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Desde hace cinco años, sobrevivientes y familiares de la masacre de la vereda el Tandil, en zona rural de Tumaco, Nariño, esperan que la justicia llame a juicio a varios oficiales de la Policía y Ejército que estarían comprometidos en la muerte de nueve campesinos y las heridas de 15 más que intentaron impedir que sus cultivos de coca fueran erradicados a la fuerza en esa región del pacífico nariñense.
Elier Martínez, uno de los campesinos que logró sobrevivir a ese hecho, se derrumba en llanto al recordar lo que ocurrió esa mañana del 5 de octubre de 2017, un año después de la firma del proceso de paz con las extintas Farc.
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El líder asegura que cientos de campesinos trataron infructuosamente de convencer a los casi 120 agentes de la Policía e integrantes del Ejército que no erradicaran los cultivos de hoja de coca porque, hasta hoy, sigue siendo su único medio de subsistencia.
"Estábamos hablando tranquilamente con el oficial de la Policía para que suspendiera ese procedimiento, cuando, de un momento a otro, se escucharon ráfagas de fusil y todo fue confusión, la comunidad corría de un lado a otro en busca de un árbol donde esconderse para ser alcanzados por las balas", dijo Martínez.
Recuerda que escuchaba desgarradores gritos de sus compañeros, pero no podía hacer nada, que los tiros se escuchaban muy cerca y le dio miedo resultar herido o, en el peor de los casos, muerto.
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"Todo fue muy rápido, los disparos venían de la parte alta en donde estaba la fuerza publica y como logramos salimos corriendo a escondernos, pero esa misma suerte no tuvieron los compañeros que estaban de frente a los uniformados, ellos cayeron malheridos y nadie los ayudó", dijo Martínez.
Eva Dorado, madre de Diego Escobar Dorado, uno de los campesinos que murió en esos confusos hechos, cada año, sagradamente, llega del Cauca y va donde le digan que se conmemorara la masacre de la cual fue víctima la comunidad de la vereda el Tandil.
Con voz entre cortada, esta humilde campesina dice que días antes de que ocurriera el trágico hecho, habló con su hijo, Diego, quien la visitó en el Tambo, Cauca, y lo notó muy preocupado. Además, afirma que le dijo “que si le llegaba a pasar algo ella estaría dispuesto a buscarlo”, palabras que hoy, cinco años después, siguen retumbando en su cabeza y no se explica cómo la justicia no ha hecho nada para capturar a los responsables de esta masacre, que dejo huérfanos, viudas y familiares sumidos en la más profunda tristeza y soledad.
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Melitón Torres, quien perdió a su hermano en esa masacre y además resultó herido al ser impactado por un proyectil, manifestó su descontento con la justicia y advirtió que no hay voluntad del Gobierno de Colombia para esclarecer los hechos que antecedieron a la masacre del Tandil, porque hay oficiales de la Policía y Ejército que están involucrados y, según él, así lo sabe la Fiscalía y no han hecho nada porque, afirma, todo lo están dilatando para que esta masacre quede en la impunidad.
En estos hechos resultaron muertos Jaime Gunga Pai, indígena del resguardo Gran Rosario; Diego Escobar Dorado, líder campesino de la zona; Nelson Chagüendo Calambas, indígena Nasa; Alfonso Taicus, indígena Awá, junto con Aldemar Gil Guachetá, Janier Usperto Cortés Mairongo e Iván Darío Muñoz Echevarría, mientras que otras 15 personas resultaron heridas.
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Los campesinos y familiares de las víctimas dicen que solo saben que por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales en el marco de esta masacre, desde hace cinco años se inició investigación a cargo de Fiscalía 102 especializada de Pasto en contra del capitán de la Policía Javier Enrique Soto García y el mayor del Ejército Luis Fernando González Ramírez, comandantes de los pelotones adscritos a la Quinta División y núcleo Delta de la Policía Nacional.
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