Desde Barrancabermeja, la senadora del Pacto Histórico Jahel Quiroga anunció que en muy pronto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dará a conocer un fallo histórico frente al genocidio de la Unión Patriótica, lo cual podría obligar a una nueva reparación de víctimas.“Desafortunadamente el presidente Juan Manuel Santos no cumplió con la decisión de la Comisión Interamericana y acudieron ellos mismos a la Corte Interamericana para que ratificara o negara la decisión que había tomado la Corte Interamericana, la audiencia se hizo en 2018”, dijo la senadora.Según Quiroga, en este momento se está a la espera del fallo, teniendo en cuenta que la Corte ya les notificó que se había terminado el debate y los términos de la sentencia.“La sentencia irá a impactar el continente porque es el primer caso de una gran magnitud de víctimas en un país que no ha tenido dictaduras militares, que se trata de un exterminio en un contexto democrático”, agregó la senadora Quiroga.El genocidio de la Unión Patriótica involucra a unas 6.500 víctimas, sin embargo, la Jurisdicción Especial de Paz encontró 2.000 víctimas más, entre desaparecidos y homicidios.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Desde Barrancabermeja, la senadora del Pacto Histórico Jahel Quiroga anunció que, en los próximos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará a conocer un fallo histórico frente al genocidio de la Unión Patriótica, lo cual podría obligar a una nueva reparación de víctimas.“Desafortunadamente el Presidente Juan Manuel Santos no cumplió con la decisión de la Comisión Interamericana y acudieron ellos mismos a la Corte Interamericana para que ratificara o negara la decisión que había tomado la Corte Interamericana, la audiencia se hizo en 2018”, explicó la senadora Quiroga.Según la integrante del Pacto Histórico, en este momento se está a la espera del fallo teniendo en cuenta que ya la Corte les notificó que se había terminado el debate sobre la sentencia y los términos de la sentencia, de manera que de un momento a otro se va a presentar una notificación frente a esa sentencia.El genocidio de la Unión Patriótica involucra a unas 6.500 víctimas, sin embargo, la JEP encontró 2.000 víctimas más, entre desaparecidos y homicidios, lo que significa que son unas 9.000 víctimas que están en este caso.“La sentencia irá a impactar el continente porque es el primer caso de una gran magnitud de víctimas en un país que no ha tenido dictaduras militares, que se trata de un exterminio en un contexto democrático”, agregó la senadora Quiroga.Además de la reparación a las víctimas que se busca en este proceso, la senadora aclaró que están pidiendo una reparación política.“Es obvio, aquí se exterminó un partido político y surge el derecho a una reparación política y en ese sentido hemos pedido la devolución de la curules porque fueron ocho congresistas que fueron asesinados en ejercicio de su cargo, sólo pedimos a ese nivel, no pedimos ni Diputados, ni Alcaldes, ni Concejales”, agregó la senadora.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La JEP anunció la apertura del macro caso 08, en el cual se van a investigar las presuntas alianzas que se presentaron entre paramilitares, civiles y miembros de la fuerza pública con el fin de cometer diferentes delitos contra la población civil durante el conflicto armado. Sin embargo, se excluyen los falsos positivos y los crímenes contra la Unión Patriotica pues ya están siendo investigados en otros casos.“Hay 15.710 víctimas de hechod atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado. Los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron homicidios con 8.345 casos y desplazamiento forzado con 2.904”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo.Otros delitos que se van a investigar son las masacres, tortura, despojo, amenazas, violencia sexual y las detenciones ilegales.Según determinó la JEP estos crímenes se cometieron por tres razones principales: justificar la guerra contra la insurgencia, intereses económicos de algunos particulares y por mantener el control territorial en zonas donde tenía influencia la fuerza pública y los grupos paramilitares.Los territorios más críticos del país son el Gran Magaldena (Cesar, Guajira, Magdalena) así como los Montes de María, Antioquia y el Magdalena Medio, pues la JEP determinó que allí hubo un mayor impacto de estos crímenes y se presentaron más víctimas.“Se trata de zonas que fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Allí confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas asi como pobladores urbanas de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio”, explica la JEP.Esto habría motivado y servido de narrativa para justificar una estigmatizacion contra la población pues los señalaban de ser auxiliadores de las guerrillas.Le puede interesar:Asimismo, la JEP determinó que entre los años 2000 y 2009 se presentaron más de la mitad de todos los crímenes que se van a investigar en este nuevo macro caso.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la polémica que desencadenó la orden del gobierno Petro a la fuerza pública de cesar bombardeos donde haya menores.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que terminó la deliberación de sentencia del caso 'Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia'.En un primer momento explican que hubo 6.000 víctimas, que eran militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica, de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, tanto por parte de agentes de estado, como de agentes no estatales.“Se alega que ciertas presuntas víctimas del caso habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado habría violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, y a la protección judicial”, advirtió la Corte IDH.Asimismo, explican que la razón por la que se habrían presentado estos delitos es porque las víctimas pertenecían a este partido político y que las investigaciones del Estado, en este caso, habrían sido insuficientes.Le puede interesar: Mamá y padrastro de Sara Sofía Galván podrían lograr libertad, denuncia tía de la niña desaparecidaEscuche el podcast El Mundo Hoy
La JEP hará unas versiones conjuntas entre el caso 04, que investiga la violencia en el Urabá, y el caso 06, que indaga los delitos cometidos contra los miembros y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica.Para estas audiencias fueron citados 14 militares en retiro, que deberán responder si tienen conocimiento o responsabilidad en la muerte de militantes de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia, en 1996.Las audiencias fueron programadas para que se desarrollen entre este mes y el mes de octubre de este año.“Los comparecientes citados pertenecieron al Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez (Bivel) y al Batallón de Contraguerrilla No. 35 coronel Jaime Díaz (BCG 35). Entre ellos se encuentran el coronel (r) Eduardo León Figueroa Cifuentes, excomandante del Bivel”, explicó la JEP.Asimismo, está citado Jorge Wilson Rondón Pérez, quien fue comandante de la sección de operaciones (S3), y Jorge Luis Mejía, quien fue miembro de la plana mayor de la Brigada 17, con sede en Carepa.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
Luego de la determinación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de encontrar al Estado y paramilitares responsables de violencia y desaparición contra miembros del partido político Unión Patriótica, que dejó como saldo 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente, Aida Avella, miembro de esa colectividad, reaccionó."Es increíble que en un país que se dice democrático, puedan asesinar a más 5.000 miembros de un partido de oposición, desaparecer y, además, desterrar a gente que aún se encuentra en el exilio", aseguró Aida Avella, quien señaló que la determinación de la JEP "ha hecho un acto de justicia".Los hechos victimizantes se concentran en tres periodos: (i) entre 1984 - 1993, con un pico entre febrero de 1988 y enero de 1989; (ii) entre 1994 - 1999, con un pico entre abril de 1996 y marzo de 1997, y (iii) entre 2000 - 2007, con un pico entre julio de 2001 y junio de 2002. Las regiones más afectadas fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima.También se refirió al caso de alias ‘Otoniel’: "Los crímenes permanentes, como lo ha dicho el jefe paramilitar ‘Otoniel’, los han hecho en la actualidad los paramilitares, pero también con la colaboración de las fuerzas militares". Señaló que esta revelación del jefe paramilitar complementa la violación de los derechos humanos contra líderes sociales y quienes entregaron las armas para unirse al proceso de paz.Recordemos que las regiones, según informa la JEP, en donde más se cometieron esas desapariciones y asesinatos fue Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, entre 1985 - 1993; Ariari-Guayabero y piedemonte llanero entre 1985 - 1993 y entre 1999 - 2006; Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 - 2001, y Tolima entre 2003 - 2006.Le puede interesar: escuche el podcast de Cuatro punto cero
El genocidio contra el Partido Unión Patriótica (UP), que costó la vida a dos candidatos presidenciales, dejó 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas, según reveló este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La JEP, la primera instancia judicial que da cifras sobre la magnitud del genocidio contra este partido surgido en 1985 tras el intento de un acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, aseguró que de las víctimas, 5.195 eran militantes de la UP.Las otras 538 víctimas no eran miembros de la Unión Patriótica, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra ese partido político, según detalló la magistrada de la JEP Belkis Florentina Izquierdo.La violencia contra miembros de este partido fue ejercida principalmente por "paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad", según consideró la JEP, quien estudia el genocidio contra la UP en el Caso 06.En ese sentido, la JEP, surgida por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, identificó que agentes estatales que trabajaban en los órganos de inteligencia civil y militar conspiraron con grupos paramilitares y oficinas de sicarios para ejecutar los crímenes contra la UP.Justo este viernes, la JEP está escuchando la versión del general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez, que dirigió entre 1985 y 1991 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), que ahora está desmantelado, y que era responsable de la seguridad y escolta de los políticos y militantes asesinados.Violencia letalLa violencia contra la UP se cobró la vida de miles de militantes de base del partido, pero también de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990, así como de otros dirigentes nacionales y regionales, como José Antequera, Teófilo Forero, Diana Stella Cardona y Gabriel Jaime Santamaría."Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas", subrayó la magistrada Izquierdo.Pero no fueron solo asesinatos y desapariciones, también hubo 2.217 víctimas de desplazamiento forzado, 811 de amenazas, 379 de atentados, 90 de secuestros, 229 de torturas, 23 de violencia sexual y 36 personas tuvieron que exiliarse, como sucedió con la actual senadora Aída Avella.A diferencia de los otros macrocasos que estudia la JEP, en este la violencia está determinada "por el hecho de que la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar" con un partido político.Además de los 32 años de violencia contra miembros de la UP (entre 1984 y 2016), en 23 años (1984 a 2007) "hubo un patrón de violencia sostenida", según detalló la JEP.El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, destacó que "tras años de impunidad" en este caso, el tener un universo mínimo de cifras es un "avance notorio" y aseguró que este año estarán listos los primeros autos de acusación contra culpables de estos crímenes y pretende "en el curso de este año identificar máximos responsables".La JEP abrió el "Caso 06" del genocidio contra la UP el 26 de febrero de 2019 y a la fecha han sido acreditadas en el proceso 212 víctimas individuales, además de la UP, el Partido Comunista Colombiano (PCC) y el sindicato Sintramienergética como sujetos colectivos.
Este viernes 8 de abril, la JEP decidió empezar a investigar crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica en el departamento del Tolima durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, más específicamente entre los años 2003 y 2006, según se lee en la decisión conocida por BLU Radio, presuntamente estos delitos fueron cometidos por grupos paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública.Aseguran que hubo una “convergencia masiva de los fenómenos de desplazamiento forzado y de ejecuciones extrajudiciales en la victimización en contra de los miembros de la UP durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez”.Asimismo se investigarán crímenes cometidos contra miembros de la UP durante el gobierno del expresidente Cesar Gaviria, pues según consideró el Tribunal después de la ruptura del proceso de negociaciones entre el gobierno de Gaviria y las Farc, se pudieron haber presentado estos crímenes. Sin embargo durante este gobierno las investigaciones se centrarán en las zonas del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño.“la Sala ha encontrado contribuciones sistemáticas de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios en la preparación y ejecución de los crímenes”.
Sin haberse iniciado el debate en el Concejo de Bogotá sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los concejales de todas las bancadas, a excepción del partido Alianza Verde, anunciaron su voto negativo en la sesión plenaria de este martes, en la que se votaba a recusación contra el concejal Pedro Julián López.Aunque para este miércoles estaba estipulado que se llevaría a cabo la elección de la mesa directiva para el año 2022, el concejal Celio Nieves, presidente de la comisión primera de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, anunció que convocará este último día que le queda al POT a sesión."Ha pasado algo políticamente significativo en el Concejo de Bogotá, lo primero que hay que decir es que el Partido Liberal, Colombia Humana, Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo, el Polo Democrático, Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador han anunciado su voto negativo al Plan de Ordenamiento Territorial de Claudia López", indicó la concejal Susana Muhamad.“La bancada verde vetada ha solicitado que se le levanta el veto, esto también para votar negativo. Aquí la ciudadanía ni la administración pueden decir que el Concejo no quiere tomar una decisión, el Concejo si quiere tomar una decisión en los tiempos legales y esa decisión es hundir este POT”, añadió.Escuche la información en el audio adjunto:
El exdirector del extinto DAS y el exdirector de la Policía, Miguel Maza Márquez, no asistió este martes a la versión voluntaria a la cual lo había citado la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del Caso 06 (Victimización de militantes de la Unión Patrótica). Por este motivo, la justicia transicional le ordenó al director del Inpec, general Mariano Botero; al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, y al coronel Zaid Eduardo Pabón, director de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, el traslado de Maza a la diligencia de este martes y a la siguiente, programada para el jueves del 25 de noviembre.Después de una pausa temporal de la audiencia por la ausencia del exdirector del DAS, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar levantó la sesión en frente de las víctimas advirtiendo que se trata de un incumplimiento de obligaciones con la administración de justicia y que Maza Márquez tiene un compromiso con la verdad.En la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional Miguel Antonio Lleras, Miguel Maza Márquez cumple su condena por homicidio con fines terroristas en la persona de Luis Carlos Galán, Santiago Cuervo y Pedro Nel Angulo (en tentativa de homicidio) también está condenado por concierto para delinquir.Estas versiones continuarían el 25 de este mes. El exdirector de la Policía, de 79 años, no asistió a la audiencia por asuntos de salud, presentó un examen neurológico que detalla sus dificultades para llevar el discurso hilvanado, entre otras razones. Además, su defensa solicitó las declaraciones extra juicio de Clara López Obregón. El exdirector del DAS podría ser sometido a régimen de condicionalidad por incumplimiento, pasar a un proceso adversarial o que sea considerado compareciente forzoso.Por: Ana Cristina RestrepoEscuche esta noticia en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
Como método para frenar la inflación en Colombia, el Banco de la República anunció el aumento de su tasa de interés al 12.75 %. La noticia generó un revuelo entre diversos sector políticos que aseguran que esto causa temor en la población.Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, también se unió a esta crítica sobre las tasas intereses. El exfuncionario afirmó que están logrando es sembrar pánico entre los colombianos pues cada vez son más las personas que desisten de sus proyectos de vida, como comprar una vivienda, porque no están dispuestas a pagar intereses costosos.Lo anterior, según el ex presidente de Colombia, podría tener consecuencias en el sector de la construcción y en otros sectores de la economía, pues hasta empleos se perderían."Nosotros queremos expresar nuestra preocupación porque esto puede conducir a que haya, además de estos problemas, una enorme morosidad en el pago de la cartera a los bancos, a los municipios. La ciudadanía no va a ser capaz de pagarle a los municipios, con lo que está ocurriendo. Un enorme crecimiento de la cartera a la DIAN", afirmó Álvaro Uribe Vélez.Estas afirmaciones fueron hechas por el ex presidente Uribe, desde la central mayorista de Antioquia, donde se llevó a cabo el foro denominado “Escuchemos a Medellín”, en el que también cuestionó que los turistas continúen viniendo a la capital antioqueña en busca de mujeres y drogas.Le puede interesar: 'El Camerino'
Este sábado, 28 de enero, se debatió en El Radar sobre la reforma a la salud que prepara el Gobierno de Gustavo Petro. Con la dirección de Ricardo Ospina hablaron Fernando Ruiz, Galo Viana y Denis Silva.Fernando Ruiz, exministro de Salud, en diálogo con El Radar de Blu Radio mostró su “preocupación” que lleva a regresar a un modelo que existió hace más de 30 años y que presentaba limitaciones al ser un sistema que trabaja bajo el tiempo del Estado: “No garantizaba nada, cada uno tenía que buscar que las instituciones públicas le diera alguna atención”.A su vez, Galo Viana, presidente de la junta directiva de Gestar; y Denis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes, aseguraron que la postura del exministro no es equivocado y que el Gobierno planteé desaparecer las EPS pone en riesgo la salud de los colombianos.
La Procuraduría General de Nación investigará a directivos de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, del Cesar, por su presunta omisión de sus funciones, luego de registrarse un presunto abuso sexual en un centro a cargo de la entidad.El Ministerio Público abrió investigación al director regional del ICBF en el departamento, Gabriel Enrique Castilla, y a la coordinadora del centro zonal, Zobeida Galván Peña, por presunta omisión en el ejercicio de sus labores de vigilancia y supervisión en la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y la Juventud.El ente disciplinario requirió información acerca de la conducta de los investigados, cuando al parecer, habrían tenido conocimiento de los comportamientos de abuso sexual y tratos denigrantes a menores de edad a su cargo el director, representante legal y coordinador de la fundación.La Procuraduría busca verificar la ocurrencia de la conducta de Castilla y Galván, con la finalidad de verificar si es falta disciplinaria o causal de exclusión de responsabilidad.Por este caso fueron detenidas tres personas que están involucradas en estos hechos de presuntos abusos sexuales, en los que estaba implicado el director de la entidad, junto a dos más, luego de una alerta que emitió en su momento la directora del ICBF, Lina Arbeláez, en 2021.Tras la detención de estas personas, la Fiscalía les imputó cargos a los involucrados por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.Por estos hechos, los 70 menores de edad que estaban en las instituciones fueron trasladados y se les continuó el restablecimiento de sus derechos.Procuraduría General abrió indagación disciplinaria contra actual director del ICBF en GuaviareLa Procuraduría General de la Nación adelanta nuevas actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con posibles actos de abuso sexual por parte de miembros del Ejército Nacional contra menores de edad indígenas en el departamento de San José de Guaviare.Una de las medidas que tomó la Procuraduría fue la de abrir investigación disciplinaria contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Joaquín Mendieta Silguero, quien, al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y no habría desplegado las medidas de protección necesarias luego de una publicación hecha en medios de comunicación.Le puede interesar:
Visitantes y comerciantes del centro comercial Arkadia, en Medellín, no salen del asombro tras la extraña muerte de Yesenia Henao Montoya, en el interior de sus instalaciones.La mujer estaba caminando por uno de los pasillos cuando, producto de una descompensación, se desmayó y cayó al suelo. De inmediato fue auxiliada por empleados del centro comercial, quienes la llevaron a la enfermería donde posteriormente falleció. Al lugar también llegaron médicos de EMI.Las autoridades investigan si la muerte pudiera estar relacionada con tres cirugías que se había practicado recientemente esta mujer en una clínica de Medellín, tras llegar de España.Según información que se pudo conocer, la mujer se practicó una abdominoplastia, una mamoplastia y una bichectomía, que habrían requerido mucho cuidado y habrían afectado su estado de salud.No obstante, será Medicina Legal la que determine las causas exactas de esta mujer.Le puede interesar: 'El Camerino'
Este sábado, 28 de enero, las mejores noticias del mundo de los autos en Colombia y el mundo con la dirección de Ricardo Soler, en compañía de Luz Eusse, Juliana Cañaveral y Nelson Ascencio.Invitados, noticias, datos e información en Autos y Motos.
