La Fiscalía imputó al brigadier general Federico Mejía Torres por los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, por hechos relacionados con la devolución de un hombre capturado y de más de cuatro kilos de pasta a base de coca incautados durante un procedimiento militar en El Plateado, Cauca, el 31 de enero de 2024.
De acuerdo con la investigación de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ese día integrantes de un pelotón instalaron un puesto de control sobre la vía que comunica al corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia. Hacia las 8 de la mañana, los uniformados habrían requerido a un hombre que se movilizaba en una motocicleta sin placas, de color verde, quien se identificó como Melciades.
Según la Fiscalía, durante la verificación los militares encontraron en un bolso de color negro una sustancia de color café. Al ser interrogado sobre su contenido, el hombre habría manifestado que se trataba de pasta a base de coca, en una cantidad superior a cuatro kilos.
La Fiscalía señala que se gestionó apoyo aéreo para trasladar al capturado hasta Popayán y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Sin embargo, una vez el hombre y la sustancia llegaron a Popayán, el ente investigador atribuye al entonces comandante del Comando Específico del Cauca haber ordenado su retorno a El Plateado.
“Usted, señor brigadier general, en su condición de comandante del comando específico del Cauca, impartió de manera directa y vía telefónica una orden verbal al coronel Herrera para que el capturado y la sustancia estupefaciente incautada fueran retornados inmediatamente al lugar donde se había producido la captura”, señaló la Fiscalía durante la exposición de los hechos jurídicamente relevantes.
Según el ente acusador, Mejía Torres habría sustentado esa decisión en una alteración del orden público que se estaría presentando en El Plateado, derivada de la captura, y en el riesgo de una eventual asonada y de secuestro de integrantes de las Fuerzas Militares.
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La Fiscalía sostuvo que el coronel Herrera habría manifestado su desacuerdo con la instrucción, al advertir que el capturado ya se encontraba en Popayán, bajo custodia militar, y que la captura había sido informada a la Fiscalía para adelantar el procedimiento de judicialización. Pese a ello, según la investigación, la orden se habría mantenido e incluyó el retorno de la sustancia incautada.
“Ante dicha instrucción, orden impartida por usted, el coronel Herrera le advirtió a usted expresamente su desacuerdo”, afirmó la fiscal, quien agregó que el oficial habría coordinado los medios operacionales necesarios para ejecutar el traslado.
De acuerdo con la Fiscalía, aproximadamente a la 1 de la tarde, Melciades fue llevado nuevamente a El Plateado y entregado a su esposa y a una concejal del municipio, junto con la sustancia que había sido incautada.
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Para el ente investigador, al momento de impartir la orden, Mejía Torres conocía que se trataba de una captura en flagrancia y que el procedimiento de judicialización ya había sido informado a la Fiscalía. Por esa razón, sostiene que una autoridad militar no podía disponer el regreso del capturado ni la devolución de los elementos incautados.
La Fiscalía también expuso la explicación entregada posteriormente por el general sobre las circunstancias que rodearon su decisión. En documentos oficiales, según la investigación, Mejía Torres sostuvo que en la zona existía un riesgo para las tropas y para la población por una posible confrontación con la guardia campesina.
“Por ello resultó indispensable revisar si mantener capturado al sujeto era lo preferente para lograr un resultado operacional, o si, por el contrario, el suspender el procedimiento de judicialización minimizaba el riesgo inminente de daños y pérdida de seres humanos”, habría consignado el oficial.
En esa explicación también se hizo referencia a una presunta amenaza contra el sargento Víctor Manuel Hernández y a un eventual ataque contra posiciones del Ejército, así como a la presencia e influencia de la estructura Carlos Patiño en la zona.
Además de la actuación relacionada con el capturado y la sustancia incautada, la Fiscalía atribuye al general una segunda conducta relacionada con los informes oficiales elaborados después de los hechos.
Según el ente investigador, en documentos presentados ante los altos mandos militares dentro de actuaciones administrativas y de verificación disciplinaria se habría consignado información que no correspondía con la forma en que ocurrieron los hechos.
“La decisión de retornar al capturado y la sustancia estupefaciente incautada se trata de una decisión autónoma, inconsulta y adoptada de manera unilateral por usted, señor brigadier general”, sostuvo la Fiscalía.
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El ente acusador señaló además que los informes no habrían sido elaborados el 31 de enero de 2024, debido a que los integrantes del pelotón no contaban con equipos de cómputo en el lugar de los hechos. Según la investigación, los documentos habrían sido elaborados de manera manuscrita por militares que participaron en la operación y recolectados entre seis y ocho días después.
Esta conducta es relacionada por la Fiscalía con los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, mientras que la actuación sobre el retorno del capturado y la devolución de la sustancia sustenta los señalamientos por prevaricato por acción y favorecimiento que serán planteados en la imputación. Sin embargo, Mejía no aceptó cargos.