La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos contra Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como máximo cabecilla de los autodenominados ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con la investigación, esta estructura tiene presencia en Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila y en la zona fronteriza con Ecuador. Las evidencias recopiladas por el ente acusador indicarían que Bastidas Bravo tendría bajo su mando cerca de 100 integrantes del grupo armado, a quienes presuntamente impartía órdenes para ejecutar acciones de constreñimiento, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos.
Según la Fiscalía, estas acciones estarían relacionadas con el propósito de apoderarse de la pasta base de coca y ejercer control sobre las rutas del narcotráfico en esa región del país.
Dentro de los nuevos hechos atribuidos a alias ‘Bonito’ se encuentra el homicidio de dos firmantes del acuerdo de paz. La hipótesis de la Fiscalía es que Bastidas Bravo habría dispuesto los asesinatos luego de señalamientos contra las víctimas por supuestamente actuar en contra de los intereses de la organización. El ente investigador sostiene que estos hechos habrían sido utilizados como mecanismo de presión para consolidar la capacidad intimidatoria de la estructura.
El primer caso corresponde a Luis Alberto Laguna, asesinado el 2 de octubre de 2020 en la vía que comunica a Morelia con Valparaíso, en Caquetá. Según la investigación, ese día un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicleta interceptó a la víctima cuando se desplazaba en un vehículo y le disparó. Laguna murió poco después de ingresar a un centro asistencial.
El segundo hecho corresponde al homicidio de Jorge Riaño Ramos, ocurrido el 15 de noviembre de 2020. De acuerdo con la Fiscalía, varios hombres pertenecientes a los ‘Comandos de Frontera’ llegaron hasta su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia, Caquetá, y lo atacaron con fusiles mientras se encontraba en estado de indefensión.
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Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Bastidas Bravo los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.
Bastidas Bravo permanece privado de la libertad desde agosto pasado, cuando fue capturado en zona rural de Guamal, Meta. Posteriormente fue judicializado por su presunta responsabilidad en crímenes contra líderes sociales y firmantes de paz en Putumayo.