Las investigaciones que tienen “contra las cuerdas” a Alan Jara
Existe gran expectativa frente a la posible renuncia de Jara, quién dejaría su cargo a disposición del presidente Juan Manuel Santos.
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BLU Radio revela los contratos y casos que involucrarían directa o indirectamente al director de la Unidad Víctimas, Alan Jara, en hechos en los que hubo detrimento patrimonial y presunta pérdida de millonarios recursos de la Gobernación del Meta.
La renuncia de Jara podría darse en medio de la investigación que lleva la Fiscalía por el fallido proyecto de la Refinería del Meta y un contrato con Llanopetrol, la empresa de petróleos de este departamento, que se convirtió en el impulso político bandera de Jara cuando fue gobernador.
Sin embargo, este no es el único caso que incomoda al funcionario, ya que al menos 10 contratos firmados o ejecutados durante sus administraciones como Gobernador del Meta son revisados por la Contraloría y la Procuraduría y por la Fiscalía que estudia si abre investigaciones penales:
En Llanopetrol, la refinería del Meta, se habrían perdido $18.000 millones, de acuerdo con la Fiscalía. Los vinculados penalmente son el gerente de la empresa comercial del Estado Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao, a quien se le señala por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
También fue judicializado el secretario de Hacienda del departamento del Meta para el año 2015, Jairo Iván Frías Carreño, por los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en calidad de coautor (Este se convertirá en testigo clave de la Fiscalía a través de la figura de principio de oportunidad).
El exjefe de Planeación Hernando Martínez Aguilera deberá responder por la coautoría de peculado por apropiación favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
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Y finalmente, la Fiscalía señaló que a la exasesora jurídica Estella Casasfranco Vanegas le endilgó los delitos de “peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales” (También tramita un acuerdo con la Fiscalía).
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Por estos hechos, se compulsaron copias a un fiscal delgado ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al exgobernador Alan Jara, por la falta de vigilancia en el desarrollo de este contrato.
La Contraloría tiene abierta otra investigación por presuntos malos manejos de recursos de regalías que han sido documentados en informes y hallazgos y que comprometen cerca de $64.000 y que podrían haber configurado un detrimento patrimonial. La Procuraduría también tiene un proceso abierto por estos hechos.
Encontró la Contraloría fallas en la construcción de un internado en La Macarena (Meta) en el que se invirtieron 10.359 millones de pesos. La construcción del internado de la institución educativa Nuestra Señora de La Macarena hace parte de veinte proyectos, en su mayoría contratados durante la administración del exgobernador Alan Jara (2012-2015).
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La entidad también hizo veinte hallazgos de inconsistencias por valor de 41.233 millones de pesos en el municipio de Puerto Gaitán, también por el manejo de regalías.
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Por el convenio celebrado entre la Administración Seccional y la Corporación Red País Rural se encuentran vinculados el exsecretario de Desarrollo Agroeconómico, Daniel Santiago Salazar Uribe, y el exasesor jurídico del gobierno de Alan Jara, Carlos Emilio Romero Gómez.
Lo mismo que Francy Nayibe Umaña Ruíz, exgerente de tesorería de la Gobernación, y John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio.
El ente acusador los investiga por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.
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El objetivo del contrato entre las partes, era fortalecer el montaje de procesos agroindustriales en el Meta para los sistemas productivos de cacao, frutales, café, lácteos, caña panelera y banco de maquinaria.
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De acuerdo a un informe de la Contraloría departamental, se investiga la inversión de $37.142 millones de pesos del presupuesto de la gobernación para el Hospital (ESE) Departamental.
Los presuntos sobrecostos se presentaron cuando la junta directiva están dirigida por el gobernador para la época Alan Jara. Se trata del contrato de compraventa 864 de julio 14 de 2015 suscrito entre Sandra Milena Buitrago Acosta, gerente de la ESE departamental Solución Salud, y la firma Global Environment and Health Solutions LLC.
El objeto del contrato consistía en la “adquisición de equipos médicos y elementos para urgencias, hospitalización, obstetricia extramural, laboratorios y TAB de la ESE Departamental Solución Salud de Meta”.
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Los primeros hallazgos revelan que se pagó dos veces el precio de implementos médicos; se registra la compra de 486 muletas graduables, que tienen un costo de $55.000 pesos y se pagó $177.683 pesos. Es decir, un sobrecosto de más de $3.553 millones.
Está denuncia fue dada a conocer por la exdiputada del centro democrático, Claudia Garzón.
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Se trata de un contrato en el que Alan Jara habría contratado dos veces la construcción, ampliación y remodelación del colegio departamental del municipio de Lejanías.
Son dos hechos que se registraron en 1999. Se aprobaron dos cotizaciones: una por un 1 millón 840 mil pesos y otra por la suma de 1 millón 160 mil pesos, con similar objeto. Y se suscribió una primera orden de trabajo con el número 2620, y la segunda 2631.
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En ese entonces, la Contraloría departamental logró que se interviniera el cobro de las dos facturas, además de encontrar que primero se cobró la obra y después se verificó si estas se habían terminado.
Por estos hechos, la Fiscalía Sexta de Villavicencio compulsó copias a la unidad de la Fiscalía delegada ante la Corte, sin que a la fecha se conozca pronunciamiento alguno sobre el caso, de archivo o continuidad del proceso.
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La Contraloría tiene abierta una investigación por las presuntas irregularidades en tres contratos por $ 10 mil millones para un programa de bilingüismo, que fueron suscritos por el secretario de Educación Moises Suárez, quien fue nombrado por Alan Jara cuando éste no logró llegar a la Asamblea en las elecciones del 2010. Lo que investiga el ente control es la falta de control y vigilancia para la ejecución del contrato.
Los contratos se habrían firmado, sin la autorización del Ministerio de Educación, con Uniones Temporales que no contaban con la experiencia ni las competencias para asumir responsabilidades pedagógicas en un área especializada.
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La Procuraduría tiene dos investigaciones contra el exgobernador del Meta. La primera por posibles irregularidades de carácter contractual al omitirse la puesta en funcionamiento del banco de proyectos, lo que daría lugar a celebración indebida de contratos sin planeación.
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Esa investigación también involucra al exsecretario de Infraestructura José Edgar Patarroyo; al secretario de Desarrollo Departamental, Edgar Antonio Ahumada Sabogal, y al director Administrativo para la Gestión e Inversión, Carlos Cruz Vega.
La segunda investigación contra Alan Jara se basa en las presuntas anormalidades en la aprobación, decisión y adjudicación del proceso de licitación pública para la contratación de la Empresa de Petróleos del Meta, donde se pretermitió los principios de selección objetiva, transparencia, planeación, responsabilidad , dice la Procuraduría.
En este caso también se investiga a Luz Stella Casasfranco, gerente de la Empresa de Petróleos del Meta; Dolores Mariela Amaya Ruiz, secretaria Social y de Participación, y Manuel Humberto Aldana García, secretario de Educación, estos dos últimos funcionarios como delegados del Gobernador ante la junta directiva de esa entidad. (Ahora detenidos por el proceso que adelanta la Fiscalía)