como administrador de empresas, administración y gestión de empresas; con estudios también en las universidades Camilo José Cela y La Sabana. Pasó por la Texas Tech University y la Escuela Superior de Guerra.En su experiencia profesional obtuvo cargos especializados a la finanzas y su último cargo fue como contratista del Ministerio de Justicia y Derecho, cargo que ocupó desde marzo de 2021 hasta la fecha."En mi desarrollo profesional se destacan mis habilidades interpersonales, de comunicación y de gestión del cambio, capacidad de influir y colaborar con todos los niveles de las organizaciones. Analizo múltiples alternativas, riesgos y beneficios para obtener una gama de posibles soluciones", indicó el propio Iván Andrés en su cuenta de LinkedIn.Le puede interesar
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.