Luego de que a finales de febrero la Contraloría General de Antioquia anunciara el inicio de una actuación especial de fiscalización al proyecto Hidroituango con motivo del cambio de contratistas para sus obras finales, en las últimas horas la entidad entregó las principales conclusiones de este proceso.
Si bien la entidad de control destacó que no hubo afectación del patrimonio público de la Sociedad Hidroituango por el cambio de contratista para la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8, sí identificó posibles consecuencias adversas para Empresas Públicas de Medellín.
Esto, por cuenta de una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación para esas obras finales, lo cual, indicó la Contraloría departamental, constituye un supuesto detrimento patrimonial por 108.585 millones de pesos.
El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, explicó que se trata de situaciones identificadas entre los años 2022 y 2023, durante la administración de Medellín de Daniel Quintero, pero que precisamente deberán ser asumidas por la Contraloría Distrital al estar implicada una entidad del conglomerado público de la ciudad.
Herrera también advirtió que la actuación arrojó hallazgos administrativos relacionados con la oportunidad para hacer efectivas las acciones judiciales derivadas del incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT, durante los años 2022 y 2023, así como la omisión en la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026.
"Dos hallazgos administrativos frente a los cuales se están adelantando los respectivos planes de mejoramiento, sin ninguna incidencia fiscal para Hidroituango. De esta manera, a los a las antioqueñas y los antioqueños les decimos que estamos protegiendo los recursos de Antioquia", destacó el funcionario.
Frente al proceso de entrega de las obras en la central de generación de energía al Consorcio Ituango PC-SC, en su momento diversos sectores políticos, gremiales y expertos cuestionaron la urgencia del proceso, los mecanismos de contratación utilizados y la posibilidad de que la salida de las empresas que conocían en detalle el proyecto afectara el cronograma de entrada en operación de las últimas cuatro unidades de la megaobra.
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Desde la entonces gerencia de EPM y la administración de Medellín se defendió la decisión argumentando que era necesario separar a los contratistas señalados en los procesos judiciales por la contingencia de 2018 y garantizar la culminación de la obra bajo nuevas condiciones contractuales.
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