Sigue en vilo la medida de aseguramiento contra Miguel Quintero: mientras la Procuraduría respaldó la solicitud de las víctimas para solicitar cárcel, se conocieron los argumentos de su defensa, que declaró el proceso como inconstitucional y desmintió que su apoderado se pudiera convertir en un obstáculo para la justicia.
A pesar de una nueva y extensa sesión, siguen sin concluir los alegatos durante la audiencia de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General y el Área Metropolitana contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega por presunta corrupción en contratos entre esa entidad y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
La reciente diligencia inicialmente estuvo marcada por la intervención de José Luis Ochoa, delegado de la Procuraduría General en el proceso, quien aseguró que se cumplen los requisitos objetivos para solicitar la medida de aseguramiento contra los imputados.
Desde el Ministerio Público también advirtieron que están dados los elementos de inferencia razonable para la comisión de los delitos imputados, gracias a testimonios presentados por la Fiscalía, como los de testigos clave que referenciaron asuntos como los porcentajes de las coimas y las presiones para el cobro de las mismas.
"Tenemos la declaración de los principales actores, como del señor Misael, la señora Laura, que nos dan cuenta de cómo se realizó ese proceso, en el cual se sacaba el 10% de los recursos del Estado", refiriéndose al valor que exigían por el total de cada contrato firmado y cuyo presunto peculado supera los $2.400 millones.
Ochoa resaltó que se requiere la medida de aseguramiento dadas también las 300 intromisiones o consultas al proceso que mencionó la Fiscalía, de las cuales al menos 14 no fueron autorizadas por el ente acusador para descargar documentación antes de iniciar la judicialización, además de las presiones a testigos e incluso amenazas a familiares de los mismos.
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"14 intromisiones no autorizadas por parte de la Fiscalía para bajar documentación, eso es lo más grave. Se bajó documentación de esos archivos que no fueron autorizados en primer lugar, y en segundo lugar, que fueron revelados antes de iniciarse este proceso de judicialización", dijo.
Tras la intervención del Ministerio Público, continuó la del abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero, quien aseguró que la inferencia razonable de la comisión de los delitos por parte de la Fiscalía ha sido probada, pero también ha estado mediada por una investigación que consideró “inconstitucional”, basada en ilegalidades.
Por ejemplo, aseguró que la Fiscalía 40, que lleva el caso, tenía conocimiento desde finales de 2025 de información sobre diligencias judiciales que relacionaban a Miguel Quintero con presuntos delitos, a partir de testimonios que estaban entregando testigos como Laura Mejía y Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos.
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Sin embargo, destacó que en varias oportunidades, desde finales del año anterior, la Fiscalía negó cualquier proceso en contra del hermano del exalcalde de Medellín cuando pretendían activar su derecho a la defensa.
Según Trespalacios, hasta julio de este año se llegaron a realizar seis audiencias reservadas y once audiencias de control posterior a partir de dichos testimonios, en las que debió ser citada la defensa de Miguel Quintero: "El señor fiscal 40, de aquel entonces, tenía muy claro que estaba en contra de Miguel, tenía muy claro que estaba investigándonos, tenía muy claro los actos inequívocos que estaba realizando en su contra, y, de manera subrepticia, siguió adelantando una investigación", expresó.
Defendiendo el derecho de permanecer en libertad durante el proceso judicial, la defensa de Miguel Quintero también entregó en la audiencia nuevas pruebas que demostrarían que no representa un riesgo de obstrucción para la justicia.
Sobre los supuestos ingresos no autorizados al proceso para la descarga de información, el abogado Trespalacios manifestó que fueron dos investigadores de Fiscalía, de grados II y IV, quienes accedieron al expediente y que ahora será la Fiscalía la que deberá aclarar lo ocurrido.
Por otra parte, señaló que ni fotos, ni publicaciones de medios, ni trinos de personas afines constituyen una prueba de presunta influencia en el proceso por parte de Miguel Quintero, quien públicamente no se ha referido al caso.
Otra de las revelaciones estuvo relacionada con el testigo estrella del caso, Misael Cadavid, quien el 7 de septiembre le dijo a un investigador de la Fiscalía que, desde que recobró la libertad, nunca ha tenido amenazas: "El 7 de septiembre de 2026, con toda la contundencia, según el informe del intendente de la Fiscalía, no no nuestro, dice: 'sí, intendente, pues, yo quiero dejar claro que ya 5 o 6 meses que yo recuperé mi libertad por haberme sometido a la figura de jurídica de un principio de oportunidad, nunca, absolutamente, nunca he tenido ni amenazas ni he percebido nada en mi contra'".
Sobre el riesgo de no comparecencia, la defensa de Quintero expuso que ha estado 336 días sin salir del país, ha seguido localizable y cuenta con un domicilio identificado. Además, sostuvo que, por el actual control político del país y de la ciudad de Medellín, es poco probable que pueda seguir teniendo influencia en cualquier entidad implicada.
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La diligencia continuará este 29 de septiembre a las 2:00 p. m. con la intervención de la defensa de Sebastián Ortega, para que posteriormente el juzgado analice los argumentos y defina si el hermano del exalcalde de la capital antioqueña debe afrontar en prisión la etapa de juicio, tras no allanarse a los cargos imputados por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.