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La Fiscalía General de la Nación espera legalizar en los próximos días el principio de oportunidad al que llegó con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este acuerdo, contenido en un documento de más de 100 páginas, le permitirá acceder a beneficios judiciales a cambio de colaborar con la justicia. Como parte de su testimonio, López ha señalado a 26 personas que habrían participado en la red de corrupción que operó en la entidad durante 2023 y principios de 2024.
Entre los nombres mencionados figuran congresistas de la Comisión de Crédito Público, exministros del Gobierno Nacional y contratistas, quienes habrían participado en el direccionamiento de contratos millonarios.
Algunos de estos nombres ya eran conocidos por la opinión pública, como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, además de congresistas vinculados a la Comisión de Crédito Público. Sin embargo, entre las nuevas revelaciones aparecen contratistas clave, otro funcionario de la UNGRD y dos senadores que están en la mira de la Corte Suprema de Justicia, que se enfocará en la posible responsabilidad penal de los congresistas involucrados: Martha Peralta y Julio Elías Chagüi.
La Fiscalía señala a la senadora Martha Peralta por su presunta intervención indebida en un contrato de $2.170 millones destinado a la compra de maquinaria para el departamento de La Guajira. La Corte Suprema de Justicia decidirá si abre una investigación formal en su contra.
Olmedo López afirmó que se reunió con el senador Julio Chagüi Flórez con el fin de ejecutar instrucciones del exministro Luis Fernando Velasco. En este encuentro, se acordó entregar contratos de la UNGRD por un valor de $35.000 millones, incluyendo un proyecto contractual en el municipio de Sahagún, Córdoba. Este caso también será revisado por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de su competencia para investigar a congresistas.
La Fiscalía también ha revelado cómo congresistas de la Comisión de Crédito Público habrían influido en el direccionamiento de contratos. La fiscal Andrea Muñoz presentó pruebas que vinculan a altos funcionarios en la adjudicación irregular de proyectos millonarios.
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Según la investigación, varios contratos fueron asignados a contratistas específicos con la finalidad de favorecer a ciertos congresistas. Entre los beneficiarios se encuentran:
La Fiscalía señala que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, jugó un papel clave al contactar a estos contratistas y agilizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos.
De acuerdo con la investigación, los congresistas que mantenían comunicación constante con Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales responsables confesos del entramado de corrupción en la UNGRD, fueron Karen Manrique y Wadith Manzur.
Además, la Fiscalía recordó una reunión ocurrida el 15 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda, donde Olmedo López se encontró con el entonces ministro Ricardo Bonilla. Según el ente acusador, Bonilla le solicitó que direccionara tres contratos por un total de $92.000 millones. Para coordinar esta operación, Bonilla habría delegado la tarea en su asesora María Fernanda Benavides, quien sería la encargada de establecer contacto con los congresistas beneficiados.
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El principio de oportunidad firmado por Olmedo López incluye una lista de 26 personas que habrían participado o se habrían beneficiado del esquema de corrupción en la UNGRD:
Mientras que la Corte Suprema de Justicia se enfocará en determinar la responsabilidad penal de los congresistas involucrados, la Fiscalía continuará avanzando en la judicialización de los exfuncionarios y contratistas implicados.
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