El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, propone a la justicia crear un macro caso para investigar la sofisticada red de corrupción que presuntamente ocurrió en la ciudad durante la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, que él tituló “GDO hermanitos Q”, para direccionar contratos por más de $1 billón.“En los próximos días tendré una reunión de alto nivel de nuevo en los Estados Unidos con el FBI para entregar información adicional de la GDO, Grupo Delincuencial Organizado de los Hermanitos Q, complementaria a la que ya entregamos e información que venimos recibiendo. Recuerden, dineros de la corrupción de Medellín que habrían salido de Colombia hacia Panamá, y de Panamá directo hacia Miami”, señaló el alcalde Gutiérrez.Le puede interesar: Alcalde de Medellín denunció amenazas a testigos en casos de presunta corrupción de Quintero CalleEl alcalde Gutiérrez hizo un repaso de los desfalcos, en lo que habla de 666 hallazgos, y en el que resaltó el caso de Afinia, la filial de EPM para suministro de energía en la Costa Caribe.Insistió que esta compañía la vendieron en US8 millones, y a donde llegó Javier Lastra con gerente general con la intermediación de Emilio Tapia, quien habría dado la instrucción al gerente de EPM de entonces, Jorge Carrillo para realizar ese nombramiento.Asimismo, el alcalde mencionó los 55 imputados que han dejado las investigaciones en este entramado de corrupción de los cuales ocho trabajan en el actual gobierno con Daniel Quintero, en la Superintendencia de Salud.El burgomaestre de la capital de Antioquia indicó, además que, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, se pueda encontrar los recursos que se habrían apropiado y que a través de testaferros terminaron en Miami.“Fue una sofisticada red de corrupción que salpicó absolutamente todas las dependencias. No solo rasparon la olla, se la robaron y para que entender la gravedad de lo que fue esto, si juntamos las condenas que tendrían los miembros de esta GDO, dan más de 750 años de cárcel. Y ojo con esto, hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de $1 billón”, señaló el alcalde de Medellín.Finalmente, Federico Gutiérrez reiteró que testigos clave en los casos de corrupción del Área Metropolitana están siendo amenazados, por lo que está pidiendo a la Policía Nacional protección para protegerlos, ya que sus testimonios están destapando todo el entramado de corrupción.Según el alcalde Federico Gutiérrez, los procesos adelantados por la Fiscalía y demás autoridades, han recaudado más de 13.000 elementos probatorios, actualmente se tiene 157 testigos y 97 peritos, además de resultados judiciales que incluyen 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos.
Luego de que a finales de febrero la Contraloría General de Antioquia anunciara el inicio de una actuación especial de fiscalización al proyecto Hidroituango con motivo del cambio de contratistas para sus obras finales, en las últimas horas la entidad entregó las principales conclusiones de este proceso.Si bien la entidad de control destacó que no hubo afectación del patrimonio público de la Sociedad Hidroituango por el cambio de contratista para la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8, sí identificó posibles consecuencias adversas para Empresas Públicas de Medellín.Esto, por cuenta de una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación para esas obras finales, lo cual, indicó la Contraloría departamental, constituye un supuesto detrimento patrimonial por 108.585 millones de pesos.El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, explicó que se trata de situaciones identificadas entre los años 2022 y 2023, durante la administración de Medellín de Daniel Quintero, pero que precisamente deberán ser asumidas por la Contraloría Distrital al estar implicada una entidad del conglomerado público de la ciudad.Herrera también advirtió que la actuación arrojó hallazgos administrativos relacionados con la oportunidad para hacer efectivas las acciones judiciales derivadas del incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT, durante los años 2022 y 2023, así como la omisión en la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026."Dos hallazgos administrativos frente a los cuales se están adelantando los respectivos planes de mejoramiento, sin ninguna incidencia fiscal para Hidroituango. De esta manera, a los a las antioqueñas y los antioqueños les decimos que estamos protegiendo los recursos de Antioquia", destacó el funcionario.Frente al proceso de entrega de las obras en la central de generación de energía al Consorcio Ituango PC-SC, en su momento diversos sectores políticos, gremiales y expertos cuestionaron la urgencia del proceso, los mecanismos de contratación utilizados y la posibilidad de que la salida de las empresas que conocían en detalle el proyecto afectara el cronograma de entrada en operación de las últimas cuatro unidades de la megaobra.Desde la entonces gerencia de EPM y la administración de Medellín se defendió la decisión argumentando que era necesario separar a los contratistas señalados en los procesos judiciales por la contingencia de 2018 y garantizar la culminación de la obra bajo nuevas condiciones contractuales.
Luego de que la Contraloría General de Antioquia anunciara que se reabrieron varios procesos en contra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mismos que habían sido archivados por falta de pruebas, se conocen nuevos detalles de las actuaciones que buscan determinar si existieron la presuntas irregularidades.La información que se ha podido conocer es que son 12 contratos que son objeto de observación por parte de la Contraloría y en los que hay hechos relacionados con el Sistema de Bicicletas Públicas -Encicla-, Parque de las Aguas o el Parque de Artes y Oficios en el municipio de Bello.Sin embargo, uno de los casos más polémicos es el de los Bomberos de Itagüí en donde avanzan las audiencias por supuestas irregularidades en contratos que suman cerca de 18.000 millones de pesos y en donde están vinculados formalmente, entre otros, María Rúa, exfuncionaria del AMVA; Misael Cadavid, excomandante de los Bomberos de Itagüí; Elkin González, extesorero de los Bomberos de Itagüí; y Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.El caso de los Bomberos de Itagüí es el más avanzado y que hay dos personas más vinculadas al proceso que tiene dos principios de oportunidad avalados y que, en este momento, siguen estudiando otras tres oportunidades de colaborar con la justicia.Juan Carlos Herrera, contralor de Antioquia, entregó un parte sobre cómo van las actuaciones en los presuntos casos de corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023."La Contraloría General de Antioquia ha tomado la decisión de aperturar dos procesos de indagación preliminar. Una, un proceso de apertura formal de investigación y una denuncia formal sobre un total de doce contratos. En este momento se ha ordenado la vinculación de cinco personas a un proceso formal de investigación", dijo. Hay que recordar que todos los procesos pudieron retomar su curso luego de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentará pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación, fueron aprobadas en las diferentes audiencias y en donde se demuestran las presuntas irregularidades durante la dirección de Juan David Palacio y la alcaldía de Daniel Quintero.La directora del AMVA, Paula Andrea Palacio, afirmó en Blu Radio que como víctimas en cada uno de los procesos contra la anterior administración, se han llevado a cabo audiencias y actualizaciones para que sean investigados."Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la fiscalía como por los jueces en los procesos, para que, de acuerdo a las competencias, ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren", señaló.Por ahora se espera que el siguiente paso en estos casos de presunta corrupción sea que en las próximas horas se defina si Juan David Palacio debe estar en un centro penitenciario mientras sigue el proceso que busca determinar responsabilidades específicas en las irregularidades por cerca de 18.000 millones de pesos.
La Contraloría de Antioquia reabrirá procesos archivados de contratos firmados por el Área Metropolitana entre 2020 y 2023. Al parecer, se tendrán en cuenta algunas pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación y aprobadas por un juez en las audiencias por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero.Mientras se está a la espera que se reanuden las audiencias, siendo el gran protagonista su director Juan David Palacio, la Contraloría de Antioquia confirmó que prontamente reabrirá algunos procesos, luego de que la misma dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá hiciera la solicitud tras tener nuevas pruebas en los mencionados procesos.Existen actualmente nuevos elementos que fueron aportados por la Fiscalía General de la Nación y aprobados por un juez en medio de las diferentes audiencias que se han hecho en contra de varios señalados de diferentes irregularidades mientras Daniel Quintero era mandatario en la capital de Antioquia.La directora, Paula Andrea Palacio Salazar, afirmó en Blu Radio que como víctimas en cada uno de los procesos contra la anterior administración, se han llevado a cabo audiencias y actualizaciones para que sean investigados.“Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la Fiscalía como por los jueces en los procesos para que de acuerdo a las competencias ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren”, aseguró la directora Salazar.Hay que recordar que, en febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de 18.000 millones de pesos, uno de los casos más sonados del AMVA.Semanas después de esta situación se conoció la segunda solicitud de principio de oportunidad de uno de los procesados en este escándalo de presunta corrupción para colaborar con la justicia y esclarecer lo ocurrido con supuestas irregularidades y en los que la Fiscalía ha argumentado la posible existencia de manipulación de facturas, cambios de valores, pagos de anticipos en efectivo y posibles acuerdos para favorecer a terceros.
En respuesta a las críticas y cuestionamientos que han surgido en torno al proceso de elección del nuevo contralor departamental, la Asamblea de Antioquia aseguró que la terna de aspirantes al cargo para el periodo 2026-2029 fue conformada con “pleno rigor jurídico y técnico”. Según la corporación, todo el procedimiento se ha adelantado en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos internos, bajo los principios de transparencia, mérito y objetividad.La entidad explicó que el proceso contó con el acompañamiento de la Universidad de Cartagena, encargada de realizar la convocatoria pública mediante un convenio interadministrativo establecido en la Resolución 246 de 2025. Dicha institución entregó un informe sobre posibles inhabilidades e incompatibilidades, documento que, junto con el análisis jurídico de los abogados de la corporación, sirvió de base para la conformación de la terna.De acuerdo con ese análisis, los tres aspirantes con los más altos puntajes —Juan Carlos Herrera Toro, Juan Fernando Castrillón Benjumea y Laura Emilse Marulanda Tobón— cumplen los requisitos legales y no presentan inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo. La Asamblea sostuvo que no se encontraron vínculos funcionales ni territoriales que afecten la independencia del control fiscal.El proceso continuará con una etapa de observaciones ciudadanas que irá del 6 al 12 de noviembre, periodo durante el cual se recibirán comentarios que podrán ser tenidos en cuenta para eventuales ajustes. Finalmente, la corporación reiteró que los conceptos jurídicos y técnicos del proceso estarán disponibles en su página web, insistiendo en que la elección se ha adelantado con transparencia y respaldo legal.
La contralora general de Antioquia alertó que en al menos ocho municipios del departamento secretarios de Hacienda o tesoreros han venido transfiriendo recursos públicos a cuentas propias. Desde la entidad trabajan en auditorías y remisión de información a la Fiscalía y la Procuraduría sobre estas irregularidades.Autoridades encargadas del control de los recursos públicos en Antioquia manifestaron su preocupación por presuntas mala prácticas en este sentido que vendrían registrando varias administraciones municipales.Según Enedith González, contralora General de Antioquia, desde la entidad ya han identificado un grupo de al menos ocho localidades donde secretarios de Hacienda o tesoreros vienen transfiriendo recursos públicos a sus cuentas bancarias personales.Uno de los casos más conocidos y donde no solo hay resultados disciplinarios, sino también penales, ocurrió en el municipio de San Roque donde en la administración 2021-2024 la Fiscalía ya imputó a varios funcionarios al determinar que fueron responsables de desviar unos 5.300 millones de pesos de las cuentas oficiales del municipio a la de una de las procesadas a través de unas 700 transferencias.La contralora departamental lamentó este tipo de situaciones y aseguró que al tiempo que han abierto actuaciones especiales de fiscalización, han remitido la información correspondiente para conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.“No duele, da como esa sensación de de impotencia ante tanto irrespeto porque son recursos públicos y realmente deben ser ejecutados para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de cada uno de los antioqueños, pero como contralora hemos sido muy enfáticos y hemos actuado con actuaciones especiales de fiscalización”, aseguró.Rodrigo Montoya, contralor de Rionegro y presidente de la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, manifestó la necesidad que hay en la capacitación a funcionarios públicos, principalmente a alcaldes, frente al flujo de estos recursos públicos y las medidas que deberían tomar para evitar hechos de corrupción que deriven en sanciones disciplinarias o incluso penales.“Se evidencian que no hay controles sobre el trámite de los recursos, el ingreso de cuentas de cobro, el control de los tokens, las autorizaciones bancarias y de pago y estamos haciendo un llamado a todos los alcaldes para que controlen muy bien lo que sucede en sus finanzas públicas, porque muchas veces ese poder se le está otorgando muy a complacencia, muy a libertad a tesoreros y secretarios de hacienda”, aseveró.Desde las entidades de control también solicitaron a los ciudadanos denunciar cualquier tipo de irregularidades al respecto sobre las que se enteren o identifiquen, pues manifestaron que la pérdida de recursos públicos termina por afectar a los sectores más vulnerables en los diferentes territorios.
Entidades de control se siguen pronunciando frente a una de las obras en Antioquia que ha sido catalogada por varios sectores como el ‘elefante blanco’ más grande del país y que está ubicado en el municipio de Bello.Se trata del parque de deportes a motor conocido como Central Park y sobre el cual más recientemente la Contraloría General de Antioquia formuló la imputación de responsabilidad fiscal por un detrimento que supera los 27 mil millones de pesos y que involucra tanto a funcionarios públicos como a contratistas responsables de entregar las obras.La imputación se relaciona con supuestas irregularidades en contratación durante un contrato suscrito en 2022 en la administración del gobernador Aníbal Gaviria, donde “se evidencian deficiencias en el cumplimiento del contrato, afectando el funcionamiento y operatividad del proyecto, lo que representa un posible detrimento al patrimonio público”, destacó la Contraloría departamental.Carlos Contreras, vocero de la veeduría ciudadana al proyecto se refirió a este nuevo requerimiento que se suma al de la Contraloría General de la República quien ya imputó responsabilidad fiscal por 114 mil millones de pesos contra exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia."Es una vergüenza que un proyecto de infraestructura de alto calado como el Proyecto Central Park hoy esté sumando cerca de 30 exfuncionarios públicos que están siendo objeto de procesos en materia fiscal y algunos de ellos en materia disciplinaria", dijo Contreras.La Contraloría de Antioquia también destacó que actualmente verifican denuncias por parte de la misma veeduría relacionadas con la administración departamental vigente donde se habrían efectuado pagos de obras en el proyecto por cerca de 7 mil millones de pesos sin el cumplimiento de todos los requisitos para dicho desembolso.
Hay polémica en Antioquia debido a que en la Contraloría General del departamento hay dos funcionarios que actualmente tienen procesos en su contra por presuntas irregularidades y malos manejos en trabajos anteriores. Así lo denunció el diputado José Luis Noreña, que detalló que se trata de Laura Mejía Higuita, nombrada el 22 de noviembre de 2024, que trabajó en la Alcaldía de Daniel Quintero y que está imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y un presunto peculado.El otro funcionario cuestionado es el contralor auxiliar Juan Carlos Hoyos Loaiza, nombrado el 1 de febrero de 2023, condenado por el Tribunal Superior de Medellín por falsedad de documento por la expedición irregular del título de abogado del exsenador liberal Julián Bedoya.Ante las críticas, la contralora de Antioquia, Enedith González, señaló que Laura Mejía rige el principio de presunción de inocencia hasta que sea condenada. Además, indicó que Juan Carlos Hoyos apeló su condena ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el fallo en su contra, de 56 meses de prisión domiciliaria, aún no está en firme.Como el diputado José Luis Noreña cuestionó si en la Contraloría no se revisan los antecedentes judiciales de sus empleados, la contralora González respondió que lo hace la Dirección Administrativa, y que ella revisa los registros que hay en su entidad, así como en la Procuraduría y la Fiscalía.''No voy a revisar cada hoja que llegue para mirar a ver si tiene un escándalo. Sí, yo miro los antecedentes de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía y en ninguno de los tres aparecen los funcionarios con una inhabilidad e incompatibilidad que me pueda generar a mí un tema disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por una falta gravísima'', aseveró la contralora. Con respecto a si estas personas son idóneas para trabajar en la Contraloría, considerando que actualmente son investigadas por presuntas irregularidades o malos manejos en cargos anteriores, la contralora argumentó la pregunta del diputado José Luis Noreña indicando que sus funciones no tienen que ver con las labores misionales, sino que son meramente administrativas. ''Y, sin embargo yo les quiero decir, ellos están habilitados por la norma para seguir trabajando'', recalcó.Cabe mencionar que la contralora Enedith González en medio de la sesión afirmó que, si es necesario, volverá a la Asamblea de Antioquia a responder sus cuestionarios, pero solo dará respuesta a esas preguntas en específico. En cuanto a los funcionarios investigados, los procesos en su contra avanzan y aún no hay una decisión en firme.
Desde Piojó, Atlántico, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que la intervención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la reconstrucción de ese municipio no se ha ejecutado como es debido y explicó que el organismo de control ya está actuando."Hoy advertimos que Piojó va en camino a convertirse en otro Mocoa, en términos de lo que es el impacto del tiempo y la atención a las familias", dijo el funcionario.La Contraloría actualmente avanza en dos procesos administrativos sancionatorios en contra del director de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, que podrían culminar con una decisión de imposición de una multa o la suspensión temporal del cargo del funcionario.Además, el Contralor agregó que es preocupante la baja ejecución de los recursos asignados a la UNGRD en el presupuesto general de la nación: entre enero y octubre de 2023 solo había ejecutado un 7.5 % de su presupuesto total.¿Qué pasó en Piojó, Antioquia?Hay que recordar que el municipio de Piojó fue afectado el 5 de noviembre de 2022 por un fuerte aguacero de más de 30 horas que provocó un deslizamiento de tierra en el que más de 250 familias resultaron afectadas y al menos 80 casas fueron destruidas.Sobre as 11:00 de la noche los habitantes de este municipio escucharon un fuerte estruendo y luego empezaron a ver cómo la tierra cedía y se iba llevando a su paso varias casas.Puede ver:
La Alcaldía de Medellín hizo entrega oficial de unos computadores a miles de estudiantes, que era una promesa de campaña. Sin embargo, ese programa que hoy tiene orgulloso al alcalde Daniel Quintero está rodeado de algunos cuestionamientos.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el diputado de Antioquia Luis Peláez denunció que el total de computadores que se dieron a los niños es mucho menor a la cifra que se había prometido.“Hoy vemos una promesa incumplida porque inicialmente en campaña Daniel Quintero prometió cerca de 170.000 computadores para los niños y niñas de Medellín, pero después lo bajó en el plan de desarrollo a cerca de 100.000 computadores. Después hizo una rebaja significativa y terminó contratando solo 70.950 computadores”, afirmó.Peláez aclaró que son solo un préstamo y los estudiantes tendrán que devolverlos en determinado tiempo. En ese sentido, acusó también “manejos irregulares” de recursos en dicha entrega, según dijo, se contrató a influenciadores para hacer una “campaña positiva” sobre el evento.“Vamos a elevar una denuncia en la Contraloría de Antioquia porque aquí también hay recursos del departamento, no solo de la alcaldía. Nos parece incorrecto que se destine irregularmente, porque no solo es la tarima, la luz y los refrigerios, sino que se pagó de manera irregular a algunos influenciadores para difundir contenido positivo de esa entrega que está incompleta”, añadió.A esto se suma que, según él, no se sabe de dónde saldrá el dinero para las pólizas de los computadores que se tienen que renovar, además del dinero para el bodegaje y más protocolos para el mantenimiento de los mismos.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
Colombia continúa en riesgo de racionamiento eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño y del atraso en la construcción de proyectos de generación y transmisión eléctrica en el país, advirtió este jueves la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en un discurso ante las compañías de servicios públicos.Oficialmente el sistema eléctrico del país está operando bajo un estatuto especial para evitar el racionamiento de electricidad y para cuidar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas en medio de la escasez de lluvias."Estamos como en la cuerda floja, yo tengo que decírselos. Este Gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables", aseguró la funcionaria.El Niño en curso, apodado SuperNiño por algunos expertos, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas y ya está llevando a temperaturas récord en varias regiones del país. Por ejemplo, los niveles de los ríos en la región de Antioquia ya están alcanzando bajos niveles que preocupan a las autoridades, y hay 558 municipios con riesgos para el suministro de agua.Aunque la idea del Gobierno es aumentar la generación de energía en plantas térmicas, el sistema todavía no alcanza las metas propuestas.Los riesgos para el sector se acentúan con el hecho de que la energía en firme (es decir, energía que debe ser garantizada por las empresas) está ya un 8,6% por debajo de la demanda en el país, y esa demanda está creciendo con fuerza en lugar de moderarse."La demanda es lo único que nos queda", explicó la ministra.Además, hay poco margen de maniobra ante imprevistos. La importación de gas, que ya es el 30% del consumo nacional, está operando al límite, al igual que la infraestructura de varias compañías. La situación es tan compleja que, según la ministra, un 'tubo' que se dañe podría poner a todo el país en serios aprietos.