Judicializan a siete personas por millonario desvío de contratos del ICBF en La Guajira en 2019
Según la Fiscalía, los exfuncionarios, en su calidad de supervisores contractuales, habrían aprobado actas de revisión y al menos doce pagos que contenían presuntos sobrecostos en favor de la empresa contratista.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete personas presuntamente responsables de integrar un entramado de corrupción que habría direccionado y apropiado recursos de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en los municipios de Riohacha y Manaure, durante el año 2019. Entre los imputados se encuentran tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señalados de participar en las presuntas irregularidades.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían intervenido en un entramado que direccionó y se apropió de recursos destinados a la atención de población vulnerable, en particular de comunidades étnicas y rurales beneficiarias de programas de primera infancia y atención a mujeres gestantes en La Guajira. Los señalados como presuntos involucrados son los exfuncionarios del ICBF Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
ICBF
Los hechos que motivaron la judicialización están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019.
Según la Fiscalía, los exfuncionarios, en su calidad de supervisores contractuales, habrían aprobado actas de revisión y al menos doce pagos que contenían presuntos sobrecostos en favor de la empresa contratista, representada por Rosidis Barliza Rivera. Dichos pagos se habrían sustentado en facturas y cuentas de cobro que registraban incrementos inusuales en los valores de productos alimenticios.
La investigación señala que estos documentos fueron presentados a nombre de quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras dentro del esquema contractual. De acuerdo con el expediente, losregistros incluidos en las facturas evidenciarían aumentos irregulares en los precios de los artículos y en el valor de las raciones suministradas, lo que habría permitido inflar los informes financieros que posteriormente eran entregados al ICBF para justificar nuevos desembolsos.
Referencia persona contando billetes.
Foto: Blu Radio
Según las autoridades, mediante el incremento artificial en los costos del servicio de alimentación se habría generado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos, afectando recursos públicos destinados a la atención de comunidades vulnerables en La Guajira.
En desarrollo del proceso judicial, alos siete implicados se les imputaron, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.