La Contraloría de Antioquia reabrirá procesos archivados de contratos firmados por el Área Metropolitana entre 2020 y 2023.
Al parecer, se tendrán en cuenta algunas pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación y aprobadas por un juez en las audiencias por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero.
Mientras se está a la espera que se reanuden las audiencias, siendo el gran protagonista su director Juan David Palacio, la Contraloría de Antioquia confirmó que prontamente reabrirá algunos procesos, luego de que la misma dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá hiciera la solicitud tras tener nuevas pruebas en los mencionados procesos.
Existen actualmente nuevos elementos que fueron aportados por la Fiscalía General de la Nación y aprobados por un juez en medio de las diferentes audiencias que se han hecho en contra de varios señalados de diferentes irregularidades mientras Daniel Quintero era mandatario en la capital de Antioquia.
La directora, Paula Andrea Palacio Salazar, afirmó en Blu Radio que como víctimas en cada uno de los procesos contra la anterior administración, se han llevado a cabo audiencias y actualizaciones para que sean investigados.
“Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la Fiscalía como por los jueces en los procesos para que de acuerdo a las competencias ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren”, aseguró la directora Salazar.
Hay que recordar que, en febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de 18.000 millones de pesos, uno de los casos más sonados del AMVA.
Semanas después de esta situación se conoció la segunda solicitud de principio de oportunidad de uno de los procesados en este escándalo de presunta corrupción para colaborar con la justicia y esclarecer lo ocurrido con supuestas irregularidades y en los que la Fiscalía ha argumentado la posible existencia de manipulación de facturas, cambios de valores, pagos de anticipos en efectivo y posibles acuerdos para favorecer a terceros.
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