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Imputan exdirectivos de la ANI por presunta corrupción en el tramo de la Ruta del Sol II

Dentro de la investigación que se cursa por el caso Odebrecht, tres exdirectivos de la ANI deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por tramo de la Ruta del Sol.

BLU Radio // Ruta del sol 2 // Foto: Facebook Ruta del Sol II S.A.
Ruta del sol II.
Foto: Facebook Ruta del Sol II S.A.

Este lunes, 9 de octubre, la Fiscalía General de la Nación anunció queexdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Y es que, según el ente, Camilo Mendoza, vicepresidente de Gestión Contractual; José Andrés Torres, exgerente de Proyectos y Héctor Jaime Pinilla, exvicepresidente jurídico, habrían participado en hechos corrupción en la Ruta del Sol.

Según la Fiscalía, las tres personas habrían tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’. Y con eso favorecieron económicamente a la concesionaria contratista al flexibilizar condiciones técnicas y financieras.

Dentro de la investigación, peritos especializados de la Fiscalía evidenciaron que una de las adiciones aprobó la disminución de la huella asfáltica, lo que redujo la calidad de la obra y disminuyó los costos de construcción en favor del contratista.

Los elementos de prueba indican que, en el ejercicio de sus cargos, formularon, avalaron y firmaron estudios de conveniencia, actas de comité de contratación, entre otras actuaciones que les dieron viabilidad a las adiciones hechas al proyecto vial. De esta manera, fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht, sin que existieran estudios serios y completos.

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La Fiscalía aseguró que autorizaron pagos por trayectos no terminados, además hicieron giros anticipados y se ampliaron plazos; también fueron omitidas las sanciones por demoras o ausencia de licencias ambientales.

Por otro lado, se adicionó la construcción de la intersección de Puerto Boyacá que no tenía relación con el contrato original, y se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).

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