Entre 2018 y 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia realizó 1.908 audiencias y recibió 522 casos, lo que muestra una cantidad importante de trabajo. Sin embargo, más allá de cuánto se trabajó, lo que realmente genera preocupación es quiénes están siendo castigados, los gobernadores lideran la lista de los altos funcionarios condenados por la justicia.
Lo grave de este panorama es cómo se han visto afectados los dineros públicos en las regiones, pues los mandatarios departamentales son los que más delitos acumulan. Registran 50 casos por firmar contratos sin cumplir los requisitos de ley y 39 por quedarse o usar mal el dinero del Estado (peculado).
Detrás de ellos están los congresistas, castigados principalmente por concierto para delinquir:13 casos; y por direccionar contratos 9 casos; luego los jueces y fiscales, salpicados por decisiones ilegales 10 hechos, cobro de sobornos 9 casos; y finalmente los integrantes de la Fuerza Pública, con casos menores de mal manejo de dinero y tráfico de influencias.
En el mapa del país, este problema se nota con más fuerza en zonas golpeadas por la falta de recursos. Los departamentos que acumulan más decisiones en contra de sus gobernantes son Cesar, con 5 condenas, seguido por Chocó, Putumayo, Meta y La Guajira, con 4 condenas cada uno. Esto demuestra que la trampa con los fondos públicos ha golpeado con más dureza a las regiones periféricas.
Sin embargo, el dato más contradictorio al revisar las 304 decisiones finales del periodo es que casi la mitad de los expedientes se cerraron sin ningún tipo de castigo. El 47% del total, es decir, 143 casos, terminaron en preclusión, lo que significa en palabras sencillas que las investigaciones se archivaron o se cerraron del todo antes de que se pudiera decidir en un juicio si las personas eran culpables o no.
Al mirar el resto de las salidas, los números muestran que las condenas bajo el viejo sistema de justicia (Ley 600) representan el 17,1%, mientras que las absoluciones o perdonados bajo esa misma norma alcanzaron el 11,5%. Por su parte, las condenas en el sistema nuevo (Ley 906) apenas sumaron un 9,2%, lo que confirma que las reglas antiguas siguen pesando mucho en las decisiones finales del tribunal.
Este alto porcentaje de expedientes archivados benefició sobre todo a dos sectores: los funcionarios de la justicia y los miembros de la Fuerza Pública. En el caso de los jueces y fiscales, el cierre de casos tuvo picos muy altos, con 21 expedientes archivados en 2019 y 13 en los años 2021 y 2022. Por el lado de los militares y policías, casi la totalidad de sus investigaciones terminaron cerradas sin sanción (5 en 2021 y 6 en 2023), sin registrar condenas directas en la lista final.
Publicidad
A pesar de estas cifras, la Corte destaca que logró avanzar en castigos para grandes escándalos de corrupción y en decisiones que protegen a las mujeres. Entre sus fallos más importantes están las condenas por el famoso "Cartel de la Toga", así como las sanciones a quienes se robaron dinero destinado a la salud, las obras públicas y la comida de los niños a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.