La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, modificó parcialmente la asignación de las investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de la Resolución No. 0-0289 del 16 de septiembre de 2026.
La decisión establece una nueva distribución de los procesos, teniendo en cuenta la condición de las personas investigadas y la etapa en la que se encuentran los casos. De acuerdo con la Fiscalía, tres radicados que involucran a personas con fuero constitucional permanecerán exclusivamente a cargo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, 24 investigaciones relacionadas con personas no aforadas serán asumidas por fiscalías de la Dirección Especializada contra la Corrupción, hasta su culminación. La Fiscalía explicó que esta modificación busca concentrar las capacidades de cada dependencia y dar un impulso especializado a los procesos que avanzan hacia etapas procesales decisivas, incluidos algunos que ya se encuentran en etapa de juicio.
“Con el propósito de fortalecer la intervención de la Fiscalía General de la Nación en las actuaciones que avanzan hacia etapas procesales decisivas y concentrar capacidades especializadas en las distintas líneas de investigación, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, modificó parcialmente la asignación de la investigación relacionada con el entramado de corrupción que comprometió la contratación y recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, señaló el ente acusador.
La resolución también mantiene el Grupo de Tareas Especiales, que continuará bajo la coordinación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ahora contará con participación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, servidores de apoyo y funcionarios de policía judicial.
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La Fiscalía indicó que la modificación responde a la evolución de los casos y a la necesidad de concentrar esfuerzos en las diferentes líneas de investigación. En particular, la Delegada ante la Corte podrá enfocar sus capacidades en los procesos relacionados con personas que tienen fuero legal, mientras que los expedientes de personas no aforadas quedarán en manos de las fiscalías especializadas contra la corrupción.
Además, la resolución estableció un mecanismo de seguimiento sobre los procesos. “Se estableció la presentación de informes semanales sobre los radicados asignados y la articulación permanente entre las dependencias para evaluar los avances de las investigaciones”, explicó la Fiscalía.
De esta manera, el cambio no implica el cierre de las investigaciones, sino una modificación en la asignación de los expedientes dentro de la Fiscalía, con una separación entre los procesos que involucran personas aforadas y aquellos correspondientes a personas no aforadas.