El juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar la totalidad de las piezas que fueron retiradas de sus exposiciones en medio de la controversia por la decisión del Gobierno de sacar elementos relacionados con el feminismo, las comunidades LGBTQ+ y el conflicto armado. La medida provisional estará vigente mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.La decisión, firmada por el juez César Enrique Osorio, también prohíbe destruir, alterar, trasladar fuera de las instalaciones o devolver a terceros las piezas retiradas. Además, el despacho ordenó preservar los documentos relacionados con el retiro y entregar un informe detallado sobre los elementos afectados en un plazo de 24 horas desde la notificación de la providencia.¿Qué ordenó el juez sobre las piezas retiradas del Museo Nacional?La medida busca preservar los elementos que fueron retirados de las salas de exposición mientras avanza el estudio de la tutela. En el documento, el juzgado considera que es necesario adoptar medidas urgentes para evitar daños que puedan afectar los derechos relacionados con la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística.Por esa razón, el Museo Nacional deberá mantener las piezas en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación. La institución tampoco podrá retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que justifiquen esas decisiones.El despacho también dispuso preservar los inventarios, registros de movimiento, guiones museográficos, actas, correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos relacionados con el retiro de las piezas.Museo Nacional deberá informar cuáles piezas fueron retiradasDentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la decisión, el Museo Nacional deberá remitir al juzgado un informe detallado con el listado completo de las piezas retiradas de las exposiciones y del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz.El documento deberá precisar la ubicación actual de cada elemento, su estado de conservación y la autoridad o dependencia que ordenó su retiro.Además, el juzgado admitió la acción de tutela presentada por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, integrante del colectivo Revolución en Rosa.La acción fue admitida contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia. Ambas entidades tienen un día hábil, contado desde la notificación efectiva, para pronunciarse y aportar las pruebas y documentos correspondientes.El juzgado también solicitó información sobre los actos administrativos que autorizaron la exhibición de las piezas y aquellos que sustentaron su retiro. Asimismo, vinculó al trámite a otras entidades y organizaciones, y al presidente Abelardo De La Espriella, para que puedan pronunciarse sobre la tutela.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Unión Patriótica fue uno de los dos partidos sancionados por el Consejo Nacional Electoral por la violación de topes electorales por aproximadamente 6.000 millones de pesos en la campaña Petro Presidente.La UP tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición por la decisión; sin embargo, renunciaron a esa posibilidad, pues aseguran que no lo harán ya que no consideran que tengan garantías.“Esta renuncia se formula en atención a que, a lo largo del presente trámite, se ha hecho manifiesto que el Consejo Nacional Electoral no ha brindado las garantías mínimas de imparcialidad, objetividad y respeto por el debido proceso, tal como exige la Constitución y el ordenamiento jurídico. La forma en que se ha adelantado la actuación permite advertir que la Corporación, lejos de comportarse como un órgano técnico de control electoral, ha asumido un papel que se percibe más cercano al de un actor político”, dice la carta enviada por el secretario general de la UP, Gabriel Becerra, al CNE.En el mismo sentido, aseguran que un recurso de reposición no tendría eficacia real y, por eso, prefieren no hacerlo y acudir a instancias internacionales.“Activaremos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, habida cuenta de que la actuación del Estado colombiano —a través del Consejo Nacional Electoral— ha configurado un escenario que puede ser entendido como persecución administrativa y afectación grave a las garantías constitucionales”, dice la carta de Becerra.
El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos y haber recibido financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y Fecode.Por primera vez, el CNE emite una sanción en contra de una campaña presidencial. En esta decisión fueron multados Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, la tesorera, los auditores y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. La ponencia y la investigación fueron elaborados por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor de la ponencia (Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Alvaro Prada y el Conjuez Majer Abushihab) y en CONTRA de la ponencia (Cristian Quiroz, Fabiola Marquéz y el Conjuez Jorge I. Acuña).Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el primer mandatario solo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluido en la sanción administrativa emitida.Aída Avella dice que se siente en la época de la gran persecución contra la Unión PatrióticaAnte la noticia, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, habló en Mañanas Blu sobre la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022. Aseguró que aún no han recibido una notificación formal sobre la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral.“Es un entramado muy extraño. Es incoherente lo que están haciendo; me siento en la época de la gran persecución contra nosotros. No nos pudieron matar con tantas cosas y ahora vienen unas sanciones que a mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica”, afirmó.Avella defendió la gestión de su partido, recordando un acto de "generosidad política" al modificar sus estatutos para incluir a Colombia Humana y evitar la desaparición de este, que es el partido mayoritario dentro del Pacto Histórico.Aseguró que esta sanción, que según la prensa asciende a más de 500 millones de pesos, coincide con el proceso para que el Pacto Histórico obtenga su personería jurídica y forma parte de una arremetida constante. "Todos los días sacan algo contra el Pacto, contra la Unión Patriótica, contra Colombia Humana", afirmó.Avella manifestó su preocupación por el impacto financiero de la sanción, afirmando que la multa dejaría a la UP sin recursos para funcionar. Explicó que el partido no tiene sede propia y opera desde una oficina en la casa del Partido Comunista, por lo que dependen de esos fondos para pagar servicios básicos y personal.
La senadora y presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, cuestionó la indagación preliminar abierta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, luego de que ambas colectividades se retiraran de la consulta presidencial del Pacto Histórico.“A mí me parece que prácticamente ahí no tienen ninguna razón. Y yo creo que el Consejo de Estado hoy nos está dando la razón”, afirmó Avella, al reiterar que el retiro de la consulta está amparado por la Constitución. La senadora hizo referencia al artículo 40, señalando que “Nosotros podemos hacer alianzas y podemos hacer alianzas en base al artículo 40 de la Constitución. Y a mí me duele, porque estuve en la Constitución del 91”.Avella recordó que la Constitución establece la posibilidad de crear movimientos y partidos sin restricciones injustificadas. “¿Cómo es posible que en el artículo 40 donde se dice que podemos crear movimientos, partidos, lo que se quiera, sin limitación alguna en el parágrafo 3 del artículo 40 de la Constitución? Y entonces a mí me aterra que hay algunos magistrados o desmagistrados que nos dicen sí, pero es que la Ley 500 no sé cuántas dice tal cosa”, cuestionó.La congresista también criticó que el CNE invoque normas inferiores para justificar la apertura de la indagación. “Cuando hay un choque entre una ley y la Constitución, el artículo 40 de la Constitución es muy claro. Prima lo que dice la Constitución Nacional, porque la Constitución es norma de normas. ¿Esto no lo entienden algunos magistrados?”, expresó.Finalmente, la presidenta de la UP señaló: “Yo no puedo entender realmente cómo en las altas cortes a veces se cometen unas cosas que van contra el Estado de derecho, pero además contra la propia Constitución”. Según Avella, es necesario que las altas cortes actúen con mayor claridad respecto a las garantías que la Constitución otorga a los partidos y movimientos políticos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió en la mañana de este martes un auto el 24 de noviembre de 2025 en el que avoca conocimiento, abre indagación preliminar y ordena pruebas en contra de los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano, por haber renunciado a la consulta presidencial del Pacto Histórico del pasado domingo 26 de octubre de 2025.Según la denuncia presentada, se pide que estos ambos partidos reintegren una parte proporcional de los gastos electorales en los que incurrió la Organización Electoral para la realización de dicha consulta. El proceso se inicia por una queja presentada el 24 de octubre de 2025 por el ciudadano Samuel Ortiz, quien solicitó la apertura de indagación y la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011 (Ley de Partidos y Movimientos Políticos).El documento señala que el escrito aportado por el ciudadano incluye la renuncia del 22 de octubre de 2025, presentada por los representantes legales de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. En dicho escrito, según se describe en el Auto, las colectividades explican que su retiro obedecía a la falta de “claridad y garantías jurídicas” de la consulta y a la inconformidad con la posible calificación de la misma como interpartidista.El magistrado ponente, Álvaro Hernán Prada, verificó de oficio el acuerdo de voluntades del 26 de septiembre de 2025 y el acta de inscripción expedida por la Registraduría, documentos que también forman parte de las pruebas incorporadas.El Auto ordena practicar pruebas adicionales, entre ellas requerir al Fondo de Financiación Política y Campañas Electorales una certificación sobre anticipos otorgados a los partidos investigados, y a la Registraduría Delegada en lo Electoral, los informes de los gastos asumidos por la Organización Electoral en la consulta del 26 de octubre.Asimismo, se concede un plazo de tres días a los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano para que entreguen una versión libre por escrito sobre los hechos relacionados con el reintegro que podría corresponderles conforme al artículo 7° de la Ley 1475.
En la mañana de este martes, el partido Unión Patriótica (UP) radicó una comunicación ante el Consejo Nacional Electoral, en el que notifican que se retractan de la aceptación y allanamiento de cargos en el proceso, sanatorio que adelanta la autoridad de electoral por cuenta de las presuntas irregularidades y violación de topes en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro en el año 2022.El motivo de esta retractación es que en el documento enviado el pasado 10 de diciembre por la UP, esta colectividad se había allanado a los cargos en todas las investigaciones en su contra, sin tener en cuenta que el caso de la investigación por la campaña presencial, aún no había sido discutido y votado en la sala plena de la corporación.El error tuvo su origen en un descuido por parte de las directivas del partido, en un intento de agilizar la resolución de los procesos sanatorios en su contra para cumplir con los requisitos necesarios para la fusión de su personería, en el nuevo movimiento del Pacto Histórico.“Ese proceso (Petro presidente 2022) no es parte del allanamiento que hace la Unión Patriótica de la aceptación de cargos que corregimos y sí aceptamos los otros porque son los que nos informó el mismo Consejo Nacional Electoral están relacionados en el caso concreto en la Unión Patriótica y con eso, queremos superar la condición suspensiva de la resolución que le dará vida ya al Pacto Histórico; sobre todo porque, pues estamos ya en periodo de inscripción de listas, entonces queremos solucionar eso”, aseguró el representante Gabriel Becerra, secretario general de la UPFrente a los otros procesos que enfrenta la UP, así como el Polo, estas dos colectividades han decidido aceptar todos los cargos buscando dejar la vida libre para que el CNE otorgue plenos derechos políticos al Pacto Histórico y se puedan conformar sin ningún tipo de duda jurídica o legal las listas a Senado y Cámara de Representantes e inscribirse, tal como comenzó a ocurrir desde el pasado 8 de noviembre.Cabe recordar que la ponencia presentada por los magistrados, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, será discutida y debatida en la sala plena del CNE, el próximo jueves, 13 de noviembre.
Las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, leídas en el último homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, desataron una fuerte polémica y una categórica respuesta por parte de la Unión Patriótica (UP). La senadora Jahel Quiroga, sobreviviente del genocidio que sufrió este partido político en 1897, también se pronunció.Uno de los puntos más controvertidos del discurso de Uribe fue la afirmación de que el genocidio contra la Unión Patriótica fue una "tesis socorrida". La senadora Quiroga refutó vehementemente esta idea, señalando que el mensaje busca instrumentalizar el genocidio de la UP para oponerlo al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, lo cual, según ella, "no es así".En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la senadora enfatizó que es Uribe quien compara y justifica estos hechos distintos, instrumentalizándolos en un evento solemne. Más aún, acusó directamente al Gobierno de Uribe de haber participado en el exterminio de la Unión Patriótica, tanto durante sus ocho años de presidencia como en sus cuatro años como gobernador."Todo lo contrario. En los ocho años de su Gobierno y en los cuatro como gobernador participó su Gobierno en el exterminio de la Unión Patriótica. Aquí él no puede instrumentalizar el ataque a Miguel Uribe con el genocidio de la UP; dos hechos distintos, él es quien los usa", afirmó la senadora.Y es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado que hubo 5.733 víctimas de la UP, con 4.616 asesinatos y 1.117 desapariciones en ese momento, cuando ocurrieron estos hechos.La senadora Quiroga desmintió las afirmaciones del exjefe de Estado sobre su desempeño como gobernador de Antioquia, específicamente, sobre que "fueron eficazmente protegidos los diputados de la Unión Patriótica".Esto, con ejemplos concretos. Al ser consultada sobre Beatriz Gómez Pereañéz y Gustavo Arenas, diputados de la UP durante la gobernación de Uribe en Antioquia, Quiroga reveló que "Beatriz Gómez precisamente tuvo que salir del país y refugiarse en Europa".La senadora denunció que Uribe ha dicho en varias ocasiones que estos dos compañeros "eran guerrilleros y que él los protegió”. No obstante, dijo que eso no es cierto e, incluso, recalcó que es “falso de toda falsedad".Quiroga subrayó que la estigmatización que los asimilaba a la guerrilla "fue la que aceleró el exterminio de la Unión Patriótica" y que Uribe "ha contribuido con esto". Además, mencionó que la persecución no solo afectó a los diputados, sino también a concejales de Apartadó y Urabá.Durante el Gobierno de Uribe, se implementó el "plan retorno", un plan que dejó "más de 100 desaparecidos en las zonas bananeras que trabajaron con los paramilitares y la fuerza pública de la 17 brigada del Ejército", según añadió.Todos estos hechos están "documentado completamente en el sistema Interamericano, en la comisión y en la corte", precisó la senadora.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP prorrogó por un año más la medida de protección sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Brigada XX que están en el Archivo General del Ministerio de Defensa. En esos documentos, la jurisdicción busca información relevante para el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica, también sobre el Partido Comunista, las organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos.Aunque ya se había adelantado una diligencia judicial sobre los archivos, aún no se ha culminado la etapa de análisis de la información. Estos resultados tendrán que ser presentados a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.“Los propósitos de la medida cautelar impuesta comprenden la protección y preservación de los archivos de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional para lo cual, entre otros, se ordenó a la UIA adelantar diligencias de inspección judicial en las sedes donde se encontraban almacenados los archivos de inteligencia y contrainteligencia de dicha brigada, labores que permitirían el aseguramiento de la información protegida y su custodia por parte de la Jurisdicción”, explica la JEP.De esta manera, se busca determinar si en dichos archivos puede haber información sobre violaciones a los derechos humanos contra los partidos y movimientos antes mencionados.“La cautela no se puede levantar hasta tanto no se procese la información recopilada en la medida en que la misma puede resultar de gran utilidad para varias Salas y Secciones de la JEP. De hecho, la finalidad de la medida de protección de información aún no se ha cumplido a cabalidad dado que la salvaguarda impuesta por la SAR no se limita a una simple toma de copias o escaneo de la información que se encuentra depositada en dichos archivos, sin que la misma sea analizada por la Jurisdicción a fin de garantizar, por una parte, los derechos a la verdad y la memoria de las víctimas y de la sociedad en general y, por otra, evitar que se repliquen conductas victimizantes que vuelvan a afectar los derechos humanos en el Estado colombiano”, señalan los magistrados en su decisión.
Las elecciones europeas para renovar la Eurocámara han certificado un aumento en escaños en toda la Unión Europea de partidos ultraconservadores y de extrema derecha, que se colocan como primera fuerza en Francia, Italia, Países Bajos o Austria.Como consecuencia, tendrán más peso en decisiones como la orientación del presupuesto de la UE entre 2027 y 2034, el posicionamiento de la Eurocámara en la defensa del Estado de derecho y los valores europeos, la futura ampliación al este o el progreso a la hora de implementar objetivos climáticos.Las próximas semanas y meses determinarán cuál es su capacidad de influencia real, si consiguen coordinar sus posiciones en el hemiciclo y cómo cambiará el día a día del trabajo legislativo en la Unión Europea.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Yascha Mounk, escritor, analista y fundador de Persuasión y profesor en la Universidad Johns Hopkins, hizo un análisis sobre lo que estos resultados significan para el antiguo continente. En ese sentido, reflexionó sobre el ascenso del populismo y la radicalización política, calificándola como fenómeno que está transformando el panorama político en Europa y América Latina. Uno de los factores que ha contribuido a este ascenso es la migración. La llegada de millones de personas a Europa y América Latina ha generado tensiones y ha avivado los temores respecto a la pérdida de identidad cultural y a la competencia por recursos y empleo. En este contexto, algunos líderes populistas han aprovechado el descontento y han fomentado la polarización y el rechazo a los inmigrantes, prometiendo políticas más restrictivas y el control de las fronteras. Otro factor relevante es el crecimiento del Islam como religión en Europa. Este fenómeno ha llevado a que algunos sectores de la población perciban una amenaza a sus valores y forma de vida, lo que ha alimentado discursos y posturas políticas radicales. Sin embargo, es importante destacar que el ascenso del populismo no se limita a la extrema derecha. En América Latina, por ejemplo, se ha visto el surgimiento de líderes populistas de diversos espectros políticos, quienes han llegado al poder prometiendo cambios profundos en la forma en que se hacen política y se gestionan los recursos. La Comisión Europea y el Consejo se quedan como estánEn la práctica, las elecciones europeas rediseñan sólo una de las tres instituciones comunitarias que intervienen en el proceso legislativo. El Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) y el Consejo de la UE (los ministros de los Estados miembros) permanecen estables, ya que sólo renuevan sus miembros cuando hay elecciones a nivel nacional.Esto significa, por ejemplo, que Emmanuel Macron y sus ministros seguirán representando a Francia en el Consejo aunque Marine le Pen haya ganado las elecciones europeas en Francia.Un Parlamento escorado a la derecha puede tener cierta influencia para desequilibrar el voto de confirmación del presidente de la Comisión Europea o la aprobación de su equipo de comisarios, pero éstos también serán por definición "multicolor" políticamente porque los envían sus gobiernos.Escuche aquí el informe:
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.
El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales. Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Ambos datos deben coincidir con el resultado oficial para obtener el premio mayor.Resultado del Super Astro Luna hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este domingo es el 7234 - Tauro. Los participantes podrán comprobar su jugada con los siguientes datos una vez se conozca la combinación ganadora:Número ganador: 7234Dos últimas cifras: 34Tres últimas cifras: 234Signo zodiacal: TauroLos resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados.¿A qué hora juega Super Astro Luna?El horario de Super Astro Luna cambia según el día de la semana. La programación es la siguiente:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.¿Cómo se juega Super Astro Luna?Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles:AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpiónSagitarioCapricornioAcuarioPiscisEl premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto las cuatro cifras seleccionadas como el signo zodiacal anunciado en el resultado oficial.¿Qué modalidades de apuesta ofrece Super Astro Luna?Los participantes cuentan con distintas alternativas para registrar sus jugadas. Una de ellas permite apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, de manera que la combinación incluya todas las opciones de signo.Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite registrar varias combinaciones de números y signos en una sola compra.¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?El valor de cada apuesta puede ajustarse al presupuesto del participante, dentro de los límites establecidos:Valor mínimo: $500.Valor máximo: $10.000 por apuesta.¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?Después de cada sorteo, los jugadores deben comparar los datos registrados en su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales.La revisión del número y del signo zodiacal permite confirmar si la apuesta fue ganadora y determinar si corresponde iniciar el proceso de reclamación del premio.
El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Su oferta incluye distintas formas de participar y la posibilidad de obtener premios al acertar las cuatro cifras o algunas de las terminaciones del número ganador.Resultado del Sinuano Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este domingo es el 3133 - 3. Los jugadores podrán verificar las cifras ganadoras y compararlas con sus tiquetes una vez se conozca la combinación oficial.Número ganador: 3133Dos últimas cifras: 33Tres últimas cifras: 133Quinta balota: 3La consulta también está disponible en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales.¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?La quinta balota es una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta opción fue incorporada durante 2025 y amplió las alternativas de participación para los apostadores.Su función es complementar la combinación ganadora y permitir nuevas posibilidades de premio cuando coincide con la selección realizada por el jugador, según las condiciones del juego.¿A qué hora juega el Sinuano Noche?El Sinuano Noche se sortea todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los participantes pueden jugar desde $500 hasta $25.000.¿Cuáles son las modalidades de apuesta?El juego cuenta con seis alternativas para quienes buscan acertar el número completo o sus últimas cifras:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en la secuencia exacta.Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque aparezcan en otro orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador en los puntos autorizados. Los requisitos básicos son:Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.La documentación adicional depende del monto obtenido:Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requiere la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, el Sinuano Noche mantiene su presencia entre los juegos de chance consultados por los apostadores en Colombia.