La Fiscalía General de la Nación identificó a tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de cometer agresiones sexuales contra 21 personas y hurtos que afectaron a otras víctimas en municipios de Magdalena y Bolívar. De acuerdo con la investigación, los sospechosos utilizaban prendas de apariencia militar, armas de fuego y radios de comunicación para intimidar a sus víctimas, someterlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
Los señalados son Alfonso Rafael Acuña Ortiz, Andrés Antonio Acuña Ortiz y Eliecer David Visbal Acuña, quienes estarían vinculados a hechos delictivos ocurridos entre 2018 y 2026 en Plato y Tenerife, Magdalena, y El Carmen de Bolívar, Bolívar.
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Las actividades investigativas permitieron asociar los casos de 21 víctimas de violencia sexual y 15 de hurtos, además de identificar coincidencias en la manera en que se habrían cometido los delitos. Entre las personas afectadas hay mujeres adultas, menores de edad y un hombre.
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los presuntos responsables interceptaban a sus víctimas cuando transitaban por lugares oscuros, apartados y poco concurridos, especialmente parejas que caminaban por esas zonas. Para intimidarlas, habrían utilizado armas de fuego y se hacían pasar por integrantes de grupos delincuenciales.
En medio de amenazas, las víctimas eran trasladadas a lugares cercanos, donde presuntamente eran sometidas a agresiones sexuales. Después, los señalados les arrebataban sus pertenencias y las de sus acompañantes.
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Los investigadores establecieron que los sospechosos recurrían a distintos elementos para proyectar la imagen de pertenecer a una organización armada con capacidad operativa. Entre ellos estaban pasamontañas, botas, prendas similares a uniformes de la fuerza pública y radios de comunicación.
Además, presuntamente utilizaban lenguaje cifrado y simulaban recibir instrucciones de supuestos superiores, una estrategia con la que buscaban reforzar la intimidación y hacer creer a las víctimas que pertenecían a una estructura delincuencial organizada.
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Otra de las prácticas identificadas consistía en obligar a las personas afectadas a desbloquear sus teléfonos celulares. Una vez tenían acceso a los dispositivos, revisaban conversaciones, fotografías, contactos familiares y otros datos personales que, según la investigación, podrían utilizar para aumentar la presión y las amenazas contra las víctimas.
La Fiscalía puso en marcha varias actividades de policía judicial para relacionar los casos y establecer un posible patrón de actuación entre los hechos registrados durante el periodo investigado. El análisis permitió vincular los episodios de violencia sexual y hurto que habrían ocurrido en los tres municipios.