Nueve años después de la masacre de El Tandil, ocurrida el 5 de octubre de 2017 en Tumaco, Nariño, la justicia colombiana todavía no ha emitido una condena por la muerte de siete campesinos. Ese día, más de 1.500 personas protestaban cerca de una base de la Policía Antinarcóticos contra la erradicación de cultivos de coca argumentando que era su única forma de subsistir, cuando una intervención de la fuerza pública dejó siete muertos y más de 20 heridos. El hecho es recordado como la primera masacre ocurrida después de la firma del acuerdo de paz.
El proceso judicial tampoco ha tenido un camino fácil. Un año y tres meses después de los hechos, la Fiscalía formuló imputación en la justicia ordinaria contra el capitán Javier Soto García y el mayor Luis Fernando González Ramírez. Sin embargo, en agosto de 2019 el caso fue remitido a la Justicia Penal Militar, en una audiencia que, según la representación de las víctimas, se adelantó sin que ellas fueran autorizadas a participar.
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La disputa por la jurisdicción del caso llegó hasta la Corte Constitucional. El 14 de julio de 2022, mediante el Auto 989, el alto tribunal determinó que el proceso debía permanecer en la justicia ordinaria. La decisión se produjo al considerar que la Justicia Penal Militar no tiene competencia para investigar hechos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.
“Se dio un conflicto de jurisdicciones a espaldas de las víctimas, sin que pudieran intervenir ni pronunciarse en ningún momento, cuando es un derecho que les asiste”, afirmó Francisco Henao, abogado de la Corporación Jurídica Yira Castro, que representa a las víctimas.
Henao también cuestionó que el caso hubiera llegado a la justicia penal militar, al considerar que se pasaron por alto estándares internacionales de protección de derechos humanos. Según el abogado, esa discusión terminó frenando el avance de la investigación y acumulando un alto nivel de impunidad, pese a que, asegura, existen pruebas fuertes contra las personas involucradas.
Aunque la Corte Constitucional devolvió el expediente a la justicia ordinaria en 2022, el proceso tampoco ha avanzado con continuidad. De acuerdo con Henao, fue hasta 2023 cuando comenzaron las audiencias preparatorias para el juicio, y desde entonces varias diligencias han sido aplazadas por diferentes razones .
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“Ha habido aplazamientos de las diligencias por parte de los juzgados de Pasto, por enfermedades, problemas de conectividad, situaciones de la Fiscalía, y siempre son aplazamientos de meses, hasta de un año”, afirmó Henao.
A esto se suma que, durante una audiencia de acusación, la defensa volvió a plantear el conflicto de competencia, lo que, según Henao, significó retomar una discusión que ya parecía superada después de la decisión de la Corte Constitucional.
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"En una audiencia de acusación se volvió a solicitar el conflicto de competencia, lo que reabrió una discusión que ya se sentía superada”, dijo.
El caso también tiene una investigación en la Procuraduría. En abril de 2023, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de la Policía, por su presunta responsabilidad en los hechos. Según el documento de la Procuraduría, después de escucharse lo que parecía una ráfaga de disparos, los policías “desenfundaron y accionaron sus armas de dotación en contra de la población civil”. El Ministerio Público señaló además que los civiles se encontraban en estado de indefensión y que, en su mayoría, “recibieron impactos de disparos por la espalda” cuando intentaban salir del lugar.
Las conductas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo, es decir, no fue un accidente sino que las personas actúan conscientemente y de forma intencional, y el proceso pasó a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento.
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Mientras tanto, las víctimas siguen reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
"Estamos esperando que el caso llegue a la etapa de juicio. Mañana continúan las audiencias preparatorias, que nos permiten el descubrimiento de los materiales probatorios, y si se llegara a una condena, hay material suficiente para lograrla”, concluyó Henao.
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Así, nueve años después de la masacre de El Tandil, el caso sigue sin una sentencia y con las víctimas esperando que la justicia determine qué ocurrió y quiénes fueron responsables.