La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, representante legal de Poligrow Colombia S.A.S., al señalarlo como el presunto líder de una organización dedicada al acaparamiento ilegal de tierras baldías, la deforestación y la explotación de recursos naturales en el municipio de Mapiripán, Meta.
El empresario fue vinculado a la investigación por los delitos de concierto para delinquir, daños en los recursos naturales y ecocidio, deforestación y fraude procesal en aproximadamente 52 mil hectáreas afectadas.
Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que la investigación ubica el presunto actuar de la organización entre los años 2008 y 2026.
Según explicó, “el señor Carlos Vigna Taglianti, conocido como empresario italiano, en su calidad de representante legal de la sociedad Poligrow, es el líder de una organización criminal dedicada al acaparamiento de tierras de uso baldío, ejerciendo diferentes actividades como ganadería extensiva y la explotación ilícita de recursos naturales”.
Agregó que las conductas investigadas se habrían desarrollado en Mapiripán, donde la empresa adelanta un proyecto de palma de aceite.
La Fiscalía señaló que uno de los ejes de la investigación corresponde a la presunta acumulación irregular de predios de origen baldío, superando los límites establecidos para la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
De acuerdo con la delegada del ente acusador, “la presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la UAF mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”.
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La fiscal indicó que predios como Macondo y Santa Ana hacen parte de las operaciones analizadas dentro del proceso.
En ese sentido, aseguró que “Poligrow no compró grandes extensiones a particulares, sino que adquirió múltiples predios de origen baldío a través de diferentes personas o sociedades, asegurándose de que cada predio no superara ese límite de la UAF”, lo que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría permitido crear un mecanismo de aparente legalidad para concentrar grandes extensiones de tierra.
Frente al predio Santa Ana, el ente investigador sostuvo que se trataría de un baldío de la Nación, por lo que cuestionó las actividades desarrolladas en ese terreno. La fiscal afirmó que “el predio Santa Ana es baldío, no puede ser objeto de dominio ni herencia. Luego, la actividad ganadera se realizó sobre bienes de la Nación”, y agregó que la investigación permitió inferir una “ocupación y explotación de bienes baldíos de la Nación, simulación de títulos o derechos inexistentes, desarrollo de actividades agroindustriales sin licenciamiento ambiental, generación de daño ambiental grave, consolidación de control territorial mediante ocupación prolongada e intento de legalización de ocupación por vía de instrumentos informales”.
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La solicitud que terminará de ser sustentada por la Fiscalía el próximo 22 de julio, hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado relacionado con la deforestación, el acaparamiento de tierras y la afectación de recursos naturales en Mapiripán, proceso en el que también han sido vinculadas más de 10 personas por los mismos hechos, que permanecen en libertad.
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