La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Unión Patriótica fue uno de los dos partidos sancionados por el Consejo Nacional Electoral por la violación de topes electorales por aproximadamente 6.000 millones de pesos en la campaña Petro Presidente.La UP tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición por la decisión; sin embargo, renunciaron a esa posibilidad, pues aseguran que no lo harán ya que no consideran que tengan garantías.“Esta renuncia se formula en atención a que, a lo largo del presente trámite, se ha hecho manifiesto que el Consejo Nacional Electoral no ha brindado las garantías mínimas de imparcialidad, objetividad y respeto por el debido proceso, tal como exige la Constitución y el ordenamiento jurídico. La forma en que se ha adelantado la actuación permite advertir que la Corporación, lejos de comportarse como un órgano técnico de control electoral, ha asumido un papel que se percibe más cercano al de un actor político”, dice la carta enviada por el secretario general de la UP, Gabriel Becerra, al CNE.En el mismo sentido, aseguran que un recurso de reposición no tendría eficacia real y, por eso, prefieren no hacerlo y acudir a instancias internacionales.“Activaremos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, habida cuenta de que la actuación del Estado colombiano —a través del Consejo Nacional Electoral— ha configurado un escenario que puede ser entendido como persecución administrativa y afectación grave a las garantías constitucionales”, dice la carta de Becerra.
El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos y haber recibido financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y Fecode.Por primera vez, el CNE emite una sanción en contra de una campaña presidencial. En esta decisión fueron multados Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, la tesorera, los auditores y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. La ponencia y la investigación fueron elaborados por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor de la ponencia (Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Alvaro Prada y el Conjuez Majer Abushihab) y en CONTRA de la ponencia (Cristian Quiroz, Fabiola Marquéz y el Conjuez Jorge I. Acuña).Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el primer mandatario solo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluido en la sanción administrativa emitida.Aída Avella dice que se siente en la época de la gran persecución contra la Unión PatrióticaAnte la noticia, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, habló en Mañanas Blu sobre la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022. Aseguró que aún no han recibido una notificación formal sobre la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral.“Es un entramado muy extraño. Es incoherente lo que están haciendo; me siento en la época de la gran persecución contra nosotros. No nos pudieron matar con tantas cosas y ahora vienen unas sanciones que a mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica”, afirmó.Avella defendió la gestión de su partido, recordando un acto de "generosidad política" al modificar sus estatutos para incluir a Colombia Humana y evitar la desaparición de este, que es el partido mayoritario dentro del Pacto Histórico.Aseguró que esta sanción, que según la prensa asciende a más de 500 millones de pesos, coincide con el proceso para que el Pacto Histórico obtenga su personería jurídica y forma parte de una arremetida constante. "Todos los días sacan algo contra el Pacto, contra la Unión Patriótica, contra Colombia Humana", afirmó.Avella manifestó su preocupación por el impacto financiero de la sanción, afirmando que la multa dejaría a la UP sin recursos para funcionar. Explicó que el partido no tiene sede propia y opera desde una oficina en la casa del Partido Comunista, por lo que dependen de esos fondos para pagar servicios básicos y personal.
La senadora y presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, cuestionó la indagación preliminar abierta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, luego de que ambas colectividades se retiraran de la consulta presidencial del Pacto Histórico.“A mí me parece que prácticamente ahí no tienen ninguna razón. Y yo creo que el Consejo de Estado hoy nos está dando la razón”, afirmó Avella, al reiterar que el retiro de la consulta está amparado por la Constitución. La senadora hizo referencia al artículo 40, señalando que “Nosotros podemos hacer alianzas y podemos hacer alianzas en base al artículo 40 de la Constitución. Y a mí me duele, porque estuve en la Constitución del 91”.Avella recordó que la Constitución establece la posibilidad de crear movimientos y partidos sin restricciones injustificadas. “¿Cómo es posible que en el artículo 40 donde se dice que podemos crear movimientos, partidos, lo que se quiera, sin limitación alguna en el parágrafo 3 del artículo 40 de la Constitución? Y entonces a mí me aterra que hay algunos magistrados o desmagistrados que nos dicen sí, pero es que la Ley 500 no sé cuántas dice tal cosa”, cuestionó.La congresista también criticó que el CNE invoque normas inferiores para justificar la apertura de la indagación. “Cuando hay un choque entre una ley y la Constitución, el artículo 40 de la Constitución es muy claro. Prima lo que dice la Constitución Nacional, porque la Constitución es norma de normas. ¿Esto no lo entienden algunos magistrados?”, expresó.Finalmente, la presidenta de la UP señaló: “Yo no puedo entender realmente cómo en las altas cortes a veces se cometen unas cosas que van contra el Estado de derecho, pero además contra la propia Constitución”. Según Avella, es necesario que las altas cortes actúen con mayor claridad respecto a las garantías que la Constitución otorga a los partidos y movimientos políticos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió en la mañana de este martes un auto el 24 de noviembre de 2025 en el que avoca conocimiento, abre indagación preliminar y ordena pruebas en contra de los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano, por haber renunciado a la consulta presidencial del Pacto Histórico del pasado domingo 26 de octubre de 2025.Según la denuncia presentada, se pide que estos ambos partidos reintegren una parte proporcional de los gastos electorales en los que incurrió la Organización Electoral para la realización de dicha consulta. El proceso se inicia por una queja presentada el 24 de octubre de 2025 por el ciudadano Samuel Ortiz, quien solicitó la apertura de indagación y la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011 (Ley de Partidos y Movimientos Políticos).El documento señala que el escrito aportado por el ciudadano incluye la renuncia del 22 de octubre de 2025, presentada por los representantes legales de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. En dicho escrito, según se describe en el Auto, las colectividades explican que su retiro obedecía a la falta de “claridad y garantías jurídicas” de la consulta y a la inconformidad con la posible calificación de la misma como interpartidista.El magistrado ponente, Álvaro Hernán Prada, verificó de oficio el acuerdo de voluntades del 26 de septiembre de 2025 y el acta de inscripción expedida por la Registraduría, documentos que también forman parte de las pruebas incorporadas.El Auto ordena practicar pruebas adicionales, entre ellas requerir al Fondo de Financiación Política y Campañas Electorales una certificación sobre anticipos otorgados a los partidos investigados, y a la Registraduría Delegada en lo Electoral, los informes de los gastos asumidos por la Organización Electoral en la consulta del 26 de octubre.Asimismo, se concede un plazo de tres días a los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano para que entreguen una versión libre por escrito sobre los hechos relacionados con el reintegro que podría corresponderles conforme al artículo 7° de la Ley 1475.
En la mañana de este martes, el partido Unión Patriótica (UP) radicó una comunicación ante el Consejo Nacional Electoral, en el que notifican que se retractan de la aceptación y allanamiento de cargos en el proceso, sanatorio que adelanta la autoridad de electoral por cuenta de las presuntas irregularidades y violación de topes en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro en el año 2022.El motivo de esta retractación es que en el documento enviado el pasado 10 de diciembre por la UP, esta colectividad se había allanado a los cargos en todas las investigaciones en su contra, sin tener en cuenta que el caso de la investigación por la campaña presencial, aún no había sido discutido y votado en la sala plena de la corporación.El error tuvo su origen en un descuido por parte de las directivas del partido, en un intento de agilizar la resolución de los procesos sanatorios en su contra para cumplir con los requisitos necesarios para la fusión de su personería, en el nuevo movimiento del Pacto Histórico.“Ese proceso (Petro presidente 2022) no es parte del allanamiento que hace la Unión Patriótica de la aceptación de cargos que corregimos y sí aceptamos los otros porque son los que nos informó el mismo Consejo Nacional Electoral están relacionados en el caso concreto en la Unión Patriótica y con eso, queremos superar la condición suspensiva de la resolución que le dará vida ya al Pacto Histórico; sobre todo porque, pues estamos ya en periodo de inscripción de listas, entonces queremos solucionar eso”, aseguró el representante Gabriel Becerra, secretario general de la UPFrente a los otros procesos que enfrenta la UP, así como el Polo, estas dos colectividades han decidido aceptar todos los cargos buscando dejar la vida libre para que el CNE otorgue plenos derechos políticos al Pacto Histórico y se puedan conformar sin ningún tipo de duda jurídica o legal las listas a Senado y Cámara de Representantes e inscribirse, tal como comenzó a ocurrir desde el pasado 8 de noviembre.Cabe recordar que la ponencia presentada por los magistrados, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, será discutida y debatida en la sala plena del CNE, el próximo jueves, 13 de noviembre.
Las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, leídas en el último homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, desataron una fuerte polémica y una categórica respuesta por parte de la Unión Patriótica (UP). La senadora Jahel Quiroga, sobreviviente del genocidio que sufrió este partido político en 1897, también se pronunció.Uno de los puntos más controvertidos del discurso de Uribe fue la afirmación de que el genocidio contra la Unión Patriótica fue una "tesis socorrida". La senadora Quiroga refutó vehementemente esta idea, señalando que el mensaje busca instrumentalizar el genocidio de la UP para oponerlo al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, lo cual, según ella, "no es así".En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la senadora enfatizó que es Uribe quien compara y justifica estos hechos distintos, instrumentalizándolos en un evento solemne. Más aún, acusó directamente al Gobierno de Uribe de haber participado en el exterminio de la Unión Patriótica, tanto durante sus ocho años de presidencia como en sus cuatro años como gobernador."Todo lo contrario. En los ocho años de su Gobierno y en los cuatro como gobernador participó su Gobierno en el exterminio de la Unión Patriótica. Aquí él no puede instrumentalizar el ataque a Miguel Uribe con el genocidio de la UP; dos hechos distintos, él es quien los usa", afirmó la senadora.Y es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado que hubo 5.733 víctimas de la UP, con 4.616 asesinatos y 1.117 desapariciones en ese momento, cuando ocurrieron estos hechos.La senadora Quiroga desmintió las afirmaciones del exjefe de Estado sobre su desempeño como gobernador de Antioquia, específicamente, sobre que "fueron eficazmente protegidos los diputados de la Unión Patriótica".Esto, con ejemplos concretos. Al ser consultada sobre Beatriz Gómez Pereañéz y Gustavo Arenas, diputados de la UP durante la gobernación de Uribe en Antioquia, Quiroga reveló que "Beatriz Gómez precisamente tuvo que salir del país y refugiarse en Europa".La senadora denunció que Uribe ha dicho en varias ocasiones que estos dos compañeros "eran guerrilleros y que él los protegió”. No obstante, dijo que eso no es cierto e, incluso, recalcó que es “falso de toda falsedad".Quiroga subrayó que la estigmatización que los asimilaba a la guerrilla "fue la que aceleró el exterminio de la Unión Patriótica" y que Uribe "ha contribuido con esto". Además, mencionó que la persecución no solo afectó a los diputados, sino también a concejales de Apartadó y Urabá.Durante el Gobierno de Uribe, se implementó el "plan retorno", un plan que dejó "más de 100 desaparecidos en las zonas bananeras que trabajaron con los paramilitares y la fuerza pública de la 17 brigada del Ejército", según añadió.Todos estos hechos están "documentado completamente en el sistema Interamericano, en la comisión y en la corte", precisó la senadora.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP prorrogó por un año más la medida de protección sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Brigada XX que están en el Archivo General del Ministerio de Defensa. En esos documentos, la jurisdicción busca información relevante para el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica, también sobre el Partido Comunista, las organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos.Aunque ya se había adelantado una diligencia judicial sobre los archivos, aún no se ha culminado la etapa de análisis de la información. Estos resultados tendrán que ser presentados a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.“Los propósitos de la medida cautelar impuesta comprenden la protección y preservación de los archivos de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional para lo cual, entre otros, se ordenó a la UIA adelantar diligencias de inspección judicial en las sedes donde se encontraban almacenados los archivos de inteligencia y contrainteligencia de dicha brigada, labores que permitirían el aseguramiento de la información protegida y su custodia por parte de la Jurisdicción”, explica la JEP.De esta manera, se busca determinar si en dichos archivos puede haber información sobre violaciones a los derechos humanos contra los partidos y movimientos antes mencionados.“La cautela no se puede levantar hasta tanto no se procese la información recopilada en la medida en que la misma puede resultar de gran utilidad para varias Salas y Secciones de la JEP. De hecho, la finalidad de la medida de protección de información aún no se ha cumplido a cabalidad dado que la salvaguarda impuesta por la SAR no se limita a una simple toma de copias o escaneo de la información que se encuentra depositada en dichos archivos, sin que la misma sea analizada por la Jurisdicción a fin de garantizar, por una parte, los derechos a la verdad y la memoria de las víctimas y de la sociedad en general y, por otra, evitar que se repliquen conductas victimizantes que vuelvan a afectar los derechos humanos en el Estado colombiano”, señalan los magistrados en su decisión.
Las elecciones europeas para renovar la Eurocámara han certificado un aumento en escaños en toda la Unión Europea de partidos ultraconservadores y de extrema derecha, que se colocan como primera fuerza en Francia, Italia, Países Bajos o Austria.Como consecuencia, tendrán más peso en decisiones como la orientación del presupuesto de la UE entre 2027 y 2034, el posicionamiento de la Eurocámara en la defensa del Estado de derecho y los valores europeos, la futura ampliación al este o el progreso a la hora de implementar objetivos climáticos.Las próximas semanas y meses determinarán cuál es su capacidad de influencia real, si consiguen coordinar sus posiciones en el hemiciclo y cómo cambiará el día a día del trabajo legislativo en la Unión Europea.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Yascha Mounk, escritor, analista y fundador de Persuasión y profesor en la Universidad Johns Hopkins, hizo un análisis sobre lo que estos resultados significan para el antiguo continente. En ese sentido, reflexionó sobre el ascenso del populismo y la radicalización política, calificándola como fenómeno que está transformando el panorama político en Europa y América Latina. Uno de los factores que ha contribuido a este ascenso es la migración. La llegada de millones de personas a Europa y América Latina ha generado tensiones y ha avivado los temores respecto a la pérdida de identidad cultural y a la competencia por recursos y empleo. En este contexto, algunos líderes populistas han aprovechado el descontento y han fomentado la polarización y el rechazo a los inmigrantes, prometiendo políticas más restrictivas y el control de las fronteras. Otro factor relevante es el crecimiento del Islam como religión en Europa. Este fenómeno ha llevado a que algunos sectores de la población perciban una amenaza a sus valores y forma de vida, lo que ha alimentado discursos y posturas políticas radicales. Sin embargo, es importante destacar que el ascenso del populismo no se limita a la extrema derecha. En América Latina, por ejemplo, se ha visto el surgimiento de líderes populistas de diversos espectros políticos, quienes han llegado al poder prometiendo cambios profundos en la forma en que se hacen política y se gestionan los recursos. La Comisión Europea y el Consejo se quedan como estánEn la práctica, las elecciones europeas rediseñan sólo una de las tres instituciones comunitarias que intervienen en el proceso legislativo. El Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) y el Consejo de la UE (los ministros de los Estados miembros) permanecen estables, ya que sólo renuevan sus miembros cuando hay elecciones a nivel nacional.Esto significa, por ejemplo, que Emmanuel Macron y sus ministros seguirán representando a Francia en el Consejo aunque Marine le Pen haya ganado las elecciones europeas en Francia.Un Parlamento escorado a la derecha puede tener cierta influencia para desequilibrar el voto de confirmación del presidente de la Comisión Europea o la aprobación de su equipo de comisarios, pero éstos también serán por definición "multicolor" políticamente porque los envían sus gobiernos.Escuche aquí el informe:
Un tribunal ratificó condena contra el excabecilla paramilitar alias 'El Indio', por el asesinato de un miembro de la Unión Patriotica en el Occidente de Antioquia.Jhon Fredy Manco Torres, alias 'El Indio', en su condición de cabecilla paramilitar, fue declarado responsable por parte del Tribunal Superior de Antioquia, quien ratificó que es declarado responsable por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento de población civil, por el asesinato de Aurelio Osorio Manco, miembro de la Unión Patriótica, ocurrido el 17 de junio de 2002, en zona rural de Dabeiba.El juez, luego de valorar las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada de la Fiscalía, ratificó la condena y alias 'El Indio', cabecilla del bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), deberá cumplir una pena de 35 años y 6 meses de prisión.Según Hugo Tovar, director especializado contra la Violación a los Derechos Humanos de la Fiscalía, el excabecilla paramilitar tuvo conocimiento y permitió el crimen.Hombres armados que hacían parte de la estructura paramilitar a su cargo interceptaron a la víctima, quien se movilizaba en una motocicleta junto a un adolescente, la llevaron a una finca, le propinaron varios disparos y arrojaron el cuerpo al río Sucio, donde fue encontrado siete días después.Posteriormente, los familiares del señor Osorio Manco y del joven que fue testigo de lo ocurrido tuvieron que abandonar sus tierras, y buscar refugio en Medellín y otras poblaciones. La persona asesinada perteneció a la UP, por lo que el bloque Elmer Cárdenas de las AUC ordenó la acción criminal en su contra por considerarla opositora”, indicó el alto funcionario.Alias 'El Indio', además de cumplir la pena de más de 35 años de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 3.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Una ruptura repentina de una tubería de agua puede convertirse en una situación de alto riesgo para quienes transitan por el lugar. La presión del agua puede provocar una salida violenta del líquido, afectar la superficie y poner en peligro a conductores, motociclistas y peatones que se encuentren cerca.Eso fue lo que ocurrió en el suroeste de Venezuela, donde la fractura de un ducto del Acueducto Regional dejó al menos dos personas heridas. El momento de la emergencia quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.Así ocurrió la ruptura del tubo en VenezuelaDe acuerdo con la información conocida, la tubería del Acueducto Regional del Táchira, de aproximadamente 40 pulgadas, sufrió una fractura mientras sobre la vía circulaban vehículos y personas.En las imágenes se observa que, segundos antes de la ruptura, varios carros pasaban en ambas direcciones justo por encima del lugar donde se encontraba el ducto. Al mismo tiempo, algunas personas caminan por los andenes, muy cerca del punto en el que posteriormente se produjo la emergencia.De un momento a otro, el tubo se rompió y provocó una fuerte explosión de agua que alcanzó más de 3 metros de altura. Un motociclista que avanzaba en dirección al sitio alcanzó a frenar antes de ser lanzado por el aire debido a la fuerza del agua. Luego abandonó la motocicleta y corrió en dirección contraria para alejarse del lugar.Asimismo, otro vehículo alcanzó a pasar por la zona. El conductor continuó algunos metros y finalmente frenó, aparentemente confundido por lo que acababa de ocurrir. Otras personas que caminaban cerca también salieron corriendo ante la explosión.La ruptura de la tubería dejó al menos dos heridos y también ocasionó daños en siete inmuebles y un vehículo. La fuerza del agua destrozó una parte de la vía por lo que escombros de pavimento también volaron por el aire.Autoridades locales y entidades responsables acudieron al lugar para atender la emergencia, hacer el drenaje de las aguas y comenzar las labores de excavación necesarias para sustituir el tramo de tubería afectado.
Starbucks ha confirmado oficialmente la clausura de aproximadamente 250 establecimientos en toda la región de Norteamérica. La decisión, detallada a través de una presentación regulatoria este jueves, forma parte de una política corporativa orientada a optimizar el rendimiento financiero de la marca. Según informaron fuentes de la compañía, estos cierres se llevarán a cabo en el transcurso de esta misma semana.El criterio principal detrás de esta medida es el rendimiento operativo, pues la cadena ha identificado locales que, bajo el análisis actual, presentan un desempeño inferior a las expectativas y carecen de una "ruta clara" hacia la rentabilidad a mediano plazo. Al eliminar estos activos, la dirección busca concentrar sus recursos y esfuerzos en aquellas sucursales con un mayor potencial de crecimiento y una trayectoria financiera sólida.El impacto de la gestión de Brian NiccolEsta nueva ola de cierres constituye un paso decisivo en el plan de transformación iniciado por el CEO de Starbucks, Brian Niccol. Desde su llegada, el directivo ha priorizado la eficiencia operativa y la mejora en la experiencia del cliente como ejes para revertir la tendencia actual de la empresa. La reducción del 1% de su inventario total de cafeterías en Norteamérica se interpreta como una señal de que la directiva está dispuesta a realizar ajustes estructurales profundos.El mercado ha observado con atención estos movimientos, ya que la cadena se enfrenta a un entorno altamente competitivo y a cambios significativos en los hábitos de consumo post-pandemia. A pesar de la relevancia del anuncio, la empresa se ha mantenido cautelosa respecto a los detalles específicos sobre la ubicación geográfica de los locales afectados o la proporción exacta de establecimientos que se encuentran bajo convenios sindicales.Antecedentes y contexto en el sector cafeteroLa medida anunciada hoy se produce apenas un año después de un ciclo de cierres masivos que ya había afectado significativamente la presencia física de la marca en el mercado norteamericano. En aquel entonces, Starbucks también argumentó que la decisión respondía a la necesidad de renovar su modelo de negocio ante la saturación de ciertos puntos de venta y los altos costos operativos.Este patrón de cierre de locales de bajo rendimiento se alinea con una tendencia observada en la industria de la restauración y el retail en Estados Unidos. La presión inflacionaria y el aumento en los costos de mano de obra han obligado a grandes cadenas a realizar auditorías exhaustivas sobre sus activos físicos. El objetivo final es alcanzar un equilibrio entre la presencia masiva y la viabilidad económica de cada unidad.Incertidumbre para empleados y clientesHasta el momento, Starbucks no ha facilitado una lista pública de los establecimientos que cesarán sus operaciones en los próximos días, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se gestionará la reubicación del personal afectado por los cierres. Históricamente, en procesos de reestructuración a gran escala, las empresas suelen ofrecer alternativas de transferencia a otras sucursales cercanas, aunque la compañía aún no ha emitido un comunicado detallado sobre el protocolo de recursos humanos para este caso específico.Para los clientes habituales, la noticia supone un cambio en la accesibilidad de la marca, especialmente en mercados urbanos donde la densidad de locales ha sido un sello distintivo por décadas. Con este ajuste, la empresa espera no solo mejorar sus márgenes de beneficio, sino también consolidar una estructura más ágil y adaptada a las nuevas demandas operativas de la compañía bajo la dirección de Niccol.
El Concejo de Barranquilla aprobó en primer debate la iniciativa presentada por el alcalde Alejandro Char, para la creación del Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico en los estratos 1, 2, y el 3, siempre y cuando esté en condición de vulnerabilidad.El mandatario explicó que el proyecto busca aliviar la economía de más de 200.000 hogares a los que se les busca garantizar el acceso a una cantidad esencial de agua para atender necesidades básicas como hidratación, preparación de alimentos, higiene y salubridad.La medida contempla que el Distrito reconozca el valor correspondiente a los primeros 6 metros cúbicos mensuales de consumo.“Estoy muy feliz de que el Concejo de Barranquilla ya haya aprobado hoy, en primer debate, el Mínimo Vital de Agua para cerca de 700.000 personas en Barranquilla. Esto significa salud, significa vida”, comentó Char.De acuerdo con el anexo técnico financiero que acompaña el proyecto, la medida tendría una cobertura potencial inicial de 200.244 suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2, de los cuales 186.474 cuentan también con el servicio de alcantarillado.Para 2027, el Distrito estima destinar $66.209 millones para la financiación del programa, recursos que estarán sujetos a las condiciones tarifarias, el consumo efectivamente reconocido, la verificación de los beneficiarios y las apropiaciones presupuestales de cada vigencia.El esfuerzo fiscal estimado se distribuiría en aproximadamente $36.624 millones para los usuarios del estrato 1 y $29.586 millones para los del estrato 2. Estos recursos no sustituirán los subsidios vigentes para ambos estratos, sino que se sumarán a ellos para cubrir exclusivamente el componente de consumo correspondiente a los 6 metros cúbicos reconocidos como mínimo vital.El mandatario explicó que este beneficio representa mucho más que un alivio en la factura de los servicios públicos, especialmente para las familias con menores ingresos. “Es agua para el abuelito que necesita estar limpio, para hidratar a los bebés, para limpiar los alimentos, para tener bien limpio lo que consumimos; o sea, para estar saludable”, explicó el mandatario de los barranquilleros, al señalar que el acceso al agua constituye una condición fundamental para la salud y el bienestar de las familias.
Tras cuestionamientos planteados por el gobernador Andrés Julián Rendón frente a las acciones de Cornare que darían viabilidad ambiental a obras estratégicas para la movilidad del Oriente de Antioquia, en las últimas horas la autoridad ambiental se pronunció frente al estado de cinco proyectos que avanzan en su jurisdicción.Según Cornare, en los últimos meses han ejecutado 13 mesas técnicas con la Gobernación y sus consultores para revisar estudios, resolver inquietudes y analizar los requerimientos de cada iniciativa. Esto, en medio de las recientes declaraciones del mandatario departamental donde solicitaba agilidad en los trámites."Nosotros somos respetuosos del ambiente, pero las decisiones hay que tomarlas oportunamente. La mejor forma de proteger los activos ambientales es dándole la cara. Si usted les da la espalda, pues, lo único que hace es dejar que se conviertan en rastrojos", afirmó el mandatario sobre las obras.Frente a la vía Aeropuerto - SIKA, en el municipio de Rionegro, que hace parte de la modificación de la licencia ambiental del Túnel de Oriente, desde Cornare destacaron que el trámite permanece suspendido por vacíos en la información entregada como la falta de diseños detallados, algunas inconsistencias en el balance de materiales y una caracterización insuficiente de cuerpos de agua en la zona.Por su parte, sobre la vía El Santuario - Providencia, la entidad indicó que en siete mesas técnicas sigue el estudio de su trazado, pues las tres alternativas propuestas hasta el momento “atraviesan áreas protegidas, fuentes hídricas, corredores ecológicos y otros elementos ambientales que requieren especial consideración”, dijo Cornare.En el caso de la vía El Carmen de Viboral - El Canadá, las dificultades se encuentran en la falta de diseños de detalle, soportes cartográficos y claridad sobre las intervenciones previstas, situaciones que identificaron tras una revisión al avance del proyecto en agosto.“La Corporación tiene la responsabilidad de administrar y proteger los recursos naturales y sustentar técnicamente sus decisiones, una misión que ha guiado su gestión durante 42 años. En ese marco, los trámites se atienden de manera oportuna y con el rigor necesario: cuando la información lo permite, los procesos avanzan y, cuando requiere complementarse, se solicitan los ajustes correspondientes, siempre bajo premisas de diálogo y socialización”.
La Corte Suprema de Justicia decidió no investigar de fondo al exministro Armando Benedetti por el caso de los presuntos recomendados en la DIAN y ordenó enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. La decisión se debe a que el alto tribunal determinó que no tiene competencia para procesarlo por estos hechos.La Sala Especial de Instrucción estableció que Benedetti fue senador de la República hasta el 19 de julio de 2022. Sin embargo, las presuntas gestiones o interferencias que son objeto de análisis habrían ocurrido durante 2024, cuando ya no tenía la condición de congresista.Esto significa que para la época de los hechos Benedetti no contaba con el fuero congresional, es decir, la protección constitucional que establece que determinados congresistas sean investigados y juzgados por la Corte Suprema. Tampoco encontró la Sala una relación directa entre esos hechos y las funciones legislativas que Benedetti ejerció hasta 2022.Por esa razón, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la responsabilidad de Benedetti y remitió toda la actuación a la justicia ordinaria. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material recopilado y determinar si existe fundamento para iniciar una investigación formal.El expediente se originó en los informes y declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien elaboró una matriz interna denominada “puesta en conocimiento de presuntos hechos”. El documento funcionaba como una herramienta de gestión de riesgos y allí fueron registrados nombres de políticos relacionados con presuntas recomendaciones para nombramientos, ascensos y traslados dentro de la entidad.En el caso de Benedetti, su nombre apareció en ese listado entre las personas que habrían formulado recomendaciones relacionadas con direcciones seccionales de la DIAN, específicamente en las áreas de aduanas e impuestos en Barranquilla. Además, durante una declaración juramentada ante la Corte, Luis Carlos Reyes confirmó que recordaba el nombre de Benedetti asociado a ese tipo de solicitudes.La situación de Benedetti es diferente a la de más de 30 congresistas y excongresistas vinculados a la misma causa, quienes sí permanecían bajo la competencia de la Corte Suprema. Frente a ese grupo, la Sala Especial de Instrucción decidió archivar definitivamente la actuación al concluir que no había elementos suficientes para establecer el delito de tráfico de influencias de servidor público.La Corte explicó que recomendar a una persona para un cargo o postular una hoja de vida no constituye por sí solo ese delito. Por el momento, en el caso de Benedetti, será la Fiscalía la que determine si los elementos existentes permiten avanzar en una investigación.
