Denuncian presuntas irregularidades en el plan de manejo ambiental en el muelle 13 de Buenaventura

El muelle 13 del puerto de Buenaventura nuevamente es noticia, esta vez porque la ANDJE radicó una denuncia penal tras las supuestas irregularidades en el plan de manejo ambiental de este muelle, allí, se exponen delitos como: abuso de función pública, daños en los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica.A través de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente, impuso un plan de manejo ambiental al fondo rotatorio de la Armada Nacional, esta vez, para el proyecto de operación del muelle 13 del terminal Marítimo de Buenaventura.Asimismo, el fondo rotatorio era el titular de la concesión portuaria del muelle 13, que a su vez, firmó un contrato de arrendamiento con el Grupo Portuario S.A., para que esta empresa prestara todo tipo de servicios portuarios.Cabe resaltar que, a través de este muelle se desarrollan operaciones de la Armada Nacional y las operaciones comerciales que realiza el Grupo Portuario S.A., como operador de dicho puerto.Fue el pasado 15 de abril cuando el Tribunal le negó al Grupo Portuario, la concesión del muelle 13, y la polémica radica en que la ANI se lo había concedido y en cuestión de días dio reversa a su decisión.“Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestro criterio, consideramos que los hechos e irregularidades anteriormente descritos pueden encontrar adecuación, al menos, en los tipos penales de prevaricato por acción, toda vez que se emitió un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley, esto es, se modificó el plan de manejo ambiental cuando debió hacerse una modificación a la licencia ambiental; abuso de función pública, por funcionarios del establecimiento público ambiental de buenaventura, presuntamente abusaron de su cargo y realizaron funciones que le correspondían a funcionarios de la autoridad nacional de licencias ambientales”, señala el documento.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dice estar facultada para defender y proteger el patrimonio público, si este llegara a verse afectado por presuntas actuaciones ilícitas.