El Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias 'Papá Pitufo', quien buscaba obtener la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario que pesa en su contra desde el 4 de febrero de 2025. Con esta decisión, el despacho mantuvo vigente la orden de detención dentro del proceso penal que enfrenta por los delitos de cohecho y concierto para delinquir con fines de contrabando en Colombia.
La petición de la defensa se sustentó en que Marín Buitrago ha comparecido a las diligencias judiciales desde el exterior y que actualmente el proceso se encuentra en etapa de juicio, específicamente en el desarrollo de audiencias preparatorias. Por esta razón, solicitó que se reemplazara la medida de aseguramiento carcelaria por una menos restrictiva.
Sin embargo, el juez acogió los argumentos expuestos por la Fiscalía y por las víctimas acreditadas dentro del proceso, quienes señalaron que el procesado abandonó el país y posteriormente buscó obtener asilo político en el extranjero, situación que, a juicio de los intervinientes, evidenciaría una intención de evadir la acción de la justicia colombiana.
Durante la audiencia se recordó que alias 'Papá Pitufo', señalado como uno de los principales investigados en una red relacionada con actividades de contrabando, permanece actualmente en Portugal, donde ha insistido en obtener protección mediante una solicitud de asilo político. No obstante, las autoridades colombianas mantienen vigente la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.
El despacho judicial consideró que la permanencia del acusado fuera del país, sumada a los elementos expuestos por la Fiscalía, constituyen razones suficientes para mantener la restricción de la libertad. Según la valoración realizada por el juez, existen circunstancias que permiten inferir un riesgo para el desarrollo normal del proceso judicial, así como la posibilidad de que el procesado pueda interferir en la actuación penal.
La decisión también tuvo en cuenta la gravedad de los delitos imputados y los señalamientos sobre su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a actividades de contrabando. Bajo ese análisis, el juzgado concluyó que persisten los presupuestos que dieron origen a la medida de aseguramiento y que no existen elementos nuevos que justifiquen su sustitución.
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