La Fiscalía imputó al auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería, Córdoba, Jairo Winston Mendoza Soto, por su presunta responsabilidad en un caso de corrupción relacionado con las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. De acuerdo con la investigación, el funcionario habría exigido 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecerla con mil votos en esa contienda electoral.
La vinculación formal del procesado se realizó ante un juez de control de garantías, luego de que la Dirección Especializada contra la Corrupción recopilara elementos materiales probatorios que lo relacionan con las presuntas exigencias económicas realizadas a la aspirante, quien habría denunciado y aportado información.
Según la investigación, los hechos comenzaron el 25 de febrero, cuando Mendoza Soto habría contactado telefónicamente a la candidata para concertar una reunión en su residencia. En ese encuentro, presuntamente le manifestó que podía favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas y, a cambio, le exigió el pago de 100 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que la solicitud no se limitó a ese primer encuentro. Días después, el funcionario habría citado nuevamente a la aspirante en una cafetería de Montería, donde reiteró la exigencia económica y volvió a asegurar que tenía la capacidad de manipular los resultados electorales para garantizarle los votos ofrecidos.
Con base en estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión, al considerar que, presuntamente, utilizó su condición de servidor público para exigir una suma de dinero ofreciendo un beneficio relacionado con el proceso electoral.
Durante la audiencia, el funcionario no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía, por lo que la investigación continuará dentro del proceso penal para establecer su eventual responsabilidad.