En un extenso fallo de más de 600 páginas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Santiago Uribe Vélez, tras resolver una impugnación interpuesta por su defensa tras la condena en segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia.
Según la Corte Suprema de Justicia, durante los primeros años de la década de 1990, Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió una estructura armada ilegal que operó desde la hacienda La Carolina, en Yarumal (Antioquia), y que desarrolló una política sistemática de exterminio contra personas señaladas como delincuentes comunes, consumidores de drogas o presuntos colaboradores de grupos guerrilleros. Entre los hechos atribuidos al grupo se encuentra el asesinato de Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994.
El alto tribunal dio plena validez a las pruebas del Tribunal Superior de Antioquia, que encontró coincidencias sustanciales en los testimonios de varios declarantes sobre el papel de Santiago Uribe como líder de la organización ilegal.
Señaló la Sala Penal que diferentes testigos, provenientes de contextos distintos y sin evidencias de concertación entre ellos, coincidieron en señalar la existencia del grupo armado, su funcionamiento y la participación del condenado en su dirección y financiación.
“Lo anterior, toda vez que está acreditado que la organización criminal operaba con el apoyo de la policía nacional, luego, es creíble que, para garantizar la efectividad de su política de exterminio, se vieran en la necesidad de asegurar la anuencia de la fuerza pública”, señaló la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Santiago Uribe sostuvo durante el proceso que las acusaciones se fundamentaban en testimonios inconsistentes y cuestionó la credibilidad de varios de los declarantes. Sin embargo, la Sala Penal determinó que el conjunto de las pruebas permitía mantener la declaración de responsabilidad penal emitida en segunda instancia.