El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que establece instrumentos para garantizar una cadena productiva de ganado sostenible y libre de deforestación. Ahora, la iniciativa queda a la espera de la sanción por parte del presidente Gustavo Petro para convertirse oficialmente en ley de la República.
La nueva normativa busca atacar uno de los principales motores de la deforestación en el país, que es la ganadería extensiva. Para ello, plantea la interoperabilidad de sistemas de información del Estado, como los de trazabilidad animal, catastro y monitoreo ambiental, con el fin de identificar el origen del ganado y asegurar que no provenga de zonas deforestadas.
Además de la trazabilidad, la ley incorpora medidas para aumentar la transparencia en toda la cadena productiva, de modo que tanto el origen del ganado como de la carne pueda ser verificado por autoridades y consumidores. También incluye lineamientos orientados a mejorar el bienestar animal y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector ganadero.
Durante el evento de celebración en el Congreso, el embajador británico en Colombia, George Hodgson, destacó el alcance de la ley y su impacto para los consumidores. “A través de la implementación, los consumidores colombianos pueden tener confianza en que la carne que consumen viene de fincas libres de deforestación”, afirmó Hodgson. Desde esta embajada se han fortalecido rutas de trabajo en varios frentes, en medio de la lucha contra la deforestación en el país.
Uno de los ejes centrales de la norma es la integración de plataformas como el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (Sinigan), el Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (Sniita), sistemas de monitoreo satelital del Ideam y bases de información catastral y de propiedad. Esta articulación permitirá priorizar el control en los llamados Núcleos Activos de Deforestación, donde se concentra la mayor presión sobre los bosques.
El representante a la Cámara Juan Carlos Losada, uno de los impulsores del proyecto de ley, explicó que el corazón de la ley está justamente en esa articulación de datos. “Vuelve interoperables los sistemas de información que ya tiene el Estado colombiano para garantizar que la carne que se consume no provenga de áreas deforestadas”, afirmó.
Desde la embajada británica destacaron la importancia de trabajar con las comunidades locales para lograr la sostenibilidad de esta iniciativa, especialmente con la apertura de nuevas oportunidades para ellos, con lo que también coincidieron Losada y Miranda. Desde sus diferentes frentes coinciden en que el cuidado del medio ambiente, de las fuentes hídricas y de los bosques les aseguran la sostenibilidad del negocio a los locales, para el futuro.
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“Debemos agradecerle a los gremios ganaderos que se sumaron a esta iniciativa con mucho entusiasmo, porque es evidente que la ganadería que destruye la selva también es un problema reputacional para aquellos ganaderos que lo hacen bien en nuestro país”, explicó Losada.
En el evento de celebración, que se realizó el martes 5 de mayo en el Salón Elíptico de la Cámara de representantes, en donde se distribuyeron hamburguesas con carne libre de deforestación, estuvo el director de la organización GANSO (Ganaderia Sostenible), Juan Pablo Castro. Justamente este es el sello apoyado por el Reino Unido para garantizar una ganadería sostenible.
“GANSO también hace un monitoreo en todas las fincas que trabaja, utilizando el Global Forest Watch Pro. Además tiene datos históricos de deforestación en todas las fincas participantes. Entonces sabemos exactamente qué ha pasado en todas las fincas que están avaladas con GANSO”, agregó Castro.
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La norma también establece obligaciones para los actores de la cadena cárnica. Cuando la ley sea sancionada, en un plazo máximo de dos años, plantas de beneficio, subastas ganaderas y exportadores deberán implementar políticas de debida diligencia y buenas prácticas que garanticen que su proveeduría esté libre de deforestación.
Por su parte, la representante Julia Miranda, quien también ha estado al frente del proyecto de ley, hizo un llamado contundente al Gobierno para avanzar en la implementación. “La ley quedó muy bien hecha pero depende de la voluntad política ponerla en práctica”, concluyó.
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