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Desde Pereira, durante el XV encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, resaltó que se han imputado cargos a 27 alcaldes, 3 gobernadores, 14 particulares, 25 contratistas y 52 funcionarios por estar involucrados en corrupción, en muchos de los casos, asociados a la contratación durante la pandemia.
El fiscal dijo que se han obtenido 168 sentencias condenatorias en procesos por corrupción, lo cual representa una efectividad del 96 por ciento.
Además, recalcó durante el evento que la corrupción no solo está impactando el sector público, sino el privado.
“Estamos detrás de particulares asociados con la corrupción, contratistas, familiares, amigos y testaferros de personas que están metiéndole la mano a lo público”, dijo.
Precisamente, sobre los hechos conocidos en los últimos días al interior de la Procuraduría, manifestó que se encuentra ya adelantada una investigación de una red de corrupción en el Ministerio Público, a propósito de la judicialización de Jesús Alejandro Garzón, un funcionario que presuntamente pedía dinero para arreglar fallos disciplinarios.
El fiscal dijo que ha recibido la colaboración de la nueva procuradora Margarita Cabello para investigar estos hechos.
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