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Imputan cargos a exfuncionarios de Petro por esquema de aseo en Bogotá

Dice la Fiscalía que la empresa Aguas de Bogotá no tenía experiencia, idoneidad ni capacidad técnica y operativa para cumplir con todas las actividades previstas.

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Camiones de basura // Foto: Archivo Alcaldía Bogotá

La Fiscalía anunció que imputó cargos a funcionarios de la administración del exalcalde Gustavo Petro y al representante de Aguas Bogotá, como presuntos responsables de delitos asociados con la corrupción relacionados al esquema de aseo impuesto por Petro.

Se trata de Diego Fernando Bravo Borda, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); José William Garzón, exgerente corporativo de tecnología de la EAAB; Jaime Humberto Mesa Buitrago, exdirector de contratación y compras de la misma entidad; Ricardo Agudelo Sedano, en calidad de gerente de Aguas de Bogotá, y a Mario Álvarez Ulloa, gerente general de Aguas de Bogotá, quienes deberán responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Dice la Fiscalía que la empresa Aguas de Bogotá no tenía experiencia, idoneidad ni capacidad técnica y operativa para cumplir con todas las actividades previstas. Incluso que, supuestamente, tienen evidencia de que la finalidad del contrato fue modificada para que se ajustara al campo de acción de la empresa de Álvarez Ulloa.

Los investigadores han encontrado deficiencias en los estudios previos, insuficiencia del pliego de condiciones en relación con las especificaciones técnicas de los equipos y maquinarias, entre otras.

Maquinarias que no estaban en condiciones óptimas ni respondían a la geografía, clima y accesibilidad para la adecuada tarea de recolección de residuos en Bogotá. Aun así, está acreditado que los vehículos fueron recibidos. Aguas de Bogotá celebró contratos en 2012 para intentar cumplir con la recolección de los residuos domiciliarios. La tarea se hizo en volquetas, desconociendo el reglamento para la prestación del servicio de aseo
dijo el ente acusador.

Asegura la Fiscalía que esos contratos para cambiar el modelo de aseo generaron un detrimento al patrimonio público por $56.763 millones de pesos. Presupuesto con el que adquirieron vehículos que, al parecer, no cumplían con las características requeridas para cumplir con la recolección de basuras en Bogotá.

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