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La Fiscalía de Colombia fue condenada a pagar más de 520 millones de pesos colombianos (110.000 dólares) y a pedir una disculpa pública a la actriz colombiana Carolina Sabino por un error judicial de la entidad en el año 2015 cuando filtró información confidencial de su aborto por el que pretendía imputarla.
Además, la institución tendrá que capacitar a sus funcionarios en materia de derechos sexuales y reproductivos para las investigaciones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo, según el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El caso sucedió en 2015 cuando las autoridades colombianas escuchaban las conversaciones telefónicas del entorno del informático Andrés Fernando Sepúlveda, alias "El Hacker", presuntamente implicado en escuchas ilegales en el marco del proceso de paz del Gobierno con las FARC.
En esta labor, la Fiscalía tuvo acceso a una charla privada de la pareja de Sepúlveda, que era la hermana de Sabino, en la que se hablaba de que la artista había abortado.
"Tiempo después de conocerse esta información, algunos funcionarios dentro de la Fiscalía iniciaron una investigación penal contra ella", explicó a EFE la portavoz del Centro de Derechos Reproductivos en Colombia e integrante del Movimiento Causa Justa, Cristina Rosero.
Según Rosero, dicha investigación "no tenía fundamento" en la medida en que la artista accedió al aborto amparada por una de las tres causales contempladas en la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional: violación o incesto, riesgo para la salud integral de la madre o malformación del feto.
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En este caso, Sabino contaba con un certificado en el que se probaba que la gestación suponía un riesgo para su salud mental.
"Lo que es más grave es que esa información se filtró a los medios haciendo que se empezase a hablar públicamente de algo que, por supuesto, se trataba de información confidencial protegida por la historia clínica", agregó Rosero.
En consecuencia, Sabino acudió a la Justicia para exigir una reparación por la actuación de la Fiscalía.
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Por tanto, para Rosero la sentencia que condena a la Fiscalía colombiana es "un paso adelante porque creemos que es vital que se empiecen a superar estos imaginarios en los cuales debe haber culpabilidad o persecución contra las mujeres que abortan".
"Se trata de un derecho protegido por la ley. Las entidades no están para perseguir a las mujeres que están en su derecho de interrumpir su embarazo", insistió la abogada.
Las organizaciones de la sociedad civil condenaron que se conociera públicamente la historia clínica de la actriz y que las autoridades iniciasen un proceso penal contra ella pese a que su caso se encontrase dentro de las tres causales permitidas.
"Para nosotros estaba claro que hubo una violación al derecho a la confidencialidad", agregó Rosero, quien lo consideró "un error judicial" y un perjuicio "a la honra y buen nombre".
Por su parte, la respuesta del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, fue anunciar que la Fiscalía expediría una directiva interna donde se incluirían directrices sobre cómo investigar el delito del aborto, tal y como explicó la abogada.
Para Rosero, lo "interesante" de esta directiva, vigente a fecha de hoy, es que "establece que en los casos no cubiertos por las tres causales" la Fiscalía "debería evaluar si merece o no la pena perseguir penalmente este tipo de delitos" siguiendo el "principio de oportunidad".
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No obstante, reivindicó la importancia de actualizar dicha directiva de manera que pueda adecuarse a la sentencia de 2022 de la Corte Constitucional en la que se despenalizó el aborto hasta la semana 24.
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