Un grupos de víctimas agrupado en el colectivo de Abogados José Alvear solicitó a la JEPunas medidas de protección sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional, entre los años 1985 y 1998. En la decisión argumentaron que se debía garantizar el acceso a la información de estos documentos, ante un posible riesgo de daño o destrucción que afectaría los derechos de las víctimas a la verdad.
El despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez asumió el estudio de esta solicitud de medidas cautelareslas cuales fueron otorgadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento.
"Llegados a este punto, la SAR considera que, sin lugar a dudas, la información que reposa en los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Comando Operativo de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional, deviene de suma importancia para el eventual establecimiento de la verdad de lo sucedido en desarrollo del conflicto armado, respecto de múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de diversas personas afines a ideologías y partidos de izquierda en nuestro país, entre ellos, la Unión Patriótica, tal y como lo advierten las peticionantes" determinaron los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento.
Lo que ha determinado la JEP es que la información que reposa en estos documentos es de importancia para esclarecer algunos hechos que ocurrieron durante el conflicto, especialmente en el caso 06, liderado por el magistrado Gustavo Salazar, quien investiga los crímenes cometidos contra militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, por lo que además se ordena la inspección de los archivos en un término de 10 días.
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"Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación de esta decisión, practiquen inspección judicial a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del extinto Comando Conjunto Brigada XX del Ejército Nacional, los cuales reposan en el Archivo General del Ministerio de Defensa. Diligencia que tendrá por objeto establecer el estado físico de los archivos y realizar un copia digital de los mismos; también verificar las condiciones del lugar y la existencia de protocolos de consulta; así como otros aspectos que en desarrollo de la diligencia los comisionados estimen pertinentes para el objetivo de esta actuación", determinó la JEP.
Frente a la otra petición realizada por el colectivo de Abogados José Alvear, en la que solicitan que se declaren estos documentos como archivos de derechos humanos, la Sección consideró que no se encuentra en el estado procesal adecuado ni cuenta con el acervo probatorio suficiente para emitir una determinación de fondo.
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Es importante recordar que la Brigada 20 del Ejército Nacional fue clausurada en el año 1998 tras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, e incluso, tras una solicitud hecha por el gobierno de Estados Unidos.
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