La Fiscalía adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio dentro de la investigación relacionada con Lili Pink, proceso en el que el ente acusador indaga un presunto esquema que habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.
En esta nueva fase, las medidas afectan 45 inmuebles cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos. De acuerdo con la información de la defensa, los bienes estarían vinculados patrimonialmente a las nueve personas relacionadas con la investigación y no estarían vinculados con el caso de la marca Lili Pink.
La defensa en cabeza del abogado Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña cuestionaron la decisión de la Fiscalía y señalaron que algunos de los inmuebles afectados incluso habrían sido adquiridos antes de la existencia de la compañía.
“Denunciar corrupción en la Dian puede salir muy caro, ese parece ser el mensaje que le están tratando de mandar. A pesar que 4 jueces de la república han decretado ilegalidades de pruebas en el proceso, que un quinto juez negó las medidas de aseguramiento, pues la fiscalía no logró probar la diferencia de autoría de ninguno de los delitos que le reprocha a las personas involucradas en el caso. La semana pasada la Fiscalía General de la Nación decidió adoptar nuevas medidas cautelares que afectan bienes, que nada tienen que ver con la marca Lily Pink, y en cambio sí afectan reputacionalmente a las terceras personas de reconocidas marcas nacionales que se encontraban adelantando sus negocios en esos locales”, señaló el abogado Jiménez.
La defensa sostuvo además en un comunicado que las medidas representan una afectación patrimonial para los propietarios de los bienes y cuestionó que puedan tener efectos sobre inversiones realizadas en Colombia.
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“La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”, afirmaron los representantes judiciales de la compañía.
Los abogados también cuestionaron actuaciones desarrolladas previamente dentro del proceso y señalaron que, a su juicio, existen decisiones judiciales que han puesto en duda algunos de los elementos utilizados por la Fiscalía.
“La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía”, indicaron.
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Según la defensa, esos antecedentes están siendo nuevamente utilizados para sustentar las nuevas medidas patrimoniales adoptadas dentro del proceso de extinción de dominio.
Los abogados también plantearon cuestionamientos sobre otros asuntos relacionados con la investigación. En particular, señalaron que permanecen sin avances conocidos las denuncias que, según indicaron, fueron formuladas por presuntas irregularidades en la Dian y por la posible comercialización irregular de cerca de tres millones de prendas que habían sido decomisadas.