La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario los delitos de peculado y prevaricato por omisión dentro de la investigación relacionada con las salidas que realizó desde la cárcel La Picota en 2022. El proceso se reactivó luego de que, en febrero de 2026, una jueza de control de garantías de Bogotá negara el principio de oportunidad con el que Mattos buscaba suspender la acción penal a cambio de la entrega de dos camionetas y otros bienes.
Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso sostuvo que, en cuatro oportunidades, las remisiones autorizadas para diligencias médicas fueron desviadas con fines distintos a los establecidos en los actos administrativos que permitían su salida temporal del centro penitenciario.
Según el ente acusador, "en esas cuatro oportunidades la remisión fue desviada con el fin de satisfacer los caprichos del señor Mattos y llevar a cabo reuniones, celebraciones y visitas con familiares y amigos, como si fuera una persona del común y no alguien sujeto a un proceso penal con una medida de aseguramiento privativa de la libertad".
Uno de los hechos expuestos corresponde al 10 de febrero de 2022. De acuerdo con la Fiscalía, Mattos fue trasladado a la Fundación Santa Fe para un procedimiento de retiro de puntos. La remisión contemplaba el regreso inmediato al penal una vez terminada la cita médica. Sin embargo, la investigación señala que el recorrido fue alterado y que posteriormente se dirigió al edificio Ferrara, inmueble de su propiedad, donde permaneció durante más de una hora antes de regresar.
La Fiscalía indicó que situaciones similares ocurrieron en otras tres oportunidades. En una de ellas, según la imputación, Mattos habría abandonado el vehículo oficial asignado para la remisión y abordado un automóvil particular para trasladarse nuevamente al edificio Ferrara. Allí permaneció durante gran parte del día realizando actividades personales, mientras miembros del personal de custodia permanecían en el lugar.
La investigación también involucra presuntas presiones ejercidas por el empresario sobre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De acuerdo con la fiscal, algunos dragoneantes manifestaron inconformidad con las solicitudes realizadas durante las remisiones y señalaron que Mattos les advirtió que hablaría con directivos de la entidad.
Según la exposición de la Fiscalía, esas manifestaciones constituyeron actos de presión e intimidación dirigidos a influir en la actuación de los servidores encargados de la custodia. Para el ente acusador, dichas conductas habrían facilitado que varios funcionarios aceptaran desviaciones de ruta y permitieran actividades que no estaban contempladas en las autorizaciones oficiales de salida.
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Al finalizar la diligencia, Carlos Mattos no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
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