El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, propone a la justicia crear un macro caso para investigar la sofisticada red de corrupción que presuntamente ocurrió en la ciudad durante la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, que él tituló “GDO hermanitos Q”, para direccionar contratos por más de $1 billón.“En los próximos días tendré una reunión de alto nivel de nuevo en los Estados Unidos con el FBI para entregar información adicional de la GDO, Grupo Delincuencial Organizado de los Hermanitos Q, complementaria a la que ya entregamos e información que venimos recibiendo. Recuerden, dineros de la corrupción de Medellín que habrían salido de Colombia hacia Panamá, y de Panamá directo hacia Miami”, señaló el alcalde Gutiérrez.Le puede interesar: Alcalde de Medellín denunció amenazas a testigos en casos de presunta corrupción de Quintero CalleEl alcalde Gutiérrez hizo un repaso de los desfalcos, en lo que habla de 666 hallazgos, y en el que resaltó el caso de Afinia, la filial de EPM para suministro de energía en la Costa Caribe.Insistió que esta compañía la vendieron en US8 millones, y a donde llegó Javier Lastra con gerente general con la intermediación de Emilio Tapia, quien habría dado la instrucción al gerente de EPM de entonces, Jorge Carrillo para realizar ese nombramiento.Asimismo, el alcalde mencionó los 55 imputados que han dejado las investigaciones en este entramado de corrupción de los cuales ocho trabajan en el actual gobierno con Daniel Quintero, en la Superintendencia de Salud.El burgomaestre de la capital de Antioquia indicó, además que, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, se pueda encontrar los recursos que se habrían apropiado y que a través de testaferros terminaron en Miami.“Fue una sofisticada red de corrupción que salpicó absolutamente todas las dependencias. No solo rasparon la olla, se la robaron y para que entender la gravedad de lo que fue esto, si juntamos las condenas que tendrían los miembros de esta GDO, dan más de 750 años de cárcel. Y ojo con esto, hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de $1 billón”, señaló el alcalde de Medellín.Finalmente, Federico Gutiérrez reiteró que testigos clave en los casos de corrupción del Área Metropolitana están siendo amenazados, por lo que está pidiendo a la Policía Nacional protección para protegerlos, ya que sus testimonios están destapando todo el entramado de corrupción.Según el alcalde Federico Gutiérrez, los procesos adelantados por la Fiscalía y demás autoridades, han recaudado más de 13.000 elementos probatorios, actualmente se tiene 157 testigos y 97 peritos, además de resultados judiciales que incluyen 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos.
Luego de que a finales de febrero la Contraloría General de Antioquia anunciara el inicio de una actuación especial de fiscalización al proyecto Hidroituango con motivo del cambio de contratistas para sus obras finales, en las últimas horas la entidad entregó las principales conclusiones de este proceso.Si bien la entidad de control destacó que no hubo afectación del patrimonio público de la Sociedad Hidroituango por el cambio de contratista para la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8, sí identificó posibles consecuencias adversas para Empresas Públicas de Medellín.Esto, por cuenta de una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación para esas obras finales, lo cual, indicó la Contraloría departamental, constituye un supuesto detrimento patrimonial por 108.585 millones de pesos.El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, explicó que se trata de situaciones identificadas entre los años 2022 y 2023, durante la administración de Medellín de Daniel Quintero, pero que precisamente deberán ser asumidas por la Contraloría Distrital al estar implicada una entidad del conglomerado público de la ciudad.Herrera también advirtió que la actuación arrojó hallazgos administrativos relacionados con la oportunidad para hacer efectivas las acciones judiciales derivadas del incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT, durante los años 2022 y 2023, así como la omisión en la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026."Dos hallazgos administrativos frente a los cuales se están adelantando los respectivos planes de mejoramiento, sin ninguna incidencia fiscal para Hidroituango. De esta manera, a los a las antioqueñas y los antioqueños les decimos que estamos protegiendo los recursos de Antioquia", destacó el funcionario.Frente al proceso de entrega de las obras en la central de generación de energía al Consorcio Ituango PC-SC, en su momento diversos sectores políticos, gremiales y expertos cuestionaron la urgencia del proceso, los mecanismos de contratación utilizados y la posibilidad de que la salida de las empresas que conocían en detalle el proyecto afectara el cronograma de entrada en operación de las últimas cuatro unidades de la megaobra.Desde la entonces gerencia de EPM y la administración de Medellín se defendió la decisión argumentando que era necesario separar a los contratistas señalados en los procesos judiciales por la contingencia de 2018 y garantizar la culminación de la obra bajo nuevas condiciones contractuales.
Luego de que la Contraloría General de Antioquia anunciara que se reabrieron varios procesos en contra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mismos que habían sido archivados por falta de pruebas, se conocen nuevos detalles de las actuaciones que buscan determinar si existieron la presuntas irregularidades.La información que se ha podido conocer es que son 12 contratos que son objeto de observación por parte de la Contraloría y en los que hay hechos relacionados con el Sistema de Bicicletas Públicas -Encicla-, Parque de las Aguas o el Parque de Artes y Oficios en el municipio de Bello.Sin embargo, uno de los casos más polémicos es el de los Bomberos de Itagüí en donde avanzan las audiencias por supuestas irregularidades en contratos que suman cerca de 18.000 millones de pesos y en donde están vinculados formalmente, entre otros, María Rúa, exfuncionaria del AMVA; Misael Cadavid, excomandante de los Bomberos de Itagüí; Elkin González, extesorero de los Bomberos de Itagüí; y Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.El caso de los Bomberos de Itagüí es el más avanzado y que hay dos personas más vinculadas al proceso que tiene dos principios de oportunidad avalados y que, en este momento, siguen estudiando otras tres oportunidades de colaborar con la justicia.Juan Carlos Herrera, contralor de Antioquia, entregó un parte sobre cómo van las actuaciones en los presuntos casos de corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023."La Contraloría General de Antioquia ha tomado la decisión de aperturar dos procesos de indagación preliminar. Una, un proceso de apertura formal de investigación y una denuncia formal sobre un total de doce contratos. En este momento se ha ordenado la vinculación de cinco personas a un proceso formal de investigación", dijo. Hay que recordar que todos los procesos pudieron retomar su curso luego de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentará pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación, fueron aprobadas en las diferentes audiencias y en donde se demuestran las presuntas irregularidades durante la dirección de Juan David Palacio y la alcaldía de Daniel Quintero.La directora del AMVA, Paula Andrea Palacio, afirmó en Blu Radio que como víctimas en cada uno de los procesos contra la anterior administración, se han llevado a cabo audiencias y actualizaciones para que sean investigados."Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la fiscalía como por los jueces en los procesos, para que, de acuerdo a las competencias, ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren", señaló.Por ahora se espera que el siguiente paso en estos casos de presunta corrupción sea que en las próximas horas se defina si Juan David Palacio debe estar en un centro penitenciario mientras sigue el proceso que busca determinar responsabilidades específicas en las irregularidades por cerca de 18.000 millones de pesos.
La Contraloría de Antioquia reabrirá procesos archivados de contratos firmados por el Área Metropolitana entre 2020 y 2023. Al parecer, se tendrán en cuenta algunas pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación y aprobadas por un juez en las audiencias por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero.Mientras se está a la espera que se reanuden las audiencias, siendo el gran protagonista su director Juan David Palacio, la Contraloría de Antioquia confirmó que prontamente reabrirá algunos procesos, luego de que la misma dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá hiciera la solicitud tras tener nuevas pruebas en los mencionados procesos.Existen actualmente nuevos elementos que fueron aportados por la Fiscalía General de la Nación y aprobados por un juez en medio de las diferentes audiencias que se han hecho en contra de varios señalados de diferentes irregularidades mientras Daniel Quintero era mandatario en la capital de Antioquia.La directora, Paula Andrea Palacio Salazar, afirmó en Blu Radio que como víctimas en cada uno de los procesos contra la anterior administración, se han llevado a cabo audiencias y actualizaciones para que sean investigados.“Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la Fiscalía como por los jueces en los procesos para que de acuerdo a las competencias ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren”, aseguró la directora Salazar.Hay que recordar que, en febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de 18.000 millones de pesos, uno de los casos más sonados del AMVA.Semanas después de esta situación se conoció la segunda solicitud de principio de oportunidad de uno de los procesados en este escándalo de presunta corrupción para colaborar con la justicia y esclarecer lo ocurrido con supuestas irregularidades y en los que la Fiscalía ha argumentado la posible existencia de manipulación de facturas, cambios de valores, pagos de anticipos en efectivo y posibles acuerdos para favorecer a terceros.
En respuesta a las críticas y cuestionamientos que han surgido en torno al proceso de elección del nuevo contralor departamental, la Asamblea de Antioquia aseguró que la terna de aspirantes al cargo para el periodo 2026-2029 fue conformada con “pleno rigor jurídico y técnico”. Según la corporación, todo el procedimiento se ha adelantado en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos internos, bajo los principios de transparencia, mérito y objetividad.La entidad explicó que el proceso contó con el acompañamiento de la Universidad de Cartagena, encargada de realizar la convocatoria pública mediante un convenio interadministrativo establecido en la Resolución 246 de 2025. Dicha institución entregó un informe sobre posibles inhabilidades e incompatibilidades, documento que, junto con el análisis jurídico de los abogados de la corporación, sirvió de base para la conformación de la terna.De acuerdo con ese análisis, los tres aspirantes con los más altos puntajes —Juan Carlos Herrera Toro, Juan Fernando Castrillón Benjumea y Laura Emilse Marulanda Tobón— cumplen los requisitos legales y no presentan inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo. La Asamblea sostuvo que no se encontraron vínculos funcionales ni territoriales que afecten la independencia del control fiscal.El proceso continuará con una etapa de observaciones ciudadanas que irá del 6 al 12 de noviembre, periodo durante el cual se recibirán comentarios que podrán ser tenidos en cuenta para eventuales ajustes. Finalmente, la corporación reiteró que los conceptos jurídicos y técnicos del proceso estarán disponibles en su página web, insistiendo en que la elección se ha adelantado con transparencia y respaldo legal.
La contralora general de Antioquia alertó que en al menos ocho municipios del departamento secretarios de Hacienda o tesoreros han venido transfiriendo recursos públicos a cuentas propias. Desde la entidad trabajan en auditorías y remisión de información a la Fiscalía y la Procuraduría sobre estas irregularidades.Autoridades encargadas del control de los recursos públicos en Antioquia manifestaron su preocupación por presuntas mala prácticas en este sentido que vendrían registrando varias administraciones municipales.Según Enedith González, contralora General de Antioquia, desde la entidad ya han identificado un grupo de al menos ocho localidades donde secretarios de Hacienda o tesoreros vienen transfiriendo recursos públicos a sus cuentas bancarias personales.Uno de los casos más conocidos y donde no solo hay resultados disciplinarios, sino también penales, ocurrió en el municipio de San Roque donde en la administración 2021-2024 la Fiscalía ya imputó a varios funcionarios al determinar que fueron responsables de desviar unos 5.300 millones de pesos de las cuentas oficiales del municipio a la de una de las procesadas a través de unas 700 transferencias.La contralora departamental lamentó este tipo de situaciones y aseguró que al tiempo que han abierto actuaciones especiales de fiscalización, han remitido la información correspondiente para conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.“No duele, da como esa sensación de de impotencia ante tanto irrespeto porque son recursos públicos y realmente deben ser ejecutados para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de cada uno de los antioqueños, pero como contralora hemos sido muy enfáticos y hemos actuado con actuaciones especiales de fiscalización”, aseguró.Rodrigo Montoya, contralor de Rionegro y presidente de la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, manifestó la necesidad que hay en la capacitación a funcionarios públicos, principalmente a alcaldes, frente al flujo de estos recursos públicos y las medidas que deberían tomar para evitar hechos de corrupción que deriven en sanciones disciplinarias o incluso penales.“Se evidencian que no hay controles sobre el trámite de los recursos, el ingreso de cuentas de cobro, el control de los tokens, las autorizaciones bancarias y de pago y estamos haciendo un llamado a todos los alcaldes para que controlen muy bien lo que sucede en sus finanzas públicas, porque muchas veces ese poder se le está otorgando muy a complacencia, muy a libertad a tesoreros y secretarios de hacienda”, aseveró.Desde las entidades de control también solicitaron a los ciudadanos denunciar cualquier tipo de irregularidades al respecto sobre las que se enteren o identifiquen, pues manifestaron que la pérdida de recursos públicos termina por afectar a los sectores más vulnerables en los diferentes territorios.
Entidades de control se siguen pronunciando frente a una de las obras en Antioquia que ha sido catalogada por varios sectores como el ‘elefante blanco’ más grande del país y que está ubicado en el municipio de Bello.Se trata del parque de deportes a motor conocido como Central Park y sobre el cual más recientemente la Contraloría General de Antioquia formuló la imputación de responsabilidad fiscal por un detrimento que supera los 27 mil millones de pesos y que involucra tanto a funcionarios públicos como a contratistas responsables de entregar las obras.La imputación se relaciona con supuestas irregularidades en contratación durante un contrato suscrito en 2022 en la administración del gobernador Aníbal Gaviria, donde “se evidencian deficiencias en el cumplimiento del contrato, afectando el funcionamiento y operatividad del proyecto, lo que representa un posible detrimento al patrimonio público”, destacó la Contraloría departamental.Carlos Contreras, vocero de la veeduría ciudadana al proyecto se refirió a este nuevo requerimiento que se suma al de la Contraloría General de la República quien ya imputó responsabilidad fiscal por 114 mil millones de pesos contra exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia."Es una vergüenza que un proyecto de infraestructura de alto calado como el Proyecto Central Park hoy esté sumando cerca de 30 exfuncionarios públicos que están siendo objeto de procesos en materia fiscal y algunos de ellos en materia disciplinaria", dijo Contreras.La Contraloría de Antioquia también destacó que actualmente verifican denuncias por parte de la misma veeduría relacionadas con la administración departamental vigente donde se habrían efectuado pagos de obras en el proyecto por cerca de 7 mil millones de pesos sin el cumplimiento de todos los requisitos para dicho desembolso.
Hay polémica en Antioquia debido a que en la Contraloría General del departamento hay dos funcionarios que actualmente tienen procesos en su contra por presuntas irregularidades y malos manejos en trabajos anteriores. Así lo denunció el diputado José Luis Noreña, que detalló que se trata de Laura Mejía Higuita, nombrada el 22 de noviembre de 2024, que trabajó en la Alcaldía de Daniel Quintero y que está imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y un presunto peculado.El otro funcionario cuestionado es el contralor auxiliar Juan Carlos Hoyos Loaiza, nombrado el 1 de febrero de 2023, condenado por el Tribunal Superior de Medellín por falsedad de documento por la expedición irregular del título de abogado del exsenador liberal Julián Bedoya.Ante las críticas, la contralora de Antioquia, Enedith González, señaló que Laura Mejía rige el principio de presunción de inocencia hasta que sea condenada. Además, indicó que Juan Carlos Hoyos apeló su condena ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el fallo en su contra, de 56 meses de prisión domiciliaria, aún no está en firme.Como el diputado José Luis Noreña cuestionó si en la Contraloría no se revisan los antecedentes judiciales de sus empleados, la contralora González respondió que lo hace la Dirección Administrativa, y que ella revisa los registros que hay en su entidad, así como en la Procuraduría y la Fiscalía.''No voy a revisar cada hoja que llegue para mirar a ver si tiene un escándalo. Sí, yo miro los antecedentes de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía y en ninguno de los tres aparecen los funcionarios con una inhabilidad e incompatibilidad que me pueda generar a mí un tema disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por una falta gravísima'', aseveró la contralora. Con respecto a si estas personas son idóneas para trabajar en la Contraloría, considerando que actualmente son investigadas por presuntas irregularidades o malos manejos en cargos anteriores, la contralora argumentó la pregunta del diputado José Luis Noreña indicando que sus funciones no tienen que ver con las labores misionales, sino que son meramente administrativas. ''Y, sin embargo yo les quiero decir, ellos están habilitados por la norma para seguir trabajando'', recalcó.Cabe mencionar que la contralora Enedith González en medio de la sesión afirmó que, si es necesario, volverá a la Asamblea de Antioquia a responder sus cuestionarios, pero solo dará respuesta a esas preguntas en específico. En cuanto a los funcionarios investigados, los procesos en su contra avanzan y aún no hay una decisión en firme.
Desde Piojó, Atlántico, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que la intervención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la reconstrucción de ese municipio no se ha ejecutado como es debido y explicó que el organismo de control ya está actuando."Hoy advertimos que Piojó va en camino a convertirse en otro Mocoa, en términos de lo que es el impacto del tiempo y la atención a las familias", dijo el funcionario.La Contraloría actualmente avanza en dos procesos administrativos sancionatorios en contra del director de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, que podrían culminar con una decisión de imposición de una multa o la suspensión temporal del cargo del funcionario.Además, el Contralor agregó que es preocupante la baja ejecución de los recursos asignados a la UNGRD en el presupuesto general de la nación: entre enero y octubre de 2023 solo había ejecutado un 7.5 % de su presupuesto total.¿Qué pasó en Piojó, Antioquia?Hay que recordar que el municipio de Piojó fue afectado el 5 de noviembre de 2022 por un fuerte aguacero de más de 30 horas que provocó un deslizamiento de tierra en el que más de 250 familias resultaron afectadas y al menos 80 casas fueron destruidas.Sobre as 11:00 de la noche los habitantes de este municipio escucharon un fuerte estruendo y luego empezaron a ver cómo la tierra cedía y se iba llevando a su paso varias casas.Puede ver:
La Alcaldía de Medellín hizo entrega oficial de unos computadores a miles de estudiantes, que era una promesa de campaña. Sin embargo, ese programa que hoy tiene orgulloso al alcalde Daniel Quintero está rodeado de algunos cuestionamientos.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el diputado de Antioquia Luis Peláez denunció que el total de computadores que se dieron a los niños es mucho menor a la cifra que se había prometido.“Hoy vemos una promesa incumplida porque inicialmente en campaña Daniel Quintero prometió cerca de 170.000 computadores para los niños y niñas de Medellín, pero después lo bajó en el plan de desarrollo a cerca de 100.000 computadores. Después hizo una rebaja significativa y terminó contratando solo 70.950 computadores”, afirmó.Peláez aclaró que son solo un préstamo y los estudiantes tendrán que devolverlos en determinado tiempo. En ese sentido, acusó también “manejos irregulares” de recursos en dicha entrega, según dijo, se contrató a influenciadores para hacer una “campaña positiva” sobre el evento.“Vamos a elevar una denuncia en la Contraloría de Antioquia porque aquí también hay recursos del departamento, no solo de la alcaldía. Nos parece incorrecto que se destine irregularmente, porque no solo es la tarima, la luz y los refrigerios, sino que se pagó de manera irregular a algunos influenciadores para difundir contenido positivo de esa entrega que está incompleta”, añadió.A esto se suma que, según él, no se sabe de dónde saldrá el dinero para las pólizas de los computadores que se tienen que renovar, además del dinero para el bodegaje y más protocolos para el mantenimiento de los mismos.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.