Luego de que a finales de febrero la Contraloría General de Antioquia anunciara el inicio de una actuación especial de fiscalización al proyecto Hidroituango con motivo del cambio de contratistas para sus obras finales y de allí se hallara un supuesto detrimento patrimonial por 108.585 millones de pesos, el proceso cambió de rumbo y quedó en manos de la Contraloría Distrital de Medellín.
En diálogo con Blu Radio, la contralora de Medellín, Paula Ortega, explicó que un hallazgo incidental terminó definiendo que habría un detrimento patrimonial por el cambio de contratista no para la Sociedad Hidroituango, como se esperaba, sino para Empresas Públicas de Medellín.
Ortega manifestó que el cambio de contratista para la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8 del megaproyecto en el Norte antioqueño generó un sobrecosto no porque se aumentó el valor del contrato, sino porque se eligió la opción más costosa.
"El nuevo contratista presenta unos valores en su propuesta que son superiores a los valores que EPM tenía en su presupuesto oficial. Entonces, esa diferencia es lo que genera el detrimento patrimonial. Se apertura una indagación preliminar en el proceso de responsabilidad fiscal", aseguró Ortega.
Según se explicó desde la Contraloría Distrital de Medellín lo que viene en esta nueva polémica relacionada con la administración de Daniel Quintero es que se buscará determinar quiénes tomaron las decisiones y cómo se hizo el proceso de elección del contratista para así definir cuáles serían las personas involucradas en una posible investigación por el detrimento patrimonial superior a 100.000 millones de pesos.
Hay que recordar que, en su momento, desde la gerencia de EPM y la Alcaldía de Medellín se defendió la decisión argumentando que era necesario separar a los contratistas señalados en los procesos judiciales por la contingencia que vivió Hidroituango en 2018 y así poder garantizar la culminación de la obra bajo nuevas condiciones contractuales.
Dicha argumentación ocasionó que diversos sectores políticos, gremiales y expertos cuestionaran los mecanismos de contratación utilizados y la posibilidad de que la salida de las empresas que conocían en detalle el proyecto afectara el cronograma de entrada en operación de las últimas cuatro unidades de la megaobra.
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Ahora y tras la apertura de la indagación preliminar en este polémico caso, se espera que la Contraloría Distrital de Medellín actúe en el lapso de dos años, ya que los procesos de responsabilidad fiscal tienen varias etapas por lo que no habría una decisión definitiva y de fondo frente al detrimento patrimonial hasta, aproximadamente, 2028.
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