El joven español Daniel Sancho se sienta en el banquillo de los acusados a partir del 9 de abril, en un juicio en el que la Fiscalía de Tailandia tratará de demostrar que asesinó de forma premeditada al cirujano colombiano Edwin Arrieta, mientras la defensa argumentará que fue un accidente.
Sancho, de 29 años e hijo y nieto de los actores españoles Rodolfo Sancho y Sancho Gracia (conocido por sus apellidos), lo que generó un alto interés mediático desde el principio, ha pasado los últimos ocho meses en prisión provisional en la cárcel de la isla tailandesa de Samui.
Desde esta prisión, considerada "amable" en Tailandia por su moderada seguridad y bajo nivel de hacinamiento, en comparación con otras cárceles tailandesas, Sancho se desplazará hasta el cercano tribunal provincial de Samui para asistir a un juicio que en principio concluirá el 3 de mayo.
El juicio comenzará con los testigos llamados por parte del fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, quien citará a una treintena de personas -entre ellas policías y peritos- entre el 9 y el 23 de abril y presentará un número similar de pruebas para apoyar sus acusaciones.
La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena (por el pasaporte de Arrieta).
Como coacusación asistirá al juicio junto al fiscal el despacho Juslaws de Bangkok con la ayuda del bufete español Ospina Abogados, en representación de la familia de Arrieta.
Entre las pruebas de la acusación figuran informes forenses y de ADN, y la adquisición de cuchillos, una sierra, bolsas de basura y productos de limpieza por parte de Sancho el 1 de agosto en la isla de Phangan, un día antes de que tuviera lugar el supuesto asesinato y descuartizamiento, lo que considera elementos incriminatorios.
Sancho y Arrieta, cirujano plástico colombiano fallecido a los 44 años, se conocieron en 2022 a través de Instagram y quedaron en la turística Phangan (próxima a Samui) el 2 de agosto, cuando tuvo lugar el supuesto crimen en una villa alquilada por el español, quien llegó antes a la isla, el 31 de julio.
Por su parte, el abogado de oficio tailandés que defiende a Sancho, Aprichat Srinuel, citará a alrededor de veinticinco testigos, incluidos el propio Sancho y su padre, un psicólogo y un experto forense españoles, a partir del 24 de abril, si bien la cifra por ambas partes puede variar durante el juicio.
La defensa buscará demostrar que la muerte de Arrieta fue accidental y que el español era objeto de amenazas y acoso por parte de la víctima, e impugnar parte de la confesión de Sancho del asesinato premeditado al ser formalmente detenido el 5 de agosto en Phangan por supuestas irregularidades durante el proceso.
Una de las principales bazas de la defensa, que contará con el apoyo del bufete español Marcos García-Montes y el Despacho Criminológico Jurídico Bafalgón-Chipirrás, será alegar que la autopsia de Arrieta no ofrece una causa concluyente de la muerte, al no haberse encontrado partes determinantes del cuerpo como el tórax.
Si bien inicialmente Sancho confesó el crimen ante la policía de Phangan, después se declaró no culpable de asesinato premeditado en una vista preliminar en noviembre, aunque entonces sí aceptó el cargo de ocultación del cádaver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar.
El asesinato premeditado se encuentra entre los más de 30 delitos para los que el código penal tailandés contempla la pena de muerte, si bien el país no suele aplicarla y en las últimas dos décadas ha ejecutado a tres personas, la última en 2018.
De dictarse, esta suele después ser conmutada por una pena inferior como la cadena perpetua.
Los otros dos cargos que pesan sobre Sancho, la ocultación del cuerpo y la destrucción de documentación, del que también se ha declarado no culpable, acarrean penas máximas de uno y cinco años, respectivamente.
Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, no declararán finalmente en el juicio al haber rechazado el tribunal su petición de hacerlo por videoconferencia, ante la dificultad de la pareja para desplazarse hasta Tailandia desde Colombia.
La familia del cirujano colombiano reclamará asimismo al joven español una indemnización por responsabilidad civil de 410.000 euros ante la Justicia tailandesa.
Se espera que la sentencia contra Sancho se dicte varias semanas después de que concluya el juicio. Los ciudadanos españoles condenados en Tailandia pueden solicitar su traspaso a una prisión española tras cumplir al menos cuatro años de su condena, siempre y cuando ésta no sea la pena capital.
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