La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de Ibagué. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, fue imputada por la Fiscalía General de la Nación junto con cuatro personas más por presuntas irregularidades detectadas en un proceso contractual relacionado con la adquisición de alimentos para los animales albergados en el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de la capital tolimense.
La diligencia judicial se realizó este 1 de junio ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, luego de que el proceso fuera radicado el pasado 22 de mayo por la Fiscalía 34 Seccional.
Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
Presunto direccionamiento contractual
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el contrato, suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del CAPA, habría sido adjudicado a una empresa que no contaba con experiencia relacionada con el objeto contractual y cuya actividad comercial principal no correspondía al suministro de alimentos para animales.
Según el ente acusador, la empresa beneficiada prestaba servicios de aseo para la Alcaldía de Ibagué y varias instituciones educativas de la ciudad, situación que habría generado cuestionamientos sobre su idoneidad para ejecutar el contrato.
Las labores investigativas, adelantadas con el apoyo del Grupo Anticorrupción de la DIJIN, permitieron establecer que presuntamente se elaboraron estudios previos con valores superiores a los del mercado y se solicitaron cotizaciones únicamente a dos oferentes. La Fiscalía señaló, además, que los representantes legales de las empresas consultadas tendrían vínculos de parentesco, circunstancia que habría afectado la pluralidad de oferentes exigida por la ley.
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Durante la audiencia, el ente investigador sostuvo que la empresa contratista habría sido presentada como la mejor opción para ejecutar el contrato, pese a que, presuntamente, no cumplía con los requisitos establecidos. Asimismo, indicó que algunos de los elementos suministrados no corresponderían a los requeridos en el pliego de condiciones.
Sobrecostos por cerca de 35 millones de pesos
Según la investigación, las actuaciones atribuidas a los procesados habrían permitido direccionar el contrato a favor del contratista Ernesto Alfonso Quiroga Uribe, quien presuntamente obtuvo alrededor de 34,9 millones de pesos por concepto de sobrecostos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó, según la participación individual de cada uno de los involucrados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
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Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
No hubo solicitud de medida de aseguramiento
Durante la diligencia, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra los imputados, por lo que la alcaldesa Aranda continuará ejerciendo sus funciones mientras avanza el proceso judicial.
De haberse solicitado y concedido una medida restrictiva que implicara su separación del cargo, se habría abierto la posibilidad de una suspensión temporal de la mandataria y la designación de un alcalde encargado por parte de la Gobernación del Tolima, escenario que finalmente no se materializó.
El caso se convierte en uno de los procesos judiciales más relevantes que enfrenta la actual administración municipal, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la protección y bienestar animal en la ciudad.
La investigación continúa en etapa de judicialización y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los implicados en los hechos materia de investigación.
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