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En medio del proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) evalúa el posible traslado de la representante a la Cámara Karen Manrique a una guarnición militar, tras una solicitud elevada por su defensa en la que se advierten recientes amenazas en su contra.
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que actualmente se adelantan gestiones interinstitucionales para definir el lugar de reclusión más adecuado bajo criterios de seguridad. “Estamos en un trámite de articulación con la defensa y con las fuerzas militares para establecer a dónde va a estar, pero en este momento ella está ubicada en El Buen Pastor, se están haciendo unos trámites para ver si posiblemente puede pasar a otro centro de reclusión especial”, explicó.
Dentro de las opciones que se analizan se encuentra una guarnición militar en el municipio de Malambo, Atlántico, como alternativa para garantizar condiciones de seguridad reforzadas, en atención a los riesgos advertidos por la defensa de la congresista.
En este mismo contexto, el director del Inpec también se refirió a la situación del senador Wadith Manzur, quien fue asignado a la Estación de Carabineros de Bogotá, una instalación adscrita al sistema penitenciario. Según explicó, esta decisión responde igualmente a criterios de protección. “Siempre el argumento fáctico más fuerte es la seguridad o el riesgo que esas personas privadas de la libertad, por su condición de exfuncionarios públicos, tienen en una cárcel del Inpec, por eso solicitan ubicarse en un centro de reclusión especial que no pertenezca al Inpec”, señaló.
En las últimas horas también se conocieron imágenes de las reseñas de ambos congresistas, tomadas tras su ingreso a los respectivos centros de reclusión, luego de su salida del búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde permanecían desde la semana pasada.
Las capturas de Manrique y Manzur fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades en la UNGRD. De acuerdo con las autoridades, los congresistas, junto a otros parlamentarios vinculados al proceso, habrían aceptado dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el propósito de favorecer al Gobierno Nacional en decisiones consideradas clave.
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