Abudinen hará la solicitud este martes en la tarde, durante la audiencia de acusación contra los capturados. La exfuncionaria le entregó poder al abogado Jaime Lombana para que la represente. El juez 53 de garantías dirigirá la diligencia judicial.
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El caso tiene que ver con un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales para brindar internet en planteles rurales del país. Sin embargo, el contratista no tenía capacidad ni experiencia para llevarlo a cabo y se presentaron tres pólizas de garantías falsas.
Centros Poblados, cuyo representante legal fue capturado este lunes, asegura que los $ 70.000 millones de anticipo girados por el Gobierno fueron destinados a la compra de equipos. Según las investigaciones, los recursos fueron enviados a un paraíso fiscal en Estados Unidos.
Tras el escándalo, el contrato con la UT Centros Poblados fue caducado y reasignado a la ETB NET Colombia Conectada, unión temporal de la Empresa de Teléfonos de Bogotá y Skynet.
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