La deforestación en Colombia incrementó durante 2025, según el más reciente balance del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam. El país perdió 119.483 hectáreas de bosque natural, lo que representa un aumento del 5,2 % frente a las 113.608 hectáreas registradas en 2024.Pese a ese aumento, el instituto señala que la cifra continúa un 18,1 % por debajo del promedio histórico de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas anuales, y sostiene que Colombia mantiene una tendencia de reducción de la deforestación si se observa el comportamiento de los últimos cinco años.Además, el país sigue cumpliendo la meta de conservar al menos el 50 % de su territorio cubierto por bosques, con una superficie de 58,9 millones de hectáreas, equivalente al 51,6 % del territorio nacional.La Amazonía, donde se concentró el 65 % de la deforestación nacional, con 77.805 hectáreas de bosque perdidas durante 2025, continúa siendo la región más afectada por este fenómeno. Le siguió la región Andina, con 16.395 hectáreas deforestadas.A nivel departamental, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Antioquia concentraron cerca del 71 % de toda la deforestación registrada en el país. Caquetá fue el departamento con mayor pérdida de bosque, al pasar de 25.263 a 30.414 hectáreas, un incremento del 20,4 %.Por su parte, Putumayo registró el mayor aumento porcentual entre los departamentos más afectados, con un crecimiento del 64,6 %. En contraste, Meta redujo la deforestación en un 16,8 %, al pasar de 27.107 a 22.554 hectáreas.El informe también muestra que 567 municipios registraron al menos una hectárea deforestada durante el año, aunque el 69 % de la pérdida de bosque se concentró en apenas 25 municipios. Cartagena del Chairá, en Caquetá, encabeza la lista con 16.983 hectáreas deforestadas, seguido por Mapiripán, San Vicente del Caguán, Calamar y La Macarena.En cuanto a las áreas protegidas, el Ideam reportó una reducción de la deforestación dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Durante 2025 se perdieron 9.388 hectáreas, un 18,7 % menos que en 2024. Sin embargo, la presión continúa concentrándose en parques amazónicos como Sierra de la Macarena, Tinigua y Serranía de Chiribiquete.Entre las principales causas de la deforestación están la praderización para el acaparamiento de tierras, las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal, la extracción ilícita de minerales y algunos fenómenos naturales.Además, el monitoreo encontró que diez Núcleos Activos de Deforestación concentraron el 54 % de toda la pérdida de bosque registrada en el país. Los principales fueron Sabanas del Yarí-Caguán, Llanos del Yarí-Marginal de la Selva y Guaviare.Según el comportamiento registrado por el Ideam, durante 2025 hubo una tendencia general de aceleración de la deforestación en varias regiones del país, especialmente en sectores de Putumayo, Caquetá y Guaviare, mientras que en el sur del Meta se observaron señales de desaceleración. En las regiones Caribe y Pacífico también se registró un aumento del ritmo de pérdida de bosque.
Los informes técnicos que sustentan la investigación de la Fiscalía por una presunta red dedicada a la deforestación de 52 mil hectáreas y al acaparamiento ilegal de tierras en Mapiripán, Meta describen una serie de hallazgos recopilados durante varios años que, según el ente acusador, evidenciarían un patrón de transformación ambiental en una zona de especial importancia ecológica.Entre los señalados aparece el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, empresa que desarrolla un proyecto de palma de aceite en ese municipio desde 2008, por lo que fue recientemente imputado y solicitado una medida de aseguramiento pendiente por decisión el 22 de julio.La Fiscalía sostiene que las labores investigativas permitieron identificar una organización con permanencia en el tiempo y un supuesto acuerdo para desarrollar actividades ilícitas que afectaron los recursos naturales en aproximadamente 52 mil hectáreas y que vincula a más de 10 personas.Uno de los principales soportes del expediente corresponde a un sobrevuelo realizado el 14 de febrero de 2025, en un área de análisis de 918.200 ha, en donde se identificaron varios aspectos que reflejan las dinámicas de los motores de transformación territorial en el sector suroriental del municipio de Mapiripán, Meta, destacándose daños graves en los predios Santa Ana y predios Macondo, vinculados a la red investigada por la Fiscalía.En esos informes, los investigadores concluyen que “como se puede visualizar en las fotografías anteriormente dispuestas, existe una relación entre la pérdida de bosque y la expansión de infraestructura vial en los años en los que se presentó un incremento a la infraestructura vial, se registraron aumentos en el área deforestada”, señalando una coincidencia entre la apertura de vías y el crecimiento de las zonas intervenidas.Los documentos también describen la presencia de economías ilegales en el área analizada. Según uno de los informes, “en el sobrevuelo realizado el pasado 14 de febrero del año 2025 se pudieron evidenciar zonas con presencia de cultivos de uso ilícito”.Los investigadores agregan que “se pudieron evidenciar varios lotes dentro y fuera de los predios de interés con cultivos de coca y campamentos relacionados a la actividad ilegal y que en algunas zonas se alternan con otras actividades como lo son la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma”.La investigación igualmente documenta el crecimiento de los cultivos de palma de aceite en la zona de estudio. En ese sentido, precisa que “entre el periodo 2021 y 2023 los cultivos de Palma de Aceite han pasado de 8.140 ha a 9.345 ha sembradas, lo que significa un incremento del 15% de los lotes sembrados”, indicando además que una parte importante de esas plantaciones se ubica sobre áreas de sabanas naturales.Otro de los indicadores incorporados al expediente corresponde a la expansión de la actividad ganadera. Con base en cifras del ICA, los investigadores señalan que “entre 2016 y 2023, los datos del censo bovino del ICA a nivel municipal en Mapiripán muestran un crecimiento sostenido y significativo, pasando de 65.262 a 162.237 animales, lo que representa un incremento del 148,59%”, comportamiento que la Fiscalía incluye dentro del análisis sobre la transformación del uso del suelo en esa región.Finalmente, los informes técnicos describen evidencia obtenida durante los sobrevuelos sobre trabajos recientes en terrenos intervenidos.En uno de los apartes se indica que “se pudo evidenciar la presencia de una maquinaria amarilla haciendo adecuación y limpieza de la vía en lotes recientemente deforestados al margen del tramo vial”, elemento que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores dentro del proceso que continúa en curso.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, representante legal de Poligrow Colombia S.A.S., al señalarlo como el presunto líder de una organización dedicada al acaparamiento ilegal de tierras baldías, la deforestación y la explotación de recursos naturales en el municipio de Mapiripán, Meta. El empresario fue vinculado a la investigación por los delitos de concierto para delinquir, daños en los recursos naturales y ecocidio, deforestación y fraude procesal en aproximadamente 52 mil hectáreas afectadas.Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que la investigación ubica el presunto actuar de la organización entre los años 2008 y 2026. Según explicó, “el señor Carlos Vigna Taglianti, conocido como empresario italiano, en su calidad de representante legal de la sociedad Poligrow, es el líder de una organización criminal dedicada al acaparamiento de tierras de uso baldío, ejerciendo diferentes actividades como ganadería extensiva y la explotación ilícita de recursos naturales”. Agregó que las conductas investigadas se habrían desarrollado en Mapiripán, donde la empresa adelanta un proyecto de palma de aceite.La Fiscalía señaló que uno de los ejes de la investigación corresponde a la presunta acumulación irregular de predios de origen baldío, superando los límites establecidos para la Unidad Agrícola Familiar (UAF). De acuerdo con la delegada del ente acusador, “la presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la UAF mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”.La fiscal indicó que predios como Macondo y Santa Ana hacen parte de las operaciones analizadas dentro del proceso. En ese sentido, aseguró que “Poligrow no compró grandes extensiones a particulares, sino que adquirió múltiples predios de origen baldío a través de diferentes personas o sociedades, asegurándose de que cada predio no superara ese límite de la UAF”, lo que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría permitido crear un mecanismo de aparente legalidad para concentrar grandes extensiones de tierra. Frente al predio Santa Ana, el ente investigador sostuvo que se trataría de un baldío de la Nación, por lo que cuestionó las actividades desarrolladas en ese terreno. La fiscal afirmó que “el predio Santa Ana es baldío, no puede ser objeto de dominio ni herencia. Luego, la actividad ganadera se realizó sobre bienes de la Nación”, y agregó que la investigación permitió inferir una “ocupación y explotación de bienes baldíos de la Nación, simulación de títulos o derechos inexistentes, desarrollo de actividades agroindustriales sin licenciamiento ambiental, generación de daño ambiental grave, consolidación de control territorial mediante ocupación prolongada e intento de legalización de ocupación por vía de instrumentos informales”.La solicitud que terminará de ser sustentada por la Fiscalía el próximo 22 de julio, hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado relacionado con la deforestación, el acaparamiento de tierras y la afectación de recursos naturales en Mapiripán, proceso en el que también han sido vinculadas más de 10 personas por los mismos hechos, que permanecen en libertad.
La Fiscalía General de la Nación adelanta un operativo para hacer efectivas las órdenes de captura contra 21 personas, entre ellas el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, señalado de liderar una presunta organización dedicada a la deforestación y al acaparamiento ilegal de tierras en el municipio de Mapiripán, Meta.Las órdenes fueron emitidas por un juzgado penal dentro de una investigación por los delitos de deforestación, ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Según el ente acusador, la estructura habría operado durante varios años en una zona de especial importancia ambiental, donde también desarrolla actividades la multinacional Poligrow desde 2008 con un proyecto de palma de aceite.Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía sostuvo que la investigación permitió identificar una organización con permanencia en el tiempo y con un acuerdo común para desarrollar actividades ilícitas que afectaron gravemente el medio ambiente y otros bienes jurídicamente protegidos. En la diligencia se indicó que “se ha obtenido información de presuntos miembros de un grupo delictivo común organizado, con permanencia en el tiempo y mediando acuerdo común, se han concertado para realizar diferentes actividades delincuenciales que atentan contra los bienes jurídicamente baldíos afectando el medio ambiente, seguridad pública y la eficaz y recta impartición de justicia”.La investigación tuvo origen en reportes entregados por el Ideam sobre focos permanentes de quema entre los años 2000 y 2023 en una zona rural de Mapiripán. De acuerdo con la Fiscalía, las labores investigativas abarcaron hechos ocurridos entre 2007 y 2026 y permitieron establecer un presunto acaparamiento de predios ubicados en sectores conocidos como Rincón del Indio y Sabana de San Ignacio.Según el ente acusador, esos terrenos corresponden a baldíos de la Nación con restricciones ambientales y hacen parte de núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad incluidos en las estrategias oficiales de contención de la deforestación. En audiencia preliminares se afirmó que “dichos predios se encuentran con restricciones ambientales, son pertenecientes a la Nación, son predios baldíos y hacen parte de los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad”.Entre febrero y marzo de 2026, funcionarios de la Fiscalía realizaron inspecciones en la zona para recaudar elementos probatorios. La hipótesis de la investigación señala que Carlos Vigna Taglianti y las demás personas vinculadas habrían participado entre 2008 y 2026 en la deforestación de miles de hectáreas de bosque cercanas a parques naturales, acciones que además habrían facilitado la construcción de kilómetros de vías ilegales.Durante la sustentación del caso, la fiscal aseguró que la investigación “tiene su origen en tala, destrucción, que se relacionan directamente a la deforestación a gran escala que se evidencia en el municipio de Mapiripán”, y agregó que “hay un acaparamiento de tierras, hay construcción de infraestructura ilegal en predios baldíos que vienen siendo deforestados por años para ejecutar actividades económicas, como cultivos de palma africana sin respectivos permisos ni licenciamientos en área extensiva, diferentes actividades de silvicultura, lo que genera un daño masivo y destrucción generalizada”.En desarrollo de los operativos, las autoridades buscan ejecutar las órdenes de captura expedidas en mayo contra el empresario italiano, Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez, Jorge Ivan Duque, destituido exalcalde de Mapiripán, Leonardo Alexis Rondón Sáenz,Liliana Edith Bustos Méndez,Carlos Eduardo Acosta Lozano, Inés Rosé Christine Watson, Mario Enrique Ibáñez Ramírez,Eiby Lucía Rodríguez Lara,John Humberto Rodríguez, Jorge Avendaño Rodríguez,Diosinio González Tascón, entre otros.
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que establece instrumentos para garantizar una cadena productiva de ganado sostenible y libre de deforestación. Ahora, la iniciativa queda a la espera de la sanción por parte del presidente Gustavo Petro para convertirse oficialmente en ley de la República.La nueva normativa busca atacar uno de los principales motores de la deforestación en el país, que es la ganadería extensiva. Para ello, plantea la interoperabilidad de sistemas de información del Estado, como los de trazabilidad animal, catastro y monitoreo ambiental, con el fin de identificar el origen del ganado y asegurar que no provenga de zonas deforestadas.Además de la trazabilidad, la ley incorpora medidas para aumentar la transparencia en toda la cadena productiva, de modo que tanto el origen del ganado como de la carne pueda ser verificado por autoridades y consumidores. También incluye lineamientos orientados a mejorar el bienestar animal y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector ganadero.Durante el evento de celebración en el Congreso, el embajador británico en Colombia, George Hodgson, destacó el alcance de la ley y su impacto para los consumidores. “A través de la implementación, los consumidores colombianos pueden tener confianza en que la carne que consumen viene de fincas libres de deforestación”, afirmó Hodgson. Desde esta embajada se han fortalecido rutas de trabajo en varios frentes, en medio de la lucha contra la deforestación en el país.Uno de los ejes centrales de la norma es la integración de plataformas como el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (Sinigan), el Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (Sniita), sistemas de monitoreo satelital del Ideam y bases de información catastral y de propiedad. Esta articulación permitirá priorizar el control en los llamados Núcleos Activos de Deforestación, donde se concentra la mayor presión sobre los bosques.El representante a la Cámara Juan Carlos Losada, uno de los impulsores del proyecto de ley, explicó que el corazón de la ley está justamente en esa articulación de datos. “Vuelve interoperables los sistemas de información que ya tiene el Estado colombiano para garantizar que la carne que se consume no provenga de áreas deforestadas”, afirmó.Desde la embajada británica destacaron la importancia de trabajar con las comunidades locales para lograr la sostenibilidad de esta iniciativa, especialmente con la apertura de nuevas oportunidades para ellos, con lo que también coincidieron Losada y Miranda. Desde sus diferentes frentes coinciden en que el cuidado del medio ambiente, de las fuentes hídricas y de los bosques les aseguran la sostenibilidad del negocio a los locales, para el futuro.“Debemos agradecerle a los gremios ganaderos que se sumaron a esta iniciativa con mucho entusiasmo, porque es evidente que la ganadería que destruye la selva también es un problema reputacional para aquellos ganaderos que lo hacen bien en nuestro país”, explicó Losada.En el evento de celebración, que se realizó el martes 5 de mayo en el Salón Elíptico de la Cámara de representantes, en donde se distribuyeron hamburguesas con carne libre de deforestación, estuvo el director de la organización GANSO (Ganaderia Sostenible), Juan Pablo Castro. Justamente este es el sello apoyado por el Reino Unido para garantizar una ganadería sostenible.“GANSO también hace un monitoreo en todas las fincas que trabaja, utilizando el Global Forest Watch Pro. Además tiene datos históricos de deforestación en todas las fincas participantes. Entonces sabemos exactamente qué ha pasado en todas las fincas que están avaladas con GANSO”, agregó Castro.La norma también establece obligaciones para los actores de la cadena cárnica. Cuando la ley sea sancionada, en un plazo máximo de dos años, plantas de beneficio, subastas ganaderas y exportadores deberán implementar políticas de debida diligencia y buenas prácticas que garanticen que su proveeduría esté libre de deforestación.Por su parte, la representante Julia Miranda, quien también ha estado al frente del proyecto de ley, hizo un llamado contundente al Gobierno para avanzar en la implementación. “La ley quedó muy bien hecha pero depende de la voluntad política ponerla en práctica”, concluyó.
Un grave daño ambiental fue denunciado en el municipio de Beltrán, Cundinamarca, donde autoridades confirmaron la tala de 182 árboles nativos en una zona de bosque seco tropical. La intervención dejó como resultado la destrucción de aproximadamente 11.000 metros cuadrados de este ecosistema considerado uno de los más amenazados del país.El operativo fue realizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el apoyo de la Policía Nacional, en la vereda Guacharacas. Durante la diligencia, los funcionarios evidenciaron la tala y posterior quema a cielo abierto de varias especies nativas, que estaban siendo utilizadas para la producción de carbón vegetal.De acuerdo con la CAR, algunos de los árboles talados ya contaban con gran tamaño y grosor, y fueron cortados en trozas para facilitar su combustión. La actividad, además de afectar la flora nativa, generó contaminación del aire y pérdida significativa de cobertura vegetal.El director regional de la CAR Magdalena Centro, Juan Carlos Escobar, advirtió que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados del país, al punto de que actualmente solo queda cerca del 8 % de su cobertura original. Además, explicó que Cundinamarca alberga aproximadamente el 3 % de este ecosistema a nivel nacional, lo que aumenta la importancia de su conservación.El funcionario destacó que este tipo de bosque cumple funciones clave como la captura de carbono, el control de la erosión y el hábitat de más de 200.000 especies de flora y fauna, por lo que su destrucción pone en riesgo la biodiversidad, la seguridad hídrica y la fertilidad de los suelos.Durante el operativo, la Policía Nacional capturó a tres personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Entre tanto, la CAR avanza en la definición de las medidas administrativas y sancionatorias correspondientes.Finalmente, la entidad ambiental reiteró su compromiso con la protección de los ecosistemas vulnerables y aseguró que continuará adelantando acciones de control y vigilancia para prevenir nuevos daños ambientales en la región.
Ya no hay más dónde deforestar en amplias zonas de la Amazonía colombiana. Tras años de tala, quema de bosque y expansión de actividades productivas, grandes extensiones del territorio han sido transformadas, lo que explica en parte la reducción reciente en las cifras anuales de deforestación.Así se evidenció durante un sobrevuelo que realizamos cerca de siete horas a 2.500 pies de altura, realizado sobre distintos sectores de la región amazónica, donde se observaron extensas áreas convertidas en potreros y terrenos intervenidos. El recorrido permitió identificar grandes vacíos de bosque en zonas que antes estaban cubiertas por selva.Datos recopilados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) muestran que uno de los factores asociados a esta transformación es el crecimiento del hato ganadero en municipios del llamado arco de deforestación. Entre 2018 y 2024, el número de animales aumentó de forma considerable en varias zonas.En el municipio de La Macarena el hato ganadero pasó de 84.893 a 289.069 animales, un incremento de 204.176 cabezas. En Cartagena del Chairá el aumento fue de 287.895 animales, al pasar de 160.465 a 448.360. En San Vicente del Caguán el crecimiento fue de 267.530 cabezas, alcanzando un total de 955.534 animales.Solo durante 2023, la venta de ganado en estos tres municipios se estimó en 428 millones de dólares, cerca de 1,75 billones de pesos. Según el informe, La Macarena es uno de los territorios más golpeados por la deforestación en Colombia.La investigación también señala que la pérdida de bosque está relacionada con un contexto complejo de gobernabilidad territorial. En varias zonas confluyen la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y procesos de apropiación irregular de tierras que limitan la acción institucional y facilitan la transformación del territorio.A este escenario se suman actividades económicas desarrolladas dentro del marco legal que también han incidido en el cambio del uso del suelo. De acuerdo con el análisis, algunos incentivos definidos en políticas públicas, junto con inversiones estatales orientadas a usos no forestales y la baja presencia del Estado en áreas rurales, han contribuido a acelerar la transformación de ecosistemas amazónicos.Las consecuencias ambientales incluyen el aumento de emisiones de dióxido de carbono, la degradación de suelos, la reducción de la capacidad de regulación hídrica, la contaminación de aguas superficiales y la fragmentación de ecosistemas que afectan la conectividad ecológica de la región.El informe también advierte un crecimiento de los cultivos de coca en la Amazonía. De acuerdo con el monitoreo de UNODC-SIMCI, en 2023 Colombia registró 252.571 hectáreas sembradas con coca, de las cuales el 25,6 % se encontraba en esta región, equivalente a 64.532 hectáreas.El departamento de Putumayo concentró cerca del 20 % de los cultivos a nivel nacional con 50.342 hectáreas, lo que representa el 78 % del total en la Amazonía. Guaviare y Meta también registraron presencia de estos cultivos con 4.970 y 2.164 hectáreas, respectivamente.En los municipios del arco noroccidental amazónico la superficie sembrada con coca pasó de 7.147 hectáreas en 2019 a 13.500 en 2023, lo que representa un aumento del 88,9 %. Los mayores incrementos se registraron en Mapiripán, Solano, Puerto Concordia y Puerto Leguízamo.Durante sobrevuelos realizados en 2025, la FCDS también identificó nuevos cultivos de coca en zonas como las sabanas del Yarí, el norte del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Calamar, El Retorno y Miraflores, en áreas donde también se ha registrado pérdida reciente de bosque.El director de la FCDS, Rodrigo Botero, señaló que durante los recorridos aéreos se pudo observar cómo se está formando un vacío cada vez mayor de bosque entre la planicie amazónica y la cordillera de los Andes, lo que afecta procesos ambientales clave como el ciclo del agua.Según explicó, la deforestación acumulada continúa creciendo debido a la limitada capacidad de recuperar bosques y tierras públicas, por lo que la situación debe analizarse no solo como un problema ambiental, sino también como un desafío de Estado frente a la gobernanza y protección de la Amazonía.
La Amazonía colombiana presentó una reducción del 25 % en la deforestación estimada durante los primeros nueve meses de 2025, según datos consolidados entre enero y septiembre. En ese periodo, la pérdida de cobertura boscosa pasó de cerca de 48.500 hectáreas registradas en 2024 a aproximadamente 36.280 hectáreas en 2025, lo que evidencia un descenso sostenido en comparación con el año anterior.De acuerdo con la información oficial, este comportamiento está asociado a la articulación entre el Gobierno nacional y las comunidades locales, mediante acciones orientadas a la restauración ecológica, la implementación de acuerdos voluntarios de conservación, el fortalecimiento de cadenas productivas sostenibles y el manejo forestal en distintos territorios amazónicos. Estas estrategias buscan reducir la presión sobre los bosques y promover alternativas económicas compatibles con la conservación ambiental.No obstante, los reportes advierten que persisten focos de alerta temprana en el arco noroccidental de la Amazonía, donde se concentran los principales núcleos de deforestación. Los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo continúan siendo las zonas con mayor atención por parte de las autoridades ambientales, debido a la recurrencia de eventos asociados a la pérdida de cobertura forestal.Las entidades encargadas del monitoreo señalaron que, aunque la tendencia general muestra una disminución, el seguimiento permanente y la continuidad de las acciones territoriales siguen siendo necesarios para mantener los resultados y atender las áreas donde se presentan mayores riesgos.
La campaña ambiental que promueve la Gobernación de Santander denominada “Reverdece Santander: Árboles para el Futuro”busca fortalecer la reforestación en el departamento, por lo que están haciendo un llamado a ciudadanos y empresarios a la recuperación de los ecosistemas con la donación de árboles.Según informó la Secretaría Ambiental, la administración departamental está invitando especialmente al sector empresarial a vincularse mediante la donación de especies. La campaña también está abierta para ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades públicas interesadas en aportar a la restauración de áreas degradadas.“Queremos avanzar hacia una gestión ambiental compartida. La invitación es a que se sumen con la donación de árboles para seguir construyendo un Santander más sostenible”, señaló el secretario Ambiental, Miguel Ángel Castañeda Acosta.Quienes deseen participar deben enviar una Carta de Compromiso Ambiental al correo de la Secretaría: secretariadeambiente@santander.gov.co. Las siembras, explicó Castañeda, se realizarán con acompañamiento técnico y logístico para garantizar que los árboles se establezcan adecuadamente.La Gobernación destacó que esta campaña se suma a los esfuerzos que se adelantan desde el inicio del actual Plan de Desarrollo. Entre 2024 y 2027 se han sembrado 150.000 árboles en diferentes jornadas ciudadanas y proyectos institucionales, además de 20.000 adicionales en Cimitarra y La Paz a través de un programa de sistemas silvopastoriles.Con la nueva convocatoria, la administración busca ampliar las áreas restauradas y promover una mayor participación de la comunidad en las acciones de cuidado ambiental del departamento.
La Gobernación de Santander avanza en la construcción de dos viveros departamentales con los que busca fortalecer los procesos de reforestación y recuperar las zonas afectadas por la deforestación en el departamento. Así lo confirmó Miguel Ángel Castañeda Acosta, secretario de Ambiente de Santander.Uno de los viveros se levanta en el corregimiento de Berlín, en Tona, en un área de una hectárea donde se cultivarán exclusivamente frailejones para la restauración de los páramos de Santurbán y Almorzadero. El otro se construye en el sector de Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y tendrá dos hectáreas destinadas a la producción de especies nativas como guayacanes, cedro y búcaro, dirigidas a la recuperación de bosques medio y alto andinos.Castañeda explicó que ambos viveros entrarán en funcionamiento en febrero de 2026 y que su construcción tuvo una inversión de $225 millones. Agregó que el proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades ambientales y del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que también produce frailejones y aporta asesoría técnica en la recolección de semillas, un proceso complejo debido al lento crecimiento de esta especie.El secretario resaltó que estas acciones buscan revertir la tendencia de deforestación que reflejan las imágenes satelitales del polígono nacional, donde Santander aún aparece con amplias zonas degradadas. “Queremos que el departamento vuelva a verse verde. Esto toma tiempo, unos tres años para que los árboles crezcan y sean visibles desde el satélite”, señaló.Además del desarrollo de los viveros, la Secretaría de Ambiente adelanta una campaña de embellecimiento y reforestación en los municipios del departamento, que ya ha permitido sembrar 16.000 árboles en 16 localidades, entre ellas Lebrija, Suratá y Barrancabermeja. La meta es intervenir parques principales y puntos críticos para mejorar el entorno urbano y natural.Castañeda hizo un llamado a la ciudadanía, empresas y academia para sumarse a estos esfuerzos: “Reforestar cuesta dinero, mucho dinero. El departamento hace lo que puede, pero necesitamos del concurso de todos para recuperar nuestros ecosistemas”.
Nequi se ha convertido en una de las plataformas financieras más usadas por los colombianos, y es que ha permitido que miles de personas y comercios puedan digitalizar su economía, realizando pagos, compras y transferencias desde su celular.Con cerca de 10 años desde que la plataforma apareció, ha generado cambios en la economía de miles de personas en el país, por lo que cualquier cambio o afectación que sufra la aplicación hace que gran parte de los colombianos deban ajustarse a estos.Ante ello, la plataforma confirmó que sus servicios dejarían de funcionar por un corto periodo de tiempo. ¿Nequi no funcionará el 31 de agosto? ¿Qué pasó?Ante la importancia que tiene Nequi en el día a día de los colombianos, cualquier caída, suspensión por mantenimiento o actualización genera alerta entre los usuarios. Debido a ello, Nequi suele informar con anticipación para evitar afectaciones de gran impacto.Debido a ello, la aplicación señaló que el servicio sería suspendido entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre de 2026, por lo que algunos de los servicios de Nequi no estarán disponibles temporalmente.Si bien la plataforma no ha confirmado el horario, sí ha señalado que algunos servicios se verán afectados.Por lo tanto, la plataforma recomienda que, si debe hacer compras, pagar servicios o realizar cualquier otra operación por PSE, lo mejor es hacerlo con anticipación o una vez finalice el mantenimiento.
Se agrava la situación de orden público en el Norte antioqueño luego de que las autoridades confirmaran que cuatro militares resultaron heridos luego de caer en un campo minado en zona rural del municipio de Briceño.La situación se reportó en la vereda El Roblal y, según las primeras hipótesis, los artefactos explosivos habrían sido instalados por el Clan del Golfo, en búsqueda de atacar a la Fuerza Pública, como terminó sucediendo.Las autoridades a nivel departamental confirmaron que los cuatro heridos fueron atendidos en el lugar y posteriormente fueron trasladados; no obstante, dos de los uniformados del Ejército Nacional habrían quedado en grave estado de salud.A la espera del pronóstico de los militares y de que se determine con exactitud quién está detrás del ataque terrorista, hay que mencionar que el Norte antioqueño atraviesa por un momento complicado tras el desplazamiento de cerca de 100 familias en el vecino municipio de Ituango.De momento, se busca determinar si ambos hechos tienen relación, ya que versiones preliminares han indicado que el desplazamiento masivo habría sido provocado por intimidaciones del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
A 27 años del terremoto que devastó buena parte del Eje Cafetero, Everardo Murillo Sánchez, exgerente del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), vuelve sobre una experiencia que marcó la manera de enfrentar los grandes desastres naturales en Colombia. En entrevista en Sala de Prensa, Murillo defendió las decisiones adoptadas tras el sismo de 1999 y planteó que la emergencia actual debe dejar nuevas lecciones, especialmente en materia de prevención, vivienda y acompañamiento social.Murillo recordó que el Forec nació como una respuesta extraordinaria ante una tragedia que golpeó una región fundamental para la economía nacional. La entidad fue creada como un fondo público adscrito a la Presidencia de la República, con una estructura que combinó al Estado y al sector privado. Su sede se estableció en Armenia y, según Murillo, él fue “el único funcionario público” de la estructura creada para dirigir el proceso.La primera prioridad, explicó, fue respaldar a los alcaldes y gobernadores que estaban atendiendo la emergencia. “Lo primero que se hizo fue cómo reponer esos recursos a los municipios”, señaló, con el propósito de que las administraciones locales pudieran continuar atendiendo a la población mientras sus economías sufrían las consecuencias del desastre.Pero una de las principales lecciones del Forec fue entender que la emergencia, la recuperación y la reconstrucción no podían tratarse como etapas aisladas. “Todo es paralelo”, afirmó Murillo. Mientras se recogían escombros y se atendían las necesidades inmediatas, también se diseñaban soluciones de vivienda, subsidios, generación de empleo y las bases para una reconstrucción segura.En ese proceso, la participación comunitaria fue fundamental. El Forec descentralizó su operación y creó gerencias zonales para acercar las decisiones a los damnificados. La idea, según Murillo, era evitar que una persona afectada tuviera que desplazarse hasta el centro de Armenia para resolver sus necesidades. Así surgió, en su concepto, una nueva forma de ejercer una “gobernanza público-privada” frente a un desastre.La reconstrucción física también estuvo acompañada de decisiones de largo plazo. Murillo destacó tres medidas: fortalecer los planes de ordenamiento territorial, exigir normas de construcción sismorresistente y realizar estudios de microzonificación sísmica. “Esos tres elementos fueron muy poderosos”, sostuvo.A su juicio, parte de la explicación de la menor afectación reciente del Quindío está precisamente en aquellas decisiones. Aunque reconoció que hubo daños que deben ser reparados o reforzados, insistió en enviar un mensaje a los habitantes y visitantes: “Por favor, el Quindío está vivo”. Para Murillo, recuperar la economía también forma parte de la respuesta al desastre: “Vuelvan a los parques. Necesitamos que regresen porque la economía tiene que seguir y hay gente que vive de esto”.Frente a la gestión del Gobierno actual, Murillo valoró la presencia del presidente y la declaratoria de emergencia económica, aunque advirtió que el verdadero desafío estará en la implementación. La escala del desastre actual, dijo, es mucho mayor que la que enfrentó el Forec: aquella operación abarcó tres departamentos y 27 municipios, mientras la actual emergencia tiene un alcance mucho más amplio.Sin embargo, su principal advertencia no está relacionada únicamente con la infraestructura. Murillo considera que Colombia debe avanzar en lo que denominó “ingeniería social”. El terremoto reciente, explicó, dejó damnificados de sectores de ingresos medios que también necesitan acompañamiento para reconstruir su patrimonio y recuperar su proyecto de vida.“Este proceso le falta mucho aprendizaje en ingeniería social, porque hemos avanzado muchísimo en ingeniería de obras públicas”, afirmó.Para el exgerente del Forec, esa debe ser una de las grandes lecciones de la emergencia: reconstruir no significa únicamente levantar edificios. Significa también recuperar hogares, empleos, confianza y estabilidad. En otras palabras, después de un terremoto, el verdadero reto no termina cuando desaparecen los escombros: comienza cuando las familias intentan volver a vivir.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lidera en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla un consejo de seguridad con los alcaldes del Área Metropolitana de Barranquilla, debido a la crisis de inseguridad que los aqueja.A las 10 de la mañana comenzó en la Escuela de Suboficiales ARC Barranquilla, en la Vía 40 con calle 58, el encuentro con los mandatarios locales, al que también asisten, entre otros, el ministro de Defensa, Jorge Mora; el alcalde de la ciudad, Alejandro Char; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y altos mandos de la Policía y el Ejército Nacional.El motivo de la reunión es crear un plan de choque contra los fenómenos criminales como la extorsión y el sicariato que afectan a la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, que conforman el Área Metropolitana. Según cifras de Medicina Legal, a la fecha se registran 842 asesinatos en todo el departamento del Atlántico, de los cuales Barranquilla contabiliza 454 casos (el 53 %), Soledad 231, Malambo 68, Puerto Colombia 17 y Galapa 11 casos.En total, se han cometido 781 homicidios hasta este domingo en Barranquilla y su Área Metropolitana, es decir, un 7,7 % de todos los asesinatos registrados en 2025.Hay que recordar que en esta parte del Caribe hay presencia de grupos criminales como Los Pepes, El Clan del Golfo, Los Costeños y La Nueva Generación: El Freseo.Estos dos últimos libran una guerra por el territorio y las rentas criminales que ha dejado decenas de muertes, entre esas la masacre perpetrada presuntamente por Los Costeños, que ocurrió el pasado 20 de agosto en el barrio Las Nieves y que dejó 3 personas muertas, entre ellos 2 menores de edad, al parecer con vínculos con La Nueva Generación: el Freseo.
La ausencia de Nairo Quintana en la Vuelta a España 2026, luego de que se hablara de que iba a asistir, generó sorpresa entre los aficionados, especialmente cuando el colombiano mencionó que sería en esta competencia donde se despediría del deporte. Sin embargo, el Movistar Team dio a conocer que la decisión de no incluirlo se debió a temas deportivos y no a un cambio en la relación con el corredor.Eusebio Unzué, director del equipo español, reconoció que la situación también fue compleja para la estructura del equipo y afirmó que buscarán otro momento para rendirle un homenaje al ciclista boyacense.¿Por qué Nairo Quintana no corre la Vuelta?Unzué explicó para medios españoles que el equipo tuvo que priorizar sus objetivos deportivos para conformar la nómina de la carrera. La planificación también estuvo condicionada por decisiones anteriores relacionadas con otros corredores.El director del Movistar reveló que la Vuelta era un escenario adecuado para despedir a Nairo, pero que finalmente tuvieron que tomar otra decisión.“Decirle que no a Nairo fue a mí el primero que me dolió”, afirmó Unzué, quien recordó la relación que mantiene con el colombiano y su importancia en la historia del equipo.El dirigente destacó que Quintana es:Una leyenda del Movistar.Un amigo para Unzué.Un corredor cuya aportación fue importante durante años.Por eso, aunque el ciclista no estará en la Vuelta, el equipo mantiene la intención de preparar una despedida que esté a la altura de su trayectoria.¿Cuándo será la despedida de Nairo Quintana?La ausencia del colombiano en la Vuelta cambia el panorama para la culminación de la carrera profesional de Nairo Quintana. De hecho, el mismo ciclista confirmó que su última competencia sería el Mundial de Ruta de Canadá, que se disputará en Montreal entre el 20 y 27 de septiembre.En esa competencia, Quintana representará a la Selección Colombia de ciclismo, por lo que será la última oportunidad para verlo competir como profesional.El Mundial aparece así como el punto final de una trayectoria que tuvo la Vuelta como uno de sus escenarios más importantes. Sin embargo, Unzué dejó abierta la posibilidad de realizar posteriormente un acto especial para despedir al colombiano.¿Qué espera Movistar de la Vuelta 2026?Mientras Quintana queda por fuera de la nómina, el Movistar afronta la carrera con otros objetivos. La estructura española buscará pelear por la clasificación general con Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, además de intentar conseguir una victoria de etapa.El equipo no gana una etapa de la Vuelta desde 2021 y llega con la intención de terminar esa racha. Unzué también reconoció que el nivel del pelotón es alto y que Tadej Pogačar aparece como una referencia difícil de superar.La carrera también representa una oportunidad para que el Movistar cierre la temporada con un resultado que compense el trabajo realizado durante el Giro y el Tour.