La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP) emitió un comunicado para expresar su rechazo ante las recientes revelaciones periodísticas que apuntan a la presunta instrumentalización del sector por parte de grupos armados ilegales. Este llamado se produce en medio de un escándalo nacional que sugiere posibles vínculos entre altos mandos militares, personal de inteligencia y estructuras al margen de la ley.
Las investigaciones, divulgadas tras el hallazgo de información en poder de un cabecilla conocido con el alias de "Calarcá", han puesto en el foco la posible creación de empresas fachada de seguridad. Estas estructuras irregulares estarían diseñadas para camuflar las operaciones de las disidencias y de esquemas de seguridad irregulares, socavando la legalidad y la imagen del gremio formal. Los hallazgos también involucrarían a un oficial activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que añade una capa de preocupación institucional al panorama.
El sector formal exige celeridad y claridad
Ante la magnitud de las acusaciones y la necesidad de deslindarse de cualquier actividad ilícita, CONFEVIP se ha apresurado a subrayar la legalidad y la solidez histórica del sector. El gremio, que en Colombia está compuesto por empresas legalmente constituidas —muchas de ellas familiares y con más de 50 años de trayectoria—, insiste en que estas operan bajo los estrictos controles y la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, alzó la voz para exigir una acción inmediata y contundente de las autoridades. El líder gremial no solo solicitó que se investiguen a fondo las presuntas empresas fachada, sino que también puso el foco en una serie de autorizaciones de funcionamiento que considera sospechosas.
“Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias express que se expidieron en los últimos cuatro años.”Con esta declaración, Díaz señala directamente a la necesidad de revisar la rigurosidad y el proceso detrás de la expedición de estas licencias. El término "licencias exprés" sugiere un procedimiento acelerado o potencialmente irregular en la concesión de permisos para operar en un sector que, por su naturaleza, requiere de una fiscalización exhaustiva.
La preocupación de CONFEVIP radica en el impacto que estas revelaciones tienen sobre la reputación de miles de empresas y trabajadores honestos. El gremio es enfático en que no se puede permitir que estructuras criminales se aprovechen de la actividad formal de la vigilancia privada para sus fines ilícitos.
“Por eso requerimos claridad y sobre todo celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley,” concluyó Díaz, haciendo un llamado a la justicia para que se identifique y sancione a quienes intentan camuflarse bajo el paraguas de la seguridad privada, protegiendo así la integridad de un sector vital para la seguridad nacional y empresarial de Colombia.Este escándalo subraya la urgencia de fortalecer los controles gubernamentales sobre la expedición de licencias y la vigilancia del personal, especialmente en un país con antecedentes de conflicto armado, donde la infiltración de grupos ilegales en estructuras formales representa una amenaza constante a la seguridad del Estado. La Fiscalía tiene ahora el reto de actuar con la debida celeridad para despejar cualquier sombra de duda sobre el sector y sus reguladores.