En un video grabado en un escenario, al parecer en una reunión en la región del Ariari, se observa al exgobernador del Meta, Alan Jara, solicitando apoyo para que en las próximas elecciones, los habitantes voten por Rafaela Cortez, actual candidata a la Gobernación de este departamento, respaldada por varios partidos y grupos políticos de la región.Cuando hace referencia al respaldo a Rafaela, Jara menciona: "Así lo ha hecho Rafaela, a quien le hemos pedido que continúe con las banderas que traía Felipe Carreño", haciendo alusión a su esposo, fallecido en un accidente aéreo hace tres meses junto a otros dirigentes políticos del Centro Democrático.El presunto respaldo que Alan Jara estaría brindando a la campaña de Rafaela Cortes ha generado diversas reacciones, ya que Jara es recordado por varios casos de supuesta corrupción, como el relacionado con la refinería del Meta que costó al departamento miles de millones de pesos y que quedó en papel. Asimismo, enfrenta una investigación por supuestos sobrecostos en la adquisición de elementos de salud para la ESE departamental, caso que también involucra a varios exfuncionarios de su administración.Aunque no ha sido condenado en ninguno de estos casos, han dejado una imagen negativa en el departamento.A pocos días de las elecciones, el ambiente político en el Meta se torna cada vez más tenso e incierto, ya que existen varias campañas con posibilidades de triunfo.Le puede interesar:
Las víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc narraron ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) las graves consecuencias que quedaron en sus vidas después de ser privados de su libertad; haciendo claridad en que, hasta el momento, no sienten que ha habido ni verdad ni reparación por parte de los exmiembros de la guerrilla, argumentando, además, que se sentían olvidados por parte del Estado.El exgobernador del Meta Alan Jara cuestionó unos planos entregados por la guerrilla sobre las zonas en las que tenían a los secuestrados y en los cuales se veía salas de televisión.“Hay detallitos en esos planos que no son ciertos. Hay un plano que tiene como cinco salas de televisión, ¿o qué otra cosa sería “TV”? Que dice ahí ‘sala de TV’. Eso no es cierto, eso es peor que las camitas”, manifestó Jara.En otros testimonios, las víctimas explicaron que las secuelas del secuestro van desde consecuencias económicas hasta afectaciones a la salud y pérdida de capacidad del trabajo.Juan Miguel Rodríguez hacia parte de la Policía cuando fue secuestrado en San Adolfo, Huila. “Para muchos policías y soldados regulares del Ejército no hay nada. Soy reciclador de oficio porque es en lo único en que me he podido desempeñar, no me dan trabajo en nada más”.Muchos de ellos, como José Omar Benítez, víctima de secuestro extorsivo en Chaparral, Tolima, en el año 2005, le exigieron a los exmiembros de las extintas Farc que aporten verdad plena y expliquen las razones por las cuales los secuestraron a ellos o a sus familiares. Asimismo, pidieron que aporten información que permita ubicar a los desaparecidos.“Las Farc recibieron beneficios, pero se quejan que los acuerdos no se cumplen. Así como ellos expresan sus inconformidades yo tengo derecho de expresar mi sentir en que no avanzan en resultados concretos. Los procesos son más largos y sin respuestas de fondo”, comentó Benítez.Por último, algunas víctimas le exigieron al Estado que los tenga en cuenta, pues se sienten abandonados e incluso le solicitaron a la JEP exigir respeto y verdad.Alexander García, quien fue víctima de secuestro en dos ocasiones, le dijo a la magistrada relatora del caso de secuestro, Julieta Lemaitre, que le hubiera gustado que cuestionara más a Alfonso López, conocido en la guerra como ‘Efren Arboleda’ y quien falleció por COVID recientemente, durante su versión en la JEP.“Le digo con mucho respeto que me dolió que no lo haya cuestionado. No me gustó la forma tan simple magistrada como le preguntaba a Efren”, aseguró García.
La Fiscalía citó a imputación de cargos a los exgobernadores Darío Vásquez Vásquez (2008-2011) y Alan Edmundo Jara Urzola (2012-2015), quienes, según la investigación, habrían permitido realizar construcciones en un área protegida de reserva forestal, sin licencia ambiental y desatendiendo las advertencias sobre el grave daño que ocasionaría el proyecto.Según las pesquisas, lideradas por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los dos exgobernadores de Meta y algunos de sus colaboradores estuvieron involucrados en la contratación y en permitir el avance de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua.Según la Fiscalía, el 29 de abril de 2011, el entonces gobernador Darío Vásquez Vásquez, suscribió el contrato N° 081 para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta). El contrato superó los 4.100 millones de pesos y al parecer, se realizó sin exigir licencia ambiental ni permisos de aprovechamiento forestal.Después, en la administración de Alan Jara, las obras iniciaron, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales le advirtió al mandatario suspender cualquier proyecto de infraestructura y servicios en los Parques Nacionales Naturales del departamento. Dice la Fiscalía que Jara continuó la obra e hizo caso omiso a la solicitud.“Para la Fiscalía, los entonces funcionarios que participaron en las distintas fases del proyecto, al parecer, incumplieron las normas ambientales y de contratación vigentes. Además, habrían puesto en grave riesgo a la flora, fauna, suelo y agua del Parque Nacional Natural Tinigua; y en alto grado de vulnerabilidad a los estudiantes y planta de profesores”, dijo el ente acusador a través de un comunicado de prensa.Por los hechos, a los dos exgobernadores se les imputarán cargos como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.Los otros ex funcionarios que deberán responder por los mismos hechos y los mismos delitos son: Gilberto Toro Franco, exgerente del Instituto de Desarrollo del Meta; Juan Carlos Medina González, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Desarrollo del Meta; Andrés Perea Mejía, ex subgerente técnico del Instituto de Desarrollo del Meta y a Javier Armando Castellanos Bohórquez, ex director operativo del Área de Estudios, Diseños y Proyectos, adscrito a la Sub Gerencia Técnica del Instituto de Desarrollo del Meta.
La Contraloría General de la República halló un nuevo elefante blanco en el Meta que fue contratado durante la administración del exgobernador de ese departamento, Alan Jara Urzola.Según el informe conocido por BLU Radio, se halló un daño patrimonial de 2.523 millones de pesos en la obra Ciudadela del Saber, ubicada en el municipio de Puerto Lleras y contratada en el año 2014 por la Agencia de Infraestructura del Meta.El contralor delegado de la Unidad de Regalías, José Antonio Soto, confirmó que la obra presenta fallas de planeación y de construcción que hoy la mantienen en total abandono y desuso.Lea también: Los "pecados" de Alan Jara en Llanopetrol, según la Procuraduría “Esta obra hoy no está prestando una utilidad pública, hoy es un elefante blanco y presenta fallas de todo tipo que han causado una falta de mantenimiento. Tiente grietas en pañete y cubiertas y un sinfín de irregularidades”, señaló el contralor.Esta obra fue entregada en septiembre de 2015 a la administración municipal de ese entonces. La construcción, que contaba con 800 metros cuadrados, estaba diseñada para brindar servicios de informática para la población de Puerto Lleras.La obra Ciudadela del Saber recibió recursos superiores a los 2.500 millones de pesos que fueron gestionados a través de OCAD.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
Llanopetrol fue presentada en su momento por Alan Jara, exsecuestrado por las Farc y en ese momento gobernador del Meta, como un sueño que se haría realidad para los llaneros. Sin duda, era una promesa muy atractiva que Jara hizo a sus conciudadanos comenzando su segundo mandato en la gobernación a comienzos de 2013, pero ese proyecto nunca se hizo realidad. Esa refinería, que supuestamente le iba a dar mucho mayor músculo económico a los Llanos orientales, hoy es un lote donde simplemente hay maleza. No hay un solo ladrillo puesto donde supuestamente iba a estar Llanopetrol. Le puede interesar: Los “pecados” de Alan Jara en Llanopetrol, según la ProcuraduríaEn su momento el gerente del proyecto, amigo de infancia de Alan Jara y quien permaneció detenido varios meses por orden de la Fiscalía, dijo a Noticias Caracol que ellos no habían prometido una refinería, sino que precisamente abrieron la puerta para viabilizar ese proyecto, que por supuesto debía tener un importante músculo financiero privado.Por este descalabro ya han tomado medidas los entes de control, porque esa inversión privada nunca llegó y al contrario, terminó causando un detrimento de más de 22.000 millones de pesos al departamento del Meta con los pocos avances que tuvo este proceso.La Fiscalía avanza en etapa de juicio contra Rodríguez y debería definir si imputa cargos a Jara, luego de que rindiera interrogatorio en mayo del año pasado.Pero la noticia anoche desde Villavicencio es de la Procuraduría, que citó a Alan Jara a juicio disciplinario, porque terminó avalando unos préstamos para Llanopetrol por cerca de 11 mil millones de pesos sin que esa empresa tuviera respaldo para los mismos, para al final terminar con cargo a la chequera del departamento del Meta. BLU Radio tuvo acceso al documento de 28 páginas en el que se detalla la forma en la que según la Procuraduría, Jara habría cometido una falta disciplinaria gravísima, al haber autorizado desembolsos superiores a los diez mil millones de pesos para cubrir una deuda de la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol, sin tener presupuesto ni autorización para ello.Conozca más: Mientras contralora de Meta defiende su papel, procesos de Alan Jara serán trasladados a Bogotá Según la investigación, Jara avaló la suscripción de seis otrosíes con cargo a recursos del departamento del Meta por $10.973.139.358 “sin contar con certificado de disponibilidad presupuestal ni registro”.Adicionalmente dice el documento de la Procuraduría que Alan Jara “como jefe de la Gobernación del Meta, posteriormente solicitó un crédito de tesorería con el cual pagó en su totalidad los créditos que estaba respaldando como avalista, sin que este gasto estuviera contemplado en el presupuesto de gastos”.Es muy importante además lo que señala el investigador, en el sentido de que Jara “comprometió al Departamento del Meta a pagar unos créditos que no había adquirido, lo que conllevó a que posteriormente el ente territorial tuviera que honrar los compromisos que adquirió para poder pagar la obligación con sus propios recursos”. Y luego señala que para el caso de Alan Jara: “se le enrostra al investigado haber avalado las obligaciones a cargo de Llanopetrol, esto es, autorizó que con los recursos del Departamento del Meta se efectuara el pago si la empresa no lo hacía, lo que en efecto sucedió, porque no solo avaló o autorizó sino que también la entidad territorial hizo el respectivo pago, gasto que además no estaba contemplado en el presupuesto del año 2015, vigencia en que sucedieron los hechos, por lo que se estima que el ex gobernador puede estar incurso en la mencionada falta gravísima”. Por estos hechos, Jara será escuchado en audiencia pública el próximo 4 de abril. Escuche esta columna:
Tras una larga y dedicada tarea de investigación y rastreo de cuentas corrientes, pagarés y recursos departamentales, el procurador Antonio José Núñez Trujillo decidió citar a juicio disciplinario al exgobernador del Meta Alan Jara, quien estuvo casi una década secuestrado por las Farc.BLU Radio tuvo acceso al documento de 28 páginas en el que se detalla la forma en la que, según la Procuraduría, Jara habría cometido una falta disciplinaria gravísima al haber autorizado desembolsos superiores a los diez mil millones de pesos para cubrir una deuda de la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol, sin tener presupuesto ni autorización para ello.Según la investigación, Jara avaló la suscripción de seis otrosíes con cargo a recursos del departamento del Meta por $10.973.139.358 “sin contar con certificado de disponibilidad presupuestal ni registro”.Vea también: Procuraduría citó un juicio disciplinario un exgobernador Alan JaraAdicionalmente dice el documento de la Procuraduría que Alan Jara, “como jefe de la Gobernación del Meta, posteriormente solicitó un crédito de tesorería con el cual pagó en su totalidad los créditos que estaba respaldando como avalista, sin que este gasto estuviera contemplado en el presupuesto”.Es muy importante además lo que señala el investigador, en el sentido de que Jara “comprometió al Departamento del Meta a pagar unos créditos que no había adquirido, lo que conllevó a que posteriormente el ente territorial tuviera que honrar los compromisos que adquirió para poder pagar la obligación con sus propios recursos”.Y luego señala que para el caso de Alan Jara: “se le enrostra al investigado haber avalado las obligaciones a cargo de Llanopetrol, esto es, autorizó que con los recursos del departamento del Meta se efectuara el pago si la empresa no lo hacía, lo que en efecto sucedió, porque no solo avaló o autorizó sino que también la entidad territorial hizo el respectivo pago, gasto que además no estaba contemplado en el presupuesto del año 2015, vigencia en que sucedieron los hechos, por lo que se estima que el exgobernador puede estar incurso en la mencionada falta gravísima”.Por estos hechos, Jara será escuchado en audiencia pública el próximo 4 de abril.
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario, para el 4 de abril, al exgobernador de Meta Alan Jara Urzola, y al entonces secretario de Hacienda del departamento Jairo Iván Frías Carreño, y al gerente de Tesorería Óscar Arnulfo Lozano Ramos.La citación se da por el pago de un crédito adquirido por Llanopetrol por $10.705´113.239 más $268 millones de intereses, sin que existiera un contrato entre la compañía petrolera y el ente territorial u otro soporte para dicho pago.Lea también: Mientras contralora de Meta defiende su papel, procesos de Alan Jara serán trasladados a Bogotá. A este hecho se suma la decisión de la Procuraduría General de la Nación que confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años del director general y representante legal de la Corporación para el Desarrollo del Meta -CORPOMETA-, Carlos Eleazar López Castro, por omisión de sus deberes.
El contralor general Felipe Córdoba firmó la resolución 00156 en la que declaró insubsistente a Gloria Cifuentes Álvarez como gerente general de la Contraloría para el departamento del Meta.Cifuentes fue nombrada el pasado 16 de enero en ese cargo por el contralor Córdoba y posesionada por la gobernadora Marcela Amaya. Varios de los casos grandes que tenía que investigar su gerencia eran los que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos de las regalías en la gobernación de Alán Jara.Vea también: Delegada de la Contraloría que investiga a Alan Jara fue su abogada en procesos de regalíasComo lo reveló BLU Radio, Cifuentes Álvarez fue abogada de Jara en varios de esos casos y por su defensa, iba a declararse impedida ante el contralor Córdoba. Pero este decidió declararla insubsistente para que se garantice más transparencia en las investigaciones. La funcionaria duró ocho días como gerente delegada de la Contraloría en el Meta.
Mañanas BLU tuvo acceso a un leasing del que no se ha hablado y que fue firmado por la empresa Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia durante el periodo 2012- 2015 de Alan Jara en la Gobernación del Meta.Ese leasing de $33.000 millones fue firmado con Bancolombia el 17 de enero de 2013 por el secretario de Hacienda y se encuentra vigente, de acuerdo con la información suministrada por el banco. Tenía como garantía o como prenda el Impuesto al Consumo de la Cerveza. La deuda fue autorizada por la Asamblea Departamental mediante ordenanza número 793 de 2012, como autorizó en su momento las demás deudas adquiridas por la Gobernación.
Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exgobernador del Meta, Alan Jara, el general (r) Luis Mendieta y el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, narraron sus secuestros en manos de las Farc. Los tres hombres duraron más de cinco años en poder de esa guerrilla.El primero en entregar su informe escrito y oral fue Alan Jara, quién explicó que era imposible describir con detalle un episodio tan difícil y el sufrimiento vivido desde el primer día de su secuestro el 15 junio 2001."El secuestro se repite en cada despertar, en cada anochecer en cada una de esas noches de insomnio, son demasiado momentos de angustia, el miedo de perder la vida, y eso es muy complejo. Incluso después de salir a la libertad. Hoy, en la solemnidad de este espacio se agolpan recuerdos dolorosos, al primer año de mi secuestro, muere mi mamá", recordó.Según Jara, durante ese tiempo las enfermedades hicieron más difíciles los días y la imposibilidad de valerse por cuenta propia era frustrante: "Yo padecí de paludismo, según me dijeron los enfermeros guerrilleros era paludismo cerebral, no podía caminar en línea recta, perdía temporalmente la visión en el ojo derecho y uno sin tener acceso a un médico, se imagina lo peor. En libertad me dijeron que era desprendimiento del vítreo".Las condiciones de cautiverio atentaban contra la dignidad de los secuestrados"Yo estuve en doce jaulas distintas y una de ellas era tan pequeña que no cabíamos los 34 que estábamos allí; ante las dificultades, cortábamos tablas y la dividíamos por el número de secuestrados, a cada uno le tocaba tabla y media. 20 centímetros de tabla", afirmó el exgobernador.Además, recuerda que vivía con permanente miedo a morir, ser asesinado o caer en un bombardeo. "Había guardias con fusiles. Esas alambradas era lo menos malo, porque cuando no estaban la manera de impedir esas fugas eran amarrándonos con cadena. Cada marcha era extenuante, entonces no solo era la enfermedad. Retumba en mi mente la orden de Jojoy a sus hombres: “el deber de ustedes es cuidar a los prisioneros, si no lo pueden lograr el deber es no dejarlos escapar. Mátenlos”, eso fue lo que causó la muerte de otros secuestrados".Actualmente, Jara se pregunta por qué no se consideró un acuerdo humanitario en el gobierno de Álvaro Uribe.Vea también: Gobierno desembolsó $2.500 millones para defensa de exguerrilleros en la JEP"Ese desprecio por la vida, aún hoy genera un sentimiento entre el dolor y la tristeza, ¿por qué la vida no era lo más importante si la vida es un don de Dios?", afirmó.El general (r) Luis Mendieta fue el segundo en entregar su informe. Tras la toma de Mitú, que empezó a las cuatro de la mañana cuando las Farc lanzaron diferentes artefactos con bazucas, tatucos y granadas.Mendieta recordó que alias ‘Urias’ lo tomó como rehén, mientras alias ‘Boyaco’ rociaba con gasolina el lugar donde estaban ocultos los demás policías."En ese momento pensaba “Dios hágase tu voluntad”, nos llevaron al río, nos pusieron unos cordeles en la mano, a las diez de la noche nos llevaron río arriba; al día siguiente nos montan a otra lancha y a los tres días llegan más policías secuestrados. Dos mil integrantes participaron en la toma, siete frentes actuaron según órdenes del ‘Mono Jojoy’", así recordó Mendieta sobre ese 1 de noviembre de 1998.Con lágrimas, el general (r) señaló: "Yo fui compañero de cadena con Alan Jara, el trato más humanitario de las FARC era mover un eslabón la cadena, uno podía respirar un poco mejor. En mi caso, por la presión de las cadenas se me dormía el cuerpo".Al igual que Jara, Mendieta relató lo difícil que era estar enfermo: "Nos daban los medicamentos que querían, a un compañero casi lo dejan ciego, a otro casi lo hacen beber un ácido, yo tenía tos y me dieron un laxante. A mí me afectaron las piernas, me apoyaba con un palo, después no me daban y yo me atrasaba para llegar a los campamentos; llegué al punto de arrastrarme, le agradezco a Alan Jara porque él me ayudó en esa época, limpiaba una parte del terreno para que yo me pudiera acostar".Sin embargo, de los momentos más duros para el general (r) fue en diciembre de 2009, cuando después de llevar un año sin poder escuchar radio, uno de los guerrilleros le dijo que su hijo había muerto en un accidente de tránsito. "Hasta que me liberaron supe la verdad, vi a mi hijo vivo", contó.Finalmente, terminó su historia recordando que cuando Álvaro Uribe subió a la presidencia, el ‘Mono Jojoy’ le dijo que sería el último en salir de su campamento, si es que algún día salía.El último en hablar fue Sigifredo LópezAntes de entregar su informe, el exdiputado del Valle del Cauca, hizo fuertes pronunciamientos contra la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, afirmó que tenerla en la entidad era afectar la buena imagen y la garantía de la verdad. Sin embargo, aseguró que confiaría en el tribunal.En cuanto al secuestro, la primera solicitud que le planteó a la sala fue que se sepa quiénes, aparte de las Farc, apoyaron su secuestro y el de sus compañeros el 11 de abril de 2002."El primer día todos íbamos de corbata y saco en la selva, nos costó mucho desprendernos de estos objetos. Estando secuestrado en la selva me sentía en un inframundo, dormíamos tirados en un pantano, si el Ejército nos perseguía dormíamos sentados. Éramos un trofeo de guerra", señaló.Entre lágrimas, recordó cómo asesinaron a sus colegas y amigos: "A los cinco años, asesinaron a mis compañeros indefensos, el secretariado dio la orden, me salve porque un guerrillero me había faltado al respeto y yo le dije no sea ‘hijuetantas’ que yo no soy hermano suyo. Me llevaron a un cambuche donde me amarraron a una palma. Días después, escuche ráfagas de disparos, 20 minutos después llegaron por mí pálidos. A los ocho días, escuché a Fabiola Perdomo diciendo que, en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido, asesinaron a todos los diputados, excepto a mí. Me lancé sobre ellos, “¡eso era mentira!”. Fueron cuatro meses en donde yo estaba perdiendo la cordura", afirmó.Por otro lado, recordó una anécdota muy difícil para él sobre la vida de los niños en las Farc: "Había una niña de 13 años, creo que tenía problemas de tiroides, se llamaba Jazmín, ella cogió sus excrementos y los mezclo con las latas de sardina con las que nos alimentaron. El comandante la descubrió, le hicieron un consejo verbal de guerra y le pusieron la pena máxima, uno de sus primos la asesinó".Finalmente, pidió a las Farc que ofrezcan verdaderas disculpas a las víctimas. Le hizo un llamado a la JEP “para que algún día le pregunte al expresidente Uribe por qué no cumplían con su obligación ética y moral de salvar vidas humanas”. Según el exdiputado, “si se pudo lo más, que era un acuerdo de paz, por qué no se pudo lo menos, que era un acuerdo humanitario”.
La estación Patio Bonito de TransMilenio retomará su operación en la troncal Américas después de las obras realizadas en el sector, con una infraestructura completamente renovada y cambios en la oferta de servicios para los usuarios del suroccidente de Bogotá.La reapertura ocurrió este jueves 17 de septiembre y beneficiará a más de 13.000 usuarios, principalmente habitantes de la localidad de Kennedy. Según la empresa de transporte público, con el regreso de la estación también se amplían las alternativas de conexión con otros corredores del sistema.Así es la nueva estación Patio Bonito y estos son sus serviciosLa nueva infraestructura de TransMilenio cuenta con una estación construida desde cero, luego de la demolición de los antiguos vagones. Entre las obras hechas están la construcción de nuevos carriles exclusivos y mixtos, la reconfiguración del espacio público y la adecuación de redes de servicios públicos.La estación dispone ahora de nuevos vagones, cimentaciones reforzadas, taquillas externas y barreras de acceso de piso a techo, intervenciones que buscan mejorar las condiciones de operación, seguridad y control para los pasajeros.En cuanto a la operación, Patio Bonito tendrá 12 servicios troncales, uno más de los que funcionaban antes del cierre. Las rutas que prestarán servicio en la estación son:Z63–F63F51–M51F60–A605J–5PF26–B26F32–E32Con estas rutas, los usuarios podrán hacer conexiones con las troncales Norte, Caracas Centro, NQS y Museo Nacional.Además, con la reapertura regresan los servicios F26–B26, F51–M51 y 5J–5P, mientras que se incorporan F63–Z63, F60–A60 y F32–E32 para ampliar las alternativas de viaje para los usuarios.¿Qué pasó con otras rutas de TransMilenio?Como parte de los cambios operacionales, los servicios F61–A61 y F23–J23 dejarán de hacer parada en Patio Bonito.En el caso de F61–A61, TransMilenio explicó que este servicio modificó su función y actualmente circula principalmente por la troncal de la avenida Ciudad de Cali, conectándose con la troncal Américas en la estación Marsella antes de continuar hacia la troncal Caracas.Como alternativa, se incorporó A60–F60, que permitirá mantener y ampliar las opciones de conexión, especialmente hacia la troncal Caracas.Por su parte, el servicio Z63–F63 tendrá un papel importante en la troncal Américas al atender recorridos más cortos dentro del corredor y contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento. Su trazado será ajustado posteriormente, de acuerdo con las condiciones operacionales del sistema.Obras de la nueva estación Patio BonitoLa renovación de Patio Bonito estuvo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como parte de las obras de ampliación de la avenida Ciudad de Cali, corredor que tendrá un papel estratégico en la conexión con la Línea 1 del Metro de Bogotá y la troncal Américas.Durante el cierre se llevaron a cabo trabajos sobre la infraestructura de la estación y la vía, además de intervenciones en el espacio público y las redes de servicios. También se ejecutaron obras viales de complejidad en la avenida Ciudad de Cali, mientras se implementaron planes de manejo de tráfico para reducir el impacto sobre la movilidad.La entidad también señaló que mantuvo un proceso de acompañamiento con la comunidad durante el cierre y las obras, con espacios de información y orientación sobre los cambios en los servicios, indicó TransMilenio.
El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, decidió retirar a Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como a la promoción de un desarrollo inclusivo. La decisión fue comunicada este jueves, 17 de septiembre, y pone fin a la participación del país en este mecanismo internacional."Informar que el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.La Coalición por la Igualdad de Derechos fue creada en 2016 durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos LGBTI celebrada en Montevideo, bajo el liderazgo de Uruguay y Países Bajos. Desde entonces, sus Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales han trabajado conjuntamente mediante pronunciamientos públicos e intervenciones diplomáticas frente a situaciones en las que la comunidad LGBTI enfrenta abusos o vulneraciones de sus derechos.De acuerdo con la información institucional de la ERC, el mecanismo reúne actualmente a 43 Estados miembros de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía. Los países que hacen parte de la coalición asumen el compromiso de promover los derechos LGBTI tanto en sus territorios como en escenarios internacionales y participan en grupos de trabajo relacionados con diplomacia internacional, legislación y políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.Colombia ocupaba importante cargoLa salida también implica el retiro de Colombia de la copresidencia que ejercía junto con España. La propia ERC señala que ambos países tenían la responsabilidad de coordinar la Coalición durante el periodo correspondiente a la copresidencia, mientras que Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo ejercían la representación de la sociedad civil.La decisión del Gobierno se produce antes de finalizar ese periodo de liderazgo. Según información conocida en la comunicación de la Cancillería, el retiro tiene efectos desde este 17 de septiembre. La salida significa que Colombia deja de participar en un espacio creado para coordinar esfuerzos entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las personas LGBTI.
Encontrar el regalo ideal para Amor y Amistad en Colombia no necesariamente implica gastar grandes sumas de dinero. Para los consumidores, el significado del detalle y su capacidad para transmitir cariño tienen cada vez mayor relevancia. De acuerdo con datos compartidos para esta temporada, el 57 % de los compradores considera que lo más importante de un regalo es el sentimiento que transmite.La celebración continúa siendo una fecha importante para el consumo. Según las cifras suministradas, el 68 % de las personas participa entregando regalos, aunque la decisión de compra comienza cada vez más con una pregunta: ¿qué detalle puede sorprender a esa persona especial?Regalos de Amor y Amistad hasta $100.000El presupuesto es uno de los principales factores al escoger un obsequio. De acuerdo con Fenalco, el 66 % de los colombianos planea gastar hasta $100.000 en regalos para esta celebración, mientras que un 21 % contempla invertir entre $100.000 y $200.000.En este escenario, los consumidores buscan alternativas que combinen precio, presentación y significado. Los llamados “pequeños lujos” se convierten en una opción para quienes quieren entregar un detalle especial sin exceder su presupuesto.Aunque los chocolates y las invitaciones a comer continúan entre las preferencias —con 22% y 21%, respectivamente—, la cosmética y perfumería representa el 10 % de las preferencias, consolidándose como otra alternativa para sorprender.Opciones para sorprenderEn respuesta a esta tendencia, O Boticário presenta alternativas de belleza, perfumería y cuidado personal para esta temporada. Además, las compras realizadas en tiendas físicas participantes pueden acceder a un Cono Fiore de Popsy, según las condiciones de la campaña.El portafolio también está disponible mediante la red de emprendedoras y la tienda en línea. Así, quienes buscan qué regalar en Amor y Amistad encuentran opciones que combinan practicidad, presentación y un componente emocional, sin superar necesariamente los $100.000.
La Defensoría del Pueblo presentó ante la Corte Constitucional su intervención dentro del control de los decretos 1261 y 1348 de 2026, relacionados con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La entidad pidió declarar exequible la emergencia, al considerar que se trató de un hecho sobreviniente y extraordinario y que la gravedad de sus consecuencias está acreditada.Sin embargo, la Defensoría plantea condicionamientos importantes. El principal tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia ya que sostiene que las facultades excepcionales no deberían aplicarse automáticamente a departamentos completos, sino únicamente a los municipios donde exista una afectación comprobada por el terremoto. La entidad señala que actualmente hay 498 municipios afectados en 16 departamentos, pero advierte que algunos territorios incluidos en la declaratoria presentan daños puntuales o incluso no tienen afectaciones que justifiquen cobijar todo su territorio.El documento pone como ejemplo a Nariño. Allí no se registraron fallecidos ni heridos, pero sí afectaciones importantes en infraestructura educativa en 52 instituciones y 113 sedes resultaron afectadas, con unos 9.198 estudiantes matriculados. Para la Defensoría, esto demuestra que puede existir una afectación real y significativa sin que necesariamente comprometa a todo un departamento, razón por la cual propone que la delimitación se haga municipio por municipio.Otro de los llamados de atención está relacionado con los registros de damnificados. La Defensoría advierte que existen inconsistencias en las cifras oficiales y posibles casos de subregistro. Menciona, entre otros ejemplos, diferencias en el número de víctimas reportadas en Buenaventura y viviendas destruidas que no aparecen adecuadamente contabilizadas. Por eso pide que el acceso a las ayudas no dependa exclusivamente de haber quedado inscrito oportunamente en el Registro Único de Damnificados.La entidad también advierte sobre la capacidad financiera del sistema ordinario de gestión del riesgo. Según el documento, al momento de declararse la emergencia la Subcuenta de Manejo de Desastres contaba con $47.265 millones, mientras no existía una cifra consolidada de los recursos disponibles en los fondos territoriales. La Defensoría considera que la Corte debe verificar cuáles recursos ordinarios son insuficientes, qué recursos extraordinarios son realmente indispensables y cuál debería ser el monto requerido.Uno de los hallazgos más fuertes está relacionado con la vulnerabilidad de las construcciones. La Defensoría señala que en buena parte de los territorios afectados las aceleraciones registradas durante el sismo estuvieron por debajo de los valores de diseño establecidos por la normativa sismorresistente. En el caso de Pereira, por ejemplo, se registró una aceleración de 0,02 g frente a un valor de diseño de 0,25 g, pese a que Risaralda reportó 110 fallecidos, 87 desaparecidos y 11.969 viviendas destruidas. La entidad sostiene que estos datos obligan a revisar las condiciones de vulnerabilidad y construcción que agravaron los efectos del terremoto.Finalmente, la Defensoría pide que las medidas que adopte el Gobierno incorporen un enfoque diferencial, interseccional y étnico, teniendo en cuenta las condiciones particulares de niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas. También solicita que la reconstrucción no se limite a recuperar lo que existía antes del sismo, sino que reduzca las condiciones de vulnerabilidad que contribuyeron a la magnitud de los daños.En síntesis, la posición de la Defensoría es la de respaldar la declaratoria de emergencia por el terremoto, pero le pide a la Corte Constitucional que establezca límites para evitar una aplicación territorial indiscriminada, garantice que ninguna persona afectada quede por fuera de la atención y exija al Estado demostrar la necesidad de los recursos extraordinarios.
Al menos 60 conductores de transporte informal que trabajaban en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas habrían sido víctimas de una red de extorsión atribuida al Tren de Aragua, que les exigía dinero para permitirles continuar trabajando en estas zonas del suroccidente de Bogotá.Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados se habrían presentado desde febrero de 2024 hasta agosto de 2026 y cada conductor debía entregar entre $28.800 y $35.500 para completar una cuota semanal de aproximadamente 1'300.000.Las amenazas llegaban principalmente a través de videollamadas y servicios de mensajería instantánea. Allí, los integrantes de la estructura advertían a las víctimas que podían “atentar contra sus vidas o las de sus familiares, quemar sus vehículos o incluso, expulsarlos de las rutas” en las que trabajaban si se negaban a realizar los pagos.¿Cómo recogían el dinero?La investigación permitió establecer que la estructura habría obligado a uno de los conductores a recoger el dinero de varios trabajadores de la zona y posteriormente transferirlo a billeteras virtuales.Después de realizar la operación, debía enviar el comprobante mediante mensaje de texto y destruir el soporte físico, una práctica que, según las autoridades, buscaba dificultar el seguimiento de los recursos.Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que las labores investigativas permitieron establecer la existencia de una estructura conformada por aproximadamente 14 personas, cuyos integrantes tendrían funciones específicas dentro de la organización.“Varias personas presuntamente vinculadas al grupo denominado Tren de Aragua se concertaron de manera organizada y permanente haciendo actividades dirigidas a obtener dinero mediante el constreñimiento e intimidación de conductores de transporte informal”, señaló la Fiscalía.Tras recopilar los elementos de prueba, las autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de la organización, quienes, de acuerdo con la investigación, se encargaban de coordinar las exigencias económicas, recibir los recursos, retirar determinadas sumas y posteriormente distribuir el dinero entre otras personas de la estructura.Los procedimientos fueron realizados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, mientras continúa el proceso judicial para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los capturados.
