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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó las primeras determinaciones dentro de la acción popular promovida por la Procuraduría y ordenó como medida provisional embargar las cuentas bancarias de la Unión Temporal Centros Poblados y levantar el velo corporativo (separar patrimonios de los accionistas de la UT).
En tal sentido, la Superintendencia de Sociedades deberá, en los próximos tres días, separar los patrimonios de las empresas que conforman la UT que son: fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora SAS.
Igualmente, el Tribunal ordenó a las entidades financieras embargar las cuentas de cada una de estas empresas por un monto hasta de 70.000 millones de pesos, que fue el monto que se entregó por parte del Ministerio de las TIC como anticipo del polémico contrato con la Unión Temporal.
Co medida adicional, el Tribunal también dispuso el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar, entre otros, que tenga la UT y los socios que la integran.
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La medida fue proferida por el Tribunal como medida cautelar para proteger el patrimonio público, hasta que se profiera un fallo de fondo dentro de la Acción Popular que promueve la Procuraduría.
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