En un video grabado en un escenario, al parecer en una reunión en la región del Ariari, se observa al exgobernador del Meta, Alan Jara, solicitando apoyo para que en las próximas elecciones, los habitantes voten por Rafaela Cortez, actual candidata a la Gobernación de este departamento, respaldada por varios partidos y grupos políticos de la región.Cuando hace referencia al respaldo a Rafaela, Jara menciona: "Así lo ha hecho Rafaela, a quien le hemos pedido que continúe con las banderas que traía Felipe Carreño", haciendo alusión a su esposo, fallecido en un accidente aéreo hace tres meses junto a otros dirigentes políticos del Centro Democrático.El presunto respaldo que Alan Jara estaría brindando a la campaña de Rafaela Cortes ha generado diversas reacciones, ya que Jara es recordado por varios casos de supuesta corrupción, como el relacionado con la refinería del Meta que costó al departamento miles de millones de pesos y que quedó en papel. Asimismo, enfrenta una investigación por supuestos sobrecostos en la adquisición de elementos de salud para la ESE departamental, caso que también involucra a varios exfuncionarios de su administración.Aunque no ha sido condenado en ninguno de estos casos, han dejado una imagen negativa en el departamento.A pocos días de las elecciones, el ambiente político en el Meta se torna cada vez más tenso e incierto, ya que existen varias campañas con posibilidades de triunfo.Le puede interesar:
Las víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc narraron ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) las graves consecuencias que quedaron en sus vidas después de ser privados de su libertad; haciendo claridad en que, hasta el momento, no sienten que ha habido ni verdad ni reparación por parte de los exmiembros de la guerrilla, argumentando, además, que se sentían olvidados por parte del Estado.El exgobernador del Meta Alan Jara cuestionó unos planos entregados por la guerrilla sobre las zonas en las que tenían a los secuestrados y en los cuales se veía salas de televisión.“Hay detallitos en esos planos que no son ciertos. Hay un plano que tiene como cinco salas de televisión, ¿o qué otra cosa sería “TV”? Que dice ahí ‘sala de TV’. Eso no es cierto, eso es peor que las camitas”, manifestó Jara.En otros testimonios, las víctimas explicaron que las secuelas del secuestro van desde consecuencias económicas hasta afectaciones a la salud y pérdida de capacidad del trabajo.Juan Miguel Rodríguez hacia parte de la Policía cuando fue secuestrado en San Adolfo, Huila. “Para muchos policías y soldados regulares del Ejército no hay nada. Soy reciclador de oficio porque es en lo único en que me he podido desempeñar, no me dan trabajo en nada más”.Muchos de ellos, como José Omar Benítez, víctima de secuestro extorsivo en Chaparral, Tolima, en el año 2005, le exigieron a los exmiembros de las extintas Farc que aporten verdad plena y expliquen las razones por las cuales los secuestraron a ellos o a sus familiares. Asimismo, pidieron que aporten información que permita ubicar a los desaparecidos.“Las Farc recibieron beneficios, pero se quejan que los acuerdos no se cumplen. Así como ellos expresan sus inconformidades yo tengo derecho de expresar mi sentir en que no avanzan en resultados concretos. Los procesos son más largos y sin respuestas de fondo”, comentó Benítez.Por último, algunas víctimas le exigieron al Estado que los tenga en cuenta, pues se sienten abandonados e incluso le solicitaron a la JEP exigir respeto y verdad.Alexander García, quien fue víctima de secuestro en dos ocasiones, le dijo a la magistrada relatora del caso de secuestro, Julieta Lemaitre, que le hubiera gustado que cuestionara más a Alfonso López, conocido en la guerra como ‘Efren Arboleda’ y quien falleció por COVID recientemente, durante su versión en la JEP.“Le digo con mucho respeto que me dolió que no lo haya cuestionado. No me gustó la forma tan simple magistrada como le preguntaba a Efren”, aseguró García.
La Fiscalía citó a imputación de cargos a los exgobernadores Darío Vásquez Vásquez (2008-2011) y Alan Edmundo Jara Urzola (2012-2015), quienes, según la investigación, habrían permitido realizar construcciones en un área protegida de reserva forestal, sin licencia ambiental y desatendiendo las advertencias sobre el grave daño que ocasionaría el proyecto.Según las pesquisas, lideradas por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los dos exgobernadores de Meta y algunos de sus colaboradores estuvieron involucrados en la contratación y en permitir el avance de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua.Según la Fiscalía, el 29 de abril de 2011, el entonces gobernador Darío Vásquez Vásquez, suscribió el contrato N° 081 para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta). El contrato superó los 4.100 millones de pesos y al parecer, se realizó sin exigir licencia ambiental ni permisos de aprovechamiento forestal.Después, en la administración de Alan Jara, las obras iniciaron, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales le advirtió al mandatario suspender cualquier proyecto de infraestructura y servicios en los Parques Nacionales Naturales del departamento. Dice la Fiscalía que Jara continuó la obra e hizo caso omiso a la solicitud.“Para la Fiscalía, los entonces funcionarios que participaron en las distintas fases del proyecto, al parecer, incumplieron las normas ambientales y de contratación vigentes. Además, habrían puesto en grave riesgo a la flora, fauna, suelo y agua del Parque Nacional Natural Tinigua; y en alto grado de vulnerabilidad a los estudiantes y planta de profesores”, dijo el ente acusador a través de un comunicado de prensa.Por los hechos, a los dos exgobernadores se les imputarán cargos como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.Los otros ex funcionarios que deberán responder por los mismos hechos y los mismos delitos son: Gilberto Toro Franco, exgerente del Instituto de Desarrollo del Meta; Juan Carlos Medina González, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Desarrollo del Meta; Andrés Perea Mejía, ex subgerente técnico del Instituto de Desarrollo del Meta y a Javier Armando Castellanos Bohórquez, ex director operativo del Área de Estudios, Diseños y Proyectos, adscrito a la Sub Gerencia Técnica del Instituto de Desarrollo del Meta.
La Contraloría General de la República halló un nuevo elefante blanco en el Meta que fue contratado durante la administración del exgobernador de ese departamento, Alan Jara Urzola.Según el informe conocido por BLU Radio, se halló un daño patrimonial de 2.523 millones de pesos en la obra Ciudadela del Saber, ubicada en el municipio de Puerto Lleras y contratada en el año 2014 por la Agencia de Infraestructura del Meta.El contralor delegado de la Unidad de Regalías, José Antonio Soto, confirmó que la obra presenta fallas de planeación y de construcción que hoy la mantienen en total abandono y desuso.Lea también: Los "pecados" de Alan Jara en Llanopetrol, según la Procuraduría “Esta obra hoy no está prestando una utilidad pública, hoy es un elefante blanco y presenta fallas de todo tipo que han causado una falta de mantenimiento. Tiente grietas en pañete y cubiertas y un sinfín de irregularidades”, señaló el contralor.Esta obra fue entregada en septiembre de 2015 a la administración municipal de ese entonces. La construcción, que contaba con 800 metros cuadrados, estaba diseñada para brindar servicios de informática para la población de Puerto Lleras.La obra Ciudadela del Saber recibió recursos superiores a los 2.500 millones de pesos que fueron gestionados a través de OCAD.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
Llanopetrol fue presentada en su momento por Alan Jara, exsecuestrado por las Farc y en ese momento gobernador del Meta, como un sueño que se haría realidad para los llaneros. Sin duda, era una promesa muy atractiva que Jara hizo a sus conciudadanos comenzando su segundo mandato en la gobernación a comienzos de 2013, pero ese proyecto nunca se hizo realidad. Esa refinería, que supuestamente le iba a dar mucho mayor músculo económico a los Llanos orientales, hoy es un lote donde simplemente hay maleza. No hay un solo ladrillo puesto donde supuestamente iba a estar Llanopetrol. Le puede interesar: Los “pecados” de Alan Jara en Llanopetrol, según la ProcuraduríaEn su momento el gerente del proyecto, amigo de infancia de Alan Jara y quien permaneció detenido varios meses por orden de la Fiscalía, dijo a Noticias Caracol que ellos no habían prometido una refinería, sino que precisamente abrieron la puerta para viabilizar ese proyecto, que por supuesto debía tener un importante músculo financiero privado.Por este descalabro ya han tomado medidas los entes de control, porque esa inversión privada nunca llegó y al contrario, terminó causando un detrimento de más de 22.000 millones de pesos al departamento del Meta con los pocos avances que tuvo este proceso.La Fiscalía avanza en etapa de juicio contra Rodríguez y debería definir si imputa cargos a Jara, luego de que rindiera interrogatorio en mayo del año pasado.Pero la noticia anoche desde Villavicencio es de la Procuraduría, que citó a Alan Jara a juicio disciplinario, porque terminó avalando unos préstamos para Llanopetrol por cerca de 11 mil millones de pesos sin que esa empresa tuviera respaldo para los mismos, para al final terminar con cargo a la chequera del departamento del Meta. BLU Radio tuvo acceso al documento de 28 páginas en el que se detalla la forma en la que según la Procuraduría, Jara habría cometido una falta disciplinaria gravísima, al haber autorizado desembolsos superiores a los diez mil millones de pesos para cubrir una deuda de la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol, sin tener presupuesto ni autorización para ello.Conozca más: Mientras contralora de Meta defiende su papel, procesos de Alan Jara serán trasladados a Bogotá Según la investigación, Jara avaló la suscripción de seis otrosíes con cargo a recursos del departamento del Meta por $10.973.139.358 “sin contar con certificado de disponibilidad presupuestal ni registro”.Adicionalmente dice el documento de la Procuraduría que Alan Jara “como jefe de la Gobernación del Meta, posteriormente solicitó un crédito de tesorería con el cual pagó en su totalidad los créditos que estaba respaldando como avalista, sin que este gasto estuviera contemplado en el presupuesto de gastos”.Es muy importante además lo que señala el investigador, en el sentido de que Jara “comprometió al Departamento del Meta a pagar unos créditos que no había adquirido, lo que conllevó a que posteriormente el ente territorial tuviera que honrar los compromisos que adquirió para poder pagar la obligación con sus propios recursos”. Y luego señala que para el caso de Alan Jara: “se le enrostra al investigado haber avalado las obligaciones a cargo de Llanopetrol, esto es, autorizó que con los recursos del Departamento del Meta se efectuara el pago si la empresa no lo hacía, lo que en efecto sucedió, porque no solo avaló o autorizó sino que también la entidad territorial hizo el respectivo pago, gasto que además no estaba contemplado en el presupuesto del año 2015, vigencia en que sucedieron los hechos, por lo que se estima que el ex gobernador puede estar incurso en la mencionada falta gravísima”. Por estos hechos, Jara será escuchado en audiencia pública el próximo 4 de abril. Escuche esta columna:
Tras una larga y dedicada tarea de investigación y rastreo de cuentas corrientes, pagarés y recursos departamentales, el procurador Antonio José Núñez Trujillo decidió citar a juicio disciplinario al exgobernador del Meta Alan Jara, quien estuvo casi una década secuestrado por las Farc.BLU Radio tuvo acceso al documento de 28 páginas en el que se detalla la forma en la que, según la Procuraduría, Jara habría cometido una falta disciplinaria gravísima al haber autorizado desembolsos superiores a los diez mil millones de pesos para cubrir una deuda de la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol, sin tener presupuesto ni autorización para ello.Según la investigación, Jara avaló la suscripción de seis otrosíes con cargo a recursos del departamento del Meta por $10.973.139.358 “sin contar con certificado de disponibilidad presupuestal ni registro”.Vea también: Procuraduría citó un juicio disciplinario un exgobernador Alan JaraAdicionalmente dice el documento de la Procuraduría que Alan Jara, “como jefe de la Gobernación del Meta, posteriormente solicitó un crédito de tesorería con el cual pagó en su totalidad los créditos que estaba respaldando como avalista, sin que este gasto estuviera contemplado en el presupuesto”.Es muy importante además lo que señala el investigador, en el sentido de que Jara “comprometió al Departamento del Meta a pagar unos créditos que no había adquirido, lo que conllevó a que posteriormente el ente territorial tuviera que honrar los compromisos que adquirió para poder pagar la obligación con sus propios recursos”.Y luego señala que para el caso de Alan Jara: “se le enrostra al investigado haber avalado las obligaciones a cargo de Llanopetrol, esto es, autorizó que con los recursos del departamento del Meta se efectuara el pago si la empresa no lo hacía, lo que en efecto sucedió, porque no solo avaló o autorizó sino que también la entidad territorial hizo el respectivo pago, gasto que además no estaba contemplado en el presupuesto del año 2015, vigencia en que sucedieron los hechos, por lo que se estima que el exgobernador puede estar incurso en la mencionada falta gravísima”.Por estos hechos, Jara será escuchado en audiencia pública el próximo 4 de abril.
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario, para el 4 de abril, al exgobernador de Meta Alan Jara Urzola, y al entonces secretario de Hacienda del departamento Jairo Iván Frías Carreño, y al gerente de Tesorería Óscar Arnulfo Lozano Ramos.La citación se da por el pago de un crédito adquirido por Llanopetrol por $10.705´113.239 más $268 millones de intereses, sin que existiera un contrato entre la compañía petrolera y el ente territorial u otro soporte para dicho pago.Lea también: Mientras contralora de Meta defiende su papel, procesos de Alan Jara serán trasladados a Bogotá. A este hecho se suma la decisión de la Procuraduría General de la Nación que confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años del director general y representante legal de la Corporación para el Desarrollo del Meta -CORPOMETA-, Carlos Eleazar López Castro, por omisión de sus deberes.
El contralor general Felipe Córdoba firmó la resolución 00156 en la que declaró insubsistente a Gloria Cifuentes Álvarez como gerente general de la Contraloría para el departamento del Meta.Cifuentes fue nombrada el pasado 16 de enero en ese cargo por el contralor Córdoba y posesionada por la gobernadora Marcela Amaya. Varios de los casos grandes que tenía que investigar su gerencia eran los que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos de las regalías en la gobernación de Alán Jara.Vea también: Delegada de la Contraloría que investiga a Alan Jara fue su abogada en procesos de regalíasComo lo reveló BLU Radio, Cifuentes Álvarez fue abogada de Jara en varios de esos casos y por su defensa, iba a declararse impedida ante el contralor Córdoba. Pero este decidió declararla insubsistente para que se garantice más transparencia en las investigaciones. La funcionaria duró ocho días como gerente delegada de la Contraloría en el Meta.
Mañanas BLU tuvo acceso a un leasing del que no se ha hablado y que fue firmado por la empresa Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia durante el periodo 2012- 2015 de Alan Jara en la Gobernación del Meta.Ese leasing de $33.000 millones fue firmado con Bancolombia el 17 de enero de 2013 por el secretario de Hacienda y se encuentra vigente, de acuerdo con la información suministrada por el banco. Tenía como garantía o como prenda el Impuesto al Consumo de la Cerveza. La deuda fue autorizada por la Asamblea Departamental mediante ordenanza número 793 de 2012, como autorizó en su momento las demás deudas adquiridas por la Gobernación.
Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exgobernador del Meta, Alan Jara, el general (r) Luis Mendieta y el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, narraron sus secuestros en manos de las Farc. Los tres hombres duraron más de cinco años en poder de esa guerrilla.El primero en entregar su informe escrito y oral fue Alan Jara, quién explicó que era imposible describir con detalle un episodio tan difícil y el sufrimiento vivido desde el primer día de su secuestro el 15 junio 2001."El secuestro se repite en cada despertar, en cada anochecer en cada una de esas noches de insomnio, son demasiado momentos de angustia, el miedo de perder la vida, y eso es muy complejo. Incluso después de salir a la libertad. Hoy, en la solemnidad de este espacio se agolpan recuerdos dolorosos, al primer año de mi secuestro, muere mi mamá", recordó.Según Jara, durante ese tiempo las enfermedades hicieron más difíciles los días y la imposibilidad de valerse por cuenta propia era frustrante: "Yo padecí de paludismo, según me dijeron los enfermeros guerrilleros era paludismo cerebral, no podía caminar en línea recta, perdía temporalmente la visión en el ojo derecho y uno sin tener acceso a un médico, se imagina lo peor. En libertad me dijeron que era desprendimiento del vítreo".Las condiciones de cautiverio atentaban contra la dignidad de los secuestrados"Yo estuve en doce jaulas distintas y una de ellas era tan pequeña que no cabíamos los 34 que estábamos allí; ante las dificultades, cortábamos tablas y la dividíamos por el número de secuestrados, a cada uno le tocaba tabla y media. 20 centímetros de tabla", afirmó el exgobernador.Además, recuerda que vivía con permanente miedo a morir, ser asesinado o caer en un bombardeo. "Había guardias con fusiles. Esas alambradas era lo menos malo, porque cuando no estaban la manera de impedir esas fugas eran amarrándonos con cadena. Cada marcha era extenuante, entonces no solo era la enfermedad. Retumba en mi mente la orden de Jojoy a sus hombres: “el deber de ustedes es cuidar a los prisioneros, si no lo pueden lograr el deber es no dejarlos escapar. Mátenlos”, eso fue lo que causó la muerte de otros secuestrados".Actualmente, Jara se pregunta por qué no se consideró un acuerdo humanitario en el gobierno de Álvaro Uribe.Vea también: Gobierno desembolsó $2.500 millones para defensa de exguerrilleros en la JEP"Ese desprecio por la vida, aún hoy genera un sentimiento entre el dolor y la tristeza, ¿por qué la vida no era lo más importante si la vida es un don de Dios?", afirmó.El general (r) Luis Mendieta fue el segundo en entregar su informe. Tras la toma de Mitú, que empezó a las cuatro de la mañana cuando las Farc lanzaron diferentes artefactos con bazucas, tatucos y granadas.Mendieta recordó que alias ‘Urias’ lo tomó como rehén, mientras alias ‘Boyaco’ rociaba con gasolina el lugar donde estaban ocultos los demás policías."En ese momento pensaba “Dios hágase tu voluntad”, nos llevaron al río, nos pusieron unos cordeles en la mano, a las diez de la noche nos llevaron río arriba; al día siguiente nos montan a otra lancha y a los tres días llegan más policías secuestrados. Dos mil integrantes participaron en la toma, siete frentes actuaron según órdenes del ‘Mono Jojoy’", así recordó Mendieta sobre ese 1 de noviembre de 1998.Con lágrimas, el general (r) señaló: "Yo fui compañero de cadena con Alan Jara, el trato más humanitario de las FARC era mover un eslabón la cadena, uno podía respirar un poco mejor. En mi caso, por la presión de las cadenas se me dormía el cuerpo".Al igual que Jara, Mendieta relató lo difícil que era estar enfermo: "Nos daban los medicamentos que querían, a un compañero casi lo dejan ciego, a otro casi lo hacen beber un ácido, yo tenía tos y me dieron un laxante. A mí me afectaron las piernas, me apoyaba con un palo, después no me daban y yo me atrasaba para llegar a los campamentos; llegué al punto de arrastrarme, le agradezco a Alan Jara porque él me ayudó en esa época, limpiaba una parte del terreno para que yo me pudiera acostar".Sin embargo, de los momentos más duros para el general (r) fue en diciembre de 2009, cuando después de llevar un año sin poder escuchar radio, uno de los guerrilleros le dijo que su hijo había muerto en un accidente de tránsito. "Hasta que me liberaron supe la verdad, vi a mi hijo vivo", contó.Finalmente, terminó su historia recordando que cuando Álvaro Uribe subió a la presidencia, el ‘Mono Jojoy’ le dijo que sería el último en salir de su campamento, si es que algún día salía.El último en hablar fue Sigifredo LópezAntes de entregar su informe, el exdiputado del Valle del Cauca, hizo fuertes pronunciamientos contra la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, afirmó que tenerla en la entidad era afectar la buena imagen y la garantía de la verdad. Sin embargo, aseguró que confiaría en el tribunal.En cuanto al secuestro, la primera solicitud que le planteó a la sala fue que se sepa quiénes, aparte de las Farc, apoyaron su secuestro y el de sus compañeros el 11 de abril de 2002."El primer día todos íbamos de corbata y saco en la selva, nos costó mucho desprendernos de estos objetos. Estando secuestrado en la selva me sentía en un inframundo, dormíamos tirados en un pantano, si el Ejército nos perseguía dormíamos sentados. Éramos un trofeo de guerra", señaló.Entre lágrimas, recordó cómo asesinaron a sus colegas y amigos: "A los cinco años, asesinaron a mis compañeros indefensos, el secretariado dio la orden, me salve porque un guerrillero me había faltado al respeto y yo le dije no sea ‘hijuetantas’ que yo no soy hermano suyo. Me llevaron a un cambuche donde me amarraron a una palma. Días después, escuche ráfagas de disparos, 20 minutos después llegaron por mí pálidos. A los ocho días, escuché a Fabiola Perdomo diciendo que, en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido, asesinaron a todos los diputados, excepto a mí. Me lancé sobre ellos, “¡eso era mentira!”. Fueron cuatro meses en donde yo estaba perdiendo la cordura", afirmó.Por otro lado, recordó una anécdota muy difícil para él sobre la vida de los niños en las Farc: "Había una niña de 13 años, creo que tenía problemas de tiroides, se llamaba Jazmín, ella cogió sus excrementos y los mezclo con las latas de sardina con las que nos alimentaron. El comandante la descubrió, le hicieron un consejo verbal de guerra y le pusieron la pena máxima, uno de sus primos la asesinó".Finalmente, pidió a las Farc que ofrezcan verdaderas disculpas a las víctimas. Le hizo un llamado a la JEP “para que algún día le pregunte al expresidente Uribe por qué no cumplían con su obligación ética y moral de salvar vidas humanas”. Según el exdiputado, “si se pudo lo más, que era un acuerdo de paz, por qué no se pudo lo menos, que era un acuerdo humanitario”.
De acuerdo con Juan Francisco García, coordinador de la ONG FundaRedes en el estado Apure, la acción militar se llevó a cabo durante la madrugada del viernes mediante aeronaves no tripuladas de origen estadounidense. El vocero enfatizó la total ausencia de fuerzas militares locales durante la incursión aérea: “Esto no tuvo ninguna participación del ejército venezolano. Aquí básicamente se metieron los gringos”.García, en diálogo con Mañanas Blu, precisó que las tropas venezolanas solo hicieron presencia en el lugar horas después del ataque para la recolección de restos e inspección: “El bombardeo fue el viernes amaneciendo en la madrugada del viernes y el día sábado el ejército venezolano bajó en tierra. Han estado allí haciendo un barrido de la zona... una unidad de respuesta rápida del ejército venezolano”. Asimismo, la organización denunció una absoluta opacidad del Estado venezolano, señalando el silencio del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como de la cúpula militar y las autoridades regionales.Saldo mortal y reclutamiento de jóvenesLa ONG tuvo acceso a registros visuales de la zona atacada que muestran la severidad del impacto y el estado irreconocible en el que quedaron los 23 cuerpos. Entre las víctimas identificadas figura un operador logístico de la zona: “El día de ayer yo conversé con los familiares de un logístico que fue dado de baja allí, un muchacho que responde al nombre de Luis Alexander Solorzano Camacho”.Según la información obtenida por la ONG a través de familiares y pobladores de la zona, la incursión aérea habría coincidido con la llegada de un alto jefe insurgente al campamento: “Había un mando importante en la zona y él había reclutado en días previos al evento 16 jóvenes más de San Fernando y los había llevado hasta la zona”. Se especula además sobre la posible presencia de mandos históricos como alias "Garganta", el comandante "M.EL" o la integrante del comando central alias "Silvana Guerrero", cuya estancia en territorio venezolano ha sido documentada previamenteUn enclave del narcotráfico y la "simbiosis" estatalEl ataque puso nuevamente en evidencia el uso del territorio venezolano como zona de retaguardia impune para el ELN. El estado Apure abarca 800 kilómetros de los 2.219 kilómetros de frontera compartida entre Colombia y Venezuela, albergando a apenas 500.000 habitantes en un área desprotegida. García recordó que el sector afectado funciona como punto clave de acopio y despacho de estupefacientes: “Nosotros hemos en Apure registrado más de 60 pistas en narcotráfico, algunos laboratorios para la producción de clorhidrato base de cocaína”.Finalmente, el vocero lamentó la complicidad histórica de las instituciones venezolanas con los grupos irregulares colombianos, señalando que la Fuerza Armada ha facilitado el uso de vehículos militares y lanchas artilladas a los rebeldes desde años atrás. “La simbiosis del ejército venezolano con el ELN es una tragedia que costará muchísimo en resolver acá en Venezuela”, puntualizó el representante de Fundaredes.Escuche aquí la entrevista:
En Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, murió una niña indígena de 8 años tras un supuesto ataque de un felino. La menor estuvo desaparecida varios días y fue encontrada desmembradaLa comunidad indígena del Bajo Atrato chocoano está de luto luego de que una niña de 8 años fuera encontrada sin vida y con graves lesiones tras estar desaparecida por varios días en jurisdicción de Nuevo Belén de Bajirá en el departamento de Chocó.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la integrante de la comunidad Uradá Jiguamiandó fue encontrada sin vida, el cuerpo tenía graves lesiones en la cabeza y uno de sus brazos estaba desmembrado.Aunque la hipótesis principal tiene que ver con el ataque de un felino, la Alcaldía de Nuevo Belén de Bajirá aclaró que no hay testigos ni elementos suficientes para confirmar que se haya tratado de un jaguar u otra especie.De momento, el cuerpo de la menor permanece en la morgue municipal y se adelantan las gestiones para trasladarlo a Medellín, donde Medicina Legal realizará los estudios forenses que permitirán establecer las causas del fallecimiento.Por su parte, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -Codechocó- anunció el desplazamiento de un equipo técnico hasta la zona para verificar las circunstancias del caso.“En donde presuntamente hay un ataque de jaguar hacia una menor. Eh en estos momentos nuestro equipo técnico en campo está en articulación con la Alcaldía Municipal y otras instituciones para la verificación de los hechos. Además estamos a la espera de los resultados de Medicina Legal que pueda confirmar qué fue lo que realmente sucedió”, indicó Germán Córdoba, subdirector de Desarrollo Sostenible de Codechocó.Mientras avanzan las investigaciones, Codechocó hizo un llamado a la comunidad para evitar posibles retaliaciones contra la fauna silvestre y reportar cualquier situación de riesgo.
La crisis en Paraguay escaló este jueves al terreno político: la Cámara de Diputados abrió el debate del juicio político contra el presidente Santiago Peña por sus presuntos vínculos con Ueno Bank, la entidad intervenida por insolvencia que dejó sin acceso a sus ahorros a millones de clientes. En diálogo con Mañanas Blu, el senador Salyn Buzarquis aseguró que el mandatario podría ser destituido, y Cever Martínez, uno de los ahorradores afectados, relató cómo perdió sus recursos.Consultado sobre si el Gobierno caerá, el senador fue directo: “Así como está yendo el juicio político, sí. Se le pidió la renuncia y bueno, al no renunciar corre el juicio político contra el presidente de la República”.Por qué se desató la crisis de Ueno BankLa junta del Banco Central del Paraguay votó de manera unánime someter a Ueno Bank a un procedimiento de resolución luego de que su índice de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo legal. El indicador bajó al 5,56 %, cuando la normativa exige el 12 %, y la entidad tenía 2.941.996 clientes a junio de 2026. Tras el cierre, la Policía detuvo a ocho de los máximos directivos de la entidad, entre ellos a Miguel Vázquez. La crisis también llevó a la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, a pedido de Peña. El mandatario pidió calma a la ciudadanía: “Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección”. Además, aseguró que quienes resulten responsables de irregularidades “deberán responder, y ya lo están haciendo ante la justicia sin excepciones”.La relación de Santiago Peña con el Grupo VázquezBuzarquis señaló varias “aristas” en el vínculo del presidente con el banco. Según el senador, Peña fue accionista de la entidad antes de asumir la Presidencia, y varios directivos y socios financieros suyos pasaron a ocupar cargos importantes en el Banco Central, institución que, a su juicio, era “puramente técnico, nada político”.El legislador sostuvo además que el presidente autorizó el depósito de cerca de 1.000 millones de dólares de fondos públicos en el banco, incluidos, de acuerdo con su versión, 450 millones del Instituto de Previsión Social y más de 200 millones de Itaipú: “No tomaron las precauciones y lastimosamente reventó esto. Y reventó mucho peor de lo que todos esperábamos”. Precisó que la cifra exacta deberá establecerse mediante una auditoría.Sobre el manejo de los recursos, el senador afirmó que el grupo se otorgaba créditos a sí mismo a través de empresas vinculadas: “Estaban bicicleteando el dinero, ¿verdad? Y claro que el presidente está implicado, él lo autorizó, él formó parte de esto”.Como contexto, el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, actualmente detenido, ha dicho que Peña no tenía nexo alguno con el banco, aunque sí acciones en Ueno Holding, que el mandatario vendió en abril de 2025.Así funciona el juicio político en ParaguayBuzarquis explicó que Peña puede renunciar mientras no concluya el proceso. Si la acusación se aprueba en la Cámara de Diputados con 53 de los 80 votos, pasa de inmediato al Senado, donde se requieren 30 de los 45 votos para la destitución.En caso de salida del mandatario, asumiría el vicepresidente por línea sucesoria. Si también quedara vacante ese cargo, el Congreso, integrado por 125 diputados y senadores, elegiría al reemplazo. La oposición, según el senador, también incluyó en la acusación al vicepresidente Pedro Alliana, de quien afirmó que tiene “un crédito multimillonario” con el banco.El legislador agregó que, además del proceso político, existen denuncias penales por malversación de fondos y falta de control del dinero público, que están en manos de la Fiscalía.El Partido Colorado le da la espalda a PeñaAl ser consultado sobre si alguien defiende al mandatario dentro de su partido, Buzarquis respondió que oficialmente no, y apuntó al expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado: “Ellos pusieron este gobierno, pusieron este presidente, pusieron este vicepresidente”. Según el senador, detrás de la crisis hay “una pelea entre bancos”, pues Cartes también es propietario de una entidad financiera.Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, anunció que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra Peña. El senador también se refirió a investigaciones y denuncias internacionales contra el exmandatario; en julio de 2022, Estados Unidos lo designó por presunta corrupción. Para Buzarquis, el daño más grave es institucional: “Lo más grave es destruir una autonomía del Banco Central, una independencia financiera macroeconómica. Dilapidaron este capital y va a tener su costo”.Ahorradores protestan frente al Congreso en AsunciónDesde la Plaza de Armas, frente al Congreso, Cever Martínez contó que era cliente del banco desde hacía más de dos años y que allí manejaba casi todos sus recursos. Según su relato, perdió cerca de 2.000 en ahorros, además de tarjetas de crédito por entre 3.000 y 3.500 y préstamos.Martínez se enteró del cierre al intentar pagar sus cuentas a comienzos de mes: la aplicación presentaba fallas y luego vio en redes sociales que la entidad estaba intervenida. “No hubo ningún aviso”, afirmó.Sobre lo que piden los manifestantes, fue claro: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pero más que nada en la cabeza del presidente”.De acuerdo con el ahorrador, existe un fondo de garantía de hasta unos 280 millones de guaraníes, y el Gobierno impulsó una ley para comenzar a devolver el dinero a quienes tenían menos de 10 millones de guaraníes. Según Peña, la propuesta permitiría cubrir al 98 % de los ahorradores afectados. Martínez dijo que llegará “hasta las últimas consecuencias”: “Yo particularmente dependo de eso. Ahora mismo estamos acá por eso levantando la voz”.Temor por contagio y efectos en el fútbol paraguayoEl ahorrador aseguró que clientes de otra entidad no pudieron retirar su dinero por un supuesto colapso del sistema, lo que alimentó el temor. Sin embargo, el Banco Central insistió en que los problemas se limitan a Ueno y que la situación no afecta al sistema financiero en su conjunto. Martínez también señaló que el banco patrocinaba a la selección paraguaya y a clubes como Olimpia, Cerro Porteño, Libertad y Guaraní, y que más de diez jugadores de la selección preparan una demanda.Mientras tanto, la votación en la Cámara de Diputados definirá si la crisis de Ueno Bank termina con la salida de Santiago Peña, quien en agosto cumplió tres años de mandato en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó un incidente de seguridad informática que afectó la plataforma de Pico y Placa Solidario, utilizada por los conductores para realizar el trámite de pago que les permite circular durante las restricciones de movilidad.De acuerdo con la entidad, el ataque fue detectado y contenido, por lo que se activaron los protocolos de seguridad establecidos. Actualmente, los equipos técnicos adelantan un análisis para determinar el alcance de lo ocurrido y establecer si se requieren medidas adicionales para proteger la información.La Secretaría aseguró que, hasta el momento, las afectaciones identificadas corresponden únicamente a esta plataforma. Sin embargo, no entregó detalles sobre el tipo de ataque, sus responsables o si se habría comprometido información personal de los usuarios.Pese a esta situación, la entidad informó que los ciudadanos pueden continuar realizando el trámite de Pico y Placa Solidario. No obstante, hizo un llamado a extremar las precauciones al momento de ingresar a la página y suministrar datos personales o realizar pagos.Entre las recomendaciones se encuentra verificar que los usuarios sean redireccionados únicamente a páginas oficiales terminadas en “.gov.co”. En caso de encontrar enlaces que conduzcan a sitios diferentes, la instrucción es no continuar con el proceso ni efectuar ningún pago.También se recomienda revisar cuidadosamente la dirección electrónica de la página www.movilidadbogota.gov.co y evitar ingresar a través de enlaces recibidos por mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería que no hayan sido publicados por canales oficiales.
La disolución por insolvencia financiera del Ueno bank puso este miércoles contra las cuerdas al presidente de Paraguay, Santiago Peña, sobre cuya cabeza sobrevuela una iniciativa promovida por la oposición para someterlo a un juicio político en el Congreso por su presunta responsabilidad en la crisis financiera.El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución o cierre de Ueno, lo que dejó sin acceso a sus fondos a los más de 2,94 millones de clientes de la institución.Las quejas de los afectados han sido el detonante de protestas en el centro de Asunción, la capital paraguaya, donde por segunda noche consecutiva se han concentrado centenares de personas, en medio de algunas escaramuzas con la Policía.Como respuesta a la crisis, un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó hoy una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Peña, que en agosto pasado cumplió los primeros tres de los cinco años de su mandato presidencial establecidos por la Constitución.Los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo consignaron en la Cámara Baja los libelos acusatorios que activarían el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay y solicitaron convocar, para este jueves, a una sesión extraordinaria para discutir los documentos.Peña ha quedado envuelto en una polémica después de que el BCP ordenó la intervención de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.La crisis impidió que el mandatario acudiera a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se inició hoy en Madrid.El libelo acusatorio cuenta con el respaldo de 35 firmas, recogidas esta jornada en el Congreso, entre ellas las de los diputados de una facción disidente del Partido Colorado.Esta jornada, Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Legislativo para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a los clientes de la intervenida institución.La ley "permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde", publicó Peña en X.Cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.Pero la medida no aplacó los ánimos de los ahorristas y de cientos de ciudadanos que se manifestaron por segunda noche consecutiva en las adyacencias del Panteón Nacional de los Héroes, el lugar donde los paraguayos suelen celebrar las victorias de su selección de fútbol.En la protesta, los ciudadanos también se manifestaron en contra de las otras crisis que enfrenta el país, como la pésima prestación de los servicios de transporte y sanitarios, por las que responsabilizaron al mandatario paraguayo."No hay medicamentos, la impunidad sigue en todas partes", dijo a los gritos el manifestante Hamoudy Salem, un artista conocido como 'Mr. H' en los circuitos de rap estilo libre de Latinoamérica.La Constitución paraguaya establece que el juicio político contra el presidente requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, para que la acusación pase luego al Senado, que actúa como juez.En la Cámara Alta se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.Peña ha sido vinculado con Ueno bank, pero el presidente de esa entidad, Juan Manuel Gustale -actualmente detenido-, ha dicho que no tenía nexo alguno con esa institución, aunque sí acciones en Ueno Holding, que el mandatario vendió en abril de 2025, según medios locales.
