La deforestación en Colombia incrementó durante 2025, según el más reciente balance del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam. El país perdió 119.483 hectáreas de bosque natural, lo que representa un aumento del 5,2 % frente a las 113.608 hectáreas registradas en 2024.Pese a ese aumento, el instituto señala que la cifra continúa un 18,1 % por debajo del promedio histórico de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas anuales, y sostiene que Colombia mantiene una tendencia de reducción de la deforestación si se observa el comportamiento de los últimos cinco años.Además, el país sigue cumpliendo la meta de conservar al menos el 50 % de su territorio cubierto por bosques, con una superficie de 58,9 millones de hectáreas, equivalente al 51,6 % del territorio nacional.La Amazonía, donde se concentró el 65 % de la deforestación nacional, con 77.805 hectáreas de bosque perdidas durante 2025, continúa siendo la región más afectada por este fenómeno. Le siguió la región Andina, con 16.395 hectáreas deforestadas.A nivel departamental, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Antioquia concentraron cerca del 71 % de toda la deforestación registrada en el país. Caquetá fue el departamento con mayor pérdida de bosque, al pasar de 25.263 a 30.414 hectáreas, un incremento del 20,4 %.Por su parte, Putumayo registró el mayor aumento porcentual entre los departamentos más afectados, con un crecimiento del 64,6 %. En contraste, Meta redujo la deforestación en un 16,8 %, al pasar de 27.107 a 22.554 hectáreas.El informe también muestra que 567 municipios registraron al menos una hectárea deforestada durante el año, aunque el 69 % de la pérdida de bosque se concentró en apenas 25 municipios. Cartagena del Chairá, en Caquetá, encabeza la lista con 16.983 hectáreas deforestadas, seguido por Mapiripán, San Vicente del Caguán, Calamar y La Macarena.En cuanto a las áreas protegidas, el Ideam reportó una reducción de la deforestación dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Durante 2025 se perdieron 9.388 hectáreas, un 18,7 % menos que en 2024. Sin embargo, la presión continúa concentrándose en parques amazónicos como Sierra de la Macarena, Tinigua y Serranía de Chiribiquete.Entre las principales causas de la deforestación están la praderización para el acaparamiento de tierras, las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal, la extracción ilícita de minerales y algunos fenómenos naturales.Además, el monitoreo encontró que diez Núcleos Activos de Deforestación concentraron el 54 % de toda la pérdida de bosque registrada en el país. Los principales fueron Sabanas del Yarí-Caguán, Llanos del Yarí-Marginal de la Selva y Guaviare.Según el comportamiento registrado por el Ideam, durante 2025 hubo una tendencia general de aceleración de la deforestación en varias regiones del país, especialmente en sectores de Putumayo, Caquetá y Guaviare, mientras que en el sur del Meta se observaron señales de desaceleración. En las regiones Caribe y Pacífico también se registró un aumento del ritmo de pérdida de bosque.
Los informes técnicos que sustentan la investigación de la Fiscalía por una presunta red dedicada a la deforestación de 52 mil hectáreas y al acaparamiento ilegal de tierras en Mapiripán, Meta describen una serie de hallazgos recopilados durante varios años que, según el ente acusador, evidenciarían un patrón de transformación ambiental en una zona de especial importancia ecológica.Entre los señalados aparece el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, empresa que desarrolla un proyecto de palma de aceite en ese municipio desde 2008, por lo que fue recientemente imputado y solicitado una medida de aseguramiento pendiente por decisión el 22 de julio.La Fiscalía sostiene que las labores investigativas permitieron identificar una organización con permanencia en el tiempo y un supuesto acuerdo para desarrollar actividades ilícitas que afectaron los recursos naturales en aproximadamente 52 mil hectáreas y que vincula a más de 10 personas.Uno de los principales soportes del expediente corresponde a un sobrevuelo realizado el 14 de febrero de 2025, en un área de análisis de 918.200 ha, en donde se identificaron varios aspectos que reflejan las dinámicas de los motores de transformación territorial en el sector suroriental del municipio de Mapiripán, Meta, destacándose daños graves en los predios Santa Ana y predios Macondo, vinculados a la red investigada por la Fiscalía.En esos informes, los investigadores concluyen que “como se puede visualizar en las fotografías anteriormente dispuestas, existe una relación entre la pérdida de bosque y la expansión de infraestructura vial en los años en los que se presentó un incremento a la infraestructura vial, se registraron aumentos en el área deforestada”, señalando una coincidencia entre la apertura de vías y el crecimiento de las zonas intervenidas.Los documentos también describen la presencia de economías ilegales en el área analizada. Según uno de los informes, “en el sobrevuelo realizado el pasado 14 de febrero del año 2025 se pudieron evidenciar zonas con presencia de cultivos de uso ilícito”.Los investigadores agregan que “se pudieron evidenciar varios lotes dentro y fuera de los predios de interés con cultivos de coca y campamentos relacionados a la actividad ilegal y que en algunas zonas se alternan con otras actividades como lo son la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma”.La investigación igualmente documenta el crecimiento de los cultivos de palma de aceite en la zona de estudio. En ese sentido, precisa que “entre el periodo 2021 y 2023 los cultivos de Palma de Aceite han pasado de 8.140 ha a 9.345 ha sembradas, lo que significa un incremento del 15% de los lotes sembrados”, indicando además que una parte importante de esas plantaciones se ubica sobre áreas de sabanas naturales.Otro de los indicadores incorporados al expediente corresponde a la expansión de la actividad ganadera. Con base en cifras del ICA, los investigadores señalan que “entre 2016 y 2023, los datos del censo bovino del ICA a nivel municipal en Mapiripán muestran un crecimiento sostenido y significativo, pasando de 65.262 a 162.237 animales, lo que representa un incremento del 148,59%”, comportamiento que la Fiscalía incluye dentro del análisis sobre la transformación del uso del suelo en esa región.Finalmente, los informes técnicos describen evidencia obtenida durante los sobrevuelos sobre trabajos recientes en terrenos intervenidos.En uno de los apartes se indica que “se pudo evidenciar la presencia de una maquinaria amarilla haciendo adecuación y limpieza de la vía en lotes recientemente deforestados al margen del tramo vial”, elemento que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores dentro del proceso que continúa en curso.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, representante legal de Poligrow Colombia S.A.S., al señalarlo como el presunto líder de una organización dedicada al acaparamiento ilegal de tierras baldías, la deforestación y la explotación de recursos naturales en el municipio de Mapiripán, Meta. El empresario fue vinculado a la investigación por los delitos de concierto para delinquir, daños en los recursos naturales y ecocidio, deforestación y fraude procesal en aproximadamente 52 mil hectáreas afectadas.Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que la investigación ubica el presunto actuar de la organización entre los años 2008 y 2026. Según explicó, “el señor Carlos Vigna Taglianti, conocido como empresario italiano, en su calidad de representante legal de la sociedad Poligrow, es el líder de una organización criminal dedicada al acaparamiento de tierras de uso baldío, ejerciendo diferentes actividades como ganadería extensiva y la explotación ilícita de recursos naturales”. Agregó que las conductas investigadas se habrían desarrollado en Mapiripán, donde la empresa adelanta un proyecto de palma de aceite.La Fiscalía señaló que uno de los ejes de la investigación corresponde a la presunta acumulación irregular de predios de origen baldío, superando los límites establecidos para la Unidad Agrícola Familiar (UAF). De acuerdo con la delegada del ente acusador, “la presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la UAF mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”.La fiscal indicó que predios como Macondo y Santa Ana hacen parte de las operaciones analizadas dentro del proceso. En ese sentido, aseguró que “Poligrow no compró grandes extensiones a particulares, sino que adquirió múltiples predios de origen baldío a través de diferentes personas o sociedades, asegurándose de que cada predio no superara ese límite de la UAF”, lo que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría permitido crear un mecanismo de aparente legalidad para concentrar grandes extensiones de tierra. Frente al predio Santa Ana, el ente investigador sostuvo que se trataría de un baldío de la Nación, por lo que cuestionó las actividades desarrolladas en ese terreno. La fiscal afirmó que “el predio Santa Ana es baldío, no puede ser objeto de dominio ni herencia. Luego, la actividad ganadera se realizó sobre bienes de la Nación”, y agregó que la investigación permitió inferir una “ocupación y explotación de bienes baldíos de la Nación, simulación de títulos o derechos inexistentes, desarrollo de actividades agroindustriales sin licenciamiento ambiental, generación de daño ambiental grave, consolidación de control territorial mediante ocupación prolongada e intento de legalización de ocupación por vía de instrumentos informales”.La solicitud que terminará de ser sustentada por la Fiscalía el próximo 22 de julio, hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado relacionado con la deforestación, el acaparamiento de tierras y la afectación de recursos naturales en Mapiripán, proceso en el que también han sido vinculadas más de 10 personas por los mismos hechos, que permanecen en libertad.
La Fiscalía General de la Nación adelanta un operativo para hacer efectivas las órdenes de captura contra 21 personas, entre ellas el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, señalado de liderar una presunta organización dedicada a la deforestación y al acaparamiento ilegal de tierras en el municipio de Mapiripán, Meta.Las órdenes fueron emitidas por un juzgado penal dentro de una investigación por los delitos de deforestación, ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Según el ente acusador, la estructura habría operado durante varios años en una zona de especial importancia ambiental, donde también desarrolla actividades la multinacional Poligrow desde 2008 con un proyecto de palma de aceite.Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía sostuvo que la investigación permitió identificar una organización con permanencia en el tiempo y con un acuerdo común para desarrollar actividades ilícitas que afectaron gravemente el medio ambiente y otros bienes jurídicamente protegidos. En la diligencia se indicó que “se ha obtenido información de presuntos miembros de un grupo delictivo común organizado, con permanencia en el tiempo y mediando acuerdo común, se han concertado para realizar diferentes actividades delincuenciales que atentan contra los bienes jurídicamente baldíos afectando el medio ambiente, seguridad pública y la eficaz y recta impartición de justicia”.La investigación tuvo origen en reportes entregados por el Ideam sobre focos permanentes de quema entre los años 2000 y 2023 en una zona rural de Mapiripán. De acuerdo con la Fiscalía, las labores investigativas abarcaron hechos ocurridos entre 2007 y 2026 y permitieron establecer un presunto acaparamiento de predios ubicados en sectores conocidos como Rincón del Indio y Sabana de San Ignacio.Según el ente acusador, esos terrenos corresponden a baldíos de la Nación con restricciones ambientales y hacen parte de núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad incluidos en las estrategias oficiales de contención de la deforestación. En audiencia preliminares se afirmó que “dichos predios se encuentran con restricciones ambientales, son pertenecientes a la Nación, son predios baldíos y hacen parte de los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad”.Entre febrero y marzo de 2026, funcionarios de la Fiscalía realizaron inspecciones en la zona para recaudar elementos probatorios. La hipótesis de la investigación señala que Carlos Vigna Taglianti y las demás personas vinculadas habrían participado entre 2008 y 2026 en la deforestación de miles de hectáreas de bosque cercanas a parques naturales, acciones que además habrían facilitado la construcción de kilómetros de vías ilegales.Durante la sustentación del caso, la fiscal aseguró que la investigación “tiene su origen en tala, destrucción, que se relacionan directamente a la deforestación a gran escala que se evidencia en el municipio de Mapiripán”, y agregó que “hay un acaparamiento de tierras, hay construcción de infraestructura ilegal en predios baldíos que vienen siendo deforestados por años para ejecutar actividades económicas, como cultivos de palma africana sin respectivos permisos ni licenciamientos en área extensiva, diferentes actividades de silvicultura, lo que genera un daño masivo y destrucción generalizada”.En desarrollo de los operativos, las autoridades buscan ejecutar las órdenes de captura expedidas en mayo contra el empresario italiano, Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez, Jorge Ivan Duque, destituido exalcalde de Mapiripán, Leonardo Alexis Rondón Sáenz,Liliana Edith Bustos Méndez,Carlos Eduardo Acosta Lozano, Inés Rosé Christine Watson, Mario Enrique Ibáñez Ramírez,Eiby Lucía Rodríguez Lara,John Humberto Rodríguez, Jorge Avendaño Rodríguez,Diosinio González Tascón, entre otros.
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que establece instrumentos para garantizar una cadena productiva de ganado sostenible y libre de deforestación. Ahora, la iniciativa queda a la espera de la sanción por parte del presidente Gustavo Petro para convertirse oficialmente en ley de la República.La nueva normativa busca atacar uno de los principales motores de la deforestación en el país, que es la ganadería extensiva. Para ello, plantea la interoperabilidad de sistemas de información del Estado, como los de trazabilidad animal, catastro y monitoreo ambiental, con el fin de identificar el origen del ganado y asegurar que no provenga de zonas deforestadas.Además de la trazabilidad, la ley incorpora medidas para aumentar la transparencia en toda la cadena productiva, de modo que tanto el origen del ganado como de la carne pueda ser verificado por autoridades y consumidores. También incluye lineamientos orientados a mejorar el bienestar animal y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector ganadero.Durante el evento de celebración en el Congreso, el embajador británico en Colombia, George Hodgson, destacó el alcance de la ley y su impacto para los consumidores. “A través de la implementación, los consumidores colombianos pueden tener confianza en que la carne que consumen viene de fincas libres de deforestación”, afirmó Hodgson. Desde esta embajada se han fortalecido rutas de trabajo en varios frentes, en medio de la lucha contra la deforestación en el país.Uno de los ejes centrales de la norma es la integración de plataformas como el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (Sinigan), el Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (Sniita), sistemas de monitoreo satelital del Ideam y bases de información catastral y de propiedad. Esta articulación permitirá priorizar el control en los llamados Núcleos Activos de Deforestación, donde se concentra la mayor presión sobre los bosques.El representante a la Cámara Juan Carlos Losada, uno de los impulsores del proyecto de ley, explicó que el corazón de la ley está justamente en esa articulación de datos. “Vuelve interoperables los sistemas de información que ya tiene el Estado colombiano para garantizar que la carne que se consume no provenga de áreas deforestadas”, afirmó.Desde la embajada británica destacaron la importancia de trabajar con las comunidades locales para lograr la sostenibilidad de esta iniciativa, especialmente con la apertura de nuevas oportunidades para ellos, con lo que también coincidieron Losada y Miranda. Desde sus diferentes frentes coinciden en que el cuidado del medio ambiente, de las fuentes hídricas y de los bosques les aseguran la sostenibilidad del negocio a los locales, para el futuro.“Debemos agradecerle a los gremios ganaderos que se sumaron a esta iniciativa con mucho entusiasmo, porque es evidente que la ganadería que destruye la selva también es un problema reputacional para aquellos ganaderos que lo hacen bien en nuestro país”, explicó Losada.En el evento de celebración, que se realizó el martes 5 de mayo en el Salón Elíptico de la Cámara de representantes, en donde se distribuyeron hamburguesas con carne libre de deforestación, estuvo el director de la organización GANSO (Ganaderia Sostenible), Juan Pablo Castro. Justamente este es el sello apoyado por el Reino Unido para garantizar una ganadería sostenible.“GANSO también hace un monitoreo en todas las fincas que trabaja, utilizando el Global Forest Watch Pro. Además tiene datos históricos de deforestación en todas las fincas participantes. Entonces sabemos exactamente qué ha pasado en todas las fincas que están avaladas con GANSO”, agregó Castro.La norma también establece obligaciones para los actores de la cadena cárnica. Cuando la ley sea sancionada, en un plazo máximo de dos años, plantas de beneficio, subastas ganaderas y exportadores deberán implementar políticas de debida diligencia y buenas prácticas que garanticen que su proveeduría esté libre de deforestación.Por su parte, la representante Julia Miranda, quien también ha estado al frente del proyecto de ley, hizo un llamado contundente al Gobierno para avanzar en la implementación. “La ley quedó muy bien hecha pero depende de la voluntad política ponerla en práctica”, concluyó.
Un grave daño ambiental fue denunciado en el municipio de Beltrán, Cundinamarca, donde autoridades confirmaron la tala de 182 árboles nativos en una zona de bosque seco tropical. La intervención dejó como resultado la destrucción de aproximadamente 11.000 metros cuadrados de este ecosistema considerado uno de los más amenazados del país.El operativo fue realizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el apoyo de la Policía Nacional, en la vereda Guacharacas. Durante la diligencia, los funcionarios evidenciaron la tala y posterior quema a cielo abierto de varias especies nativas, que estaban siendo utilizadas para la producción de carbón vegetal.De acuerdo con la CAR, algunos de los árboles talados ya contaban con gran tamaño y grosor, y fueron cortados en trozas para facilitar su combustión. La actividad, además de afectar la flora nativa, generó contaminación del aire y pérdida significativa de cobertura vegetal.El director regional de la CAR Magdalena Centro, Juan Carlos Escobar, advirtió que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados del país, al punto de que actualmente solo queda cerca del 8 % de su cobertura original. Además, explicó que Cundinamarca alberga aproximadamente el 3 % de este ecosistema a nivel nacional, lo que aumenta la importancia de su conservación.El funcionario destacó que este tipo de bosque cumple funciones clave como la captura de carbono, el control de la erosión y el hábitat de más de 200.000 especies de flora y fauna, por lo que su destrucción pone en riesgo la biodiversidad, la seguridad hídrica y la fertilidad de los suelos.Durante el operativo, la Policía Nacional capturó a tres personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Entre tanto, la CAR avanza en la definición de las medidas administrativas y sancionatorias correspondientes.Finalmente, la entidad ambiental reiteró su compromiso con la protección de los ecosistemas vulnerables y aseguró que continuará adelantando acciones de control y vigilancia para prevenir nuevos daños ambientales en la región.
Ya no hay más dónde deforestar en amplias zonas de la Amazonía colombiana. Tras años de tala, quema de bosque y expansión de actividades productivas, grandes extensiones del territorio han sido transformadas, lo que explica en parte la reducción reciente en las cifras anuales de deforestación.Así se evidenció durante un sobrevuelo que realizamos cerca de siete horas a 2.500 pies de altura, realizado sobre distintos sectores de la región amazónica, donde se observaron extensas áreas convertidas en potreros y terrenos intervenidos. El recorrido permitió identificar grandes vacíos de bosque en zonas que antes estaban cubiertas por selva.Datos recopilados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) muestran que uno de los factores asociados a esta transformación es el crecimiento del hato ganadero en municipios del llamado arco de deforestación. Entre 2018 y 2024, el número de animales aumentó de forma considerable en varias zonas.En el municipio de La Macarena el hato ganadero pasó de 84.893 a 289.069 animales, un incremento de 204.176 cabezas. En Cartagena del Chairá el aumento fue de 287.895 animales, al pasar de 160.465 a 448.360. En San Vicente del Caguán el crecimiento fue de 267.530 cabezas, alcanzando un total de 955.534 animales.Solo durante 2023, la venta de ganado en estos tres municipios se estimó en 428 millones de dólares, cerca de 1,75 billones de pesos. Según el informe, La Macarena es uno de los territorios más golpeados por la deforestación en Colombia.La investigación también señala que la pérdida de bosque está relacionada con un contexto complejo de gobernabilidad territorial. En varias zonas confluyen la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y procesos de apropiación irregular de tierras que limitan la acción institucional y facilitan la transformación del territorio.A este escenario se suman actividades económicas desarrolladas dentro del marco legal que también han incidido en el cambio del uso del suelo. De acuerdo con el análisis, algunos incentivos definidos en políticas públicas, junto con inversiones estatales orientadas a usos no forestales y la baja presencia del Estado en áreas rurales, han contribuido a acelerar la transformación de ecosistemas amazónicos.Las consecuencias ambientales incluyen el aumento de emisiones de dióxido de carbono, la degradación de suelos, la reducción de la capacidad de regulación hídrica, la contaminación de aguas superficiales y la fragmentación de ecosistemas que afectan la conectividad ecológica de la región.El informe también advierte un crecimiento de los cultivos de coca en la Amazonía. De acuerdo con el monitoreo de UNODC-SIMCI, en 2023 Colombia registró 252.571 hectáreas sembradas con coca, de las cuales el 25,6 % se encontraba en esta región, equivalente a 64.532 hectáreas.El departamento de Putumayo concentró cerca del 20 % de los cultivos a nivel nacional con 50.342 hectáreas, lo que representa el 78 % del total en la Amazonía. Guaviare y Meta también registraron presencia de estos cultivos con 4.970 y 2.164 hectáreas, respectivamente.En los municipios del arco noroccidental amazónico la superficie sembrada con coca pasó de 7.147 hectáreas en 2019 a 13.500 en 2023, lo que representa un aumento del 88,9 %. Los mayores incrementos se registraron en Mapiripán, Solano, Puerto Concordia y Puerto Leguízamo.Durante sobrevuelos realizados en 2025, la FCDS también identificó nuevos cultivos de coca en zonas como las sabanas del Yarí, el norte del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Calamar, El Retorno y Miraflores, en áreas donde también se ha registrado pérdida reciente de bosque.El director de la FCDS, Rodrigo Botero, señaló que durante los recorridos aéreos se pudo observar cómo se está formando un vacío cada vez mayor de bosque entre la planicie amazónica y la cordillera de los Andes, lo que afecta procesos ambientales clave como el ciclo del agua.Según explicó, la deforestación acumulada continúa creciendo debido a la limitada capacidad de recuperar bosques y tierras públicas, por lo que la situación debe analizarse no solo como un problema ambiental, sino también como un desafío de Estado frente a la gobernanza y protección de la Amazonía.
La Amazonía colombiana presentó una reducción del 25 % en la deforestación estimada durante los primeros nueve meses de 2025, según datos consolidados entre enero y septiembre. En ese periodo, la pérdida de cobertura boscosa pasó de cerca de 48.500 hectáreas registradas en 2024 a aproximadamente 36.280 hectáreas en 2025, lo que evidencia un descenso sostenido en comparación con el año anterior.De acuerdo con la información oficial, este comportamiento está asociado a la articulación entre el Gobierno nacional y las comunidades locales, mediante acciones orientadas a la restauración ecológica, la implementación de acuerdos voluntarios de conservación, el fortalecimiento de cadenas productivas sostenibles y el manejo forestal en distintos territorios amazónicos. Estas estrategias buscan reducir la presión sobre los bosques y promover alternativas económicas compatibles con la conservación ambiental.No obstante, los reportes advierten que persisten focos de alerta temprana en el arco noroccidental de la Amazonía, donde se concentran los principales núcleos de deforestación. Los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo continúan siendo las zonas con mayor atención por parte de las autoridades ambientales, debido a la recurrencia de eventos asociados a la pérdida de cobertura forestal.Las entidades encargadas del monitoreo señalaron que, aunque la tendencia general muestra una disminución, el seguimiento permanente y la continuidad de las acciones territoriales siguen siendo necesarios para mantener los resultados y atender las áreas donde se presentan mayores riesgos.
La campaña ambiental que promueve la Gobernación de Santander denominada “Reverdece Santander: Árboles para el Futuro”busca fortalecer la reforestación en el departamento, por lo que están haciendo un llamado a ciudadanos y empresarios a la recuperación de los ecosistemas con la donación de árboles.Según informó la Secretaría Ambiental, la administración departamental está invitando especialmente al sector empresarial a vincularse mediante la donación de especies. La campaña también está abierta para ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades públicas interesadas en aportar a la restauración de áreas degradadas.“Queremos avanzar hacia una gestión ambiental compartida. La invitación es a que se sumen con la donación de árboles para seguir construyendo un Santander más sostenible”, señaló el secretario Ambiental, Miguel Ángel Castañeda Acosta.Quienes deseen participar deben enviar una Carta de Compromiso Ambiental al correo de la Secretaría: secretariadeambiente@santander.gov.co. Las siembras, explicó Castañeda, se realizarán con acompañamiento técnico y logístico para garantizar que los árboles se establezcan adecuadamente.La Gobernación destacó que esta campaña se suma a los esfuerzos que se adelantan desde el inicio del actual Plan de Desarrollo. Entre 2024 y 2027 se han sembrado 150.000 árboles en diferentes jornadas ciudadanas y proyectos institucionales, además de 20.000 adicionales en Cimitarra y La Paz a través de un programa de sistemas silvopastoriles.Con la nueva convocatoria, la administración busca ampliar las áreas restauradas y promover una mayor participación de la comunidad en las acciones de cuidado ambiental del departamento.
La Gobernación de Santander avanza en la construcción de dos viveros departamentales con los que busca fortalecer los procesos de reforestación y recuperar las zonas afectadas por la deforestación en el departamento. Así lo confirmó Miguel Ángel Castañeda Acosta, secretario de Ambiente de Santander.Uno de los viveros se levanta en el corregimiento de Berlín, en Tona, en un área de una hectárea donde se cultivarán exclusivamente frailejones para la restauración de los páramos de Santurbán y Almorzadero. El otro se construye en el sector de Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y tendrá dos hectáreas destinadas a la producción de especies nativas como guayacanes, cedro y búcaro, dirigidas a la recuperación de bosques medio y alto andinos.Castañeda explicó que ambos viveros entrarán en funcionamiento en febrero de 2026 y que su construcción tuvo una inversión de $225 millones. Agregó que el proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades ambientales y del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que también produce frailejones y aporta asesoría técnica en la recolección de semillas, un proceso complejo debido al lento crecimiento de esta especie.El secretario resaltó que estas acciones buscan revertir la tendencia de deforestación que reflejan las imágenes satelitales del polígono nacional, donde Santander aún aparece con amplias zonas degradadas. “Queremos que el departamento vuelva a verse verde. Esto toma tiempo, unos tres años para que los árboles crezcan y sean visibles desde el satélite”, señaló.Además del desarrollo de los viveros, la Secretaría de Ambiente adelanta una campaña de embellecimiento y reforestación en los municipios del departamento, que ya ha permitido sembrar 16.000 árboles en 16 localidades, entre ellas Lebrija, Suratá y Barrancabermeja. La meta es intervenir parques principales y puntos críticos para mejorar el entorno urbano y natural.Castañeda hizo un llamado a la ciudadanía, empresas y academia para sumarse a estos esfuerzos: “Reforestar cuesta dinero, mucho dinero. El departamento hace lo que puede, pero necesitamos del concurso de todos para recuperar nuestros ecosistemas”.
El trámite de la licencia de conducción termina siendo un proceso, casi obligatorio, para miles de personas en su día a día y de la mano con el deseo de tener su propio vehículo. Este proceso tiene diferentes etapas, en especial si nunca ha tomado el volante antes.Para acompañar ese proceso existen los centros de aprendizaje de conducción, los cuales se encargan de apoyar todo el proceso, desde los exámenes médicos hasta el pago de la licencia ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para que se haga válida, pero, este 2026, estos lugares tendrán un cambio importante por petición de la DIAN.El incremento en los cursos para sacar la licencia de conducciónLa DIAN le solicitó a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) para pedirles que declaren y paguen el impuesto del 19 %, lo cual obligó el incremento de los precios para poder hacer todo el proceso y que se verán reflejados en diferentes lugares de manera paulatina.Así quedarían los nuevos precios:Motos: A1 y A2 cuesta entre 600.000 y 900.000 pesos, tendrían incremento de al menos 150.000 pesos, por ejemplo: un curso para moto que actualmente cuesta 700.000 pesos pasaría a unos 833.000 pesos.Carro: un curso de 1.100.000 pesos subiría a aproximadamente 1.309.000 pesos con el impuesto, mientras que el curso para carro particular B1 está entre 1.000.000 de pesos y 1.200.000 pesos, teniendo un incremento parecido.Estos precios no suman las licencias, las cuales tienen un valor diferente.¿Qué se necesita para sacar la licencia de conducción?Presentar documento original de identidad. La solicitud es personal y el interesado debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco).Certificado de aptitud en conducción (curso de conducción), incorporado en el RUNT, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA), autorizado por el Ministerio de Transporte.Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el RUNT, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.
Estos fueron los temas tratados en La Nube:YouTube y Spotify compiten por los audiolibros: se habló sobre la posible entrada de YouTube a este mercado, las cifras de ventas en Colombia y los hábitos de lectura de los colombianos.Ciberataques e inteligencia artificial: se conversó sobre kits de emergencia para enfrentar posibles apagones y ataques informáticos, con conexión satelital, baterías y paneles solares. También discutieron la importancia de tener efectivo, agua y radios de batería.Regulación de redes sociales para menores y consejos tecnológicos: se abordaron las medidas de México frente a contenidos digitales dañinos para menores de edad. Al cierre, compartieron recomendaciones para cuidar la batería del celular y hablaron de la aplicación colombiana Savia, que ayuda a evitar el desperdicio de alimentos.María Clara Gaviria, internista cardióloga y presidenta seccional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Explicó los riesgos de la desinformación sobre salud cardiovascular y presentó una plataforma para resolver dudas sobre el corazón mediante transmisiones en Instagram.Escuche el programa completo acá:
Momentos de tensión vivieron los habitantes del barrio El Vallado, ubicado en el oriente de Cali, Valle del Cauca, luego de un ataque con una granada contra una patrulla de la Policía Nacional que dejó cuatro uniformados y una mujer lesionados.El hecho generó preocupación entre los residentes del sector, donde se desplegó un operativo de seguridad para atender la emergencia y dar con los responsables del ataque. Tras la detonación del artefacto explosivo, las autoridades iniciaron las labores de verificación y recolección de información para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.Por este caso, las autoridades reportaron la captura de un hombre que sería el presunto responsable de lanzar la granada contra los uniformados. Sin embargo, otras personas que estarían involucrados en el ataque huyeron del lugar, por lo que se activó un plan candado con el objetivo de localizarlos y proceder con sus capturas.El operativo contempla acciones de búsqueda en el sector y sus alrededores, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar plenamente a los demás implicados y determinar los motivos detrás de la agresión contra la patrulla policial.Entretanto, la fuerza pública reforzó la presencia de uniformados en el barrio El Vallado y en puntos estratégicos de esta zona del oriente de Cali. La medida busca brindar tranquilidad a los habitantes, prevenir nuevos hechos de violencia y facilitar las labores de seguridad en el territorio.Los dos policías y el civil lesionados recibieron atención tras el ataque. Por ahora, las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades de los involucrados.
La amenaza terrorista del ELN continúa en el departamento del Chocó y por ello el Ejército Nacional logró la destrucción de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que había sido instalado sobre la vía que comunica a Quibdó con Medellín.De acuerdo con la información conocida, uniformados ubicaron el elemento sospechoso sobre este importante corredor vial que conecta a los departamentos de Chocó y Antioquia y procedieron con la destrucción.Según la fuerza pública, el artefacto habría sido instalado como señuelo y estaba acompañado de una bandera alusiva al Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, hecho que había generado temor entre los habitantes de la zona.Ante el riesgo que representaba esta situación para los conductores y demás usuarios de la carretera, se realizó la operación que permitió avanzar en el restablecimiento de la movilidad por este corredor estratégico para el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos departamentos.Este nuevo episodio de alerta para las autoridades se conoce después del ataque con drones reportado en el municipio de San José del Palmar y que dejó nueve soldados heridos, tres de los cuales tuvieron que ser trasladados a Medellín por la complejidad de sus lesiones.Frente a este panorama, el Ejército Nacional y la Policía Nacional mantienen operaciones en diferentes zonas del departamento de Chocó con el propósito de neutralizar las amenazas, detectar posibles artefactos explosivos y prevenir nuevos ataques contra la fuerza pública y la población civil.
La falta de compradores para el material aprovechable recuperado en Medellín comienza a poner en jaque la continuidad de los procesos de reciclaje y los ingresos de cientos de familias que dependen de esta actividad en la ciudad.Así lo dejó en evidencia la Asociación de Empresarios del Material Recuperado (Asemar), quien informó que ya solicitó a Empresas Varias de Medellín la recolección y el traslado al relleno La Pradera de más de ocho toneladas de material tipo plegadiza, recuperado por recicladores de oficio y que, según la organización, no ha encontrado compradores.La preocupación se extiende a otros materiales. De acuerdo con la alerta de Asemar, el cartón y el papel de archivo podrían enfrentar una situación similar en menos de un mes si no se restablecen las condiciones para su comercialización.Entre los factores que explican la crisis, Doris Helena Gil, representante de Asemar, indicó que el cierre de una planta papelera en la ciudad, que redujo las alternativas de venta en el mercado regional.A esto se suma la disminución de la demanda y de los cupos de compra de cartón, así como la cancelación de espacios de comercialización para el papel de archivo en otra planta de Antioquia, que habría optado por utilizar materia prima virgen."La situación podría grabarse en las próximas semanas. El cartón y el archivo también podrían quedarse sin mercado y correr la misma suerte en menos de un mes", aseguró Gil.Ante este panorama, Asemar pidió a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, a las autoridades ambientales, a la industria papelera, a las empresas transformadoras y a la academia encontrar soluciones urgentes que permitan recuperar los canales de comercialización de la plegadiza, el cartón, el archivo y otros materiales aprovechables.Afectados advierten que el asunto no tiene solo consecuencias ambientales, sino también económicas y sociales para al menos cinco mil familias que dependen de esta cadena productiva en empleos formales e informales.