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EE. UU. ordena a FARC pagar USD 36 millones de indemnización por secuestro de Íngrid Betancourt

La guerrilla de las FARC secuestró a Betancourt en 2002, mientras hacía campaña como candidata presidencial.

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Íngrid Betancourt
Foto: AFP

La firma de abogados Scarinci Hollenbeck informó a través de su sitio web que logró obtener una sentencia de 36 millones de dólares a favor de Lawrence Delloye, hijo de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien permaneció secuestrada por la guerrilla de las FARC durante más de seis años.

La demanda alegaba que las FARC y varios de sus miembros violaron la Ley Antiterrorista (ATA) cuando secuestraron y torturaron a Betancourt, lo que provocó que Delloye sufriera una angustia emocional significativa.

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Delloye estuvo representado por Robert E. Levy, presidente del Grupo de Litigios de Scarinci Hollenbeck.

“Si bien ninguna suma de dinero puede reemplazar el tiempo que Lawrence Delloye perdió con su madre o curar el trauma sufrido a manos de las FARC, estamos orgullosos de haber ayudado a lograr algo de justicia”, afirmó Levy.

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Durante el cautiverio de seis años de Betancourt, que comenzó cuando Delloye tenía 13 años, las FARC publicaron varios videos de rehenes que mostraban que la entonces candidata estaba viva, aunque con mala salud mental y física.

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En otros momentos no hubo comunicación y Delloye no sabía si su madre estaba viva.

Según informó la firma legal, “estos videos e incertidumbres causaron a Delloye una inmensa angustia emocional”.

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En 2018, Delloye presentó una demanda contra las FARC y varios de sus miembros alegando violaciones de la ATA, que permite a las víctimas del terrorismo reclamar daños y perjuicios en los tribunales federales de Estados Unidos.

El 4 de enero de 2022, el juez principal del Tribunal dpara el Distrito Medio de Pensilvania, Matthew W. Brann, dictó sentencia y concluyó que Delloye había presentado con éxito un reclamo en virtud de la ATA.

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El juez Brann también dictaminó que Delloye tenía derecho a una indemnización por daños y perjuicios de 12 millones de dólares, que se triplica según la ATA, junto con los honorarios y costos de los abogados, lo que da como resultado una sentencia total de más de $36 millones.

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