La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad por crímenes cometidos contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP) entre 1985 y 1993, así como contra integrantes de las guerrillas del M-19, EPL y FARC-EP en Bogotá.
La decisión, que hace parte de los casos 06 y 08, identificó dos patrones de criminalidad atribuidos a integrantes del antiguo Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), posteriormente conocido como Brigada 20. El primero corresponde a la estigmatización, vigilancia, amenazas y asesinatos de integrantes de la UP, con 14 hechos documentados y 18 víctimas. El segundo comprende detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios contra integrantes de organizaciones guerrilleras, con 13 hechos y 15 víctimas.
Los ocho imputados
Los llamados a reconocer responsabilidad son los sargentos mayores (r) Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; y los sargentos viceprimeros (r) Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, los coroneles (r) Carlos Armando Mejía Lobo y Óscar Diego Sánchez Vélez, el teniente coronel (r) Camilo Pulecio Tovar, el coronel y el brigadier general (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado. La JEP también remitió anticipadamente a la Unidad de Investigación y Acusación al general retirado Iván Ramírez Quintero.
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"Estos hechos muestran el tránsito de la estigmatización genérica al señalamiento individual y de este a la violencia. También revelan que el ataque perseguía efectos que excedían a cada víctima: eliminar liderazgos, debilitar las estructuras organizativas, restringir la participación electoral, sembrar terror entre militantes y simpatizantes, y reducir la capacidad del partido para actuar en la vida pública", señaló el presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas Betancourth, al leer el fallo.
El llamado de la Justicia Especial a los exmilitares de la Brigada 20 del Ejército es a reconocer su responsabilidad en crímenes como el de Nydia Érika Bautista, militante del M19, cuyo caso es uno de los más representativos sobre desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Colombia y quien antes de su muerte, se reconoció, fue abusada sexualmente .
Los ocho comparecientes tendrán 15 días hábiles para reconocer responsabilidad o controvertir los hallazgos. Además, deberán entregar información y un plan para contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas.